Frenar la despoblación de la
España interior parece ser uno de los pocos lugares comunes en los que nos
encontramos casi todos los españoles. Más allá de nuestras fronteras es algo
que también preocupa al resto de socios europeos hasta el punto de que el denominado
“renacimiento rural” será uno de los principales pilares o áreas focales del
próximo programa marco europeo. Esto último significa que a partir de 2021 y
hasta 2027, los países de la Unión Europea estarán llamados a presentar buenos
proyectos para capturar la mayor parte de los 100.000 millones de euros que
pueden destinarse a evitar el vaciamiento interior del viejo continente.
Que los españoles nos pongamos de
acuerdo en algo no es en absoluto menor en la coyuntura actual de golpismo
secesionista. España necesita de tareas nacionales compartidas capaces de
convocar a la sociedad y capaces también de movilizar recursos. No digo que la
lucha contra el vaciamiento interior sea la tarea nacional prioritaria pero sí
algo que nos une; la acción de conservación de una importantísima parte de
nuestro patrimonio histórico artístico, del patrimonio natural y,
especialmente, del patrimonio sentimental de todos los que guardamos en
nuestros recuerdos la vida en el pueblo y de quienes viven en ellos. Dicho lo anterior
la pregunta a responder es ¿qué estamos dispuestos a hacer para evitar el
vaciamiento interior?
Uno de cada seis municipios en
España tiene menos de 100 habitantes. En ellos residen algo menos de 80.000 de
los casi 47 millones de ciudadanos que vivimos en España. Son pocos pero el
problema se ve mejor cuando ampliamos el ángulo hasta los municipios de 10.000
habitantes. En este caso el porcentaje de ciudadanos residentes ya sube hasta el
20,3 por ciento de la población. En Andalucía, el 26,47 por ciento de los
municipios, un total de 206, tiene mil o menos habitantes.
En cualquier caso, tratar de
frenar o revertir el vaciamiento interior obliga a tomar medidas compensatorias
que no es sino una suerte de injerencia en las decisiones de las familias dispuestas
a moverse del ámbito rural al urbano. Una injerencia financiada con dinero de
todos a partir de un amplio consenso entre los españoles que entendemos que
preservar el mundo rural es algo beneficioso para la mayoría y, por esa razón,
estamos dispuestos a movilizar recursos a tal fin. Pero no nos engañemos, la
actuación va contra un fenómeno demográfico mundial. Desde comienzos de la
década de los noventa del siglo XX, la mayor parte de la población del mundo
vive en ciudades. Las familias buscan en la ciudad mejores oportunidades,
comodidades o ambas cosas. Es plenamente legítimo y, por tanto, no se puede
condenar a nadie a vivir fijado al territorio sólo para complacer a quienes
queremos regresar al pueblo en las vacaciones de verano o gustamos del turismo
interior. Evitar el vaciamiento exige equilibrar posibilidades de prosperidad y
comodidades entre lo rural y lo urbano de manera que la residencia sea una
opción libre de las familias pero no sesgada de inicio en favor de los núcleos
urbanos.
A las actuaciones impulsadas
desde hace décadas en la mejora de la conectividad del transporte entre núcleos
urbanos y rurales y las orientadas a favorecer el turismo interior hay que
sumar con decisión, los incentivos fiscales y las medidas para reducir la brecha
digital. La lista de medidas debe ser abierta y dinámica.
En materia fiscal hay dos medidas
que implican directamente a las regiones y a las administraciones locales.
Ambas tienen que ver con facilitar la adquisición de una vivienda. No pocos
municipios rurales tienen una importante bolsa de viviendas desocupadas y las
administraciones públicas pueden animar a su venta y adquisición por familias
que fijen su residencia en ellas. Así, la reducción del actual tipo impositivo
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) hasta el 0,01% en las compraventas
de inmuebles rurales es un buen incentivo fiscal que se puede modular según el
número de habitantes del municipio y limitar a familias jóvenes que adquieran
la vivienda como primera residencia.
En un sentido similar a lo
anterior iría la reforma a la baja de los coeficientes que determinan la
plusvalía a pagar cuando se transmite una vivienda. En el caso de Andalucía
estos coeficientes están regulados en la Orden de 18 de julio de 2016 de la
Consejería de Hacienda y representan un importante nicho para la actuación
pública orientada a favorecer la decisión de fijar la residencia en un pueblo.
No obstante lo anterior, a nadie
se le escapa que cualquier medida de rebaja fiscal va a motivar la demanda de
una compensación de ingresos por parte de la administración que reduce la
recaudación por impuestos. En el primer caso (ITP) serán las regiones y en el
caso de las plusvalías, los ayuntamientos.
Las medidas orientadas a reducir
la brecha digital del mundo rural son más recientes que las fiscales pero no
menos importantes. El punto clave aquí es la parte del territorio nacional que
tiene acceso de telefonía móvil de cuarta generación (4G) que es lo mínimo para
poder realizar trámites on line con
la administración pública, recibir teleasistencia sanitaria –especialmente
demandada por la población mayor e infantil-, teletrabajar o desarrollar una
PYME. Por cierto, Andalucía está llamada a convertirse en la vanguardia de la
teleasistencia sanitaria si se sabe aprovechar la enmienda a los presupuestos
de 2019 introducida por VOX para analizar el “big data” del Servicio Andaluz de
Salud. Pues bien, aunque el 91,4 por ciento de la población española estaba
cubierta en 2015 por el servicio de 4G, la cobertura territorial es muy
desigual. Los operadores de red (Movistar, Vodafone y Orange) dirigen sus
inversiones con un lógico criterio comercial a las zonas más pobladas. Esto
explica que la cobertura 4G en 2015 fuese del 98,8 por ciento en la provincia
de Madrid pero del 61,2 por ciento en Cuenca. En Andalucía, la menor cobertura
la presenta la provincia de Huelva (78,7 por ciento) y la mayor, Cádiz (93,6
por ciento).
Hay un amplio campo para el
desarrollo de inversiones orientadas a reducir la brecha digital y más aún
cuando se analizan finamente los datos. Por ejemplo, cuando los operadores de
telefonía informan de que un municipio tiene cobertura 4G en absoluto significa
que todas las zonas del municipio tengan acceso a esa tecnología. Las
administraciones públicas tienen un amplio espacio para cooperar con los
operadores de telefonía en el desarrollo de infraestructuras allá donde los
criterios de rentabilidad empresarial desaconsejan las inversiones. La
coyuntura actual en España es especialmente interesante pues por vez primera
los tres operadores de telefonía móvil están cerrando acuerdos de compartición
de sus infraestructuras o postes de antenas instalados.
Por último, no menos importante y
sin posibilidad de ser exhaustivo, el acceso a la fibra óptica merece una
mención aparte. En este punto la compañía REINTEL del grupo Red Eléctrica de
España ofrece importantes oportunidades que pueden ayudar en freno al
despoblamiento de la España interior. Esta empresa gestiona importantes
infraestructuras de fibra óptica. Aunque por debajo del volumen de
infraestructuras de Movistar, REINTEL gestiona, por ejemplo, la fibra óptica de
ADIF que está por debajo de su capacidad de uso por lo que podría ser
compartida a lo largo del trazado ferroviario español.
En definitiva, España debe
aprovechar los amplios consensos sobre los que abordar tareas colectivas que
nos cohesionen redundando en el bienestar de la ciudadanía. La lucha contra el
vaciamiento interior es uno de estos consensos que deben movilizarnos como
nación.
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