El mundo es como un circo de varias pistas con espectáculos independientes, como un área quirúrgica donde en cada quirófano se atiende a un paciente singular o como una gran zona de deporte que incluye campos diferentes en cada cual se juega un partido distinto pero donde el resultado de un partido influye determinantemente en los demás. Si me permiten el símil en España han coincidido tres largos partidos. En uno se resuelve la forma en la que Gran Bretaña se separa del cuerpo de la Unión Europea (UE) vía Brexit, en otro se cose un gobierno autonómico –el de Andalucía- consecuencia de unas elecciones anticipadas y la ausencia de un único vencedor para formar gobierno en solitario. En el otro se aborda el desafío secesionista catalán.
Los interesados en el partido del
Brexit han establecido como objetivo prioritario el que no haya fisuras entre
el resto del cuerpo de la UE en la negociación con el Reino Unido. Esto es,
frente a los denodados esfuerzos del gobierno británico de impulsar
negociaciones bilaterales aplicando el “divide y vencerás”, el resto de la UE
tienen claro que importa menos el acuerdo que mantener la cohesión europea para
evitar una señal que favorezca futuros “exit”. En la hoja de ruta está el hecho
de que España se convierte en el cuarto Estado en importancia dentro de la UE y
los supervisores de este partido quieren que España lidere Europa junto con
Francia y Alemania.
En el campo donde se ha decidido
el nuevo gobierno regional de Andalucía ha habido un juego a tres bandas en el
que los equipos en liza han estado muy pendientes del partido que se juega en
torno a Cataluña. Además piensan en la final del campeonato. El resultado,
plasmado en sendos acuerdos PP-Cs y PP-VOX tiene en común preámbulos escritos
pensando en el desafío secesionista. Así, si en el primero de los acuerdos se
afirma que los andaluces han mostrado “un mandato claro para la defensa de la
Unidad de España Constitucional frente al independentismo”, en el segundo PP y
VOX se comprometen “decididamente a guardar y proteger el orden constitucional
y la Unidad de España”. En este segundo caso añaden la importancia de una de
las virtudes de mantener la Unidad cual es la de salvaguardar “la igualdad
efectiva de derechos y obligaciones de todos los españoles independientemente
del lugar en el que residan”.
Precisamente y ya en el detalle
de los acuerdos se pueden encontrar pistas precisas orientadas a cómo garantizar
tales derechos. Por ejemplo, en el punto 62 del acuerdo PP-Cs se comprometen a
promover la firma de convenios con otras regiones para que la tarjeta sanitaria
pueda ser utilizada en todo el territorio nacional. En el mismo sentido va el
punto 26 del acuerdo PP-VOX. Esta vía debería animar a estos y otros partidos a
promover una Ley nacional de armonización sanitaria en la línea en la que
Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes defendieron la armonización educativa en
un acertado artículo publicado en 2011. En opinión de estos expertos en Derecho
Administrativo, la Ley de Armonización es una herramienta que permite
garantizar el acceso de todos los españoles a los derechos fundamentales sin ir
en contra de lo dispuesto en la Constitución cuando atribuye explícitamente a
las autonomías determinadas competencias como las de educación.
En la misma línea acertada de
evitar la artimaña de la Generalidad catalana de usar las oficinas comerciales
como auténticas embajadas diplomáticas van el Punto 40 del acuerdo PP-Cs y el
12 del acuerdo PP-VOX. En ambos se señala el camino de integrar las oficinas
comerciales de la Junta de Andalucía dependientes de EXTENDA en la red de
oficinas del Instituto de Comercio Exterior.
Sin embargo, el acuerdo PP-Cs ha
dejado escapar una oportunidad extraordinaria para promover el inicio de una
reforma en materia educativa que vaya en la misma línea de la sanitaria. Así,
si bien resulta muy acertado potenciar la carrera profesional de los docentes,
el reforzamiento autonomista de las competencias educativas mediante la
creación de la Autoridad Pública del profesorado en Andalucía se plantea justo
cuando resultan palmarios los abusos adoctrinadores que se cometen en no pocos
centros educativos catalanes. Sin ir más lejos, el Defensor del Pueblo está
desde hace unos meses analizando el informe de la Asamblea por una Escuela
Bilingüe en Cataluña sobre la instrumentalización nacionalista del sistema
educativo (https://www.aebcatalunya.org/images/informe-ensenanza.pdf).
