A pesar de que la digitalización
de muchas tareas está provocando despidos en sectores económicos punteros como
la banca, la administración pública digital no sólo no está conllevando una
reducción sino un aumento del personal a su servicio. Entre enero y Julio de
2018, último dato disponible, el incremento del personal al servicio del
conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) fue de un 0.86 %. El número
total es de 2.583.494 personas que se reparten desigualmente por
administraciones pero, principalmente, se concentran en la administración
autonómica. Este es el reparto: Administración Pública Estatal, 512.577;
Administración de las CC.AA., 1.340.939; Administración Local, 572.867 y
Universidades, 157.111. Esta última administración es la que más creció entre
enero y Julio de 2018 (un 3,21%).
Los datos están tomados del
“Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas”
que tiene como objetivo presentar la información que facilite el conocimiento
de los efectivos al servicio de las distintas Administraciones Públicas. Según
su propia web el boletín comenzó a publicarse en 1990, tiene carácter semestral
y es elaborado por el Registro Central de Personal. Se incluye el personal que
presta servicio en la Administración Pública Estatal (Administración General
del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas,
Administración de Justicia y Entidades Públicas Empresariales y Organismos
Públicos con régimen específico); las Administraciones de las Comunidades Autónomas;
la Administración Local (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos
Insulares) y las Universidades.
La crisis económica parece que
también quedó atrás vista desde el ángulo de la contratación de personal. El pico
máximo de personas trabajando para las AA.PP. durante el periodo 2002-2018 se
alcanzó en el año 2010 con 2.696.028, una cifra que estamos a punto de
recuperar.
La distribución territorial del
personal al servicio de la Administración puede llevar a conclusiones engañosas
pues hay que descontar los efectos capitalidad y la mayor presencia en los
territorios extra peninsulares. Aun así hay datos muy llamativos. Uno de ellos
es el vaciamiento de la Administración estatal en Cataluña. Si se compara el
personal al servicio de la Administración del Estado con el conjunto de
empleados públicos, en Cataluña la presencia estatal es de sólo el 7.9 %, muy
por debajo de la media nacional; 19.5 %.
En regiones como Andalucía con un
gobierno monocolor durante casi cuatro décadas, el sobredimensionamiento de la
administración autonómica ha sido una preocupación compartida no sólo en los
tres partidos que propiciaros el cambio, PP, Cs y VOX sino también en la marca
electoral de Podemos en Andalucía. El 51.4 % de los empleados públicos que
trabajan en Andalucía lo hacen para la administración regional. El dato está
ligeramente por debajo de la media que el empleo de la administración
autonómica representa sobre el empleo público total (51.9 %) pero podría verse
afectado por las auditorías encargadas por el nuevo gobierno autonómico. Estas
auditorías (fueron un total de doce) pusieron de manifiesto que en doce entes
instrumentales de la Junta en los que trabajan 9.461 personas, sólo 498 eran
funcionarios.
Sin embargo, si el peso del
empleo público en Andalucía se mide respecto del número total de trabajadores
ocupados resulta que el 15,3 % de los ocupados trabajan para el sector público
mientras que la media nacional está en el 13,2 %. Al margen de las ciudades de
Ceuta y Melilla en las que el peso del empleo público sobre la ocupación total
es mucho mayor, Andalucía está a notable distancia del 23,2 % de Extremadura.
La salvedad estribaría en el posible empleo oculto en el sector instrumental de
la Junta de Andalucía.
En definitiva el pulso entre la
digitalización administrativa que hace menos necesario el empleo y la voluntad
de aumentar las plantillas por parte de las AAPP, lo está ganando esta
última.
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