martes, 30 de junio de 2015

¿Me afecta el ‘Grexit’? (José Manuel Cansino en La Razón el 30/6/2015)

El Eurogrupo nació con un pecado de soberbia cual fue el de no regular la forma en la que un socio dejaba de formar parte o se le expulsaba por ‘mala conducta’. Era tal la convicción de los fundadores que sólo se contemplaban las reglas que habían de cumplir los futuros países que llamasen a la puerta del club. No es ese el principal problema de la crisis griega, de alguna forma u otra si no devuelven los plazos de los sucesivos vencimientos, alguna forma de salida se arbitrará.


(Ciudadanos griegos esperando a sacar dinero de cajeros automáticos)


El problema es que todos los analistas coincidimos en que Grecia no puede pagar su deuda salvo que debute un crecimiento económico brutal que ni está ni se le espera. Mañana martes Grecia tiene una primera prueba que consiste en devolver 1.550 millones al Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora no ha tenido problemas en hacer frente a esta cuantía de pagos. Más importante, en cambio, es el pago de más de 4.000 millones que tiene que hacer en julio al Banco Central Europeo.
A esta situación hay que añadir la retirada masiva de dinero del sistema bancario griego. Sólo el sábado parece que se retiraron 400 millones de euros aunque este tipo de estimaciones tiene una veracidad limitada, no porque no la sepan los bancos, sino porque no suele trascender para no azuzar el pánico ni provocar lo que en Economía se denomina ‘Efecto rebaño’. La sangría de los cajeros automáticos la está taponando el Banco Central Europeo a través de préstamos de emergencia denominados ‘Emergency Liquidity assistance’ –ELA- (3.000 millones en los últimos días) que siguieron realizándose el domingo, justo pocas horas después de que el ministro Varoufakis abandonase la reunión del Eurogrupo y el Parlamento heleno aprobase la convocatoria de un referéndum para el 5 de julio.
Yo me he manifestado siempre a favor de que las deudas deben pagarse pero especialmente cuando su origen –como en este caso- está en un comportamiento desleal y mentiroso del deudor, pues no debe olvidarse que la crisis griega arranca del descubrimiento de un gran déficit público oculto. Esto que vale para Grecia sirve también para Bankia. La socialización de pérdidas puede aceptarse transitoriamente si así se garantizan los depósitos de los ahorradores y no se provoca el pánico en el sistema financiero pero, más pronto que tarde, la socialización de pérdidas debe revertir en una socialización de beneficios vía privatización de la entidad nacionalizada. De alguna forma esto es lo que debería ocurrir en el improbable caso de que Grecia consiga salir del rescate como han hecho Irlanda y Portugal.
Pero lo anterior no obsta para que haya que ver en el referéndum griego una decisión de honestidad política donde muchos sólo ven una maniobra dilatoria. En primer lugar porque, de aprobarse, va en contra del programa de la coalición de gobierno que aupó a Tsypras a la presidencia. Si los griegos lo aprueban, el sentimiento de traición a su electorado se reduciría. Pero en segundo lugar, porque no se puede zaherir el orgullo de una Nación imponiendo desde los acreedores cambios de este tipo o incluso cambios de gobierno (Italia y la propia Grecia son los precedentes). Por cierto que entre los voceros contra la posición del Eurogrupo no parece importar en este caso que el referéndum haya salido adelante con los votos a favor de Amanecer Dorado.
Grecia vive atrapada en el género literario que hizo famoso a sus letras, la Tragedia. Ni las recetas de la Troika impuestas al tomar el primer rescate dieron sus frutos, ni tampoco el Gobierno de Szyriza tiene un plan creíble para conseguir una prórroga del rescate que expira el día 30 de junio y que le permitiría acceder, como mínimo, a 7.200 millones de euros que tiene pendientes de cobrar -del BCE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad y del FMI-.
Lo más probable es que la semana arranque con alguna fórmula de corralito suave que, en la práctica, consistirá en limitar la cantidad de depósitos que se pueden retirar de los bancos en efectivo. El BCE seguirá inyectando préstamos de emergencia y el euro seguirá siendo la moneda en circulación en Grecia hasta después de conocer los resultados del referéndum del 5 de julio. Luego ya se verá.

