Hay una fecha sin la que no se explica el desafío secesionista del próximo 1 de Octubre; tampoco el anterior intento del 9 de Noviembre de 2014. Esa fecha fue el 9 de junio del año 2012 día en el que el Ministro de Economía, Luis de Guindos acababa con las especulaciones sobre si España seguiría o no la estela de Grecia, Irlanda y Portugal pidiendo un rescate a la troika compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La opción del gobierno español fue disfrazar el rescate de “rescate suave” o “rescate soft” por cuando, a diferencia de los tres países citados, en el caso español el macro crédito (100.000 millones de euros) se pedían sólo para sanear el sistema financiero pero no para financiar el déficit público del Estado.
En aquellos días, la prima de riesgo
española (los intereses que pagábamos de más en comparación con lo que pagaba
el país de referencia –Alemania- estaba por encima de los 600 puntos). Aún
tuvieron que pasar unos días después del anuncio de la petición de rescate para
que la prima alcanzase su máximo de 634,3 puntos básicos, cosa que ocurrió el
23 de julio de ese mismo año cuando España tenía que pagar casi un 8 % por cada
euro que pedía prestado a devolver en diez años.
Como todo rescate, los prestamistas
obligaron a tomar unas duras medidas de ajuste que pasaban directamente por el
control del gasto público y sobre uno especialmente; el gasto de las
administraciones autonómicas. Hasta 2008 los gobiernos regionales alimentaron
una gran burbuja administrativa. Las Comunidades autónomas disfrutaban de un
sistema de financiación indiciado (vinculado automáticamente) al crecimiento de
la recaudación impositiva; una exigencia y un logro de los ahora secesionistas
catalanes al entonces presidente José María Aznar. La burbuja inmobiliaria de
aquellos años permitió una especie de “economía fingida” que crecía a un ritmo
anual promedio del 3 %. Al tiempo que la actividad económica crecía las arcas
de la Hacienda del Estado se llenaban holgadamente y una parte importante de
estos recursos iban a parar a las autonomías gracias al sistema de financiación
en vigor.
El
abundante dinero que llegaba a manos de los gobiernos regionales (y también
municipales) les permitió aumentar el tamaño de la ya importante red clientelar
a través de la denominada administración pública paralela: agencias públicas,
consorcios y empresas públicas, principalmente. Fuese cual fuese el color
político del gobierno regional, la burbuja de la administración pública
engordaba por igual en toda España.
Sin
embargo, sí había una diferencia entre regiones: el crecimiento de la deuda
catalana ya mostraba síntomas preocupantes. En 2007 ascendía a 15.776 millones
y era muy superior a las del resto de regiones. Un hecho muy preocupante pues se
producía a pesar del fuerte crecimiento de sus ingresos. Malos síntomas que se
manifestaron al poco tiempo: 35.616 millones en 2010 y 75.443, millones en este
año de 2017.
Con el
estallido de la burbuja inmobiliaria se acabó el crecimiento, la creciente
recaudación de impuestos y la parte (muy elevada) que llegaba a las autonomías.
Pero el gasto público aún tardó en reducirse; el fuerte déficit fue la
consecuencia inmediata. El déficit español pasó de 49.371 millones de euros en
2008 a 118.222 el año siguiente. El sistema de financiación autonómico
indiciado a la evolución de los impuestos se derrumbó como consecuencia de este
automatismo.
La
situación de Cataluña era alarmante pues el hundimiento de los ingresos se unió
a una colosal deuda que ponía en riesgo de colapso la financiación de servicios
públicos básicos como la sanidad o la educación (transferidos por igual entre
gobiernos del PSOE y el PP). Las dudas sobre la capacidad de las
administraciones españolas y los movimientos especulativos de grandes fondos de
inversión internacionales dispararon la prima de riesgo española, esto es, la
remuneración o tipo de interés adicional que había que entregar por cada euro
que se pedía prestado para compensar a quien nos lo prestaba por el mayor
riesgo que asumía. Las presiones para que el gobierno de Rajoy pidiese un
rescate siguiendo el modelo griego fueron muy altas hasta que el ministro de
Guindos anunció que se pedía el rescate pero sólo para el sistema financiero;
el “rescate suave”.
Las
instituciones que pusieron a disposición de España un crédito de 100.000
millones de euros (de los que sólo se usaron 70.000 que ya fueron devueltos)
impusieron unas condiciones de ajuste que se parecían mucho a las de un rescate
convencional.
