La
máxima representante del PP catalán -Alicia Sánchez-Camacho- ha defendido una
revisión del sistema de financiación autonómico inspirada en garantizar el
"ranking" de riqueza de las regiones una vez hechas las transferencia
de unas a otras y en dar a las transferencias un carácter finalista, esto es,
que su uso se limite a financiar actuaciones fijadas y conocidas de antemano.
En
el primero de sus criterios creemos que se equivoca .
Existe
un importante problema de inequidad en el sistema actual de régimen común (el
que rige para todas las regiones salvo Navarra y País Vasco).
La
debilidad del sistema radica en la forma en la que están articuladas las
denominadas transferencias verticales a las comunidades autónomas y que
proceden del Fondo de Suficiencia y Convergencia.
La
realidad es tan estridente que este tipo de transferencias en la práctica están
manteniendo el «statu quo» de las regiones, es decir, no sirven para reducir
las diferencias en disponibilidades de recursos entre quienes tienen más y
quienes tienen menos, sino precisamente para garantizar que quienes tienen
copiosos recursos no bajen posiciones en el «ranking». Por tanto, la propuesta
de la Sra. Sánchez-Camacho no es otra cosa que la de mantener el sistema
vigente.
A
mayor abundamiento de lo anterior reaparece aquí la cuestión foral ya que los
territorios forales no contribuyen a la nivelación de recursos del resto de
regiones españolas. Su aportación a la hacienda general se limita a una
valoración «sui generis» de los servicios que la Administración General del
Estado sigue prestando en las provincias vascas y en Navarra. Valoración que
apenas alcanza al 50% del coste real de estos servicios.
En
otras ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de señalar que en la cuestión
foral debe tenerse en cuenta que una cosa son las peculiaridades
institucionales del territorio (por ejemplo la posibilidad de tener una agencia
tributaria propia) y otra cosa es tener un sistema de financiación claramente
ventajoso. Nada hay, ni en la Constitución de 1978 ni en ninguna norma, que
otorgue a los ciudadanos vascos y navarros el privilegio de disfrutar de muchos
más recursos que los demás para financiar servicios esenciales como la sanidad
o la educación.
Pero
además, y esto es lo grueso del error del PP catalán, es equivocado pensar que
el separatismo catalán promovido desde las propias instituciones públicas
desaparecerá con un nuevo sistema de financiación que tape la boca de estas
demandas con más millones de euros. El soberanismo ha llegado demasiado lejos
ya como para frenarse por este tipo de concesiones que dejarían los argumentos
secesionistas al nivel del reglamento de un casino.
De
todas formas no deja de sorprender la propuesta de la nueva presidenta de la
Junta de Andalucía defendiendo un papel central del PSOE en la defensa de la
unidad y cohesión nacionales. No se si es demasiado tarde pero sí es
absolutamente necesario.
Los
sistemas de financiación autonómicos que hemos conocido emanan de unas normas
legales tan complejas que todo viso de transparencia les resulta extraño. Quizá
por eso es un terreno abonado para la recurrente pugna político-territorial y
para los acuerdos propios de trastienda.
El
actual Consejero de Economía de la Junta de Andalucia conoce bien esto como
académico experto en estas cuestiones. Tras del oscurantismo de la normativa de
financiación siempre se ha escondido un enjuague para que los dineros acaben
ajustandose a las demandas y presiones de cada baronia -ora del PP, ora del
PSOE, ora de CiU-.
Además
de equivocada, la propuesta del PP sigue aplazando la gran cuestión que no es
otra que la reforma de la Administración del Estado.
Antes
de garantizar la financiación autonómica o de cualquier otra Administración,
hay que repensar el modelo de Estado. En otros términos, hay primero que saber
cuánto dinero verdaderamente necesitamos para atender los servicios públicos
una vez eliminadas las duplicidades y triplicidades de competencias. Luego
veremos de qué forma se financian cada una de las administraciones en el
ejercicio de sus respectivas funciones.
La
gran cuestión es, por tanto, ¿cuáles deben ser las competencias de las
administraciones territoriales? ¿Deben mantenerse estructuras competenciales
duplicadas y, en no pocas ocasiones, triplicadas? Y es que discutir sobre el
sistema de financiación en lugar de hacerlo primero sobre el modelo
administrativo del Estado no es más que tratar una patología severa
administrando aspirinas.
A la
Constitución de 1978 hay que reconocerle su intención de resolver la cuestión
separatista pero más de tres décadas después sólo podemos constatar que el
secesionismo no ha hecho más que crecer y marcar buena parte de la agenda
política de un país con 47 millones de personas. Y esto no se resuelve con más
billetes sino con más España, más solidaridad y menos complejos.
José Manuel Cansino. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.
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