El tercer partido se sigue
jugando en torno al desafío secesionista catalán y sobre su desarrollo hay que
leer detenidamente las opiniones de un buen conocedor del mismo, el profesor e
investigador del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina en una extensa
entrevista que le ha hecho Manel Manchón. Para Molina, en octubre de 2017 se
conocieron cuatro hechos determinantes, 1) la pretendida República catalana
demostró que carecía de instituciones para el control efectivo del territorio,
2) que la mitad de los catalanes no independentistas han seguido haciéndose
cada vez más y más visibles pese al acoso y a la ocupación totalitaria de los
espacios públicos, 3) que las grandes empresas se marcharon de Cataluña y que
ninguna (salvo Agbar) tiene pensado regresar a corto plazo y que 4) la
comunidad internacional se posicionó unánimemente en favor de la unidad
territorial de España siendo absolutamente menores las voces discrepantes.
Precisamente, este último hecho tiene mucho que ver con el resultado del
primero de los partidos en el que se juega el desenlace del Brexit. Lo que
preocupa a la Comisión Europea, París o Berlín con respecto a España –afirma
Molina- es que se implique en la
gobernanza europea post-Brexit.
Molina afirma que el procés
estaba casi condenado a llevar la “subasta” hasta el final y demostrar que el
premio de la República estaba al final del camino. Precisamente por eso el
proceso secesionista terminó en octubre de 2017 y ahora sólo queda pasar del
duelo a la depresión y a la aceptación.
Sin embargo, no coincidimos con
el profesor Molina en la manera en la que recomienda que se ha de transitar
hasta el final del desafío y que en su opinión debe incluir nuevas concesiones
al golpismo (el sustantivo es mío). Particularmente coincido con quienes opinan
que el Estado debe controlar el gasto para asegurarte de que va a las
competencias transferidas y no a crear opinión pública española e internacional.
Lo mismo vale decir para financiar la red clientelar de los falsos EREs en Andalucía.
El profesor Clemente Polo ha recordado que el gobierno de la Generalidad
dispone de 38.000 millones de euros al año, incluyendo organismos autónomos y
empresas públicas. Si el control del gasto sigue siendo tan ineficaz como hasta
ahora irá aumentando el número de adeptos a la causa golpista.
A quienes apuntan que falta
implicar al nacionalismo catalán en los asuntos generales de España hay que
recordar que Aznar ofreció en dos ocasiones a Pujol entrar en el Gobierno. Lo
rechazó. Sáenz de Santamaría también intentó atraerlos hacia la senda de la
convivencia con un perfil bajo de aplicación del artículo 155 y dinero.
Fracasó. Sánchez está intentando lo mismo. También fracasará.
Los medios de comunicación
autonómicos catalanes están emitiendo mensajes a favor de la independencia las
24h del día y en la mayoría de centros educativos catalanes se da una visión de
la Historia en la que se presenta a Cataluña como una antigua nación invadida y
humillada por el resto de españoles. No es posible lograr llegar a un escenario
como el del actual Quebec (con un independentismo muy minoritario) sin desactivar
la propaganda y las estructuras sociales que perpetúan esta situación según lo
establecido en el Programa 2000 (https://www.dolcacatalunya.com/2016/08/documento-prueba-jordi-pujol-diseno-pruses-1990/).
Creo que es desafortunado el
enfoque autonomista educativo del acuerdo PP-Cs. Ese recorrido ya se ha hecho en
Cataluña y en ese sentido es muy recomendable releer el libro del profesor
Carlos R. Fernández, “Derechos lingüísticos y Derecho Internacional (Editorial
Dykinson, 1999). Un libro motivado por la Ley de normalización lingüística de
1998, aprobada dos años después del Pacto del Majestic Aznar-Pujol, que venía a
transitar del bilingüismo al Monolingüismo facilitando que la lengua catalana
se aupase a señal identitaria cuando no era la utilizada por buena parte de los
catalanes. Jorge García-Contell en el portal Posmodernia ha recordado que el
entonces gobierno de Aznar no interpuso recurso de inconstitucionalidad alguno.
Tampoco dijo esta boca es mía el Defensor del Pueblo. El resultado es que hoy
día el art 3 de la constitución que establece que todos los españoles tienen el
deber de conocer la lengua española y el derecho a usarla, se incumple
descaradamente en Cataluña.
Llevan mucha razón quienes
señalan que la no inmediata solución del desafío secesionista pasa por volver a
principios pluralistas según estándares constitucionales e internacionales y
por desenmascarar las mentiras y los tópicos en que se asienta el golpismo.
Precisando aún más hay dos cosas que no pueden continuar. Una es el
adoctrinamiento escolar unido a la exclusión del español en las escuelas. En
esto resulta imprescindible el establecimiento de una prueba externa al final
de la enseñanza obligatoria diseñada, pasada y corregida por profesores
dependientes directamente del Ministerio. La otra cuestión inaplazable es el
uso de los medios de comunicación públicos para crear una opinión pública
monolítica en favor del secesionismo.
España es una Nación que, con sus
claroscuros ha aportado mucho a la Humanidad. Una Nación de la que se espera
mucho más, particularmente en Europa. Una Nación que ganará todos los partidos
que tiene abiertos.
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