SOBERANÍA NACIONAL. DE AZNALCOLLAR A BRUSELAS (José Manuel Cansino en La Razón el 24/3/2014)

Decisiones de esta semana tan aparentemente dispares como el desbloqueo de la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) o el principio de acuerdo de la Unión Europea (UE) sobre el mecanismo de liquidación bancaria pueden no serlo del todo. Ambas admiten una lectura imprescindible desde la perspectiva de la globalización económica o de su reverso, la pérdida de la soberanía nacional de los países.

En el primer caso, la empresa sueca Bolidén abandonó la mina de Aznalcóllar tras la rotura de la presa de contención de aguas contaminadas y el desastre natural al que dio origen. Atrás se dejó a medio explotar una de las cortas, la de Los Frailes, donde la Junta de Andalucía calcula que hay al menos 35 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo. Cuando la mayoría de las minas de cobre de la faja pirítica andaluza cerraron a comienzos de este siglo, la tonelada de este mineral se vendía a 2.000 dólares; ahora cotiza a 7.000.

La fuerte subida de su precio no sólo obedece a las nuevas necesidades industriales de este y otros minerales sino al desarrollo de los fondos de inversión que los toman como activo subyacente. De esta forma, los minerales (y otros muchos productos) ya no sólo son una materia prima esencial sino también un activo financiero. El resto, la comercialización internacional de las participaciones de esos fondos hasta niveles desconocidos hasta hace apenas década y media, se debe al sacrosanto principio de la libertad de circulación de capitales y a la aplicación de las nuevas tecnologías al comercio.

Los economistas cuantitativos aún no han llegado a un consenso sobre qué parte de la fluctuación del precio de las materias primas responde a cambios en su demanda como tal y qué parte obedece a su “financierización”. Posiblemente tampoco aquí se alcance un amplio consenso científico y sólo quepa esperar disponer de mayor evidencia empírica en un sentido o en otro. En lo que no existe disenso es el que la globalización económica afecta al precio de los minerales y, presionado por un insoportable desempleo regional del 36 %, ha facilitado un acuerdo entre la Administración andaluza y la Administración General del Estado.

Coincidiendo con el tiempo en el que se producido el acuerdo de la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional para la reapertura de la mina, los representantes de los 28 estados miembros de la UE han alcanzado un pacto para terminar de definir el sistema de Unión Bancaria Europea.

Esta Unión se ha presentado como un plausible sistema que evite la socialización de pérdidas de las entidades financieras en crisis de manera que, en adelante, las soporte el propio sistema financiero. La idea no deja de tener un cierto tufo demagógico porque ya el propio sistema financiero ha soportado una parte central del coste de la crisis por la vía de la caída del precio en las acciones de sus propietarios. A lo anterior debe añadirse que cualquier coste adicional que se les imponga (por ejemplo exigiendo aportaciones al nuevo fondo para liquidar las quiebras), acabará trasladándose a sus clientes.

Sea como fuere y como consecuencia de este proceso de Unión Bancaria, el Banco Central Europeo (BCE) empezará a actuar como supervisor único en otoño de este año, luego entrará en vigor el Mecanismo Único de Resolución y después se creará el Fondo Único de Resolución, financiado por las propias entidades financieras de la zona del euro.

Se trata de una nueva cesión de soberanía nacional desde los estados que hasta ahora (mal) supervisaban su sistema bancario a un gran hermano supervisor que resulta ser el BCE. Pero ¡ojo! una cesión asimétrica. Alemania ha impuesto que sus cajas de ahorro estén fuera de la supervisión del BCE. Otros países (Francia y Holanda), también. En definitiva, hay países que se resisten eficazmente a su cesión absoluta de soberanía nacional aunque se sirvan de los procesos de globalización económica para ampliar sus mercados. Nadie discute a Gran Bretaña su papel determinante en las finanzas mundiales pero nadie espera que cedan un solo ápice de su soberanía monetaria.

Está por ver si la Globalización es un proceso irreversible que implica la continua cesión de soberanía a instituciones supranacionales inspiradas principalmente en reglas financieras. Desde luego es un proceso contestado abiertamente tanto por el movimiento antiglobalización de izquierdas como conservador. La reciente entrevista a Marie Le Pen en una cadena de televisión española así lo puso de manifiesto.

