El Ministerio de Empleo ha
impulsado un acercado cambio en el sistema de formación que reduce
considerablemente el papel de organizaciones empresariales y sindicales en lo
que, para no pocos, vino a convertirse en el gran negocio de la formación.
Las políticas de formación de
carácter ocupacional constituyen la política activa de empleo más recurrente
tanto en nuestro país como en el resto de los países de la Unión Europea. Los
fondos públicos destinados al conjunto de políticas activas de empleo han
seguido una tendencia creciente en países como España, pasando de absorber el
0.33 % del PIB en 1985 a más del 1 % recientemente.
Desde los ochenta y noventa del
siglo pasado se asumió en España que era necesario mejorar la intermediación
entre oferta y demanda de puestos de trabajo, lo que llevó a adaptar las
actuaciones al entorno más cercano al desempleado. En la práctica esto ha
supuesto que la formación se realice de forma descentralizada en centros de
formación que pueden ser de titularidad privada (propiedad de asociaciones
empresariales o sindicales) financiados con fondos públicos millonarios.
No hay evidencia rotunda de que
la formación profesional para desempleados sea la vía más eficaz para promover
la empleabilidad. Por ejemplo, hay estudios que otorgan una mayor eficacia a
los incentivos fiscales a la contratación vía reducciones en las contribuciones
empresariales a la Seguridad Social. Pero insisto, si se siguen destinando
fondos millonarios a la formación, no basta con apartar de su gestión a quien
ha demostrado, en buena medida, un uso malversatorio de los mismo.
Es necesario incluir la
excelencia de los centros de formación como criterio de destino de los fondos.
Un doble mecanismo serviría para llevar esto a la práctica. El primero sería
llevar a este ámbito la filosofía del cheque escolar en forma de ‘cheque de
formación’. De esta forma, cada beneficiario entregaría su cheque al centro que
mayores garantías le ofreciese de que, tras el periodo formativo, podría
encontrar un nuevo empleo ajustado a su perfil profesional.
El segundo mecanismo sería
instaurar un sistema de evaluación de la empleabilidad que cada centro de
formación logra en sus egresados o personas que finalizan con éxito su periodo
formativo. Para ello hay que establecer la obligación de los beneficiarios de
informar a la Administración Pública de su trayectoria profesional tanto al
poco tiempo de terminar el curso de formación (para evaluar la empleabilidad a
corto plazo) como a los tres o cinco años de haber pasado por el centro de
formación. Aspectos como el tipo de contrato al que se ha tenido acceso o si el
empleo encontrado está relacionado o no con la formación recibida y el perfil
profesional de cada persona servirían para evaluar la calidad del centro de
formación.
El resultado de esas evaluaciones
debería ser público y realizado con garantías de rigor. De esta forma acabarían
siendo señales que ayudasen a las personas desempleadas a elegir los centro de
formación con un mayor nivel de excelencia y éstos recibirían como resultado de
su buena labor, mayor volumen de ingresos por la vía de los cheques de
formación.
Parte central de este nuevo
sistema de formación han de ser los centros de formación tanto públicos como
privados-concertados que cuentan con trayectoria en las enseñanzas de módulos
de formación profesional. Pero también la Universidad, inmersa en su enésima
reforma esta vez en el modelo 3+2, la que debe jugar también un papel notable.
Especialmente en aquellos máster (el número 2 del modelo 3+2) que cuenten con
un marcado perfil profesional y acrediten buenos niveles de calidad en términos
de la empleabilidad de sus egresados.
El gobierno andaluz que se
conforme tras las elecciones y el gobierno de la Nación que salga meses más
adelante, tienen en esto un reto extraordinariamente importante.
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