Grecia debe a España más de 26.000 millones de euros aunque si bien esto es lo más llamativo, lo peligroso sería que una cada vez más cercana salida del país heleno de la zona euro, provocase una subida de la prima de riesgo española que arrastrase a todos los tipos de interés bancarios y frenando nuestra lenta recuperación. Sin embargo, hace tiempo que la prima de riesgo española se desacopló de la de Grecia y de otros países rescatados –Irlanda y Portugal-. Las tendencias son absolutamente distintas. Así las cosas, sin descartar movimientos de corto plazo en las bolsas, la prima de riesgo española no debe resentirse significativamente ni siquiera en el caso definitivo de quiebra (‘default’) de Grecia. Es cierto que en las últimas horas las redes sociales han rescatado el mensaje de Varufakis alertando de un efecto dominó de quiebras en Irlanda, Portugal, España e Italia, pero si se repara, se trata de mensajes escritos en 2013. Parece que no, pero económicamente la situación de España no tiene nada que ver con la de un país rescatado.

martes, 23 de junio de 2015

EL ECO-ECOLOGISMO DEL PAPA FRANCISCO (José Manuel Cansino en La Razón el 21/6/2015)

El Santo Padre Francisco ha promulgado su primera Encíclica –Laudatio Si- focalizada no sólo en la ecología o “cuidado de la Casa Común” sino también en su relación con la economía y el modelo de crecimiento “tecnocrático” que considera predominante en el Mundo. Si la anterior Encíclica papal “Caritas in veritate” de Benedicto XVI recibió mucha atención (posiblemente porque en la etapas de crisis el ser humano suele volver a mirar a la Religión), esta no va a recibir menor atención. Su interés no sólo reside en el perfil marcadamente mediático del Santo Padre sino en la sensibilidad social sobre el tema del que ocupa, razón por la que algunos la han tachado de oportunista al elegir esta cuestión frente a la criminal persecución de los cristianos en amplias zonas del Planeta.