De lo que no cabe duda es de que sin globalización no habríamos tenido una crisis financiera del tamaño que todavía nos aqueja. No hubiésemos tenido que ceder progresivamente soberanía nacional como la que recientemente obligó a modificar el artículo 185 de la Constitución o ahora obliga a ceder la supervisión del sistema bancario al BCE. Pero tampoco habría posibilidad de reabrir minas en la faja pirítica andaluza.

En la sevillana localidad de Paradas y en la presentación del libro “El devenir Príncipe de la multitud” de Antonio Negri (Ediciones En Huída), uno de sus editores advertía no haber votado a Christine Lagarde como directora gerente del influyente Fondo Monetario Internacional. Así es, efectivamente. Tampoco elegimos a nuestros alcaldes o presidentes de Gobierno. Elegimos a concejales o diputados y luego ellos eligen alcalde o presidente. Por el camino de acentuar la representación indirecta, en algún momento delegamos en los representantes la capacidad de ceder soberanía y, siguiendo siguiendo, apoyar la candidatura de la Sra Lagarde al FMI o la de cualquier otra persona a cualquier otro organismo supranacional.

(Portada del libro 'El devenir Príncipe de la multitud' de Antonio Negri)

No es cierto que sólo los económica y militarmente fuertes imponen sus decisiones. El sistema de alianzas cooperativo entre los menos fuertes acaba refrendado la afirmación matemática de que la suma de infinitésimos no es un infinitésimo; es una distancia finita. Lo que ocurre es que a esa suma de infinitésimos se puede ir con ánimo cooperativo pero sin entregar la soberanía antes de que nos la pidan, o se puede ir con las llaves de la casa en la mano y ponerlas encima de la mesa “del tirón”.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

UNA REFORMA FISCAL Y TRES PARAÍSOS (José Manuel Cansino en La Razón el 17/3/2014)

Probablemente en junio el Gobierno llevará al Parlamento su proyecto de Ley de reforma fiscal inspirado en el Informe de la Comisión Lagares. Los gobiernos del PP han tomado en materia fiscal la tradición anglosajona de bautizar con el nombre de quien preside la Comisión de expertos, a la propia Comisión, lo que para el profesor Manuel Lagares es una justa satisfacción pues ha presidido tres.

(El profesor Manuel Lagares, presidente de la Comisión de expertos)

Las propuestas de reforma no necesariamente serán trasladadas en su integridad al proyecto de Ley, mucho menos a la redacción final de la Ley, pero si se tienen en cuenta los precedentes de las dos ‘Comisiones Lagares’ anteriores, sí se trasladará una parte muy sustancial.

A poco que se entre en el detalle de las propuestas sobresale el punto de partida de la neutralidad recaudatoria sobre el que se inspira la reforma. En otros términos, se asume el diseño de un cambio fiscal que dejará a la presión fiscal española (ingresos tributarios sobre el PIB) en el 37 % o 38 %; esto es, globalmente no habrá rebaja de impuestos. Esto es algo que contradice directamente el programa de gobierno del PP.

Cuestión diferente es que las propuestas de reforma que contiene el informe, de ponerse en práctica, supondrán un cambio no menor en la distribución de la carga fiscal entre los contribuyentes. En otros términos, aunque la presión fiscal se mantenga constante, habrá grupos de contribuyentes cuyo esfuerzo fiscal se reduzca y otro que acabe soportando una mayor carga.

El nudo gordiano de la reforma consiste en reducir tres tributos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades y Cotizaciones Sociales) y subir la carga fiscal en el IVA y en una propuesta no del todo clara de “impuestos medioambientales”. Sobre la imposición medioambiental y la reforma se está concluyendo un primer informe dentro de los trabajos de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, de manera que habrá que esperar un poco.

La propuesta de reforma comparte algunos argumentos que se pueden encontrar en los informes de las dos Comisiones anteriores. Está formulada en términos bastante claros para el lector con conocimientos fiscales intermedios aunque tiene una ‘caja negra’ crucial. Esa “caja negra” es el Modelo REMS utilizado para simular los resultados de las medidas a tomar antes de plasmarlas en el informe. Particularmente, conozco al profesor Lagares desde hace años y su doble condición de Catedrático de Hacienda Pública y de Inspector de Hacienda le hace depositar la confianza “justa” en los modelos económicos cuantitativos.

