El Rey Felipe VI recibía en
audiencia hace sólo unos días en Barcelona al presidente de la asociación de
empresarios catalanes de mayor respaldo. En ella el Jefe del Estado escuchó
–entre otras cosas- la petición del representante de los empresarios catalanes de
medidas de incentivo para favorecer el retorno de las empresas que cambiaron su
domicilio social y/o instalaciones fuera de Cataluña como consecuencia del
desafío independentista. Naturalmente no dependen del Monarca tales “gracias”
pero sí trasladarlas al nuevo gobierno si así lo considera. Sólo en los quince
meses transcurridos entre el referéndum del 1 de octubre de 2017 y finales de
2018 hubieron 4.880 empresas que trasladaron su sede social fuera de Cataluña.
Si afinamos el cálculo considerando también a las empresas de nueva creación en
Cataluña durante ese tiempo e incluso ya metidos en 2019, aún resulta una
pérdida neta de 3.650 empresas representando el 20 por ciento de esa región.
Tenía pendiente de lectura un
documento de trabajo del Catedrático de Economía Mikel Buesa, titulado
“Economía política de la independencia de Cataluña” y he podido hacerlo ahora.
Es un documento científicamente robusto que dedica una parte central del mismo
a desmontar los falsos supuestos sobre los que se realizó la investigación “La
viabilidad económica de una Cataluña independiente” publicada en 2014. Sus
autoras son dos académicas fuertemente comprometidas con el fallido intento de
secesión en Cataluña. La primera –Nuria Bosch- ha formado parte del denominado
“Consejo asesor para la transición nacional de Cataluña” y la segunda, Marta
Espasa, del Consejo asesor para la reactivación económica de Cataluña. Su
trabajo da por hecho que Cataluña seguiría dentro de las instituciones
internacionales y mantendría el euro como moneda. Sólo ese supuesto invalida
sus cálculos.
Mikel Buesa –buen conocedor de la
Historia y no sólo de la Historia económica- recuerda en su trabajo cómo el
argumento económico no ha formado del discurso de los partidarios del derecho
de autodeterminación. Un discurso históricamente basado en la apelación a
razones identitarias de una patria pretendidamente arrebatada. Sin embargo,
ahora y no sólo en España, los movimientos separatistas han incorporado al
listado de su argumentario las ventajas que –en su opinión- el bienestar de sus
ciudadanos alcanzaría de obtener la independencia.
Buesa explica eficazmente en
pocas palabras que el déficit fiscal catalán –incluso cuando se reduce a la
cifra real inferior a los 9.000 millones de euros- no es sino el anverso
contable de la preeminente posición comercial que Cataluña mantiene en el
mercado interior español, situación que comparte con otras regiones como
Madrid, las Islas Baleares, Valencia o Navarra. En otros términos, el déficit
fiscal es consecuencia de su beneficiosa posición en los intercambios
comerciales con el resto de España. En sentido contrario, el déficit fiscal
desaparecería si las ventas de las empresas catalanas al resto de España
cayesen significativamente.
Cataluña comercia con el resto de
regiones españolas –incluida Andalucía- con una intensidad que es 55 veces
superior a la que lo hace con cualquier otro país del mundo bajo el supuesto de
igualdad en cuanto al tamaño económico y la distancia geográfica. Esta
intensidad, vista ahora en perspectiva internacional, es 52 veces mayor con
países de la Unión Europea que con el resto. Buesa calcula que una separación
entre los mercados español y catalán equivaldrá al establecimiento de una
barrera arancelaria del 77.6 por ciento. La misma idea llevada al comercio con
los países de la Unión Europea supondría –en la práctica- establecer un arancel
del 75.5 por ciento.
Con todo lo anterior, la Arcadia
de una Cataluña independiente en la que sus inspiradores casi prometen vivir
opulentamente sin necesidad de trabajar se desvanece como una alucinación
inducida artificialmente. Tanto es así que tomando como precedentes los
estudios disponibles para las secesiones post soviéticas en Checoeslovaquia,
Yugoeslavia y otros territorios de la antigua URSS, Mikel Buesa calcula que la
Generalidad se vería abocada a una situación insostenible en la que los gastos
superarían a los ingresos en más de 35.000 millones de euros provocando un
déficit público superior al 25 por ciento del PIB imposible de financiar
recurriendo al endeudamiento y provocando, por tanto, la quiebra del hipotético
gobierno.
Es cierto que los documentos
científicos son consustancialmente de difícil lectura para quienes no están
familiarizados con la materia que se aborda. Sin embargo, de la misma forma que
el secesionismo consiguió durante años acuñar el “España nos roba” como verdad
no contestada, trabajos como los del profesor Mikel Buesa bien merecerían de
mayor atención mediática habida cuenta de la importancia de mantener un mercado
interior como el español. Un mercado gracias al cual encontramos empleo millones
de compatriotas y personas han venido a España buscando un futuro mejor.
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