Entre los problemas que ha de
solventar el sistema de financiación autonómico ahora sobre la mesa está el de
su déficit de responsabilidad fiscal. En definitiva el problema no es otra cosa
que el estar sometido a restricciones presupuestarias blandas. De manera aún
más sencilla este tipo de restricciones blandas no se soportan en otra cosa más
que en la idea de que, sea cual sea la situación financiera de las cuentas
regionales, antes o después habrá rescate por parte de la Administración
General del Estado.
Esta situación es el preámbulo de
lo que en economía se denomina problema de riesgo moral o incentivo a incumplir
con el equilibrio financiero a sabiendas de que saldrá gratis de una forma más
o menos maquillada. Esta es una situación sorprendente pues, en España, el 60
por ciento de los ingresos de los gobiernos regionales proceden de impuestos
sobre los que pueden tomar ciertas decisiones de entre las que la más impopular
es, por supuesto, subirlos cuando la recaudación resulta insuficiente. Esta
situación coloca a las administraciones regionales españolas entre las que
pueden hacer uso de una de las cotas de autogobierno más amplias,
particularmente muy por encima de otros países con organización declaradamente
federal.
Sin embargo, desde el debut de la
crisis en 2008 el comportamiento de la deuda autonómica sobre el PIB se ha
disparado como no lo ha hecho ninguna de las otras dos administraciones
territoriales (la General y la local). Léaseme bien. No digo que la deuda
autonómica sea la cuantitativamente más importante de las tres, escribo que es
la que más rápidamente ha crecido. Por ejemplo, la administración local mantuvo
un ajuste muy severo una vez que buena parte de los ayuntamientos españoles se
acogieran al mecanismo de pago a proveedores que, a la postre, suponía dejar la
administración de miles de ayuntamientos en manos de los interventores y
secretarios municipales.
En mitad de la vigencia del
actual sistema de financiación y con ocasión de la irrupción de la crisis se
creó el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Técnicamente es una línea de
crédito creada por el gobierno de la Nación española en julio de 2012 a través
de la que el Estado presta dinero a las comunidades autónomas para que éstas no
tuvieran que financiar su deuda en los mercados a unos tipos entonces
prohibitivos por la elevadísima prima de riesgo. El FLA está gestionado por el
Instituto del Crédito Oficial –ICO-, dependiente del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad. La región más beneficiada por este fondo ha sido,
naturalmente, la más endeudada (Cataluña). En 2007 la deuda de la Generalidad
catalana ascendía a 15.776 millones de euros mientras que en Andalucía se
situaba en 7.177 millones. La Generalidad debe ahora 75.443 millones.
La Comisión de expertos para la
reforma del sistema de financiación autonómica que ha coordinado el profesor
Ángel de la Fuente, ha servido para poner de manifiesto que en la cabeza de
buena parte de las autoridades financieras regionales estaba bien asentada la
idea de la “quita de la deuda” que tenían contraída con el Estado a través del
FLA. Algo que, afortunadamente, no parece que vaya a prosperar pues sería un
precedente letal para el rigor futuro de la gestión de las cuentas públicas.
El profesor de la Fuente ha
tenido oportunidad de referirse a esta situación nuevamente en un seminario
organizado en Sevilla por CESUR; la Asociación de Empresarios del Sur de
España que preside Fernando Seco y que es una asociación sin ánimo de lucro
fundada por 50 empresarios y altos directivos de Andalucía. Una institución
que, como el Observatorio Económico de Andalucía que dirige el profesor
Francisco Ferraro, musculan la sociedad civil andaluza.
Con todo hay que recordar que el
FLA no forma parte del sistema de financiación en vigor; es un añadido fruto
del marcado carácter cíclico de los ingresos que afluyen a las finanzas
regionales procedentes de sus impuestos. Por ello deja de ser un tema lateral
al mecanismo de financiación; un tema lateral que tiene sus meses contados por
favorecer la tentación de pedir la quita de la deuda con el Estado. Ahora bien,
no es el único de los temas laterales sobre los que se debatió en la
convocatoria de CESUR. El otro gran asunto –que también iba más allá del
mandato recibido por la Comisión de expertos de financiación autonómica- era el
mapa de distribución de competencias y ¡ojo al dato! la oportunidad de caminar
a una Agencia Tributaria única en la que participasen las agencias regionales y
locales para poder aprovechar las economías de escala en la lucha contra el
fraude fiscal.
La idea de que el mapa de
distribución de competencias entre los tres niveles de la Administración es
intocable no resiste ningún razonamiento lógico. Como toda Ley es fruto de un
proceso de decisión político y debe ser permeable a su modificación en aras del
mejor servicio al ciudadano. La modificación en el cambio en las competencias
en materia de guarderías infantiles es sólo un ejemplo de cómo un servicio
básico como la Educación admite revisiones competenciales. Así las cosas, nada
debería impedir que las competencias de otros servicios ahora transferidos
asimétricamente como las policías autonómicas, puedan y deban revisarse cuando
su uso al servicio de todos los ciudadanos está fundadamente cuestionado en
algunas regiones españolas.
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