Imagínese que un viernes a medio
día le presentan un documento con las cuentas de una gran corporación de la que
Vd es miembro del consejo de administración. Suponga que esas cuentas suman 36.495,5
millones de euros. Seguidamente se le da un plazo de seis días para anunciar a
los responsables de confeccionar las cuentas si tiene o no intención de
rechazarlas en su totalidad. En el caso de que haga ese anuncio aún dispondrá
de otros seis días para pensárselo mejor, pero no más tiempo.
Lo anterior no es un mero
ejercicio de especulación sino el inicio del proceso de debate de los
presupuestos generales de la Junta de Andalucía para 2019 que deben sustituir
al presupuesto prorrogado de 2018 actualmente en vigor. Las cifras no se
conocieron hasta el mediodía del viernes 31 de Mayo y el plazo para la
presentación de enmiendas a la totalidad finalizaba el jueves 6 de junio. Luego
los grupos que decidieron presentar enmiendas aún podían retirarlas hasta poco
antes de su intervención en el pleno del día 12 de junio. Eso fue lo que
ocurrió y lo que permite encarar el debate final programado para los días 17 y
18 de julio.
De alguna manera puede afirmarse
que la Junta de Andalucía es –con diferencia- la mayor corporación andaluza. Si
sumamos las cifras de negocio de las cincuenta primeras empresas andaluza que
publica El Economista y reproduce el Anuario Joly 2019, todas juntas suman
30.418 millones; sensiblemente por debajo del Presupuesto de la Junta de
Andalucía. Con el calendario anterior y estas cifras en la mano cabe
preguntarse si los tiempos y las cifras permiten tomar decisiones que
garanticen la mejor asignación del gasto público entre las diferentes
alternativas.
Pero el alcance del debate
presupuestario admite muchos matices. Por ejemplo, por el lado del ingreso el
presupuesto es una Ley esencialmente adjetiva, esto es, no puede cambiar
radicalmente la procedencia de los recursos para para las facturas, sólo manejar
los números asociados a impuestos que ya están en vigor, a un sistema de
financiación sobre el que no se tiene capacidad decisoria, a transferencias de
fondos europeos sobre las que tampoco se puede decidir o sobre la cantidad de
dinero a pedir prestado la mayor parte del cual se destina a atender a la deuda
que vence en el año para el que los presupuestos se aprueban.
Si grande es el matiz que el
presupuesto admite por el lado del ingreso, no es menor por el del gasto. Por
ejemplo, el 30 por ciento del presupuesto de gastos ya está comprometido en
pagar al personal al servicio de la Junta de Andalucía –funcionarios y personal
laboral-. Es una cifra muy estable y no sólo en esta administración; también en
todas. Luego están más de 4.200 millones de euros (capítulo IX) destinados a
pagar la deuda pública que vence y sobre lo que tampoco se puede discutir pues
el impago de la deuda dejaría a la administración regional sin apenas
posibilidades de endeudamiento futuro. Por tanto llevamos ya más de un 40 por ciento
del presupuesto de gasto sobre el que no se pueden tomar apenas decisiones de
modificación. Por último y no menos importante tenemos las anualidades de los
gastos en inversión pública que se aprobaron en los tres años anteriores y que
comprometen todavía al presupuesto puesto sobre la mesa. Así las cosas, el
margen de decisión y el de debate sobre este y casi cualquier presupuesto
público son limitados tanto en tiempo como en variación de cifras.
Pero con ser limitado no el en
absoluto pequeño. El ejecutivo del PP y Ciudadanos había preparado un proyecto
de Ley en tres meses y medio. El proyecto de ley tiene, además de las cifras,
un aparataje legal al final en forma de disposiciones varias que va a cambiar
notablemente procedimientos de gestión del dinero público que hasta ahora se
utilizaban en la administración autonómica. Así llegó al Parlamento y allí se
encontró con tres enmiendas a la totalidad de las que, finalmente, se retiró la
presentada por el grupo parlamentario de VOX ¿a cambio de qué?
El acuerdo firmado entre los
partidos en el gobierno regional y VOX no se limita a introducir modificaciones
presupuestarias en partidas importantes como acabar con la lista de espera de
los colegios pendientes de obras de infraestructura y equipamiento o en los
centros de atención temprana a los niños necesitados de atenciones especiales.
Es un acuerdo que sorprende por los conceptos que por vez primera aparecen en
un presupuesto –la atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar- o se
recuperan después de décadas –la atención a las mujeres embarazadas con
dificultades económicas-. Probablemente algo de lo que más ha desconcertado a
los que hacían quinielas sobre las peticiones a cambio de levantar la enmienda
a la totalidad estaba la apuesta por el gasto en I+D en forma de análisis del
Big Data del Servicio Andaluz de Salud. Si se hace bien, sus resultados
ayudarán muy notablemente al diseño de la atención sanitaria del futuro.
Todo, sin embargo, está en el
aire en dos aspectos. El primero que ha de superar el debate de los días 17 y
18 de Julio. El segundo que habrá de llevar a la práctica lo que, de salir
adelante, sólo serán compromisos. Habrá que ver si se ejecutan.
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