Naturalmente me centraré en la vertiente económica de esta Encíclica por deformación profesional pero no sin antes opinar sobre el pretendido oportunismo de la misma. La Encíclica, tiene un marcado componente de recomendaciones prácticas pero entre la aprobación de las primeras medidas mundiales en la lucha contra el cambio climático (Protocolo de Kioto, 1997) y la Encíclica papal han pasado dieciocho años de manera que no es una materia desconocida para la Santa Sede. Sin embargo, sí tiene un matiz oportunista al promulgarse el mismo año en el que se celebra la Cumbre del Clima en París en el mes de diciembre de la que se esperan compromisos verdaderamente reales para el gobierno de la denominada era Post-Kioto. En cualquier caso, las Encíclicas responden a cuestiones que conciernen a la Humanidad en cada momento por lo que descalificarla como oportunista no tendría mucho fundamento.
Desde el punto de vista ecológico, el Papa Francisco asume la teoría del calentamiento global sobre la que afirma que existe consenso científico. En puridad existe consenso científico mayoritario pero no unánime como, por otra parte, suele ocurrir. También asume –aun sin mencionarlo- el objetivo mayoritariamente compartido de tomar medidas para impedir que la temperatura del Planeta suba por encima de 2o con respecto a la etapa preindustrial. En este objetivo, el Santo Padre también asume -punto 52 del documento- el planteamiento de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” de los países que ya aparece en el Protocolo de Kioto (“Common but differentiated responsibility”) y que tiene una gran presencia a lo largo de toda la Encíclica. Precisamente este argumento es uno de los nexos que sirven al documento papal para vincular el compromiso con la preservación del medio ambiente con el compromiso con los pobres (“la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del Planeta”, Punto 16). Precisamente, la mayor parte de los documentos eclesiales citados a pie de página corresponden a episcopados de países en desarrollo en los que tienen gran predicamento planteamientos económicos marcadamente contrarios al sistema económico de mercado.
Es aquí donde quiero detenerme, esto es, en la visión económica de la cuestión ecológica que impregna la Encíclica. El Santo Padre parece asumir una visión predatoria (punto 51) en la explotación de los recursos de los países pobres por parte de los países ricos en virtud de la cual existe una “deuda ecológica” de los segundos con respecto a los primeros; una deuda que naturalmente debe operar a la hora de repartir el esfuerzo en la lucha contra el cambio climático. Así se derivaría del principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Hay dos cuestiones a tener en cuenta en este asunto. La primera es que la explotación de los recursos naturales no necesariamente está vinculada al problema del cambio climático salvo cuando se trata de la desforestación de zonas que actúan como sumideros de anhídrido carbónico. En otros términos, cada vez que se destruye parte de un bosque se daña una zona con capacidad de capturar este gas de efecto invernadero pero el daño no es el mismo cuando se extrae mineral o gas natural con técnicas convencionales. La segunda es que se está desresponsabilizando a los países en desarrollo de su situación. Un ejemplo palmario es el caso de Noruega en comparación con Nigeria; ambos tienen grandes recursos petrolíferos pero en el primer caso revierten en un fondo soberano que garantiza el sistema de pensiones, y en el otro no ¿a quién corresponde la responsabilidad del uso de los ingresos provenientes del petróleo?
Pero además, la Encíclica retorna a una senda de crítica a la economía de mercado propia de los documentos papales anteriores a San Juan Pablo II. Por ejemplo, parece atribuirse una maldad intrínseca a las grandes corporaciones multinacionales. Probablemente esto es fruto de una visión simplificada, reduccionista, del beneficio de las empresas; “el principio de maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de toda otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía” afirma en la página 149. Hoy día, ninguna mediana o gran empresa concibe su beneficio como la mera diferencia aritmética entre ingresos y costes. Ni sus accionistas, ni sus clientes ni el conjunto de la sociedad aceptaría comportamientos empresariales orientados a la maximización del beneficio sin ejercicio de responsabilidad social; en otro caso la empresa tendría problemas en mantener a sus clientes y en encontrar inversores. Una simplificación similar se le aplica al sector financiero (punto 189) sobre el que pesa –sin matices- la sombra de su responsabilidad en la crisis que arranca en 2007.
La Encíclica, en definitiva, parece tener muy presente los gravísimos fallos del sistema financiero en la crisis reciente pero los extiende sin límite al atribuirle una responsabilidad difusa en el deterioro del medio ambiente, en el funcionamiento de la economía de mercado y en el problema de la pobreza. En mi opinión, el nexo lógico de esa cadena de razonamiento debería reforzarse más.

Lo que sí tiene esta Encíclica a diferencia de su predecesora “Caritas in veritate” es una mayor precisión en la recomendación de acciones (cambio del patrón de consumo fruto del sistema tecnocrático, fomento de energías renovables, mejora de la eficiencia energética, reutilización de los residuos, etc). Posiblemente esto se deba a que este tipo de medidas están más desarrolladas que las que había que tomar para hacer frente a la crisis financiera. 

sábado, 20 de junio de 2015

CRIMEN Y DESARROLLO ECONÓMICO (José Manuel Cansino en La Razón el 15/6/2015)

Desde finales de los 60 del siglo pasado, buena parte de los economistas sostienen que la corrupción afecta negativamente al desarrollo económico. Este fue el mensaje del influyente economista sueco Gunnar Myrdal y lo hizo entendiendo la corrupción como la erosión de las instituciones sociales.



