Las paradojas hacen que el sector energético español en general y el sector eléctrico en particular operen con una regulación tan compleja que hace de la factura eléctrica un documento oscuro e ininteligible. Una factura que además de ser de las más altas de la Unión Europea supone una de las partidas que más han subido en el gasto del consumo de los hogares españoles, según refleja la reciente Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, y que seguirá subiendo.
Efectivamente, seguirá subiendo una vez que la reforma del sector eléctrico anunciada por el Gobierno entre en vigor.
El sector eléctrico español está fuertemente concentrado en tres empresas. De los 244.193 gigawatios/hora distribuidos en 2010, Iberdrola, con 91.463; Endesa (E-on), con 90.620; y Gas Natural Fenosa, con 34.054, se repartieron el 88,5 % del mercado nacional. Es un sector con fuerte poder económico e incuestionable influencia política y mediática.
Así las cosas, cualquier gobierno que se atreve a modificar la regulación del sector eléctrico y ello no va en beneficio inequívoco de las grandes corporaciones industriales, merece al menos que se le reconozca su valentía. Otra cosa será el resultado de esta reforma, pero de entrada, que quede claro que el problema ya era conocido y muchos otros ejecutivos pasaron por delante de él.
El principal problema del sector eléctrico español es el déficit tarifario que, acumulado año tras año, alcanza ya unos 26.000 millones de deuda. Una deuda que funciona casi como deuda pública. Esto merece un comentario detenido.
El déficit tarifario es la diferencia entre los costes del sistema eléctrico (soportados por las empresas) y los ingresos por factura. Es un déficit, en principio, a soportar por las empresas pero que acaba convirtiéndose en una deuda que cuenta con la garantía del Estado. Mediante un proceso de titulización, el denominado Fondo para la Amortización de la Deuda Eléctrica (FADE), emite regularmente esta deuda convertida en títulos financieros que son comprados por los ahorradores a cambio de una rentabilidad en forma de intereses generados. El proceso se parece y mucho a la emisión de deuda pública pero, y aquí viene lo importante, sin estar sometido al control parlamentario.
La cuestión clave es quién asume esta deuda. Desde luego, las empresas eléctricas no están dispuestas y el Estado tampoco pues no deja de ser un agujero por donde se escapan anualmente unos 4.500 millones de euros. En otros términos, si el Estado español o lo que es lo mismo, los españoles de hoy y de mañana, decide asumir esa deuda de las eléctricas, el año que viene ya tendríamos otras deuda de 4.500 millones de euros. La cuestión es, por tanto, acabar primero con el déficit anual y luego ya se verá lo que se hace con la deuda acumulada. Ése es el objetivo de la reforma y la recomendación del regulador (Comisión Nacional de la Energía).
El anteproyecto del Gobierno pretende enjugar el déficit repartiéndolo entre las empresas (2.700 millones), el Estado –que somos usted y yo como contribuyentes– (900 millones) y los consumidores –que volvemos a ser usted y yo- con otros 900 millones. En este último caso el Gobierno pretende subir el peaje que tienen que pagar las eléctricas por llevar su energía desde donde se genera hasta su casa y la mía, y se espera que las eléctricas lo repercutan a las facturas de los consumidores finales.
La reforma también aborda el sistema de primas a las energías renovables intentando evitar el quebranto de las empresas que habían invertido en estas tecnologías convencidas de que su rentabilidad estaba garantizada por el elevado valor de las primas. Este planteamiento les hizo apalancarse financieramente (pagaban al banco menos intereses de los ingresos que obtenían) hasta que el cambio en el sistema de remuneración a las renovables fue cambiado por el último Gobierno socialista. En esta ocasión, se garantiza una rentabilidad del 7,5% a las plantas renovables con la paradoja de que se retribuyen a plantas con tecnología obsoleta. Sin embargo, era la tecnología disponible cuando tomaron la decisión de la inversión.
Si la reforma sale adelante –habrá que ver cómo se defienden las empresas eléctricas– el gran reto al que se enfrentará el conjunto del sector energético español es el desacoplamiento entre el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, el sector energético es el principal emisor de dióxido de carbono y se trata de ganar en eficiencia energética (energía necesaria por unidad de PIB) y cambiar el mix energético hacia fuentes más limpias para que la economía española pueda crecer sin que el volumen total de emisiones contaminantes aumente. Economías como la sueca o la británica lo han conseguido, otras también. De momento, lo que es muy posible es que nuestra factura de luz vuelva a aumentar y ya veremos si los beneficios de las eléctricas disminuyen como la cantidad de dinero en nuestros bolsillos.
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