La cantidad que los
contribuyentes españoles asignan a la Iglesia Católica en las más de diecinueve
millones de declaraciones del IRPF que anualmente se presentan desciende por
segundo año consecutivo. El inicio de la caída coincide con el año 2017, año en
el que la Iglesia Católica mostró una connivencia muy extendida con el intento
de golpe de Estado del secesionismo catalán guardando urnas del referéndum
ilegal en las propias iglesias, permitiendo el recuento en mitad de
celebraciones religiosas y exhibiendo símbolos independentistas en templos y
recintos parroquiales. En concreto, desde la cantidad máxima de 266,9 millones
de euros que los contribuyentes españoles asignaron a la Iglesia en 2016, la
cifra bajó a 265 millones de euros en 2017 y a 256 millones en 2018. Sólo en
los dos últimos años la Iglesia Católica ha dejado de recibir 9 millones de
euros por este concepto, un 3,3 % menos que el año anterior y una reducción del
4 % acumulada desde 2016.
Aunque la última memoria anual
publicada por la Agencia Tributaria corresponde al año 2016, es posible
actualizar los datos hasta 2018 a través de los Informes mensuales de
recaudación tributaria que están disponibles en su página web. Curiosamente los
informes mensuales dan la misma cifra para los meses de febrero a noviembre de
cada año tanto para 2017 como para 2018 (concretamente, 15 millones de euros)
pero difieren en la que corresponde al mes de enero de cada año y en el mes de
diciembre. Precisamente es en el informe mensual que corresponde a los meses de
diciembre de estos años donde se publican las cifras acumuladas de enero a
diciembre y que se corresponden con las cifras que hemos aportado.
La regulación actual de la
asignación tributaria a la Iglesia católica es fruto de un acuerdo en 2006
entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la Santa Sede. Este
acuerdo supuso pasar del 0,52 al actual 0,7 por ciento de la cuota íntegra del
IRPF. A cambio la Iglesia renunciaba a disfrutar de una exención en el IVA de
la que hasta ese momento se beneficiaba. El primer año en el que la medida
impactó en la aportación a través del IRPF fue 2009, tan es así que la cantidad
que los contribuyentes asignaron al sostenimiento de la Iglesia pasó de 152,7
millones en 2008 a 247,9 millones de euros en 2009. Desde entonces la
recaudación subió hasta que los efectos de la crisis hicieron estragos
especialmente en 2012. Para este año la cifra cayó a 159,1 para ir
recuperándose conforme la crisis se iba dejando atrás hasta el punto de
registrar un notable aumento del 8,3 % entre 2015 y 2016.
La incapacidad de la Conferencia
Episcopal Española de lograr la neutralidad política de buena parte de los
lugares de culto no ha resultado indiferente para parte no pequeña de los
contribuyentes católicos españoles sabedores que su aportación puede acabar en
manos de sacerdotes secesionistas a través del Fondo Común Interdiocesano. De la
asignación que la Iglesia recibe vía IRPF más de 80 por ciento se reparte entre
las 70 diócesis en las que se vertebra territorialmente la Iglesia en España.
Para los contribuyentes que han
dejado de marcar la casilla 105 de la declaración de la renta, el abandono de
la Iglesia a los cristianos catalanes no separatistas no le es indiferente. La
última vuelta de tuerca ha sido el nombramiento por el Papa Francisco del
sacerdote Joan Planellas Barnosell como nuevo arzobispo de Tarragona, párroco
del pueblo de Jafre, quien tenía colocada la bandera estelada en la torre del
campanario de la iglesia. La Iglesia se ve por no pocos contribuyentes como una
institución capaz de abandonar a los más vulnerables contra el más elemental
mandato evangélico. Por ejemplo, en Mataró (Barcelona), familias de alumnos del
colegio religioso de los Escolapios, consiguieron una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña reconociéndoles el derecho a recibir un 25 por
ciento de la enseñanza en castellano. Al final tuvieron que abandonar el
Colegio. La Católica orden fundada por San José de Calasanz había abandonado a
los débiles para congraciarse con los dineros del concierto educativo. Los
niños de la católica “Escola Pía” de Mataró llegaron a casa llorando después de
ver el 12 de mayo de 2015 empapelado con carteles en contra de la reclamación
de sus padres.
Los contribuyentes católicos
asistimos desconcertados no a la presencia de religiosos secesionistas en el
seno de la Iglesia sino a la incapacidad de la Conferencia Episcopal de lograr
preservar los lugares de oración del adoctrinamiento político. El desconcierto
es mayúsculo cuando el propio Santo Padre respalda esta situación con el
nombramiento del nuevo obispo de Tarragona.
Hay quien piensa que el peso de
la conciencia seguirá sobreponiéndose al abandono de los débiles y así la caída
de esta fuente de ingresos no hará mella en las arcas de la Iglesia, pero
también los hay convencidos de que el contribuyente católico tiene su
conciencia perfectamente limpia cuando decide que la forma de contribuir al
sostenimiento de la Iglesia es a través de su Parroquia y no marcando la
casilla 105. Sea como fuere, la asistencia a los más débiles (familias de
escolares incluidas) es la única razón de indulto que muchos anticlericales
tienen para no arremeter contra la Iglesia. Cada vez que los recursos
disminuyen o las familias con niños en colegios religiosos han de abandonarlos,
la indulgencia de los contrarios a la presencia social de la Iglesia disminuye.
La carga de la cruz, la carga de no poner la cruz en la casilla 105 del IRPF cae
sobre las espaldas de los débiles y sobre la conciencia de los que entregaron
las iglesias para convertirlas en madrasas secesionistas.
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