El Ministerio de Industria
reconoce que entre 2004 y 2014, la factura de la luz que paga un usuario medio
(con 3,9 kilovatios de potencia contratada) ha subido un 72,5 por ciento. Los
consumidores domésticos han llegado a pagar un 32 por ciento más que la media
de la Unión Europea y un 21 por ciento más si se trata de un consumidor
industrial representativo. Cuando en 2012 ya la ‘Gran recesión’ se cebaba sobre
España, la agencia de estadística europea, Eurostat, calculaba que España,
Italia, junto con los cuatro países rescatados (Grecia, Irlanda, Portugal y
Chipre) fueron los países donde más se encareció el precio de la luz. Ese mismo
año 1,4 millones de viviendas sufrieron el corte de suministro por impago. El
concepto de pobreza energética se hizo desde entonces un hueco en el memorandum
de vocablos de los millones de damnificados por la crisis para referirse a la
situación de los hogares en los que no se alcanzaba a calentar la vivienda (las
personas dormían con abrigos) o iluminarla.
Todo esto lo ha escrito
magistralmente el periodista especializado en asuntos de la industria eléctrica
Iñaki de las Heras en un libro titulado “Informe Frankestein”. Pocas veces se
lee un documento tan alejado de la demagogia con la que se salpican los
estudios divulgativos de este sector. La demagogia va con lamentable frecuencia
de la mano del debate político, lenguaje que abunda en los sectores regulados
incluso hasta el extremo del sector eléctrico para el que, en 1951, un decreto
dio a las empresas la “inédita potestad” en palabras del autor del libro, de
coordinarse a sí mismas creando un régimen autorregulado que se desconocía en
toda Europa. No son pocos los artículos científicos que he trabajado y que no
alcanzan ni la precisión ni el rigor de este libro.
Una de las paradojas que recuerda
esta obra es que el proceso de privatización de empresas estatales no
necesariamente garantiza un abaratamiento del servicio junto a una mejora de la
calidad. De todo el proceso privatizador del sector eléctrico español iniciado
en 1998 lo más llamativo es, sin duda, la peculiar historia de privatización de
ENDESA; una empresa pública que llegó a dominar el mercado eléctrico español.
El relato es que tras los
intentos fallidos por parte de Gas Natural y de la alemana E.ON para comprar
ENDESA, en 2007 la italiana ENEL y la española ACCIONA se hacían con la
propiedad de la otrora eléctrica estatal a cambio de 44.000 millones de euros. De
cara a la galería de los laminados sentimientos patrios que veían cómo compraba
una empresa italiana una de las empresas públicas de referencia, el gobierno de
ZP exhibió la imposición del nombramiento de José Manuel Entrecanales (ACCIONA)
como presidente de ENDESA. Poco duró la presencia de la empresa española en la
nueva copropiedad de la eléctrica y a comienzos de 2009, ENEL acabó comprando
(y a un precio muy alto) el 25 por ciento de las accionas que poseía la empresa
de Entrecanales. Un dinero que la española destinó a la creación de una empresa
de energía renovables de gran dimensión. El resultado es que la privatización
de ENDESA ha consistido en pasar de ser propiedad del Estado Español a serlo
del Estado Italiano que con el 30 por ciento de su capital controla ENEL. Toda
la lógica del discurso privatizador basado en el camino hacia la reducción del
precio vía competencia resulta cuestionada cuando la privatización consiste en
cambiar la propiedad de un Estado a otro.
Lo anterior no debe llevarnos a
concluir que la peculiar privatización de ENDESA explique la muy importante
subida del precio de la luz en España y ello por dos razones. La primera porque
ENDESA no es la única eléctrica con presencia determinante de un Estado. Por
ejemplo, Hidrocantábrico –otra de las cinco grandes eléctricas-tiene como
accionista principal a la empresa estatal china Three Gorges. La segunda razón
estriba en que de los dos componentes que ahora tiene la factura de la luz, el
componente regulado y el componente de mercado, el primero –que depende
directamente del sector público- es el que parece ser el principal responsable
de la subida del precio final. Sin embargo, incluso así, parte sustancial de la
subida del componente regulado se ha debido a la compensación a toda la
industria cuando los consumidores –domésticos e industriales- decidieron
reducir la potencia contratada para reducir costes.
De las Heras ayuda a recordar que
la invocación de la liberalización de sectores regulados puede acabar diseñando
un camino cuyo origen es la propiedad de una empresa por parte de un estado y
cuyo final es la propiedad de la misma empresa por otro estado. De la bajada de
precios ni hablamos. En cambio si la responsabilidad de la subida de precios es
de las empresas o del sector público, es cuestión más compleja sobre la que no
todos los datos disponibles apuntan en la misma dirección.
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