De entre las tareas a abordar por
el futuro gobierno de España sobresalen tres por su urgencia; la respuesta al
desafío separatista catalán, la recapitalización de parte de la banca y el
ajuste presupuestario que la Unión Europea va a imponer.
De los tres problemas a abordar
de manera inaplazable, el mejor conocido por todos es el primero y por eso
apenas me extenderé salvo para recordar dos cuestiones. La primera es que
otorgar un sistema de financiación privilegiado a Cataluña –como el que
disfrutan las provincias vascas y Navarra- es romper con el principio de
solidaridad entre regiones. La segunda es que la política de pactos con el
nacionalismo catalán durante casi cuatro décadas no sólo no ha resuelto el
desafío secesionista sino que lo ha llevado a sus más altas cotas.
Mucho menos conocida es la
situación en la que se encuentran algunas entidades financieras años después de
las inyecciones de dinero público del Estado y del ‘rescate suave’ que el
gobierno de Rajoy solicitó en 2012.
Particular interés hay que poner
en la situación del Banco Popular. En 2009 este banco emitió un bono para
captar liquidez que ahora tenía que devolver o canjear por acciones. Los
bonistas de Banco Popular sufrirán minusvalías de entre el 35% y el 40% después
de haber convertido sus bonos en acciones, una transformación que se llevó a
cabo a finales de noviembre al vencer la emisión de 2009. El tipo de cambio se
fijó en 17,61 euros frente a los 3,38 euros a los que cerró la acción el día
fijado. Téngase en cuenta que el Banco Popular llegó a ofrecer hasta un 7 % por
un nuevo bono en 2013 con vencimiento en 2015. Esta rentabilidad no debe
pasarse por alto pues está muy cerca del algo más de 8 % que llegó a ofrecer
Abengoa.
Otra situación bancaria a
considerar afecta al grupo NovaCaixaGalicia que en 2010 nació de la fusión
entre Caixa Galicia y Caixanova. Precisamente esta última entidad ha sufrido
una pérdida patrimonial de 41,8 millones de euros asociada a una dudosa
operación que la anterior dirección concedió a un proyecto familiar.
En definitiva, aun siendo la
situación del sistema financiero español considerablemente más solvente que la
que exhibió durante la crisis y siendo también una situación muy distinta
dependiendo de la entidad que se considere, el nuevo Gobierno tendrá que
afrontar o un rescate parcial de la banca en apuros o una nueva concentración
de la banca o, incluso, una nueva concentración realizada parcialmente con más
dinero público.
Por último queda el ajuste que la
Comisión Europea viene exigiendo en los presupuestos de 2016. Es difícil
cuantificar la magnitud de la reducción del gasto que el nuevo gobierno deberá
acometer para no alejarse demasiado de los objetivos de déficit público pero la
cifra de 25.000 millones de euros podría no estar muy desencaminada. Se trata
esta de otra medida también difícil de aplicar por el consabido rechazo social
que provoca sobre todo si se aplica casi al mismo tiempo que alguna nueva
fórmula de rescate bancario.
Sea como fuere, se extiende en la
sociedad española la demanda de entendimiento entre los políticos en aras de
mantener la normalidad de las cosas. Un nuevo panorama político con una menor
presencia del bipartidismo coincide con el aplauso a todo el que sea capaz de
trabar acuerdos estables que no cedan al chantaje separatista. En otros tiempos
un resultado electoral como el de hace unos días tendría de nuevo a una Nación
de 46 millones de ciudadanos al socaire de demandas políticas que sólo
representaban a una parte pequeña de la sociedad española situada en Cataluña o
las provincias vascas.
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