El significativo respaldo de la
Iglesia católica en Cataluña al independentismo hace cuestionar a muchos
contribuyentes católicos españoles la conveniencia de marcar la X en la casilla
de su declaración del IRPF. A través de esta casilla se destina el 0.7 por
ciento de la cuota líquida del IRPF a esta Institución. Entre los católicos la
cuestión no es tanto si seguir o no entregando parte de su dinero a la Iglesia
sino la manera de hacerlo, es decir, a través de donaciones directas en su
Parroquias en lugar de a través de su declaración de la renta pues, de esta segunda
forma, una parte de sus impuestos puede ir a financiar diócesis abiertamente
independentistas. La cuestión es muy sensible y merece abordarse con absoluto
rigor.
En España hay casi diecinueve
millones y medio de contribuyentes del IRPF de los que más del 35 por ciento
decidimos marcar la X a favor de la Iglesia Católica en nuestra última
declaración bien de forma exclusiva bien de forma conjunta con la casilla de
“otros fines sociales”. La implicación de los contribuyentes en la financiación
de la Iglesia vía IRPF es significativamente diferente por regiones. De entre
las quince regiones de régimen de financiación común (todas menos Navarra y las
tres provincias vascas), Cataluña es la que registra el menor porcentaje de
contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia con el 19.76 por ciento
mientras que Castilla-La Mancha fue la más generosa con el 48.87 por ciento. En
el caso de Andalucía casi el 42 por ciento de los contribuyentes marcaron la X
a favor de la Iglesia.
Cuando se añade lo recaudado en
los fiscalmente privilegiados territorios vasco y navarro, la cantidad total que
recibe la Iglesia via IRPF supera los 256 millones de euros, cantidad de administra
la Conferencia Episcopal. De esta cantidad más de 80 por ciento se reparte
entre las diferentes diócesis en las que se vertebra territorialmente la
Iglesia en España. Como consecuencia, nada hay que impida que se establezcan
criterios redistributivos cuyo resultado pueda ser que las diócesis
independentistas reciban dinero del resto de España o al contrario.
El respaldo económico que la
Iglesia recibe a través de las declaraciones del IRPF tiene una importancia que
va más allá de lo estrictamente financiero para ubicarse de lleno en las
relaciones entre el Estado y la propia Iglesia. La explicación es la siguiente.
En 1979 se firmaron los Acuerdos
entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Asuntos Económicos. Entre otras
cuestiones estos acuerdos establecían que “el Estado se compromete a colaborar
con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento
económico con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”.
Hasta 2006 el acuerdo anterior se
traducía en una transferencia anual en favor de la Iglesia procedente de los
Presupuestos Generales del Estado. En 2006, siendo presidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo fue revisado mediante la disposición
adicional 18ª de la Ley 42/2006 del 28 de diciembre, de los Presupuestos
Generales del Estado para el año siguiente (2007). El propio profesor de la
Universidad Autónoma de Madrid y vicepresidente de Asuntos Económicos de la
Conferencia Episcopal, Francisco Giménez Barriocanal, ha escrito que la
decisión llegó el 22 de diciembre de 2006 tras un largo proceso negociador en
forma de intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de
Asuntos Exteriores. El acuerdo además suponía la adaptación del régimen de IVA
de la Iglesia a los requerimientos de la Comisión Europea.
En aplicación de esa reforma
legal la Iglesia ya no recibe cantidades con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, renunció a la exención de IVA y se estableció la cesión del 0,7% de
la cuota líquida del IRPF para los ciudadanos que lo desearan. Esta es la
cuantía de la cuota líquida del IRPF que se transfiere a la Iglesia de cada uno
de los ocho millones y medio de españoles que, hasta ahora, hemos marcado la X
en la casilla correspondiente en favor de la Iglesia Católica.
El temor del contribuyente a que
su dinero pueda acabar financiando una Iglesia entregada al secesionismo visto
además el escaso porcentaje de contribuyentes catalanes que marcan la X puede
afectar al modelo de financiación de la Iglesia. En la actualidad el dinero
procedente de la X representa en promedio el 24 por ciento de la financiación
de cada una de las 70 diócesis españolas. Sin embargo, la dispersión
estadística es considerable y para alguna diócesis el dinero de la declaración
de la renta puede representar hasta el 70 por ciento de su presupuesto.
Los católicos españoles se han
mostrado mayoritariamente críticos con la tibieza de posición que inicialmente
sostuvo la Conferencia Episcopal ante el separatismo y absolutamente contrarios
a que los Obispos en Cataluña se comporten como pastores sólo de la feligresía
golpista. Si visto como ondean las estrellas en las banderas independentistas
en fachadas y campanarios en Cataluña deciden dar su dinero directamente en sus
parroquias, la capacidad que actualmente tiene el denominado Fondo Común
Interdiocesano se vería considerablemente mermada. Esto llevaría a las finanzas
de la Iglesia en España a un marco de gobernanza muy complejo en el que los
recelos de las diócesis a aportar parte de las donaciones recibidas a la caja
común reeditarían algunas de las páginas más oscuras que nuestra Historia religiosa
contiene.
La Iglesia atiende actualmente en
España a unos 4,7 millones de personas a través de 8.966 centros sociales y
asistenciales repartidos por toda la Nación. No creo que la capacidad de
asistencia social se vaya a ver afectada, pero la forma de financiarse es
posible que sí.
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