La Cámara de Cuentas de Andalucía
ha pasado en pocos años de ser una de las instituciones autonómicas más
desconocidas a ocupar un espacio mediático e institucional creciente. Un camino
que ha corrido parejo con la percepción creciente de un nivel de corrupción muy
extendido de la clase política. Posiblemente la propia existencia de la Cámara sea
cuestionable pues no en balde es otro
ejemplo más de cómo la deriva autonómica ha supuesto una clonación, diecisiete
veces, del estado nacional. En otros términos, su labor puede ser perfectamente
asumida por el Tribunal de Cuentas. De todas formas no es esto lo que hoy me
gustaría compartir en esta página.
Me gustaría llamar la atención
sobre la última irrupción técnico-mediática de la Cámara de Cuentas alertando
sobre las subvenciones para empresas y emprendedores de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía (Idea). La Cámara advierte al Parlamento regional (de
quien es un órgano auxiliar) que es incapaz de evaluar la eficacia con la que
la agencia IDEA ha gestionado estas subvenciones lisa y llanamente porque
carece de información.
Ha costado décadas pasar de una
fiscalización de la gestión pública que de limitarse a verificar si la
ejecución del gasto se ajustaba o no a la norma y de si los apuntes contables
eran correctos, a una verificación algo más sofisticada que además informase a
los ciudadanos de la eficacia con la que las administraciones han gestionado el
dinero que nos detraen con impuestos.
Escribo ‘algo más sofisticada’
porque ni siquiera la evaluación de eficacia que la Cámara denuncia no haber
podido realizar permite conocer de la eficiencia de la gestión pública. En
otros términos, sólo nos dice si el ‘emprendedor’ que recibió una determinada
subvención para montar un negocio que suponía la creación de ‘X’ puestos de
trabajo, finalmente, levantó la persiana y contrató a alguien. No nos dice nada
de si la medida ‘más eficiente’ para crear ese negocio y ese puesto de trabajo
era la subvención o, por ejemplo, una bonificación en las cuotas a la Seguridad
Social.
Pues bien, ni lo uno, ni lo otro.
La Cámara no puede verificar ni siquiera la eficacia con la que las
subvenciones que gestionó IDEA se aplicaron a aquello para lo que fueron
concedidas. Esto que suena más al título de la película de Woody Allen ‘Toma el
dinero y corre’, no es para nada una cuestión menor ya que no aplicar una
subvención a los fines para los que fue concedida puede derivar en un delito
contable en nuestro ordenamiento jurídico.
Por si todo esto fuera poco, la
denuncia de la Cámara de Cuentas vuelve a poner en el foco de la atención a la
Agencia IDEA, ya directamente mencionada en el macrocaso de los ERES
fraudulentos.
La cultura de la subvención es un ejemplo paradigmático de
la ingeniería social que ha hecho de la nuestra una sociedad ‘desresponsabilizada’.
Hace años que desapareció del imaginario colectivo algo tan razonable como que
‘si quieres montar un club o una caseta de feria, busca los socios y ajusta la
cuota de cada cual’, y lo sustituimos por si quieres hacer tal cosa, pide una
subvención que seguro que habrá partidas que lo financien inspirándose en el
pretendido interés social de la caseta de feria del grupo de amiguetes de
turno.
La vuelta de tuerca vino después cuando, ya en plena cultura
de la subvención, se extendió la práctica de desvincular el objeto de la misma
y su efectiva aplicación. Así hay ya todo un elenco de asociaciones ‘amigas’ de
partidos, sindicatos y organizaciones profesionales que han recibido
millonarias subvenciones –puro clientelismo- incluso cuando algunas de ellas
estaban contablemente más quebradas que Lehman Brothers en 2008.
Lo que la Cámara denuncia no es más –pero tampoco menos- que
otro ejemplo de una forma de gestión pública que lo más lejos que ha llegado (y
es evidente que no siempre) ha sido a verificar que el expediente de gasto se
ejecutaba conforme a la normativa, pero mucho menos se preocupaba de que el
resultado del gasto se ajustara a su finalidad y así pudiera verificarse, al
menos, la eficacia del dinero entregado.
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