El lunes pasado tuve la
oportunidad de oír al Director General adjunto de Centro de investigación para
la Ciencia y el Medio Ambiente de la India, Chandra Bhushan. La intervención se
realizaba en la primera sesión plenaria del Congreso de la Asociación
Internacional de Economía de la Energía en la ciudad holandesa de Groningen. El
auditorio estaba repleto con delegados llegados de casi todo el Mundo.
La India es el tercer emisor de
dióxido de carbono a la atmósfera derivado del consumo de energía, a notable
distancia de los dos primeros (China y Estados Unidos) y a menos distancia del
cuarto (Rusia). Muchas miradas están puestas en la transición energética de la
India que, como en todos los países comprometidos en la lucha contra el cambio
climático se basa en la creciente electrificación de su matriz energética y en
el reemplazo masivo del carbón por las energías renovables en la generación
eléctrica. En este proceso juega un papel clave la introducción de las cocinas
eléctricas en los hogares indios (una cuestión nada pacífica vista desde la
perspectiva de la pobreza energética).
Entre otros argumentos que el
delegado indio usó para convencer a la audiencia de que su país iba a lograr
reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero había
tres que deben resaltarse; las tecnologías renovables como la eólica o la solar
ya no necesitan incentivos públicos (son absolutamente competitivas), el coste
de los sistemas de almacenamiento (tomando las baterías de litio como
referencia) están bajando muy rápidamente y las técnicas de gestión inteligente
de la red eléctrica (Smart grid) permiten reducir notablemente problemas como
las pérdidas en el transporte de electricidad. Con estas cartas el resultado no
puede ser otro que esperar que India acceda a un consumo masivo y barato de la
electricidad verde. El único obstáculo vendría de una demanda que creciese a un
ritmo superior al de la capacidad de generación eléctrica.
Si nos llevamos este razonamiento
al caso de España y de la Unión Europea, es razonable plantearse que si el 33,6
por ciento de nuestra electricidad se produjo en 2015 a partir de un
combustible de acceso gratuito (agua, sol o viento) ¿no deberíamos tener una
sustancial rebaja en la factura de forma análoga a cuando el precio de la
gasolina repunta cuando sube el petróleo? En un sentido similar, si ya tenemos
mejoras en el sistema de transporte y distribución eléctrica ¿no debería esto
notarse en el coste de la factura? Quedarían un par de preguntas más, por
ejemplo, ¿si las subastas de nuevas plantas renovables han sido neutrales –sin
prima-, debemos esperar una bajada notable en el precio de la electricidad
cuando las nuevas plantas entren en producción? y, finalmente, si los cada vez
más baratos sistemas de almacenamiento se generalizan y el autoconsumo
eléctrico se masifica, ¿no estaremos ante una sustancial rebaja en el coste de
la electricidad para los hogares que autogeneran su electricidad y gestionan su
almacenamiento?
Toda la lógica anterior choca,
sin embargo, con la evolución del precio de la electricidad para los hogares
españoles. A pesar de la creciente participación de las energías renovables en
la generación eléctrica, a pesar también de la cada vez más inteligente gestión
de la red eléctrica, España sigue manteniendo un nada despreciable diferencial
con la media de la Unión Europea.
En prueba de lo anterior, si
accedemos a los datos que publica Eurostat para el precio de la electricidad
consumida por los hogares, desde 2008 en adelante, el precio de la luz en
España se ha mantenido sistemáticamente por encima de la media de los, hasta
hace poco, 28 socios comunitarios. El diferencial no ha hecho otra cosa que
ensanchase en este periodo de tiempo. Si en 2008 el diferencial en el precio de
kilovatio hora en España frente a la UE28 era de 0,0031 euros, ahora lo es de
0,0492. Naturalmente habrá quien se pregunte si el diferencial se debe a que
nuestro consumo de electricidad ha crecido por encima de la media de la Unión
Europea sin que lo haya acompañado una mayor capacidad de generación eléctrica.
No es cierto. En 2007 el consumo de electricidad per capita en la Unión Europea
era de 6,38 MWh y en España, de 6,05. Diez años más tarde, ambos consumos han
disminuido (hasta el 5,97 en el conjunto de Europa y hasta el 5,48 en España)
pero mientras el precio se ha mantenido estable en la Unión (0,11 €/kwh en 2007
y 0,12 en 2017), en España ha aumentado notablemente (de 0,11 a 0,17 €/kwh).
Estaría bien que cada vez que se
nos exhibe el músculo de la aportación de energías renovables en España
preguntemos por qué no disminuye nuestra factura si el combustible utilizado
tiene un precio igual a cero. Es difícil de explicar que sólo las
infraestructuras (muchas sobradamente amortizadas) sigan explicando una
electricidad cada vez más cara.
No hay comentarios:
Publicar un comentario