La cotización media anual a la
Seguridad Social de un trabajador andaluz era de 5.454,5 euros en 2017. Para
ese mismo año, en promedio y monto anual, un jubilado residente en Andalucía
recibía casi el doble en concepto de pensión; 11.571,9 euros. José Antonio
Herce, reputado economista español oriundo de la localidad sevillana de
Guadalcanal, ofrece un detallado análisis por regiones en su reciente
actualización del trabajo “Las pensiones en las Comunidades Autónomas.
2017-2018”. Herce preside del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones.
Poner el foco en las sombras que
se ciernen sobre la sostenibilidad de pensiones es ponerlo también sobre 9.7
millones de compatriotas, a muchísimos de los cuales les angustia la duda de la
supervivencia de su pensión. De ella no sólo depende poder atender los gastos
de su última etapa de vida, sino también los de aquellos familiares que recogió
en casa por el embate de la crisis. Es por eso que cuando se aborda esta
cuestión creo que se debe huir cualquier alarmismo por respeto a aquellos que
oyen con verdadera preocupación hablar en términos apocalípticos de su casi
única fuente de ingresos.
Pero evitar el alarmismo es una
cosa y poner sordina otra bien distinta. Por cada dos trabajadores cotizantes
(para ser exactos, 1.9) hay un pensionista en Andalucía y el dato es un buen
reflejo del promedio nacional porque el dato es el mismo cuando Herce habla de
Andalucía que cuando lo hace del conjunto de España. En los valores extremos se
sitúa, por una parte, Asturias donde por cada 1.2 cotizantes hay un pensionista
y, por otra, Madrid, Baleares, Ceuta y Melilla, donde la ratio entre cotizantes
y pensionistas es de 2.6. Estos cálculos deberían ser matizados teniendo en
cuenta que no pocos trabajadores desarrollan su actividad económica en unas
zonas de España (y allí computa su cotización) pero, una vez jubilados,
regresan a sus zonas de origen (y aquí se computa su pensión). Los datos
ofrecidos por Herce no capturan este matiz.
El déficit de la Seguridad Social
por pensiones contributivas cada año supera ya los 18.000 euros. Cuando a un
economista se le pregunta si esto es mucho o poco, debe responder diciendo que
depende. Si lo comparamos con el presupuesto anual de la Junta de Andalucía,
unos 35.000 millones de euros anuales, la cifra es ciertamente abultada pero si
la comparamos con el conjunto del gasto público español, que rebasa los 450.000
millones, lo es mucho menos. Una visión más ajustada nos la puede dar la
comparación entre el déficit de la Seguridad Social asociado a las pensiones
contributivas y el déficit público total de España, que supera los 36.000
millones de euros. Visto desde esta perspectiva, el déficit asociado a la
financiación de las pensiones representa una parte muy importante del déficit
total.
¿Y qué decir a los que esperan
jubilarse en breve? Pues que si la angustia desvela de su sueño a miles de
pensionistas actuales que no saben cómo de garantizadas están sus pensiones, no
es menor la de los pensionistas que vienen. Algunos datos nos ayudan a dibujar
un panorama realista. La pensión media de un recién jubilado en España es de
1.446 euros pero el sueldo promedio de un recién contratado es 175 euros menor.
Así las cosas, poder financiar la nómina mensual que el Estado español ha de
pagar en concepto de pensiones es verdaderamente difícil. Esta nómina ha sido
de 9.563 millones de euros en febrero de 2019.
España ha recuperado ya la cifra
de los 19 millones de cotizantes a la Seguridad Social. Una cifra muy próxima a
la que teníamos en el inicio de la crisis económica, pero la misma crisis nos
ha dejado unos salarios considerablemente más reducidos con los que se han de
pagar las pensiones de millones de compatriotas todos ellos conscientes del
invierno demográfico en el que España y Europa decidieron instalarse.
Todo lo dicho hasta ahora es la
habitual introducción que te hace tu asesor financiero para convencerte de que
amplíes tus aportaciones al plan de pensiones privado. Pero no nos engañemos.
Ni la mayor parte de compatriotas puede construirse un plan de pensiones
privado voluminoso ni los productos financieros que ofrecen bancos y compañías
de seguros están dando buenas rentabilidades.
Conservar el sistema de pensiones
es un compromiso nacional del que nadie debe dudar. A pesar de vivir en una
sociedad que rinde un culto desmesurado a lo joven y sin arrugas, nos debemos a
nuestros mayores. Es el pacto intergeneracional que cualquier sociedad sana
debe mantener incluso cuando las generaciones anteriores fueron protagonistas
de partes trágicas de nuestra Historia. Sin conocerlo más que de leer sus
trabajos y oír alguna de sus conferencias, a veces pienso que dedicar toda su
vida profesional –como ha hecho Herce- a estudiar las pensiones con las que se
pagan las facturas del ocaso vital esté explicado por las muertes trágicas que
su familia sufrió en el verano de 1936. Probablemente no guarde ninguna
relación pero, por si acaso, como todo aquello que afecta a millones de
personas de forma determinante, uno debe acercarse con el mayor de los
respetos.
Desgraciadamente nada hay que
apunte a una fuerte subida de los salarios que permita financiar las pensiones
con pocos trabajadores pero bien pagados. Así las cosas, los españoles debemos
decidir qué parte de nuestra Administración debe adelgazarse. Es cuestión de
prioridades.
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