Por primera vez las encuestas
oficiales han hecho público el dato de la extendida crítica ciudadana al modelo
autonómico. La mayoría de los españoles nos mostramos contrarios a ceder
mayores competencias a los gobiernos autonómicos al tiempo que se extiende la
demanda de homogeneizar servicios públicos básicos como educación, sanidad y
seguridad haciéndolos depender de la Administración General.
Con este contexto demoscópico y
aprisionada por el pertinaz desafío del golpismo separatista catalán, la agenda
política mantiene aparcada la reforma del sistema de financiación autonómico.
El punto de partida del nuevo sistema debía ser el informe de la Comisión de
expertos que se hizo pública en julio de 2017. Naturalmente, el acuerdo
político que finalmente se adopte puede tomar o no en cuenta las
recomendaciones del informe en el que, por otra parte, abundan los votos
particulares discordantes.
Entre las recomendaciones de los
expertos hay una muy poco atendida por los medios de comunicación pero que
merece una particular atención. Una atención que además debe poner esta
propuesta en el marco más general de las lecciones aprendidas de la reciente
“Gran recesión”.
La propuesta a la que me refiero
se recoge en el punto 73 del informe. En él se sostiene que la Comisión
considera deseable promover la inclusión en el marco financiero de las CCAA un
sistema de fondos de estabilización presupuestaria o fondos de reserva que
operen como fondos de liquidez ante circunstancias muy adversas de la economía.
Esta recomendación no hace otra cosa que promover lo que los economistas llaman
una “reforma macroprudencial” del sistema de financiación.
La idea que soporta esta
recomendación no es otra que tener en cuenta que los ingresos de las CCAA no
dependen sólo de los instrumentos de recaudación (propios o cedidos) sino
también de la actividad macroeconómica. Así quedó patente tras la pérdida de
recaudación (y transferencias recibidas) como consecuencia del estallido de la
burbuja inmobiliaria. El fondo de estabilización no es otra cosa que una hucha
sofisticada en la que los gobiernos regionales aporten posibles superávit presupuestarios
en años de expansión económica con los que estar en mejor situación de afrontar
futuras crisis garantizando la prestación de los servicios públicos.
El sistema financiero
internacional está actuando en un sentido similar. Así, los acuerdos de Basilea
III (que sustituyen a los vigentes hasta 2007) han previsto que los bancos
dispongan de fondos propios anticíclicos (“countercyclical capital buffer”) que
reflejen las condiciones macroeconómicas de los entornos en los que cada banco
opera.
Como tantas veces ocurre el
argumento teórico es mucho más sencillo de enunciar que luego llevarlo a la
práctica. Por esto la regulación macroprudencial es más un arte que una ciencia
experimental porque no disponemos de datos que permitan estimar cuál es –por
ejemplo- la contribución óptima que se debe hacer a ese fondo. También es
complejo regular cuál debería ser la liquidez de los activos financieros en los
que se materialice el ahorro, es decir, la facilidad con la que se puedan
vender cuando sean necesarios (en una futura crisis) sin que apenas pierdan
valor. Precisamente, hay que evitar encontrarse ante el problema de tener que
vender los activos a precios de saldo (“fire prices”) como ocurre cuando los
mercados secundarios rebosan órdenes de venta.
La recomendación del comité de
sabios para la reforma de la financiación autonómica no desciende al detalle de
precisar la regulación del fondo. Se limita a señalar que los elementos
nucleares del sistema (número de fondos, dotación, capitalización y
utilización) deberían estudiarse y definirse con detalle. También recomienda
que el fondo enmarque en la vigente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.
Algo más podemos decir si se
tiene en cuenta la experiencia que aporta una herramienta similar con la que
contamos en España y que no es otra que el Fondo de Reserva de Pensiones. El Comité de Gestión del Fondo determinó que
el ahorro acumulado se materializase en la adquisición de Deuda Pública
española, de Alemania, Países Bajos y Francia, además de activos emitidos por
el Instituto de Crédito Oficial.
El Comité de Basilea III está
perfeccionando dos ratios para los fondos anticíclicos a mantener por los
bancos. Sería interesante seguirles la pista. Estos ratios son el “Liquidity
coverage ratio” que se materializaría en disponer de activos financieros muy
líquidos como los bonos del Tesoro capaces de convertirse en dinero en menos de
30 días y el “Net Stable Funding Ratio” materializado en activos que
necesitarían como máximo de un año para convertirse en dinero.
No cabe duda de que la
organización administrativa española está puesta en tela de juicio. A ello ha
contribuido el intento de golpe de Estado en Cataluña pero también el que por
vez primera los privilegios de los sistemas de los sistemas de financiación forales
se incluyan en un documento como el confeccionado por la Comisión de Expertos.
Revisar el reparto de competencias no debe verse como algo traumático sino como
un ejercicio democrático propio de una sociedad avanzada. Tan democrático como
la reivindicación de Tabarnia. De ella se debatirá el miércoles 31 en el
espacio cultural La Revuelta de Sevilla con el responsable de estudios de
Convivencia Cívica de Cataluña, Jesús Sanz.
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