En lo 90 –también del siglo pasado- otro economista, Douglas North, apuntaló el mensaje de Myrdal afirmando que la incapacidad de algunas sociedades para hacer cumplir los contratos era la principal fuente de subdesarrollo. North, señalaba que la inseguridad jurídica espanta cualquier decisión contractual de comercio o de inversión ante el riesgo de que lo pactado no se lleve a efecto. Uno no puede dejar de acordarse de Myrdal y de North cuando lee sobre el recurso en torno a la compañía que va a explotar la mina de Aznalcóllar. Naturalmente, en términos estadísticos, Andalucía no es una región subdesarrollada y la empresa perdedora tiene perfecto derecho a reclamar en los tribunales lo que considere oportuno. Pero cuando y en primera instancia se otorga consistencia jurídica a la reclamación y esto ocurre en una región a la que la corrupción no le resulta ajena, uno no puede dejar de pensar cómo estará viendo el mundo empresarial la seguridad jurídica de las inversiones en Andalucía. Reparemos que en este caso concreto se trata de empresas multinacionales y es precisamente en ese escenario de los negocios internacionales donde repercuten las decisiones que aquí toma la Administración.
En esta misma línea de enfoque institucionalista debe ubicarse –ya en el siglo XXI- la aportación de dos jóvenes pero influyentes economistas, Darem Acemoglu y James Robinson. Ambos gozan de posiciones académicas bien reputadas, el primero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el segundo en la Universidad de Harvard. Estos economistas sostienen que el principal determinante de las diferencias de prosperidad entre países es la diferencia entre sus instituciones económicas.
Aunque la perspectiva institucionalista no es la única en Economía, su enfoque está dando lugar a interesantes resultados una vez que las variables ‘institucionales’ se han ido midiendo y construyéndose series estadísticas.  Entre las variables típicas que miden la calidad de las instituciones (económicas o no) que cada sociedad tiene están la corrupción, el crimen, los derechos políticos y las libertades civiles y los conflictos. Por ejemplo, el gobierno mejicano ofrece unas estadísticas muy detalladas de los crímenes registrados, la ‘Freedom House’ lo hace con los derechos políticos y la Universidad de Uppsala con los datos de conflictos.
Cuando estas variables se introducen en análisis de los determinantes del desarrollo económico a menudo se las acompañan de otras que, aunque puedan resultar llamativas, tienen también su capacidad explicativa. Así ocurre con el denominado ‘capital social o cooperación entre individuos’, la distancia al ecuador, los kilómetros de costa o el grado de apertura comercial.
Los resultados disponibles hasta ahora respaldan el signo esperado de estas variables y, además, cuantifican su importancia. Por ejemplo, la corrupción aleja a las sociedades del desarrollo económico, la ausencia de derechos políticos y libertades, también. La proximidad al ecuador es un freno y los kilómetros de costa contribuyen a un mayor nivel de desarrollo como también lo hace el capital humano. Sobre esta última variable hay que subrayar que mide la cohesión social entendida ésta como el entramado de redes de cooperación entre ciudadanos; de entre esas redes destaca el papel de las familias.
Para España, los datos de los que se dispone son aún preliminares pero tienen ya el interés de quien está desarrollando la investigación. Entre sus impulsores está el economista cuantitativo Antonio Álvarez Pinilla, que tuvo oportunidad de compartir esta investigación –aun preliminar- en el Seminario sobre Economía de la Energía y Evaluación de Políticas Públicas que se acaba de celebrar en la Universidad de Sevilla. Sin duda, habrá que estar pendiente de esos resultados.


Entrevista en la Tribuna del País Vasco.