Lo que sí resulta difícil de entender es la secuencia temporal de la reforma que se plantea. La propuesta parece proponer dos bloques de reforma de aplicación sucesiva. El primer bloque a poner en marcha no incluiría la bajada de las cotizaciones sociales de los empleadores (la única que la reforma considera). Este bloque incluiría –entre otras medidas- una rebaja en el tipo marginal máximo del IRPF, una reducción a cuatro en el número de tramos, la eliminación del método de estimación por módulos y un aumento del mínimo personal y familiar exento para promover una necesaria política natalista que frene el envejecimiento de la sociedad española.

A la pretendida reducción de la carga en el IRPF se uniría una reducción del Impuesto Sociedades no inmediata pero que a medio plazo dejase su tipo legal y efectivo en torno al 20 % (que por cierto es el tipo efectivo que ya pagan hoy la mayor parte de sociedades españolas).

La sorpresa está en la subida que se propone para el IBI de manera que ayude a compensar una posible menor recaudación por IRPF e Impuesto sobre Sociedades. Sin duda se trata esta de una propuesta que será extraordinariamente impopular habida cuenta de la “visibilidad” de este impuesto, esto es, lo fácil que detectan los contribuyentes como impacta en su bolsillo un aumento del mismo.

El segundo bloque de la reforma –que parece diseñado para entrar en vigor en un momento posterior- es el que aborda la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de subir el IVA “o” la imposición medio ambiental. El argumento económico para los reformadores es doble. En primer lugar parte del hecho cierto de que en España el reparto en la carga de las cotizaciones a la Seguridad Social cae del lado de las empresas más que sobre los trabajadores. Con cifras gruesas, de los 90.000 millones de euros anuales que se recaudan, 70.000 millones proceden de las empresas y apenas 30.000 millones de los trabajadores.

El segundo argumento de la Comisión es que una reducción lineal de estas cotizaciones (que para las empresas son un coste laboral más) es más eficaz en la promoción del empleo que el actual entramado de bonificaciones que promueven la conversión de contratos temporales en fijos, la contratación de jóvenes o la contratación de colectivos con graves problemas de inserción.

La compensación de estas rebajas en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se propone hacer a través de un aumento en la recaudación por IVA pero no a través de una nueva subida del tipo general. La mayor recaudación vendrá de una reducción del número de bienes a los que actualmente se aplica el tipo reducido. Probablemente esta compensación se haría de forma conjunta con un aumento de la “imposición ambiental” cuyo comentario posponemos.

Por último y no menos importante, el documento entregado por la Comisión de Expertos se ha hecho a la vez que el Gobierno anunciaba la firma de tres acuerdos sobre el intercambio de información tributaria con otros tantos paraísos fiscales. Se trata de los territorios británicos de Jersey, Guemsey y la famosa Isla de Man. Ninguno de ellos entrará en vigor de forma inmediata pues ahora sólo comienzan unas negociaciones que tardarán, previsiblemente, mucho tiempo. Pero esta coincidencia nos recuerda que en un mundo globalizado cuyo único principio eficaz del derecho internacional parece ser el de libertad de circulación de capitales, las reformas fiscales ‘locales’ tienen un efecto cada vez más limitado por los “efectos desbordamiento” o fuga de capitales. 

(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla.

Conflicto ucraniano ¿Oportunidad o amenaza para la economía española? (José Manuel Cansino en La Razón el 10/3/2014)

Si bien España tiene una dependencia externa absoluta de combustibles fósiles -petróleo y gas- ha desarrollado durante décadas una estratégica diversificación de sus países proveedores con el fin de minimizar el riesgo de suministro. El 14% del petróleo que importa España procede de Rusia pero a diferencia de lo que le ocurre al centro y al norte de Europa, nuestra vía de suministro no atraviesa Ucrania. El crudo importado por España procedente de Rusia (y de alguna otra república ex soviética y centro asiática) se transporta en buques petroleros que parten del puerto ruso de  Novorosíisk. Precisamente un puerto situado en el Mar Negro y en plena zona de conflicto por la invasión 'suave de momento' de Crimea.