Una
de estas condiciones era arreglar la disparatada situación de déficit y
endeudamiento de las Comunidades Autónomas situación que, en Cataluña,
alcanzaba cotas delirantes. Con un sistema de financiación haciendo aguas debido
a su indiciación automática a la recaudación de unos impuestos que caía en
picado era materialmente imposible atender las obligaciones financieras, so
pena de dejar de prestar servicios fundamentales como la sanidad o la educación
que habían sido transferidos a las Comunidades Autónomas. Al no admitirse en el
seno de la Unión Europea quiebras en la Haciendas regionales, el Estado fue
asumiendo paulatinamente la deuda pública catalana. Tanto es así que hoy en día
es su principal acreedor al tener más de la mitad de la misma.
El
rescate “suave” también exigía el control del gasto de la autonomía más
díscola: Cataluña pero también del resto de administraciones. El déficit
público español bajó de los 108.886 millones de euros en 2012 (año del rescate)
a los 71.836 millones del año siguiente. ¿Quiénes fueron los responsables de
conseguir el férreo control del gasto? Las Intervenciones Generales de todas
las CCAA encargadas, además, de recopilar información del uso del gasto público
y enviarla mensualmente a la institución central, la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) que, a su vez, la remite a Bruselas para
permitir la supervisión de nuestros “rescatadores”.
El
resultado fue que tras la petición de “rescate suave” aquel 9 de Junio de 2012 a
los tejedores de las redes clientelares autonómicas se les acabó su margen de
maniobra. Tenían que dar cuentas de hasta el último céntimo gastado. Su enfado
fue mayúsculo pero … ¿Dónde alcanzaba el mayor nivel este enfado? naturalmente
en Cataluña.
La
manera en la que las regiones (y los ayuntamientos) encajaron el control del
gasto fue muy diferente. Mientras el resto de los representantes de las CCAA
aguantaban el chaparrón, la Generalidad catalana se rebeló. Se resistía a
contentarse con ser una Administración de perfil plano gestionando las
necesidades de ancianos, niños y enfermos sin poder exhibir un fuerte perfil de
autogobierno orientado a la autosuficiencia. La rebelión se puso de manifiesto
claramente cuando el presidente Mas se inventó el famoso “pacto fiscal”. Con
esta petición demandaba un trato privilegiado como el que tienen los tres
territorios vascos y Navarra. El fundamento de su petición fue el famoso
“Enpanya ens roba”.
La
reivindicación del nacionalismo catalán no era otra que quedarse con una parte
muy importante del superávit fiscal del área económica de Barcelona (no de
Cataluña), pues junto con Madrid son los pulmones económicos más importantes de
España. El presidente de la Generalidad no buscaba otra cosa que regresar a la
situación abundancia de dinero previa al rescate del ministro de Guindos.
¿Por
qué no se permitió entonces el Pacto Fiscal ni se permitirá ahora? En parte
porque la experiencia vasca no es precisamente positiva. En parte porque la
sociedad española, por primera vez desde el inicio de la Transición, fue
consciente de que este tipo de
estrategias tenían que tener fecha de caducidad.
Pero
había otra razón: nuestros prestamistas y supervisores de la Unión Europea. Por
un lado, dar soberanía fiscal a una Hacienda con la trayectoria de la catalana
es inasumible para la ortodoxia financiera de los países centroeuropeos. Por
otro lado supondría malgastar los esfuerzos de control del gasto de los últimos
años. No permitirán la vuelta a las andadas de la burbuja administrativa. El
dinero no está para, por ejemplo, embajadas en el extranjero, o que TV3 genere
un gasto igual o superior al de las cuatro cadenas privadas más importante
juntas. En Europa no gusta la “barra libre”. Además, el Pacto fiscal
inexorablemente reduciría la financiación de las otras catorce regiones de
régimen de financiación común. De esto no sólo es consciente el PP; también el
PSOE lo sabe bien.
El
nuevo pulso que va a perder el secesionismo catalán tras décadas de entreguismo
del resto de españoles va a dejar un innegable descrédito ante nuestros socios
de la Unión Europea que no dejan de pensar qué hemos hecho mal para llegar a
una situación tan disparatada. La magnitud de ese daño es difícil de medir.
Pero también ha dejado en la opinión pública una opinión muy crítica e incluso
contraria a la cesión de competencias en servicios tan sensibles como la
educación o la policía. Hoy sólo las redes clientelares que se alimentan de los
presupuestos autonómicos se opondrían a una reforma constitucional que
garantizase iguales servicios a todos los españoles prestados por una
administración en la que prevalecieran las personas antes que los territorios.
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