El candidato del Partido
Socialista a la presidencia de la Generalidad Catalana ha pedido la condonación
o quita de la deuda pública de esta región. Los datos más recientes de esta
cuantía corresponden a septiembre de este año y están disponibles en la web del
Banco de España. Los datos se calculan con arreglo a lo que se denomina
protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea y ascienden a 76.831 millones
de euros. Cataluña es, con diferencia, la región más endeudada de España
seguida a considerable distancia por Valencia cuyo volumen de endeudamiento es
de 44.435 millones y por Andalucía con 33.631 millones de euros. Al margen del
componente electoralista de la medida y de haber sido contestada por
representantes de su propio partido, su formulación no está muy lejos de la
lógica que ha impregnado la financiación de las autonomías, una financiación
cuya reforma está actualmente sobre la mesa. A esta lógica le llaman los economistas
“restricción financiera blanda”.
El propio informe de la comisión
de expertos a la que se encomendó elaborar las líneas maestras de la nueva
reforma advirtió que “El estilo negociador seguido en el pasado, de inyectar
sistemáticamente fondos adicionales en los momentos de renegociación del
sistema, asegurando en paralelo que ninguna Comunidad recibiría menos fondos
que los que venía percibiendo anteriormente, es una muestra del problema de
laxitud presupuestaria blanda apuntado y un claro estímulo a la renegociación
continua, puesto que el resultado de este sistema de negociación es siempre un
incremento, mayor o menor, de fondos en todas las CCAA”. En definitiva Miguel
Iceta no ha hecho otra cosa que lanzar una propuesta en pleno proceso de reforma
de un sistema de financiación que siempre que se ha revisado ha acabado
poniendo más dinero en manos de los gobiernos autonómicos. En esta ocasión, el
candidato socialista pide un premio adicional en forma de condonación de la
deuda a la región que más se ha endeudado.
Financieramente la medida es
extraordinariamente peligrosa sin ni siquiera entrar en el tipo de gastos que
han azuzado este endeudamiento y que han ido orientados a favorecer la secesión,
en lugar de atender a los servicios públicos. Por supuesto que si en algún
momento el Estado español, esto es, usted o yo, asume la deuda de Cataluña,
olvidémonos de futuros equilibrios en las cuentas económicas autonómicas y
esperemos una pronta actitud similar de los gobiernos municipales. El mensaje
inmediato que esta decisión transmitiría es crear una fundamentada expectativa
de rescate de cualquier gobierno por parte del Estado. Los economistas utilizan
el término anglosajón “bail-out” para referirse al rescate.
Los expertos que han trabajado en
el informe para la reforma del sistema de financiación autonómico han advertido
claramente de este riesgo. En concreto han señalado que “la existencia de
expectativas de rescate (o bail-out) junto a la existencia de autonomía para el
endeudamiento puede provocar un recurso excesivo a esta vía de financiación y
acabar trasladando el problema financiero a la Administración central, que se
vería en la tesitura de tener que transferir más recursos a las
Administraciones autonómicas más endeudadas, actuar de comprador de sus bonos
o, en última instancia, condonar la deuda acumulada. En esta situación, el
mecanismo natural de disciplina fiscal en una democracia (para gastar más hay
que subir impuestos y esto tiene un coste electoral) deja de funcionar y
resulta muy difícil resistir la presión para incrementar el gasto.”
Indudablemente, la permanencia del Fondo de Liquidez Autonómica no ayuda a
acabar con el incentivo a la expansión del gasto.
Las administraciones autonómicas
son, actualmente, las que más recursos financieros y humanos administran. El
interés de su supervivencia nace, principalmente, de quienes viven de sus
presupuestos. Este interés corporativo es tan alto que anatemiza cualquier
propuesta de revisión de sus competencias para evitar situaciones de adoctrinamiento
escolar o de insumisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad como ha
evidenciado el desafío secesionista catalán pero que en la parte escolar,
también se percibe en Valencia o Baleares. La situación va contra la lógica de
la eficiencia en la prestación de servicios públicos que recomienda que sean
prestados por las administraciones públicas que garanticen su provisión sin
discriminar entre ciudadanos y con arreglo a la legalidad.
En este sentido, y en las
antípodas de la reivindicación de Miguel Iceta, en el informe sobre la
financiación autonómica se incluyen contenidos que merecen subrayarse
enfáticamente. Particularmente tres. El primero es la denuncia de la falta de
contribución de las regiones forales (vasca y navarra) a las transferencias horizontales
para garantizar la nivelación en los recursos (son las transferencias entre
regiones con capacidad recaudatoria diferente). La advertencia es clara;
peculiaridades sí, privilegios, no. El segundo es la recomendación de caminar a
una Administración Tributaría única con participación consorciada de las
administraciones regionales. Este camino favorecería la reducción de la falta
de equidad entre contribuyentes que se deriva del fraude fiscal sobre todo si
se tiene en cuenta que los movimientos internacionales de capitales hacen de
esta lucha algo cada vez más sofisticado y alejado de las posibilidades
técnicas de las pequeñas agencias tributarias. Por último, el informe
recomienda la creación de un fondo de estabilización presupuestaria, esto es, una
hucha en la que las regiones ahorren recursos en las etapas de bonanza con los
que mejor trampear los años de crisis. Es la única medida que ayudará a la
consistencia temporal en la capacidad de atender los servicios públicos. Una de
las lecciones aprendidas de la Gran Recesión es que el sistema de financiación
regional ha sido extraordinariamente sensible al ciclo.
Pero si nada de esto se hace, el
escenario de llegada ya lo ha escrito el mencionado informe, “un mal diseño del
sistema de financiación puede desembocar en una situación de restricción
presupuestaria blanda; esto es, en la percepción por parte de los responsables
autonómicos de que es posible aumentar los recursos transferidos por otros
niveles de la administración evitando los costes políticos de subidas de
impuestos o rebajas de gasto para cuadrar el presupuesto.”
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