El tiempo electoral es propicio
al debate en torno a los impuestos y habitualmente sobre dos líneas
argumentales mediáticas. Una sostiene que los impuestos hay que bajarlos sin
más y otra que hay que subir los impuestos a los ricos. También en esto hay
mucho de espectáculo y mucho menos de rigor en nuestro auxilio vienen las
palabras de Don Francisco de Quevedo, “nadie ofrece tanto como el que no va a
cumplir”. Un ejemplo de lo que escribo se refiere al impuesto al sol.
El impuesto al sol es el nombre
popular que se le ha dado al peaje de respaldo o, más técnicamente, a los
cargos en factura regulados por el Real Decreto 900/2015. Son los importes a
pagar por seguir “enganchado” a la red eléctrica aunque no hagamos uso de ella
en concepto de costes y servicios del sistema.
La profesora Paulina Beato, una
de las principales expertas españolas en economía de la energía lo explicaba de
esta forma en una Jornada acogida hace unos días por la Cátedra de Economía de
la Energía de la Universidad de Sevilla. Algunos consumidores se separan de la
red al instalar en su vivienda equipos de generación fotovoltáica con baterías
de almacenamiento. Dado que estos consumidores no necesitan tomar electricidad
de la red se negarán a pagar por su mantenimiento por lo que el coste fijo de
la red se distribuirá cada vez entre menos consumidores. El resultado
previsible será que el precio por el uso de las redes se incrementa en la
factura de quienes sigan enganchados a la red. Hay que tener en cuenta además,
que el operador de red –Red Eléctrica de España-, está legalmente obligado a
llevar la red allí donde se requiera.
La profesora Beato advierte sobre
un problema nada menor que llamativamente denomina “espiral de la muerte”. Las
personas que pueden abandonar la electricidad de la red son, principalmente,
consumidores con ingresos altos y medios capaces de afrontar la inversión
requerida. Esta inversión suele consistir en adquirir un equipo de 5 kW y unas
ocho baterías de almacenamiento que antes eran de plomo y ahora suelen ser de
litio. La relación entre ingresos del consumidor y posibilidad de instalar
estos sistemas que abaratan el precio de la electricidad no viene dada sólo por
el coste de la inversión. En mi opinión no es el principal factor limitante
sino el de la necesidad de disponer de una vivienda aislada o adosada
suficientemente grande como para que el techo admita la instalación de los
paneles solares. En promedio se necesitan 6 m2 por cada kW.
Es previsible pensar que las
personas de bajos ingresos no se separarán de la red tanto porque su consumo es tan bajo que la nueva inversión
es más costosa que el valor actual del costo de energía de la red, como porque
carecen ingresos suficientes para afrontar un préstamo o principalmente, porque
las características de su vivienda no admiten este tipo de instalaciones.
Si las personas de mayores ingresos
medios abandonan la red, las preguntas que plantea la profesora Beato son; ¿quién
pagará los costos de la red? y ¿se debe mantener la red para pocas personas?
Desde un punto de vista técnico,
la red de transporte de la electricidad en alta tensión presenta unos
rendimientos crecientes, por tanto la decisión de separarse de la red puede ser
individualmente racional pero socialmente ineficiente y obliga a buscar
soluciones regulatorias. El “impuesto al sol” no es la única pero, de momento,
es la opción que se ha tomado en España donde, por cierto, hay muchos otros
ejemplos de rendimientos a escala que no se aprovechan. Baste pensar en
costosos equipos de tratamiento o diagnóstico sanitario que prestan servicios
sólo a unos pocos pacientes de un sistema sanitario autonómico mientras que se
dificulta en extremo su uso por los pacientes de otras regiones españolas a las
que el sistema los cataloga como “desplazados” (sic).
El fenómeno de “abandono de la
red” ha venido para quedarse y, naturalmente, no sólo en España. En Australia,
por ejemplo, la demanda de electricidad tomada de la red por persona ha bajado
de 1 kW en 2010 a 0.8 kW en 2016. La
explicación para esto es que el kWh sale alrededor de 8 céntimos cuando procede
del techo solar frente a unos 41 céntimos de media cuando se toma de la red
australiana.
El sistema español garantiza que
la electricidad llega a nuestra casa a 230 Voltios, con una frecuencia de 50 Hz
y sin apenas apagones. Es un buen sistema eléctrico pero con un precio final que
está muy por encima de la media europea, tanto para los hogares como para las
empresas. Este resultado es difícil de explicar cuando se tiene en cuenta que
el combustible de plantas renovables como las hidráulicas, las eólicas y las
fotovoltaicas es cero y también cuando se recuerda que la mayoría de las
centrales nucleares están amortizadas.
Con todo ello es fácil concluir
que los problemas de equidad o justicia no sólo están en quienes pueden y no
separarse de la red eléctrica sino en que todos –españoles con mayores o menos
ingresos- tenemos que pagar muy caro cada kilovatio.
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