Si usted creía que se estaba
librando del carbón de los Reyes Magos al levantarse cada 6 de Enero resulta
que se equivocaba en buena medida. En la factura eléctrica de su hogar entraba
cada mes un pago para financiar la subvención al uso del carbón nacional
utilizado en las centrales térmicas para la generación de electricidad. La
cuantía está incluida en otra más genérica denominada “pagos por capacidad”, su
valor se fija por el Gobierno y forma parte de los denominados peajes de
acceso.
Lo anterior es sólo un ejemplo
que ayuda a explicar por qué la factura de la luz es tan compleja de entender.
Lo es no sólo por cuestiones estrictamente técnicas propias de este suministro
tan determinante para nuestro confort doméstico y para la actividad económica
cotidiana, sino también porque sirve para enjugar otras cuestiones sobre las
que se podría discutir largamente acerca de si deberían ser excluidas de la
factura.
Pero las cuestión del carbón no
se queda únicamente en esa cantidad que se cuela en su factura en concepto de
pagos por capacidad sino que a ella se le añadirán dos impuestos que también
soportará su bolsillo si es un consumidor doméstico. Vayamos por partes.
Desde septiembre de 2014 en el
detalle de su factura de la luz aparecen tres grandes componentes hasta llegar
al importe final. Luego cada componente se divide en una serie de sub apartados
que hacen del documento algo verdaderamente complejo de entender pero cuyo
resultado final es que el precio que paga por la electricidad que consume puede
no ser, frecuentemente, la mayor parte de su factura. Las tres partes a las que
me refiero son 1) la facturación que se le hace por la potencia que usted tiene
contratada, 2) la facturación por energía consumida y 3) dos impuestos y el
alquiler de los equipos de medida de lo que consume.
Los dos impuestos incrementan su
contribución mensual a financiar el uso de carbón nacional. El primero y menos
importante es en Impuesto de la electricidad que aumenta la partida en un 5,11
% (realmente en las facturas aparece como el 4,864 % multiplicado por 1,05113
–sic-). El segundo impuesto que se le carga es el 21 % del IVA.
A partir de 2019 las ayudas al
carbón nacional deben desaparecer por exigencia de la Unión Europea. Una
exigencia que ha impactado no solamente en España sino también en Alemania. El
sector minero ya venía reduciéndose desde hace años, su menor competitividad y
los crecientes compromisos asumidos por España en la luchas contra el cambio
climático han marcado esa evolución y cierre progresivo de minas y empresas
auxiliares.
A comienzos de la década de los
noventa del siglo pasado, el sector estaba compuesto por 234 empresas y 45.212
trabajadores que producían 19,32 millones de toneladas. Sin embargo, en 2015,
el entonces Ministerio de Energía, contabilizaba sólo 15 empresas, 3.324
empleados y una producción de 3,04 millones de toneladas.
Las ayudas al carbón son sólo un
ejemplo del uso de la factura eléctrica a modo de enjuague de cuestiones
discutibles. El ex ministro Miguel Sebastián fue muy claro sobre este
particular en su libro “La falsa bonanza” (Ediciones bonanza, 2015). Particularmente
llama la atención del control artificial del precio de la luz para reducir la
inflación de la economía española de manera que se pudiera cumplir con uno de
los requisitos para acceder al grupo de países del euro. Para ello la Ley del
sector eléctrico de 1997 creó la figura del déficit tarifario que permitía
funcionar al sistema eléctrico a pesar de tener unos costes que superaban los
ingresos con el compromiso de luego devolverles esas pérdidas. La misma Ley
creó la obligación de pagar a las empresas eléctricas los denominados costes de
transición a la competencia que también acabamos soportando, de una forma u
otra, todos los españoles.
En definitiva, la factura de la
luz ha servido o sirve para enjugar decisiones tan importantes como la muy
gravosa moratoria nuclear decretada por los gobiernos de Felipe González, los
mencionados costes de la Ley de 1997, las primas a las energías renovables o
estas subvenciones al carbón nacional.
La mayor parte de estos conceptos
admiten una serena discusión acerca de si deben ser soportados por todos los
ciudadanos vía impuestos o por los usuarios de la energía eléctrica.
Contribuyentes y usuarios de la luz no difieren mucho pero el mecanismo de
financiación, sí. En ambos casos se trata de un muy antiguo mecanismo de
gobierno que consiste en repartir el coste de las ayudas o beneficios recibidos
por una parte pequeña de la población entre una gran cantidad de pagadores o
pecheros. De esta forma, la cuantía que a cada uno nos corresponde es tan
pequeña (y, en este caso, tan oculta) que por sí misma no supone un gran
rechazo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario