Cuando se trata de hacer
prospecciones a largo plazo sobre el futuro económico de nuestros nietos, los
economistas acostumbramos a tirar de otras ciencias como la Sociología, la
Ingeniería o la Política. Puede que esto se deba a la desconfianza en nuestra
propia Ciencia. Sea como fuere varios analistas reputados casi al mismo tiempo
han alertado del incierto futuro del sistema de protección social español. Lo
han hecho desde ángulos diferentes pero con conclusiones razonablemente
similares.
Desde el análisis geopolítico, el
coronel Pedro Baños ha sostenido que el principal riesgo al que se enfrenta
España, por encima del golpismo catalán y la acechanza del vasco, es el
envejecimiento de la población. Este prestigiado militar que se cayó de las
quinielas de la Secretaría de Estado de la Defensa por haber participado en una
conferencia en una sede de Falange Española y por defender el entendimiento
entre Europa y Rusia, sostenía que “En el futuro habrá una pequeña élite con
muy buenos trabajos, una clase media que pasará a ser baja con sueldos de
miseria y, finalmente, una parte de la población que tendrá que ser
subvencionada de por vida para sobrevivir, al menos mientras existan recursos.”
El autor de El dominio mundial (Ed
Ariel) concluye que estamos abocados a la revolución.
Casi al mismo tiempo que leía al
coronel Baños oí una interesante entrevista a mi colega el catedrático de
Economía, Santiago Niño Becerra, de quien el independentismo catalán se empeña
en apropiarse a beneficio de inventario. Este catedrático afirmaba que a
finales del siglo XXI bastará el 5 por ciento de la población mundial para
producir el 100 por cien del PIB de todo el mundo como consecuencia de la
cuarta revolución industrial o de la denominada industria 4.0. Pero el cálculo
no es del citado profesor sino que él mismo lo toma del economista y teórico
social norteamericano Jeremy Rifkin. Niño Becerra coincide con el coronel Baños
en que la economía occidental tiende a registrar salarios cada vez más a la
baja (que son los que financian las pensiones en la mayor parte de países), una
mayor concentración de riqueza y, en definitiva, una imposibilidad aritmética
de sostener un sistema de pensiones que tiene actualmente y en España un
déficit anual de 19.000 millones de euros. Sin embargo y a diferencia del
pronóstico del coronel Baños, Niño Becerra sostiene que no hay viso alguno de
revuelta social aunque tal argumentación la soporte en que la clase media –cuya
presencia es cada vez menor- frenaría cualquier revuelta por su apego a su
propio modus vivendi nucleado en la protección de su pequeño patrimonio.
Finalmente y sin alejarnos del
mismo tema, el profesor de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Alejandro
Hidalgo, en su reciente pero ya exitoso El
empleo del futuro (Ed Planeta de Libros), se abona con fundamento a las
conclusiones de que esta cuarta revolución industrial que une a la robotización
de la década de los 70 del siglo pasado, la Inteligencia Artificial, si bien no
provocará un paro tecnológico masivo como el que predijo Keynes en 1930, sí
agrandará la brecha salarial, la concentración de la riqueza en pocas manos y
la desaparición de la clase media poco cualificada, precisamente la que, en
opinión de Niño Becerra frenaría la revolución que el coronel Baños da por
inevitable.
Es posible que las sociedades
progresivamente envejecidas como la española tengan que priorizar qué tipo de
servicios públicos prefieren si además y con los datos en la mano, el gobierno
sólo prevé recaudar 1.200 millones de euros por impuestos procedentes de las
actividades que vienen parejos a la nueva revolución industrial como el impuesto
sobre determinados servicios digitales o “tasa google”. Por cierto que esta
cifra ha sido muy criticada por el portavoz de economía de Ciudadanos en el
Parlamento, Luis Garicano, señalando que
la Comisión Europea estimó en su caso más optimista 4.800 millones de
posible recaudación para los 28 países de la UE, lo que sugiere que España
recaudará sólo 360 millones (y no los 1.200 millones que espera el gobierno) si
se admite una estimación proporcional.
Evitar el colapso de las
pensiones y las posibles revueltas pasa por adelgazar servicios públicos
prescindibles. En ese sentido va la acertada propuesta hecha por un grupo de
profesionales y académicos encabezados por el eurodiputado Enrique Calvet al
Presidente de la Comisión para la evaluación y modernización del Estado
autonómico. Todo lo demás es puro escapismo ante un reto tan serio como
mantener los servicios públicos esenciales a una población cada vez más envejecida
y dependiente imbuida en un cambio rapidísimo de relaciones laborales.
De todo esto tendré oportunidad
de debatir junto con mi colega el profesor Ignacio García en el Foro Humanismo
y Ciencia que promueve el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de
Sevilla el próximo viernes 9 de Noviembre.
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