Josele Sánchez me hizo esta entrevista que reprodujo la Tribuna del País Vasco.

http://latribunadelpaisvasco.com/not/3108/jose-manuel-cansino-ldquo-la-felicidad-no-esta-en-la-opulencia-pagada-a-credito-rdquo-/

martes, 9 de junio de 2015

NO SÓLO ES ECONOMÍA, ESTÚPIDO (José Manuel Cansino en La Razón el 8/6/2015)

Durante el pasado mes de mayo el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó en 4.215.031 personas, lo que supone una bajada de 117.985 desempleados con respecto al mes anterior. Del total, 11.700 corresponden a Andalucía. Así lo ha publicado el Boletín de Estadísticas Laborales que edita el Ministerio de Empleo. Aunque a todas luces insuficiente, se trata del mayor descenso en un mes de mayo de toda la serie histórica y está prácticamente en línea con la de abril de este mismo año.

Hasta aquí tenemos una primera lectura positiva que debe completarse por varias razones aunque la principal es que España ha sido, junto con Grecia, el país que mayor número de empleos ha destruido desde el inicio de la crisis en 2007. Precisamente, en el último trimestre de ese año España alcanzó su mayor cifra de empleo en 20,6 millones de puestos de trabajo. Así las cosas, la cuestión importante es confirmar que hay creación neta de empleo (que los nuevos contratos son más que los despidos), el ritmo de esa creación neta de empleo y, finalmente, la calidad del nuevo empleo.
Con los datos de la EPA, la evolución del empleo en el cuarto trimestre de 2014 mostró un importante aumento del 2,5% anual (+428.000 nuevos trabajadores ocupados), un crecimiento que contrasta con la caída del mismo período del año anterior (un -1,0% y -179.000 empleos perdidos entre 201/T4- y 2014/T4), lo que sitúa el empleo en los 17,4 millones de ocupados. Esto es, aún quedan por crear 3,2 millones de empleos para alcanzar la cifra previa a la crisis. Así se deriva del 46 Índice publicado por la empresa Manpower Group y realizado por el Catedrático de Economía Aplicada Josep Oliver de la Universidad Autónoma de Barcelona.

De este informe y del previo, se deduciría que España podría crear medio millón de puestos de trabajo netos en 2015, que sumados a los algo más de 400.000 que preveían crearse en 2014, se acercarían al millón de empleos netos en dos años. Un pronóstico quizá excesivamente optimista que, desde luego no parece haberse reflejado en los resultados electorales.
Crear empleo neto es un importantísimo logro pero el ritmo de creación no es el que exige una sociedad en la que el "presentismo" convive con una sensación de corrupción extendida entre la clase política y financiera a la que se le imputa la responsabilidad de la crisis. El "presentismo" implica que lo que queremos lo queremos inmediatamente; en el momento presente y esto es incompatible con unos logros inciertos, que de producirse se alcanzarán en el medio plazo y que ya se verá cuál es su calidad.
Y esa es la tercera cuestión después del logro en empleo neto y de analizar su ritmo. La tercera cuestión es la calidad del empleo; principalmente en términos de estabilidad y salario.
Precisamente poca estabilidad en los contratos es una de las características de este empleo neto si bien ya venía afianzándose, incluso en la etapa del "boom" inmobiliario, como seña identitaria del mercado de trabajo español. En el mes de mayo se firmaron 1.573.293 contratos nuevos, de los que sólo un 4,5% del total (70.882) fueron indefinidos a tiempo completo. El resto fueron 53.723 a tiempo parcial y 1.448.688 temporales. Este es un dato que influye muy negativamente en decisiones vitales con impacto económico y demográfico determinante como formar una familia, tener un hijo o adquirir una vivienda.
Los salarios tampoco acompañan. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario mensual promedio en España es de 1.991,84 euros, unos 200 euros superior al salario de un empleado en Andalucía que en media cobra 1.780, 66 euros al mes. Por cierto que la serie estadística del INE arranca del año 2008 y muestra un aumento salarial para el periodo 2008-2014 que, aunque moderado no reconoce buena parte de los trabajadores que aceptaron rebajas salariales importantes durante estos años de crisis.

