La enseñanza concertada ha estado
durante décadas infrafinanciada por las administraciones públicas. Lo sigue
estando. Créanme que sé de lo que hablo. Durante no pocos años tuve la
oportunidad de pertenecer a la Junta Directiva de la Federación Católica de
Padres de alumnos en Sevilla bajo la presidencia de Juan María del Pino. La
insuficiente dotación se evidenciaba de la siguiente forma. Las autoridades
regionales de Educación calculaban una asignación económica por puesto escolar
que podía no apartarse mucho del coste por puesto escolar en la enseñanza
pública. Sin embargo cualquier mejora en las infraestructuras de los colegios
concertados tenía que ser financiada con los fondos de sus propietarios
procedente, principalmente, de cuotas de las familias.
Con el acceso a la presidencia de
Rodríguez Zapatero en 2004 se inició un proceso de fracturamiento de la
sociedad española sobre dos pilares; la reapertura de las heridas de la Guerra
Civil y una deriva laicista de las instituciones. En el caso de Andalucía y por
razones de hostigamiento ideológico -la mayor parte de los colegios concertados
son católicos- la Ley de Educación de 2007 prohibió las aportaciones económicas
de las familias a los colegios salvo para las actividades extraescolares. Se
buscaba la asfixia económica de estos centros.
Frente al hostigamiento a la
enseñanza concertada la administración se encontró una oposición difusa. Por
una parte las familias tenían una visión local del proceso focalizada
estrictamente en el colegio de sus hijos. Muy pocas entendían la necesidad de
tener a un interlocutor general con la Junta de Andalucía. Al mismo tiempo no
pocas órdenes e instituciones religiosas promovieron su particular
representación de las familias al margen de la confederación regional.
Especialmente activa en este fraccionamiento de la representación de las
familias fueron los colegios de los Sagrados Corazones y del Opus Dei.
Seguramente buscaban reforzar la red entre familias de los mismos centros pero
un resultado negativo fue el escasísimo interés en favorecer una representación
cohesionada de las familias ante la autoridad educativa autonómica. La división
de familias le vino fenomenal al gobierno socialista de Andalucía.
La otra parte que representaba a
la enseñanza concertada estaba principalmente en manos de “Escuelas católicas”,
organización que agrupaba a la mayoría de los propietarios de los colegios pero
que también tenía que entenderse con la que representaba a los colegios del
Opus Dei (CECE). Mi impresión es que la organización que representaba a los
propietarios de los colegios concertados tenía como objetivo principal mantener
los acuerdos de concierto y los empleos de los profesores y empleados antes que
el carisma religioso de cada orden propietaria de colegios. En las reuniones de
las denominadas Comisiones de Conciertos siempre adoptaban un perfil bajo de
oposición a la Administración. Hubo honrosas excepciones, naturalmente.
Además las congregaciones
religiosas estaban en claro retroceso con una presencia de sacerdotes y de
monjas muy pequeña que la habían obligado a dejar la gestión de los colegios en
manos de laicos. Bien porque las órdenes religiosas no tenían capacidad
efectiva de gestión bien como respuesta a la prohibición del pago de cuotas
introducida por la Ley de 2007, la propiedad de muchos colegios evolucionó a la
forma jurídica de fundación sin ánimo de lucro.
El problema que ahora ha puesto
la Agencia Tributaria (AEAT) sobre la mesa se deriva de la lógica petición de
certificados de contribución de las familias a las fundaciones para luego
aplicarla como deducción fiscal en el IRPF. El argumento de la AEAT es que si
se puede establecer una correspondencia entre la cuantía de las aportaciones y
el coste de las actividades extraescolares, entonces las aportaciones a las
fundaciones no serían fiscalmente deducibles pues dejarían de ser donativos para
considerarse pago por contraprestación. Esto obligaría a una devolución masiva
de beneficios fiscales indebidamente disfrutados desde las familias a la AEAT
que rondaría los 1000 millones de euros. ¿Es esto sencillo de hacer por parte
de la AEAT? No, en absoluto.
En primer lugar la AEAT debería
probar que hay una relación clara entre regularidad de pagos, cuantía de los
mismos y coste de las contraprestaciones recibidas. Técnicamente sería posible
pero sería muy costoso para la AEAT dada la gran cantidad de personal que
tendría que desplegar. Sin embargo en adelante obligaría a cambiar el sistema
de gestión de ingresos de muchos colegios concertados que son propiedad de
fundaciones.
Pero ¿por qué ahora debuta esta
actuación de la AEAT? Hay dos respuestas, una corta y otra menos corta.
La respuesta corta es que
estrictamente no se puede disfrutar de la deducción fiscal de una donación
cuando, en la práctica, la cantidad entregada ha sido a cambio de una
contraprestación. Aquí acabaría la respuesta salvo por un hecho a valorar: a
ningún niño se le ha expulsado de colegio concertado alguno por el impago de
estas cantidades. Si me apuran, ni siquiera se les ha impedido acceder a las
actividades extraescolares o participar en las ceremonias religiosas por no
contribuir a financiar su coste (flores, música, etc). Si, además, parte de los
ingresos han ido a financiar las mejoras de infraestructura no cubiertas por el
concierto económico, estamos no muy lejos de un donativo.
La respuesta menos corta es la
siguiente. La velocidad a la que crecen gastos públicos como el gasto en
pensiones o en atención a la dependencia es mucho mayor que el ritmo al que lo
hacen los tributos tradiciones. La razón es triple. La primera es que la
superación de la crisis se ha hecho a costa de salarios más bajos que pagan
menos cotizaciones a la seguridad social e IRPF. Al mismo tiempo buena parte de
la actividad económica y de los patrimonios se han movido a países de
fiscalidad reducida o paraísos fiscales. Baste decir que la lista Falciani
alcanza a 130.000 grandes fortunas con patrimonios posiblemente ocultos en la
sede suiza del banco HSBC o que, en general, el espionaje fiscal que busca
detectar a evasores fiscales, es hoy parte muy notable de las actividades de
inteligencia de un país. La segunda es que la economía colaborativa hace que a
través de las plataformas digitales que ponen en contacto a iguales (“peer to
peer o P2P) muchas decisiones de consumo (intercambiar viviendas de vacaciones,
coche o comida) escapen de la tributación. La tercera es que las transacciones
hechas con monedas virtuales del tipo bitcoin tampoco pagan impuestos.
Así las cosas, 1000 millones de
euros de posibles deducciones indebidas suponen una cifra demasiado grande para
dejarla escapar. Otra cosa, tan grave como el escapismo tributario de la nueva
economía en países demográficamente envejecidos como el nuestro, es el
hostigamiento a la enseñanza concertada y, en definitiva, a la libertad de las
familias a elegir el modelo.
Antes que el hostigamiento a un
modelo educativo como el concertado, la ley debería garantizar la libertad de elección
de las familias acerca del modelo educativo que quieren para sus hijos. Esto se
incluyó en uno de los dos acuerdos del nuevo gobierno regional (concretamente
en el de VOX-PP). También debería ensancharse el espacio de libertad de los
colegios para, dentro del marco de la ley, enseñar con arreglo a sus principios
inspiradores sin que tengan que adoptar una posición sumisa ante la
administración que los financia. Finalmente, las familias deben decidir cuál es
el papel que quieren adoptar en el sistema educativo concertado; el de
vigilancia del estado de las canastas de baloncesto o, también, el respeto a la
decisión que han tomado en la educación de sus hijos.
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