El tratamiento mediático de la corrupción no es proporcionado a la magnitud del crimen sino que viene tamizado por la simpatía o antipatía del cámara, del redactor, del locutor y, por supuesto, del propietario del medio. Los EREs falsos en Andalucía no han sido una excepción.
No sólo ha sido la izquierda política quien
ha manejado bien las lecciones de Lenin y Gramsci sobre el uso de la información
como arma revolucionaria. El luego cardenal Ángel Herrera fue consciente también
de la importancia de influir en los medios de comunicación al promover la
fundación en 1926 de la Escuela de Periodismo del periódico El Debate,
precursora de las actuales Facultades de Ciencias de la Comunicación españolas.
Cosa muy diferente es el éxito de una y otra inspiración en los medios de
comunicación de masas de finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI. No
equiparo aquí la moral de una y otra inspiración sólo me refiero a la
influencia mediática actual de ambas.
Los italianos suelen decir que en su país lo
único que está organizado es el crimen. Todo lo demás es caos y desorden. El
síndrome de Robin Hood o del narco Pablo Escobar influye en la simpatía del
cámara que elige un plano amable para el imputado amigo y uno estigmatizante
para el que le resulta antipático. El crimen es visto con una pátina de indulto
o reconocimiento social cuando se roba para repartir o se entierran
drogodependientes pero financian grandes estadios de fútbol o pagan los
tratamientos médicos de los propios y sus familias. En los EREs ha habido una
socialización del robo que en nada se parece a los iconos de los ladrones coetáneos
de signo político contrario, aquellos que sí llenan los telediarios y se cuelan
en las aplicaciones de los Smartphones como noticias destacadas. Tan destacadas
como los goles del Madrid o del Barcelona. Algo que jamás ocurrirá con la trama
de los EREs falsos.
Efectivamente, el propio diseño legal de lo
que ahora se juzga tiene un cierto aroma a bosque de Sherwood y a Robin Hood.
Gobernando la Junta el presidente Manuel Chaves se diseñó un sistema de
otorgamiento de subvenciones públicas a empresas y trabajadores que eludía los
protocolos ordinarios legales. Para ello, el entonces consejero de Empleo, José
Antonio Viera, y el también ex consejero Antonio
Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento
de Andalucía (IFA), firmaron el 17 de julio de 2001 un convenio para darle
aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la
práctica supondría saltarse todos los protocolos formales.
El procedimiento permitió cebar durante años
(mucho antes del estallido de la crisis en 2008) la partida presupuestaria 31L
con dinero público destinado a financiar prejubilaciones y expedientes de
regulación de empleo de empresas andaluzas en crisis. Aspectos legales a un
lado, ¿qué otra cosa se puede esperar que el aplauso social para una medida
como esta que busca reconfortar económicamente a quien pierde el empleo? Máxime
en una sociedad muy presta a suscribir la afirmación de que “el dinero público
no es de nadie” pero la persona despedida sí tiene nombre y rostro.
Según apunta la instrucción de esta
macrocausa el dinero procedente de la partida 31L (o fondo de reptiles en
alusión al uso del canciller von Bismark de parte del dinero público) ha ido en
parte a financiar prejubilaciones fraudulentas pagadas a personas que nunca
habían trabajado en las empresas afectadas. También a empresas que no estaban
presentando un ERE y a personas que no llegaron a crear ninguna empresa.
Incluso se ha usado el dinero para pagar elevadísimas comisiones a
intermediarios entre la Junta de Andalucía y los trabajadores (aseguradoras,
consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas) para acceder a fondos millonarios.
Pero incluso así, ¿no tiene el informador en la cabeza la otra parte del dinero
público –ese que no es de nadie- que sí fue a pagar la prejubilación de alguien
que por su avanzada edad probablemente jamás encontraría un nuevo empleo? ¿Es
su predisposición la misma cuando tiene que elegir el enfoque de esta noticia
que cuando lo hace de otra relacionada con un tipo que robó mucho menos pero
que se lo llevó –para él sólo- a Suiza previa estancia en las pistas de nieve
de Baqueira Beret? En Baqueira no se respira el aroma del Bosque de Sherwood.
Incluso los altos funcionarios que velan por
la correcta ejecución de las cuentas públicas son proclives a “comprar” el
argumento de la defensa de los imputados. Estos funcionarios sí saben que el
dinero público viene del esfuerzo de los contribuyentes pero son receptivos al
indulto derivado de “quien roba a un ladrón” aunque en la versión sofisticada
de decir que el Interventor General de la Junta jamás inició un informe de
actuación. Precisamente él mismo –Manuel Gómez- dejó bien a las claras en
noviembre de 2012 que el pretendido «Informe de actuación» no tenía ni causa
legal (sin causa no puede haber efecto), ni destinatarios ni organismos que
hubieran de tener en cuenta sus conclusiones. Y no sólo denunció esto quien ha resultado
señalado por la defensa de los acusados, sino también el propio Gabinete
Jurídico de la Cámara de Cuentas y los tres interventores generales que le
sucedieron en el cargo.
Abundan los políticos que sotto voce se declaran víctimas del
síndrome de Robin Hood. Roban por una causa “noble” cual es la de sostener el
enorme costo de las maquinarias políticas. La secuencia argumental de su
particular silogismo es la democracia moderna sólo se sostiene si hay partidos
políticos fuertes; los partidos políticos fuertes cuestan mucho dinero; si no
hay dinero para sostener a los partidos políticos fuertes no es posible el
mantenimiento de la democracia moderna.
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