En definitiva, con estos resultados no vale el argumento norteamericano de "es la economía, estúpido" que subraya la importancia que el electorado otorga a la evolución de los datos económico. A una sociedad mayoritariamente hedonista a la que le resulta extraño el sacrificio o el esfuerzo, estos discretos resultados económicos no le seducen en nada. Sobre todo si su sacrificio va al bolsillo de los corruptos y estos, con frecuencia, mantienen estrechos vínculos con el sector financiero, catalizador de todos los odios en esta y prácticamente en todas las crisis. Palabras como "recortes" o "privatizaciones" movilizan a millones de personas que asumen que los servicios públicos se financian con un maná de Biblia laica, o menos ingenuamente, con lo que han robado los unos y los otros o con los impuestos que hay que cobrarles a los ricos. Poco importa que las grandes fortunas tengan sus capitales o lejos de España o en instrumentos como las SICAV, tan cuidadas por todas las legislaturas.

martes, 2 de junio de 2015

¿PAGARÁ 'PODEMOS'? (José Manuel Cansino en La Razón el 31/5/2015)

Por primera vez Podemos va a participar de la acción de gobierno, municipal y regional, de momento. De entre las proyecciones que los analistas hacen sobre cómo afectará su influencia en las decisiones políticas, sobresalen las centradas en la viabilidad de sus propuestas económicas. En el caso municipal y con la salvedad de que Podemos como tal no ha concurrido a los comicios sino a través de candidaturas a las que ha respaldado, hay medidas ampliamente compartidas por las listas apoyadas por esta formación. En concreto tres; el posible impago de la deuda, las medidas anti desahucio y el rescate de la gestión de servicios municipales.



