lunes, 7 de enero de 2013

Deudores y pecheros (José Manuel Cansino en La Razón el 7/1/2013)


Los andaluces pagaremos en 2013 casi 1.050 millones de euros sólo por los intereses por la deuda pública que tenemos contraída. Aunque llamativa, la afirmación no es del todo correcta pues esos intereses los pagamos no sólo los andaluces sino todos los españoles a través de un sistema de financiación que incluye entre sus fuentes transferencias de dinero entre regiones.
Además, la Junta de Andalucía seguirá endeudándose y es que pese a haber recortado su presupuesto en unos 1.300 millones respecto a 2012, aún necesitará pedir prestados casi 5.000 millones para cubrir el déficit previsto.
No habrá problema en conseguir el dinero que a la Junta le falta para cuadrar sus cuentas. Efectivamente, no habrá problema gracias a la pertenencia a una Nación común que le permite acceder a fondos como el de liquidez autonómico o emitir deuda pública con la garantía del Estado Español que no sólo con la garantía regional. Si hubiese que conseguir que nos comprasen la deuda con sólo la garantía local, los intereses a pagar o serían prohibitivos (y ya son muy elevados) o directamente, nadie nos prestaría.
Esta es la gran fortaleza de pertenecer a una Nación sólida que unos se empeñan en desguazar, otros se avergüenzan de invocar y otros estamos decididos a fortalecer.
Pero el sistema de transferencias que nos permite colocar la deuda y atender servicios esenciales y mantener sueldazos a personajes perfectamente prescindibles insertados en una administración paralela, es un sistema de transferencias que sólo se sostiene si pervive la cohesión nacional.
Y hay que reconocer que también aquí es cierto el “no todo vale”. Por ejemplo, el discurso secesionista catalán cala bien en una sociedad que sufre como las demás la crisis económica y además está convencida de que estaría mejor atendida sin compartir su dinero público con el resto de España. Incluso aceptando la parte que se roba y se lleva a cuentas en Suiza, están convencidos de que ha terminado el tiempo de las actuales transferencias.
Impera un sentimiento nacionalista que emana de las cuentas corrientes y que para muchos podría acabar alumbrando un Estado que se gobernara con sólo las reglas de un sistema bancario.
Pero también se consolida una pregunta certera sobre si las transferencias, tres décadas después del engendro autonómico que ya sólo defienden con convicción quienes viven de él, deben ir siempre desde los mismos pecheros (los que apechugan con impuestos) a los mismos beneficiarios.
Tres décadas después de un mecanismo de transferencias tal, el ranking de renta per cápita de regiones españolas permanece casi inalterado en sus extremos superior e inferior. Y es aquí cuando los que pagan –o creen que pagan según resulta de unas balanzas fiscales viciadas en origen- se preguntan ¿para qué sirve la parte de sus impuestos que transfirieron por razón de solidaridad nacional?, es decir, la parte de los impuestos que no fueron a parar a Suiza o a las acaudaladas cuentas de la clase dirigente de izquierdas y de derechas.
Aún hay versiones más elaboradas de esta pregunta, por ejemplo, ¿por qué tengo yo que pagar peaje en autopistas cuando –digamos en el Sur- se jactan de tener autovías gratuitas que, además, se cofinancian con “mis” impuestos?
Una parte no pequeña del problema separatista que llevamos soportando durante décadas se fundamenta en el mal uso del dinero que emana de la solidaridad nacional. Decir otra cosa es mentirnos a nosotros mismos como también lo es para la élite separatista creerse que su apoyo social se arraiga en la desafección de sus votantes a la Nación española antes que en la necesidad económica provocada por la actual crisis.
No sólo hay que poner en solfa los resultados de unas balanzas fiscales amañadas –en esto las investigaciones de Ángel de la Fuente son indispensables- sino también el muy discutible uso que durante decenios se ha hecho del dinero recibido en el marco de un estado autonómico que es ya insoportable.

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