El fraude fiscal estimado en España –unos 70.000 millones de euros– equivale casi a los intereses que los españoles pagaremos en 2013 por la deuda pública pendiente de amortizar. Pero, con ser importante la cifra, es sólo la punta del iceberg.
Existe una gran masa de capitales que elude el pago de impuestos en España por estar residenciados en paraísos fiscales o en sociedades colectivas de inversión en valores (SICAV). Técnicamente y salvo que este patrimonio haya salido de España incurriendo en la práctica de evasión de capitales, no entra en el fenómeno del fraude sino en el de la elusión fiscal.
El fenómeno está tan extendido que todas las empresas que se incluyen en el IBEX35 tienen sociedades constituidas en paraísos fiscales o que buena parte de los chalés de la zona de Sotogrande y Costa del Sol son propiedad de empresas constituidas por españoles en Gibraltar. Esta última es una situación particularmente lacerante no sólo por la cuestión fiscal sino por la falta de reciprocidad, es decir, ningún español puede comprar una vivienda en Gibraltar.
La situación de las SICAV entra también de lleno en las prácticas de elusión fiscal. El rendimiento de estas sociedades tributa a sólo el 1 por ciento frente al tipo de gravamen habitual del impuesto de sociedades que es el 30 por ciento. Formalmente es un instrumento fiscal que permite diferir el pago de los impuestos al momento en el que se realizan las plusvalías pero hay dos hechos muy llamativos en torno a ellas.
El primero es que aunque se trata legalmente de sociedades que deben regentarse por las decisiones de la Junta de Accionistas cuyo miembro no puede ser inferior a cien, en la práctica suele existir un único socio de referencia y en no pocas ocasiones el resto de socios son testaferros puestos por la entidad gestora sin conocimiento de los propios implicados.
El segundo hecho llamativo en torno a las SICAV es la proliferación de políticos, profesionales de los medios de comunicación y deportistas que son los socios de referencia de estas sociedades. A muchos de ellos es habitual verles en manifestaciones o apoyando a partidos políticos que abanderan el «subir los impuestos a los más ricos».
Precisamente el trato de favor de las SICAV sólo parece cuestionarse tibiamente en épocas de campaña electoral para inmediatamente olvidarse cuando unos u otros ganan las elecciones. Además y a diferencia de lo que ocurre en países próximos como Francia en los que la normativa obliga a las SICAV a invertir en activos franceses, las SICAV españolas pueden tener hasta su último euro invertido en activos financieros extranjeros sin contribuir para nada al desarrollo de la economía nacional.
Las SICAV funcionan de manera muy parecida a paraísos fiscales nacionales, escapando su control directo de la Agencia Tributaria pues están bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un hecho verdaderamente chirriante en un país en el que no hay ninguna, repito ninguna, sentencia firme de condena a nadie por uso de información privilegiada.
En definitiva, si sumamos a los que directamente no pagan impuestos porque defraudan (los 70.000 millones de los que hablamos al principio), los que tampoco lo hacen porque tienen su patrimonio en paraísos fiscales y los que hacen otro tanto porque viven en el refugio de las SICAV, el grueso de los impuestos en España recae sobre quienes cobramos un sueldo y antes de que nos llegue al bolsillo, nos retienen el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. Una situación lacerante.
De todo ello se ha hablado en el Seminario sobre Ética y Economía realizado en la Universidad de Sevilla con el patrocinio de la Fundación San Pablo Andalucía, el Servicio de Asistencia Religiosa y el Departamento de Análisis Económico de esta Universidad.
Profesionales como José Luis García Molina, vicepresidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Adrián Pliego, socio de Ceballos & Pliego, Guillermo Rocafort y Rubén Manso, ambos profesores y doctores en Economía, han defendido la necesidad de que la Agencia Tributaria cuente con más medios, la necesidad de acabar con el inaceptable comportamiento predatorio en lo fiscal de Gibraltar o la obligación de que las SICAV españolas inviertan su patrimonio en empresas españolas.
En mi opinión, una manera eficaz de reforzar los medios de la Agencia Tributaria es transfiriendo inspectores de tributos locales y regionales a la Agencia Tributaria. Prueba de que la transferencia es posible es lo señalado por el profesor Jaime López-Melendo; en Andalucía se ha pasado de recaudar 1.500 millones a sólo 400 en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Es evidente que parte de los inspectores autonómicos pueden transferirse a la Agencia Estatal Tributaria.
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