Una de las más conocidas es la exigencia de una auditoría de la deuda municipal y la posible quita o repudio de parte de ella. Encargar una auditoría de cuentas recién llegado al gobierno es práctica relativamente habitual y sana (aunque sea enmendarle la plana a la Intervención Municipal y al Tribunal de Cuentas). El propio Zoido lo hizo cuando llegó a la alcaldía de Sevilla. Dejar de pagar ya es otra cuestión. Así las cosas, lo primero que habría que preguntarse es ¿a quién dejarían de pagar los ayuntamientos gobernados por o con influencia de Podemos? La respuesta es a los bancos y al Tesoro. En el caso de Madrid, el 81.3 % de la deuda es con los bancos así que, la medida consistiría en dejar de pagar al sistema financiero, decisión que los tribunales de justicia impedirían fulminantemente. La única opción sería la reestructuración de la deuda convirtiéndola en deuda a largo plazo con tipos de interés más altos pero con unas cuotas mensuales más reducidas. El otro gran acreedor de los ayuntamientos es el Estado a través del dinero prestado con el Plan de Pago a Proveedores creado en 2012. Como el dinero de este fondo se consiguió emitiendo deuda pública del Tesoro Español (los ayuntamientos españoles no pueden emitir deuda), la quita pasaría por dejar de pagar al Estado parte de lo que se tomó prestado. De ser así, y como ha señalado el profesor José Carlos Díez, ¿tendrían el resto de españoles que pagar la deuda repudiada por los ayuntamientos de Podemos? El precedente sentado por el gobierno griego de Syriza es que la deuda acaba pagándose sin quita y, acaso, con algo de reestructuración pero bastante cara.
La segunda medida es la paralización de los desahucios. Es cierto que los ayuntamientos no tienen competencia en esta materia (regulada esencialmente por una Ley aprobada por el PSOE), pero sí la tienen a través de los servicios de asistencia social para asumir el impago a los bancos vía subsidios a las familias en riesgo de desahucio. Naturalmente esto es una nueva medida de gasto pero lo es para atender a un problema que resume todo el odio generado por la crisis iniciada en 2007. Efectivamente, subsidios para impedir que los bancos (responsables determinantes de la burbuja con la connivencia de millones de pequeños especuladores, no lo olvidemos) dejen sin techo a los que ya se quedaron sin trabajo. Los economistas siempre señalamos que este tipo de medidas inducen al problema del “riesgo moral”, esto es, que algunas familias puedan incurrir deliberadamente en situaciones de impago a sabiendas de que serán rescatadas por el gobierno municipal ya que no todos sus ingresos (economía sumergida) son observables por la Administración. Sin duda, ante el “riesgo moral” que no entienden ni siquiera muchos economistas y el drama de un desahucio, la sociedad apoya –masivamente- este tipo de medidas.
La tercera medida es el rescate de los servicios públicos externalizados (recogida de basuras, etc). La reivindicación nace de una convicción general entre los inspiradores de estas candidaturas; la mayor eficacia del Sector Público en la gestión. Acaso también de otra convicción sólo extendida entre algunos de los líderes de la formación; la antipatía al beneficio empresarial por considerarlo inequívocamente asociado a una raíz de explotación laboral. En la primera incluso se ha querido ver una suerte de Fascismo económico en palabras de Manuel Llamas (Instituto Juan de Mariana). El rescate de los servicios públicos sólo es posible esperando a que expire el plazo de la concesión administrativa o a través de una indemnización a la empresa concesionaria. Este tipo de rescates, además de exigir un mayor gasto a expensas de futuros e hipotéticos ahorros, convivirá durante el tiempo de su puesta en marcha con protestas laborales de los trabajadores de las empresas concesionarias a las que se retira la concesión.
Pero los gobiernos de Podemos no deben ser analizados ni sólo desde la perspectiva económica ni con la urgencia de convertirlos en anatema como han hecho no pocos analistas conservadores o liberales comparándolos con ánimo peyorativo con el ideario de José Antonio Primo de Rivera. Ya en la década de los 30 del siglo XX se hizo algo similar cuando se pretendía asimilar a éste con Carlos Marx. No sólo es antidemocrático sino también ridículo despreciar el voto de millones de españoles atribuyéndoles insensatez económica severa. Juan Torres, uno de los catedráticos de Economía inspiradores del programa económico de Podemos se hacía eco recientemente de un análisis del catedrático austríaco Kurt Kratena en el que comparando las políticas de austeridad y las que podrían asimilarse a las de Podemos –ambas en un escenario de control de déficit público-; las segundas salían significativamente mejor que las primeras. Sin duda los modelos económicos cuantitativos hay que tomarlos con precaución, pero son mejor herramienta de análisis que los anatemas.
Así como no puede sostenerse, parafraseando al profesor Ferrán Gallego, que el Fascismo no fuera nada distinto a la pura y simple emanación reactiva frente a la democracia, protagonizada por escuadristas y militares a los que bastaba un atajo de consignas para urdir la defensa miliciana de una Europa en peligro, tampoco puede reducirse el fenómeno Podemos al voto protesta ayuno de cualquier viso de sensatez económica. Alfonso Lazo ha escrito es términos parecidos.
Yerran quienes se limitan a ver sólo un populismo falangista en Podemos; a uno y otro planteamiento político les separa la dimensión espiritual del segundo como se comprueba en la reciente polémica periodística de los profesores Jon Juaristi y Manuel Parra. Pero a saber si también les separa la idea de Patria pues si bien Pablo Iglesias la ha incorporado a su discurso, está por ver, como ha señalado Fernando Paz, si sólo se invoca frente a Bruselas al modelo de Syriza en Grecia pero no frente a una “Generalitat” secesionista.

Juan Torres terminaba un reciente análisis afirmando con razón “España no es propiedad de nadie y mucho menos de quienes han provocado los problemas y ahora sólo buscan eternizar sus privilegios”. En esa necesaria idea de una España ancha hosca a los privilegios de la “beuatiful people” de los grandes partidos, sobran tanto los populismos insensatos como la urgencia por convertir en anatema a todo el que no piense como uno mismo.