En el momento de mayor
contestación social contra el sistema autonómico, el presidente del Gobierno de
la Nación acaba de reunirse con los presidentes de Aragón y Andalucía para
escenificar una suerte de consenso políticamente transversal (entre PP y PSOE)
que active la reforma del sistema de financiación de las autonomías.
Como el único documento que
existe sobre la mesa es el Informe del Comité de Expertos en la materia
entregado al Ministerio de Hacienda en Julio de 2017, pudiera pensarse que las
posiciones defendidas por una y otra región en dicho informe estarían próximas
y no muy distantes a las del gobierno.
Una posibilidad de explorar esta
justificación consiste en leer detenidamente los votos particulares incluidos
en la redacción final por los representantes de estas regiones en el Comité de
expertos que estuvo integrado por los representantes de las regiones de régimen
de financiación común (todas menos Navarra y las provincias vascas) y de la
Administración General del Estado. La excepción fue Cataluña que, como parte de
la escenificación del golpe de Estado, no envió a su representante.
Los representantes de Aragón y de
Andalucía no coincidieron en sus votos particulares. En el primer caso, el
profesor Alain Cuenca –economista que ha ocupado diferentes cargos en gobiernos
socialistas- suscribió un voto a favor de mantener la cláusula de ‘statu quo’. La supresión de esta
cláusula –que podría ser la opinión mayoritaria de los expertos- supondría que
ninguna región perdería su puesto en el ‘ranking’ de recursos recibidos en el
año de partida o año base pero que las compensaciones desaparecerían
gradualmente durante los años en los que se fuese aplicando el modelo. Este
voto particular fue suscrito, además de por el representante de Aragón, por los
representantes de Cantabria, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y por uno
de los representantes de la Administración General del Estado. Fue un voto con
un fundamento esencialmente económico; todos los que lo suscribieron fueron
economistas salvo la profesora Elena Manzano, representante de Extremadura y
profesora de Derecho Tributario.
El profesor Francisco Javier
Adame, representante de Andalucía, suscribió un voto particular contra el
denominado principio de ‘ordinalidad’ y en defensa de la nivelación total entre
regiones. Realmente fue un voto valiente y fundamentado contra lo dispuesto en
el Estatuto de Autonomía de Cataluña que en su artículo 206.5 establecía que
“El Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no
altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per
cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación.” Este voto fue
suscrito también por la mencionada representante de Extremadura y por el de
Castilla-La Mancha. Fue un voto principalmente jurídico pues dos de sus tres
firmantes son expertos en la materia.
Así las cosas, la concertación
entre el presidente de la Nación y de las regiones de Aragón y Andalucía no
parece responder a una coincidencia de planteamientos en este informe. De
hecho, en los votos particulares han coincidido expertos que representaban a
regiones de diferente signo político lo que pone de manifiesto una notable
presencia de los argumentos técnicos sobre los políticos.
Para mayor abundamiento no se
debe perder de vista que los informes técnicos sólo son el punto de partida de
procesos de negociación política cuyo resultado final a menudo se distancia
extraordinariamente del punto de partida. Esto es muy de esperar en materias
como el sistema de financiación autonómica cuyas reformas siempre han terminado
dotando de más recursos a los gobiernos regionales. Una mayor dotación que
nunca pude saciar la voracidad de gasto de unas administraciones acostumbradas
a gobernar a partir de lo que se llaman ‘restricciones presupuestarias
blandas’, esto es, evadiendo los costes políticos de su elevado nivel de gasto
mediante el recurso al rescate del Gobierno central. Es por esto que a nadie
debería sorprender que parte del acuerdo final pase por una quita de la deuda
contraída con el Estado por los gobiernos autonómicos a través del Fondo de
Liquidez Autonómico. Algo sobre cuyas perversas consecuencias ya se han
pronunciado voces más notorias que la de quien suscribe.
Lo que sí han dejado pasar tanto
los presidentes de Aragón como de Andalucía es la posibilidad de reducir la
injusticia que supone el sistema de financiación foral vasco (también el
navarro). Si los representantes regionales del PSOE de estas Comunidades
hubiesen prestado un apoyo parcial al proyecto de Presupuestos Generales del
Estado, la posición de poder que ha tomado el Partido Nacionalista Vasco ni
hubiera existido ni se hubiese vuelto a ver premiada con un acuerdo de cupo
privilegiado.
Las comunidades forales deberían
contribuir a los mecanismos de nivelación entre regiones pero no lo hacen. A
cambio sólo pagan una cantidad (cupo o aportación) que debería cubrir la parte
que les corresponde del coste de las (pocas) competencias del Estado no
transferidas por los gobiernos del PSOE y del PP. Incluso así, el cálculo de
este coste está muy sesgado a la baja, tanto que deja a las regiones forales
con una financiación por habitante ajustado en torno al doble de la del resto
de las regiones españolas. En este sentido, José Agustín Manzano Mozo, director
de tributos de Castilla y León para la Red de Investigadores en Financiación
autonómica y Descentralización financiera en España, denuncia en un reciente
informe que el País Vasco debería pagar 5.311 millones de euros más al Estado
de lo que se acordó con el Gobierno. El acuerdo del PP con el PNV y la falta de
apoyo del PSOE al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado han
vuelto a permitir este privilegio.
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