Avanzado el mes de Junio y con la
cabeza más puesta en las vacaciones que en la correspondencia, los clientes de
La Caixa (CaixaBank) recibieron una carta en cumplimiento del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos. En la página 3 de las 8 que incluía la misiva,
el “mayor banco de España por número de clientes” (así se presentaba) detallaba
la actividad y el nombre de las principales empresas del grupo. La mayoría ha
movido su domicilio social a la Calle Caleruega de Madrid (Caixabank Payments, Caixabank
Electronic Money, Caixabank Consumer Finance, Caixabank Equipment Finance y Comercia
Global Payments). Otras empresas como la aseguradora VidaCaixa lo trasladó al
Paseo de Recoletos, CaixaBank Asset Management al Paseo de la Castellana y la
empresa especializada en microcréditos, Nuevo Micro Bank, mantiene su sede en
la Calle Aduana de Madrid.
La información que el grupo
CaixaBank trasladaba a sus clientes en cumplimiento de Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo sobre el tratamiento de datos personales, facilitaba al
cliente interesado comprobar que, efectivamente, CaixaBank había movido su
domicilio social fuera de Cataluña para proteger a sus clientes de las
consecuencias del fallido golpe de Estado del secesionismo catalán. Los que no
recibieron esa carta fueron los miles de antiguos clientes de CaixaBank que
habían transferido sus fondos a otras entidades financieras. En cifras, casi
30.000 millones de euros en depósitos salieron de las oficinas de los bancos,
incluidos los de las antiguas cajas, en Cataluña durante 2017. Exactamente los
clientes retiraron 29.429 millones de euros principalmente de CaixaBank, del Banco
de Sabadell (ahora con sede en Alicante) y del Banco Mediolanum (ahora con sede
en Valencia aunque todos los datos de contacto que ofrece hoy día a sus
clientes dirigen a la sede en la Avenida Diagonal de Barcelona).
Pero la carta enviada a sus
clientes por el grupo CaixaBank también informaba de la compañía de comercio
electrónico, un negocio absolutamente emergente, Promocaixa, S.A.
El 19 de mayo de 2005 Michael
Burry, un neurólogo formado en la Universidad de California que había colgado
la bata del hospital para convertirse en gestor de fondos de cobertura (“hedge
funds”) compró 60 millones de dólares al Deutsche Bank en un producto oscuro
casi arcano denominado “permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios
basura respaldados por hipotecas subprime”.
La idea básica era pagar por estos seguros una pequeña prima y, si hubiera un
número suficiente de prestatarios subprime
que incumpliese los pagos de sus hipotecas, te hacías rico. Greg Lippman, un
operador de bonos respaldados por activos del Deutsche Bank copió la idea de
Michael Burry. Ambos estaban convencidos de que los prestatarios de hipotecas subprime acabarían incumpliendo
masivamente sus pagos lo que derrumbaría los precios de los bonos que se habían
emitidos tomando esos préstamos como referencia. Ambos apostaron contra los
bonos subprime con la diferencia de
que Greg Lippman lo estaba haciendo contra los bonos que el Deutsche Bank estaba
creando y vendiendo masivamente a sus propios clientes. Aunque a este tipo de
operaciones se les llama “operaciones en corto” tuvieron que esperar dieciocho
meses (desde mediados de 2005 hasta febrero de 2007) para que los préstamos
hipotecarios basura o subprime
alcanzaran cifras record de impago y sus “seguros contra estos impagos”
multiplicasen su valor.
Promocaixa, S.A. –la empresa
dedicada al emergente negocio de las compras on line del grupo CaixaBank- mantiene su domicilio en Gran Via de
Carles III, 105, en Barcelona. La página 8 de la carta de CaixaBank ofrece esta
información y el portal einforma.com ofrece la confirma actualizada a
28/08/2018. Unos días antes de actualizarse esta información, el 17 de Agosto,
el presidente de la Generalidad, Joaquín Torra, en un acto frente a la cárcel
de Lledoners advirtió de que lo que había que hacer era “atacar a este Estado
español” dando una dura vuelta de tuerca más a un conflicto civil que parece
inevitable. Visto desde la óptica de los inversores financieros, muchos pueden
estar pensando o actuando “en corto” apostando contra las acciones de la
empresas afincadas en Cataluña cuyo negocio se verá afectado por el otoño
caliente del que el secesionismo ha advertido. Un secesionismo que no va de
farol.
Entre enero y junio de 2018 casi
2.000 empresas confirmaron su salida de Cataluña. En concreto, en la primera
mitad del año se fueron 1.886 empresas de las que 1.066 se dirigieron a Madrid,
-el 56 por ciento- y sólo 126 a Andalucía según la estadística trimestral del
Colegio de Registradores y los datos publicados en el BORME (Boletín Oficial
del Registro Mercantil). Si se me permite la licencia fonética y cineasta, el BORME
no es ningún mito ni las amenazas de nuevo golpe secesionista una pose
demoscópica.
Michael Burry y otros pocos
gestores de fondos que adivinaron la crisis de las hipotecas subprime ganaron cada uno decenas de
millones de dólares. Lo cuenta perfectamente Michael Lewis en su libro “La gran
apuesta” luego llevada exitosamente al cine. Por cierto, Greg Lippman, el
operador del Deutsche Bank que apostó contra los bonos de su propio banco cobró
47 millones de dólares en 2007.
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