El 10 de julio de este año un
reducido grupo de profesionales y académicos encabezados por el eurodiputado
Enrique Calvet, se dirigió por carta pública y por segunda vez al Presidente de
la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Junto a
la queja de no haber recibido mayor contestación que la de un acuse de recibo
de la Presidenta del Congreso, los autores de la carta llamaban la atención de
los diputados miembros de la Comisión sobre las recomendaciones específicas que
la Comisión Europea había hecho para España en el primer semestre de 2018.
La Comisión Europea, con el
respaldo del Consejo Europeo, alertaba de las crecientes desigualdades entre
españoles según la Comunidad Autónoma de residencia hasta tal punto de que el
diseño actual del estado de las autonomías actuaba como una barrera para la
prosperidad equitativa de la sociedad española. La barrera de las autonomías se
manifestaba en dos resultados muy graves; una fragmentación o balcanización del
mercado español y una multicentralización del poder (en diecisiete centros de
poder o taifas) origen de un enfrentamiento institucional trepidante. Una y
otra barrera –balcanización de los mercados y enfrentamiento institucional-
alentaban las desigualdades entre españoles minando la capacidad de unirse y la
creación de sinergias que favorecieran el crecimiento y el progreso social. Era
la primera vez que la Comisión Europea se pronunciaba tan duramente contra la
organización territorial existente en España.
Una de las barreras más importantes
que se levantan entre los mercados autonómicos es la exigencia casi
determinante de la lengua local propia (o impuesta) para el acceso a los
empleos públicos. Plataformas de la sociedad civil como “Hablamos Español”
liderada por Almudena Lago o la balear “Mos moven” que impulsa la empresaria
Úrsula Mascaró, llevan alertando de esta deriva que va mucho más allá de los
provincias vascas o Cataluña para haberse asentado en Navarra, Galicia,
Valencia o las Islas Baleares. Todo va en detrimento de las posibilidades de
empleo, de captación de talento y de la calidad en los servicios públicos a
cambio de un identitarismo lingüístico a veces tan forzado como el del Euskera
en Navarra.
El identitarismo lingüístico
anida cómodamente en el segundo de los problemas sobre los que alertaba la
Comisión Europea y la carta recibida por el presidente de la Comisión para la
evaluación y modernización del Estado autonómico; el multicentralismo del poder
en 17 capitales autonómicas cada vez más enfrentadas con la administración
general del Estado.
El enfrentamiento institucional
tiene siempre costes y resultados frecuentemente injustos aunque bien es cierto
que ni todos los costes ni todos los resultados son fáciles de identificar. Por
ejemplo, en el borrador de presupuestos generales remitido por el Gobierno
español a la Comisión Europea se estima un aumento de la recaudación de 7.178
millones de euros. El reparto de la mayor capacidad de gasto está
territorialmente muy determinada en favor de los socios de gobierno que mayor
enfrentamiento institucional mantienen con el Estado; los nacionalistas vascos
y los secesionistas catalanes. Mayor prueba no cabe que tener que acudir a la
cárcel a negociar los Presupuestos con un político secesionista preso por un
intento de rebelión. Multicentralismo y enfrentamiento institucional hacen que
igual que el narcotraficante Pablo Escobar dirigiese sus negocios desde la
cárcel, un líder secesionista negocie los presupuestos desde su celda.
Es precisamente este coste
difícil de medir en euros, el que mayor factura nos pasará. Me refiero al coste
de la devaluación de la calidad de nuestras instituciones comenzando por el
propio Poder Legislativo bajo la capacidad decisoria de quienes explícitamente
desean subvertirlo.
El portavoz de economía en el
Congreso de Ciudadanos, el profesor Luis Garicano, se afanó con bastante rigor
en mostrar que según sus cálculos habían 4.364 de los 7.178 millones de euros
que esperaba recaudar de más el gobierno que eran irreales. Ese es,
indudablemente, un coste que sólo incrementará el peso de la deuda pública y
que ya se cobra 30.000 millones de euros al año sólo por intereses. Pero el
coste de devaluar la calidad de las instituciones para satisfacer a los
nacionalistas es aún mayor. Lo estamos pagando todos. Nunca será suficiente
para satisfacer a los multicentros de poder y trabará más nuestro progreso como
sociedad y como Nación.
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