domingo, 5 de agosto de 2012

Dos de seiscientas (por José Manuel Cansino en Diario de Sevilla y cabeceras del Grupo Joly el 25/7/2012)


HACE pocos días se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que se sientan los responsables de las finanzas regionales con el ministro de Hacienda. Entre los asuntos a los que se pasó revista estaba el grado de cumplimiento del acuerdo de cerrar seiscientas empresas propiedad de las comunidades autónomas. 

Jünger Habermas ha escrito con fortuna que la globalización ha hecho más a favor del poder decisorio de los mercados que del fortalecimiento de los sistemas democráticos. 

Para J.P. Fitoussi, los mercados son estructuras decisorias ademocráticas aunque haya quien les otorgue un papel crucial en la limitación de las arbitrarias decisiones políticas -incluso las democráticas-. Así las cosas, un gobierno que tome medidas de política económica populista puede ser sancionado por los mercados en forma de una subida de su prima de riesgo, lo que finalmente le impide que los mercados le presten el dinero que necesita para perpetrar sus desafortunadas medidas. 

Pero no por ello los mercados dejan de ser mecanismos ademocráticos cuyo poder es mayor que el de los gobiernos soberanos. 

Hasta esta situación hemos llegado por delegación de las decisiones políticas en instituciones como los bancos centrales independientes o las agencias de calificación de riesgo. Efectivamente, un país puede conservar la soberanía de su política monetaria -por ejemplo, decidir cuánta cantidad de billetes se emiten- o confiarla a un órgano independiente como los actuales bancos centrales europeos. Igualmente, la Administración Pública puede crear una agencia de calificación de riesgo propia y permitir sólo la cotización en sus mercados de valores, los activos previamente calificados por su agencia de calificación. 

La globalización ha traído consigo la delegación de la política en estas instituciones de su tradicional capacidad de definir la política económica. Naturalmente lo ha hecho sustentada en una fundamentación teórica que sólo mucho después se ha mostrado equivocada. Resumidamente esa fundamentación teórica es la hipótesis de los mercados eficientes. En definitiva, la convicción de que tras el anuncio de una nueva medida de política económica los mercados son capaces de descontar inequívocamente sus efectos y, si los juzgan perjudiciales, sancionar la medida con, por ejemplo, una subida de la prima de riesgo. 

Indudablemente, esta desmesurada infalibilidad en la capacidad de análisis que la globalización ha acabado otorgando a los mercados ha recibido todo tipo de críticas e innumerables propuestas de corrección, aunque sin consenso suficiente sobre cómo deben ser puestas en práctica. 

Tras el cuarto paquete de medidas de recorte anunciadas por el Gobierno de Rajoy, la prima de riesgo no ha reaccionado como era de esperar, esto es, bajando ante la pretendida mejora de la solvencia de la economía española que, al reducir el gasto público y aumentar previsiblemente la recaudación, ofrece más garantías de estar en disposición de devolver puntualmente su deuda pública. 

Entonces … ¿por qué no baja la prima de riesgo? 

Habrá quien busque respuestas a esa pregunta en análisis conspiranoicos que muestren las relaciones entre medios de comunicación que azuzan las dudas de solvencia, agencias de calificación (son tres y no más las que se reparten la gran tarta mundial) y los gestores de los fondos de inversión (que son quienes son capaces de marcar las tendencias de los mercados con sus volúmenes de compra y venta). Probablemente aquí radique parte de la explicación. 

Pero también habrá quien busque la respuesta en hechos como que en el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera se puso de manifiesto que sólo dos de las seiscientas empresas autonómicas a cerrar efectivamente habían sido cerradas. O que de los primeros anuncios de recortes de sueldos en la Administración pública, se habían escapado miles y miles de empleados públicos de empresas o entes instrumentales. O que también se han salvado, hasta ahora, muchos representantes públicos o asesores. 

Todas las agencias de calificación de riesgo tienen oficinas abiertas en España. Sus analistas con frecuencia se equivocan -ahí están sus opiniones sobre las participaciones preferentes- pero no siempre. Sobre todo cuando se trata de grandes anuncios de recortes que luego se quedan en dos de seiscientos.

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