En numerosas cuestiones, pero
también en las energéticas y medioambientales, las autoridades públicas toman
decisiones paralelas (a veces contradictorias y otras coherentes) en dos
niveles muy diferentes. Lo que se intentará acordar en París en unos días y lo
que se ha aprobado en Andalucía hace poco es un magnífico ejemplo de lo que
decimos.
Entre el 30 de noviembre y el 11
de diciembre próximos, la mayoría de los países del mundo intentarán llegar a
un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kyoto. El marco de negociación que
acogerá tal desafío será la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), o COP21, que
se celebrará en Paris-Le Bourget. Congregará aproximadamente 40.000
participantes - delegados que representarán a cada país, observadores, miembros
de la sociedad civil. Para nuestro país vecino se trata del mayor evento
diplomático que haya acogido, además de ser una de las mayores conferencias
climáticas que jamás se haya organizado.
La Conferencia de las Partes es
el "órgano supremo" de la CMNUCC y se reúne anualmente. Los países
que se han unido a la CMNUCC se denominan "Partes de la Convención".
¿Qué es lo que va a abordar el
futuro acuerdo? Resumidamente deberá tratar sobre la mitigación o disminución
de las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento
global a 2°C. Pero también tratará sobre la adaptación de las sociedades a los
cambios climáticos ya existentes; esta es una importante novedad respecto al texto
de Kyoto. Si los países llegan a un acuerdo el texto que sustituya al Protocolo
de Kyoto entrará en vigor a partir de 2020.
La estela de fracasos de las COP
anteriores ha hecho que se ponga en marcha un interesante mecanismo previo a la
reunión orientado a facilitar el acuerdo sobre el conocimiento previo de hasta
dónde debe está dispuesto a llegar cada país en el momento de asumir
compromisos. Este mecanismo consiste en que cada país ha debido publicar, antes
de la COP21, un documento denominado “contribución nacional” (“INDC” en su
acrónimo en inglés) donde presente los esfuerzos que está dispuesto a asumir.
Este tipo de ejercicio constituye una gran novedad en las negociaciones
climáticas internacionales.
A menos de 30 días de la COP21, en
torno a 150 países han hecho públicos sus compromisos destinados a limitar los
efectos del cambio climático. Hasta ahora, el conjunto de las contribuciones
nacionales cubre más del 90% de las emisiones mundiales de gas de efecto
invernadero. Esta es una movilización sin precedentes.
Las contribuciones nacionales
están redactadas a partir de tres principios: Ambición, diferenciación y
transparencia.
Ambición: la vocación de las
contribuciones consiste en superar los compromisos actuales de los Estados. Los
compromisos actuales se inscriben en el marco del segundo período de compromiso
del Protocolo de Kioto (este es en particular el caso de la Unión Europea), o
bien corresponde a las acciones nacionales voluntarias suscritas de conformidad
con el Acuerdo de Copenhague y los acuerdos de Cancún.
Diferenciación: Las
contribuciones se examinan tomando en cuenta las circunstancias nacionales
consustanciales a cada país. Los países menos avanzados y los pequeños Estados
insulares gozan, en particular, de cierta flexibilidad en la elaboración de su
INDC habida cuenta de su capacidad limitada.
Transparencia: Las contribuciones que han sido comunicadas
por los Estados se publican a medida que entregan, en el sitio del CNUCC (http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
).
Si lo anterior alude a lo que se
cuece a nivel planetario, en el ámbito doméstico y local también hay hechos
relevantes recientes. El Gobierno regional andaluz ha aprobado en octubre de
2015 la Estrategia Energética de Andalucía 2020. Un documento calificado como “estratégico”
que recoge las líneas principales de la política energética andaluza en el
horizonte 2020, esto es, justo antes de la entrada en vigor del nuevo acuerdo
internacional de llegar a firmarse en París. La Estrategia Energética de
Andalucía propone cinco objetivos a 2020: reducir un 25% el consumo tendencial
de energía primaria, aportar con energías renovables el 25% del consumo final
bruto de energía, descarbonizar en un 30% el consumo de energía respecto al
valor de 2007, autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes
renovables y mejorar un 15% la calidad del suministro energético.
Los objetivos del gobierno
regional son coherentes con la estrategia internacional de caminar hacia una
economía baja en emisiones de carbono. Los profesionales que trabajan en esto a
nivel regional saben de lo que hablan. Algunos de ellos publican en revistas
científicas internacionales aunque su prestigio científico y técnico no siempre
vaya parejo con el nivel de responsabilidad que ostentan. La paradoja es, sin
embargo, que la mayoría de los objetivos del plan regional escapan del ámbito
competencial andaluz. Las actuaciones locales en materia de política energética
o de mitigación son muy cuestionables cuando lo que se abordan son temas de ámbito
nacional o peninsular –el sistema energético- o globales –el cambio climático-.
Un modelo de gestión consorciada de las autoridades regionales con las
autoridades españolas en materia energética y medioambiental sería una buena
manera de seguir avanzando hacia el logro de objetivos plausibles.
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