El Observatorio Económico de
Andalucía (OEA) es una de las muy escasas entidades de la sociedad civil
andaluza que no pertenece a las amplias categorías de las asociaciones
religiosas, deportivas o culturales. Sus opiniones, en forma de documentos, le
otorgan en el lenguaje anglosajón el papel de pequeño pero fibroso “think
thank” o tanque de pensamiento en la forzada traducción al español. En un
documento que acaba de hacer público poco antes del comienzo de la campaña al
parlamento regional, el Observatorio pedía a los partidos políticos un esfuerzo
para abandonar sus habituales pequeñas disputas, querellas y descalificaciones,
de manera que pusieran el foco de la campaña en los problemas verdaderamente
acuciantes. Unos problemas tan graves como que la economía andaluza ha pasado
recientemente, sin apenas eco mediático, de región en transición a región
menos desarrollada en la Unión Europea cuyo PIB por habitante apenas alcanza
el 68% de la media europea. Además, y a diferencia de lo ocurrido en ciclos
económicos anteriores, -continúa el documento del OEA-, la economía andaluza
no solo se ha alejado de la española durante la fase de crisis, sino que
también lo hace en la actual fase de recuperación iniciada en 2013. Desde el
año 2005 (previo a la crisis iniciada en 2008) la economía andaluza ha
aumentado su alejamiento de la media nacional en 4,8 puntos porcentuales del
PIB por habitante. Hoy el PIB per capita andaluz es sólo el 73,9% del español. Andalucía
es la comunidad autónoma con menor densidad empresarial de España (6,05
empresas por cada 100 habitantes, frente a 7,15 de España).
Pocos meses antes de hacerse
público el documento del Observatorio, la Fundación Persán que preside
Concepción Yoldi y cuenta con la eficaz gestión de Anselmo Presencio, patrocinó
la divulgación del estudio “¿Cómo encajan las crisis las regiones españolas?”
elaborado por los investigadores Begoña Cueto –a la que me honro en conocer-,
Matías Mayor y Patricia Suárez. El estudio había sido publicado por el Consejo
Económico y Social de Asturias. El documento analiza la “resilencia” de las
regiones a las tres crisis recientes; 1976-1985, 1991-1994 y 2007-2013. La
resilencia de una economía regional mide su resistencia a las crisis, su
velocidad de recuperación, su capacidad de reorientarse a nuevos sectores
emergentes y su respuesta en términos de renovación. Centrándonos en el último
periodo de crisis que se conoce como la “gran recesión”, la economía andaluza
muestra una gran volatilidad en el nivel de empleos, es decir, cuando se inicia
una etapa de recuperación crece a mayor ritmo que la media, pero cuando se
inicia una crisis, el empleo se destruye muy rápidamente.
Para el OEA, integrado
principalmente por analistas económicos y empresarios, y presidido por el catedrático de Economía
Francisco Ferraro, existen problemas específicos sobre los que sí tiene una
responsabilidad directa el gobierno regional. Por ejemplo, analizando el
capital humano en Andalucía señalan que si bien ha aumentado el número de titulados
en todos los niveles de formación, sin embargo, tanto los años promedio de
formación por persona como los niveles formativos en Andalucía son de los
más bajos de España, siendo la última Comunidad Autónoma en el informe
PISA. Además, continúan, Andalucía destaca por la elevada tasa de abandono
escolar y por la carencia de personas formadas en ciertas especialidades
cualificadas. En este punto es donde debe ubicarse el desarrollo del nuevo
campus polítécnico de la Universidad de Sevilla, tema que muy probablemente no absorba
ningún segundo de los debates electorales tampoco ahora que cuentan con la
novedad de la irrupción en el Parlamento de los diputados de VOX.
El documento del OEA señala con
inequívoca claridad que el gobierno regional tiene amplísimas competencias en
políticas de oferta y de entre ellas, la más determinante para abandonar
nuestro secular atraso es la política educativa. Una política sobre la que
vuelve a cernirse la amenaza de una nueva reforma partidista orientada a la
devaluación del esfuerzo y al pago de peajes al independentismo, en definitiva,
a quienes quieren hacer de la lengua un hecho identitario excluyente. Nadie
hablará en la campaña electoral de que nuestros hijos pasan a lo largo de su
vida escolar por una media de tres leyes educativas diferentes. Todos juegan
con su futuro pero nadie asume las consecuencias pues son medidas cuyos frutos
se recogerán décadas más tarde, cuando sus promotores sólo conserven de su
etapa de representante político una abultada pensión de jubilación.
Con todo lo anterior, resulta
desalentador el “apego a la escasez” de la ciudadanía. El vértigo a tomar las
maletas para buscar la prosperidad allá donde la hay. Con una población que
supone el 18% de la española, la emigración de andaluces sólo representó el
10,1% de la emigración española al extranjero en el periodo 2008/2017, y el
13,2% de la emigración interna en el mismo periodo. Todo ello a pesar de los
esfuerzos desarrollados en los programas de movilidad internacional y nacional
de estudiantes. La etapa de estudiante ERASMUS parece que no acaba de actuar
como un efecto demostración masivo.
Convertidas las campañas
electorales desde hace tiempo en una modalidad de entretenimiento, poca
esperanza hay de que se debata sobre las rutas para salir del grupo de regiones
menos desarrolladas en la Unión Europea. Pero que cada palo aguante su vela.
El documento del OEA también es claro cuando, después de espigar lo que
considera problemas más acuciantes de Andalucía, señala que ninguno es
consecuencia de alguna limitación congénita, ni tampoco de factores externos
exculpatorios. La principal responsabilidad es nuestra.
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