José Manuel Cansino Muñoz-Repiso
Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile.
En su De Modo Usurarum Ezra
Pound escribió, "Adeudarse es una manera casi segura de hacer carrera en
la política. El mandarín Wu Yung cuenta que, habiendo sido nombrado gobernador,
los banqueros le presionaron a solicitarles dinero. Él se cansaba de repetirles
que nunca podría pagarles con lo que ganaba. Pero ese era un detalle
insignificante que en absoluto les preocupaba". La cita se puede leer en Gobernar es gastar de Juan M. Carretero
que analiza la deuda de la monarquía entre 1516 y 1556 durante el reinado del
César Carlos V. Como Pound, Carretero nos recuerda cuan remota es la voracidad
por de los gobernantes por el gasto público. Hablar de la proclividad al
aumento del gasto es hacerlo de la resistencia gubernamental a la estabilidad
presupuestaria.
A pesar de ello la UE se dotó de
una eficaz brida contra el espoleamiento del gasto y el recurso al
endeudamiento en forma de constitución monetaria pues eso, principalmente, fue
el Tratado de Maastricht. Al menos lo fue cuando articuló la Unión Económica y
Monetaria. Esta Unión conllevó diseñar una autoridad monetaria única, el BCE,
que adoptó como objetivo principal garantizar la estabilidad de precios como
prerrequisito para lograr el desarrollo económico en la visión monetarista de
las cosas.
En el trasunto del objetivo del
control de la inflación entorno al 2 % está el control del déficit público y,
con menor intensidad, el del porcentaje de la deuda pública respecto al PIB.
Desde el protoeconomista español Martín de Azpilcueta hasta nuestros días, la
corriente principal de la Ciencia Económica asume que el crecimiento del gasto
público por encima del ingreso acaba provocando una subida de precios cuando se
arbitran fórmulas de monetización de la deuda.
La brida del gasto público en los
países de la UE se reforzó con la aprobación del Pacto de Estabilidad de 1997.
Fue una señal contra la tentación del déficit hasta que los incumplimientos por
parte de Francia y Alemania (sus principales inspiradores). En España el
gobierno de Aznar quiso mandar un mensaje claro para reforzar la reputación
nacional en el cuidado del equilibrio presupuestario aprobando la Ley de
Estabilidad Presupuestaria de 2001 luego aguada por la reforma impulsada por el
presidente Zapatero en 2007. Entre una y otra ley, franceses y alemanes ya
habían dado argumentos a los críticos con la exigencia del equilibrio
presupuestario. El mensaje fue si eres una estado fuerte puedes incumplir el
Pacto de Estabilidad y evitar las sanciones firmando en un sofisticado papel en
el que te comprometes a ser bueno en breve.
El incumplimiento de Francia y
Alemania del compromiso de embridar al déficit público fue el primer respaldo
reciente a los defensores de la laxitud en el control del gasto pero no fue el
más importante. Habría que esperar a la gran recesión de 2008.
Tras una tímida e inicial respuesta
a la crisis a través de una política fiscal expansiva, la remontada de la
crisis financiera se ha hecho a lomos de una política monetaria ultra expansiva
del BCE mediante el uso de los denominados instrumentos no convencionales,
principalmente las facilidades de crédito que han inyectado en la economía de
la UE más de 2,3 billones de euros. Todo ello sin repunte alguno de la
inflación y, por tanto, conjurando los temores de los defensores del equilibrio
presupuestario y reforzando los argumentos de los partidarios de la laxitud
presupuestaria.
Entre tanto y en lo que se
refiere a la España, la descentralización autonómica que tanto favorecieron los
gobiernos nacionales apuntalados por los votos del nacionalismo vasco y
catalán, fue derivando en un carísimo sistema de AA.PP. que se visibilizaban
ante los ciudadanos por la cara amable del gasto antes que por el rostro agrio
de los tributos. Este diagnóstico no es sólo mío. Por ejemplo el 10 de julio de
2018, un grupo de políticos e intelectuales se dirigieron por carta y por
segunda vez a la Comisión parlamentaria para la evaluación y modernización del
Estado autonómico. En la carta, encabezada por el eurodiputado Enrique Calvet,
se leía a propósito de un duro pronunciamiento de la Comisión Europea sobre
España, “El actual Sistema de organización territorial nos está impidiendo ser
más prósperos, nos está llevando a una situación de déficit permanente, de
deuda perpetua y nos está impidiendo alcanzar nuestro potencial por la
fragmentación absoluta de nuestros mercados y el enfrentamiento de nuestras
instituciones.”
Con estos precedentes hemos
llegado a que en 2018 el gasto en consumo de las AAPP españolas ha alcanzado la
cifra de 224.594 millones de euros, la mayor desde el inicio de la serie en
1995 y superando la cifra alcanzada en 2010 cuando se aprobó el paquete de
gasto de 12.000 millones de euros del Plan E (la tímida política fiscal
expansiva).
Pero por mucho que haya ganado
puntos la resistencia gubernamental a la estabilidad presupuestaria, con una
deuda pública que rebasa el 100 % del PIB el repunte del gasto exigirá mayores
impuestos. Sin embargo, ojo porque entre el lejano Pacto de Estabilidad y estos
días, se han sucedido tres cambios importantes y todos ellos contra la
capacidad recaudatoria de las AAPP. Por una parte, las multinacionales ubicadas
en los países con fiscalidad reducida han aumentado sin que este tipo de
movimientos tenga visos de detenerse. Al mismo tiempo, el desarrollo de la
economía colaborativa basada en acuerdos transaccionales entre iguales “peer to
peer” deja fuera de la tributación los intercambios de casa, el compartir
vehículo o, para no extenderme, las “experiencias gastronómicas” que consisten
en ir a cenar a casas particulares. Por último, las transacciones realizadas
utilizando monedas virtuales tampoco dejan trazabilidad fiscal.
Es posible que gobernar gastando
siga siendo la hoja de ruta del político español medio. La duda razonable es si
seguirá siendo posible gravar para seguir gastando en mitad de la revolución
digital y de la inteligencia artificial.
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