En esta semana, concretamente el
próximo 22 de abril, estará disponible para su firma el Acuerdo de París sobre
el cambio climático alcanzado en el mes de diciembre pasado. Están invitados a
la ceremonia y a la firma todas las Partes de la Convención Marco de la ONU
sobre el Cambio Climático. Una vez firmado, la rapidez con la que el acuerdo
entrará en vigor en cada país dependerá de la práctica que tenga establecida
para este tipo de compromisos internacionales. Las prácticas varían entre la
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
El Acuerdo será exigible el
trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de
55 Partes en la
Convención, cuyas emisiones estimadas
representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero (GEI), hayan
depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión en la sede de la ONU.
Es en este marco internacional en
el que se da un nuevo impulso al proceso de descarbonización de las economías
mundiales que pasa por conseguir el desacoplamiento entre el crecimiento
económico y las emisiones de GEI, o lo que es lo mismo, conseguir crecer sin
que ello conlleve una mayor emisión de este tipo de gases. Esto permitiría
alcanzar lo que se denomina estabilización climática.
Previo al inicio de la Cumbre de
París, los países asistentes enviaron sus “Acciones Nacionalmente Apropiadas de
Mitigación” (NAMAs por su acrónimo en inglés). Esto supuso una eficaz
herramienta diplomática para comenzar una negociación difícil conociendo el
compromiso de partida de cada país.
Lo interesante es saber cuál o
cuáles son las hojas de ruta de los países para conseguir el desacoplamiento
entre el crecimiento económico y el aumento de emisiones de GEI. Un artículo
reciente de Nate Aden publicado por el World Resources Institute sostenía que
21 países, entre ellos España, estaban ya reduciendo sus emisiones de GEI al
tiempo que conseguían un crecimiento económico positivo. El periodo que tomaba
es el que va de 2000 a 2014 pero las conclusiones no son del todo correctas. He
tenido la oportunidad reciente de publicar junto con otros colegas dos estudios
sobre esta cuestión para la economía española en sendas revistas científicas
internacionales y el desacoplamiento sólo se produjo en un año. Los resultados
que ya conozco para otros países tampoco permiten ser tan optimistas.
Sin embargo, que la transición
hacia economías bajas en carbono (técnicamente economías con desacoplamiento)
no se haya logrado, no impide que existan hojas de ruta que conducen a ellas y
precedentes que ya pueden mostrarse como logros (véanse los casos del Reino
Unido y Suecia). Es importante subrayar el plural porque no hay un único camino
hacia las economías bajas en carbono sino varias hojas en cada una de las
cuáles el conjunto de medidas tienen un peso diferente.
De lo que no cabe duda es de que
la industria de las energías renovables vuelve a tener un escenario de
desarrollo ciertamente importante. No lo es menos que las industrias de base tecnológica
orientadas a la mejora en la eficiencia energética lo tienen también. En las
primeras España aún mantiene una posición de ventaja internacional aunque cada
vez más patentes se están registrando en otros países. Algo similar puede
decirse de la industria que desarrollan técnicas de secuestro o almacenamiento
de las emisiones de GEI y de las que desarrollan sistemas inteligentes (Smart)
aplicados a las redes eléctricas y al planeamiento urbano. Al menos estas
cuatro industrias tienen un futuro muy prometedor.
Parte de su futuro va a depender
mucho de en cuánto se cifren las ayudas al desarrollo, se gestione la
cooperación internacional y actúe la diplomacia española. La razón del papel
conjunto de la ayuda al desarrollo y la diplomacia se deriva de que muchos
países de los que no figuraron en el Anexo I del Protocolo de Kioto enviaron
dos niveles de compromiso. Estos países son aquellos que no asumieron
compromisos obligatorios.
Efectivamente, muchos de estos
países han enviado sus “Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación” con
dos niveles de compromiso, uno vinculado a no recibir ayuda internacional y
otro más ambicioso en el que se considera la recepción de fondos
internacionales para transitar sus economías hacia el desacoplamiento.
En el caso concreto de Chile que
es el que conozco por razones profesionales, se compromete al 2030, a reducir
sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel
alcanzado en 2007. Sin embargo, si Chile lograse la obtención de aportes
monetarios internacionales (grant) el país se compromete al 2030, a aumentar su
reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB hasta alcanzar una disminución
entre 35% a 45%.
Por tanto, es evidente que si las
industrias señaladas tienen un importante respaldo en el Acuerdo de París una
vez puesto en marcha, sus oportunidades se verían favorecidas por la aportación
de fondos internacionales y por la labor diplomática española que siempre ha
mantenido buenas relaciones con países que están decididos a crecer económicamente
sin emitir cantidades crecientes de GEI.
