En pocos meses el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) llevará a cabo la compra de 68 nuevos equipos de tomografía
axial computarizada (TAC) una vez que se ha levantado la suspensión cautelar
del concurso por la reclamación interpuesta por una de las empresas
interesadas. En conjunto estos equipos supondrán un gasto de 41.8 millones de
euros. Pero no es ni el número ni el coste de estos equipos lo que me mueve a
escribir sobre ello.
Me mueve en primer lugar una
razón de índole estrictamente personal. La más importante. Estos nuevos equipos
aportarán a los pacientes una gran mejora en la “huella de energía” que pasar
por ellos deja en los tejidos y órganos de los pacientes debido a las
radiaciones. Así lo supo enfatizar una de las personas a quien más debe esta
medida, el físico especialista en electromedicina, José Ramón Román. Desde la
Consejería de Salud –hoy, Salud y Familias- él puso en este proyecto tanto
empeño como acostumbraba a hacer en cada reto profesional que afrontaba. Lo
hizo bien. Siempre lo hacía bien.
En segundo lugar, es muy de
agradecer que decisiones tan importantes para la salud de los ciudadanos no se
vean afectadas por cambios en el signo político de los gobiernos. Evidentemente
un gasto plurianual como este viene ya con una inercia que hace difícil su
paralización pero no sería la primera vez que cambios de gobierno desmantelan el
desarrollo de infraestructuras en marcha incluso con un coste indemnizatorio
elevadísimo. Qué diferente resulta esta forma de proceder de, por ejemplo, el
sistema educativo, tan importante como la salud pero tan frágil a los cambios
políticos.
En tercer y último lugar, por
puro azar el coste de los 68 nuevos TAC, 41.8 millones de euros, se aproxima
mucho a la cuantía de la donación que la Fundación Amancio Ortega hizo al SAS;
40 millones para la adquisición de equipos destinados a la lucha contra el
cáncer.
Es indudable que la atención
sanitaria pública –tampoco el resto de los servicios públicos esenciales- no
puede depender de donaciones esporádicas de particulares por cuantiosas que
lleguen a ser sino de un sistema de financiación que garantice la regularidad
de los recursos. Naturalmente esta es una obviedad pero sólo para los países
con niveles de desarrollo suficientes como para mantener sistemas sanitarios
estables. Para millones de personas residentes en países en desarrollo el
sistema sanitario depende crucialmente de aportaciones en absoluto regulares,
bien procedentes de organismos internacionales bien de fundaciones privadas.
Hecha esta importantísima salvedad, las donaciones privadas que vienen a
reforzar el bien común son una expresión más de la libertad con la que cada
cual decide sobre su patrimonio. Depositar la capacidad redistributiva del
sector privado únicamente en las manos públicas deviene así en un atentado
contra la libertad.
Con esa libertad me he expresado
siempre desde esta tribuna de los lunes que hace años me brindó La Razón a
través de Noelia Acedo y luego me renovó Pepe Lugo contando con la ayuda de
Marta Maldonado. A todos ellos les agradezco haber tenido la oportunidad de
asomarme semanalmente a esta ventana.
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