(Puerto de Novorosíisk)

Tras la disolución de la URSS, Rusia solamente conserva cuatro de los diecisiete puertos soviéticos del mar Negro. Novorosíisk es el único puerto generalista en agua profunda sobre la costa rusa del mar Negro. En 2005, con un tráfico de 70,8 millones de toneladas, Novorossíisk fue el primer puerto de Rusia. Es un puerto importante para la exportación de petróleo crudo (30 millones de toneladas por año).

Los petroleros que parten del puerto de Novorosíisk, acceden al Mar Mediterráneo a través del Estrecho del Bósforo o estrecho de Estambul.

Por tanto, Crimea no supone para Rusia ningún obstáculo para el acceso al corredor del Mediterráneo pues ya lo tiene garantizado operando desde Novorosíisk, aunque es un puerto con problemas de congestión severa.

El interés por la anexión de Crimea esta vinculada a los intereses geoeconómicos de Rusia, esto es, intereses no sólo económicos sino también geoestratégicos.

Como explica el profesor José Luis Orella -reputado analista de esta zona del Planeta-, sin Crimea, Rusia desaparecería como elemento activo en el Mediterráneo, y países dependientes de su apoyo, como Siria, perderían su gobierno. Incluso países como Argelia el actual Egipto, abiertos a múltiples amistades, abandonarían su posición de compradores de armamento ruso.

Repárese en que la flota rusa del Mar negro que tiene su base en Sebastopol, arrendada a Ucrania, hasta el 2045, lo hace gracias gracias a un acuerdo firmado con el derrocado presidente Yanukovich. De esta base es de donde salen periódicamente los barcos rusos que mantienen su presencia frente a la costa siria. 

En cualquier caso, aunque determinantes, los argumentos económicos no son los únicos detonantes de los conflictos sociales y bélicos aunque esto disguste a los convencidos del materialismo histórico.

Durante la II Guerra mundial, la población tártara residente en Crimea se alineó con las tropas alemanas y rumanas del III Reich. Como castigo tras la victoria aliada Stalin los deportó a Asia Central. Tras la desintegración de la URSS y la independencia de Ucrania, uno de los primeros problemas fue la vuelta de más de 250.000 tártaros que regresaron a su antiguo hogar, y defienden en la actualidad, su pertenencia a Ucrania como minoría islámica y antirrusa. 

El conflicto de Crimea y Ucrania refresca a los países europeos algo en lo que viene trabajando desde hace años; no se puede depender crucialmente del abastecimiento de combustibles fósiles que atraviesan Ucrania y que, en última instancia, proceden de Rusia y de las repúblicas centro asiáticas. Nadie debe pasar por alto que no sólo Europa compite por estos yacimientos, también lo hace China con unas excelentes relaciones con Rusia y un extraordinario gasoducto el desarrollo.

La inestabilidad ucraniana puede ser interpretada por las empresas españolas generadoras de electricidad como una oportunidad de exportación vía Francia siempre que la capacidad de interconexión se aumente. Las generadoras de energía renovable, por su carácter autóctono tienen aquí una oportunidad de negocio si trabajan con costes que alcancen la paridad de red. También es una oportunidad para aumentar la capacidad de la red de transporte de gas argelino a Francia e Italia bien a través del gasoducto Megdaz o del transporte en buques metaneros por el corredor del Mediterráneo.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

PONGAN EL FOCO EN LA INDUSTRIA (José Manuel Cansino en La Razón el 3/3/2014)

La economía española encadenó los dos últimos trimestres de 2013 con un muy moderado crecimiento de su PIB; un 0.1 % y un 0.2 % el tercer y el cuarto trimestre, respectivamente. Se trata de un dato que sólo permite redundar en la afirmación del cambio a mejor de la tendencia de nuestra economía. Un cambio de tendencia que, sin embargo, en cómputo anual volvió a reducir nuestro PIB nominal en un -0.61 % hasta situarlo en 1.022.988 millones de euros.

Sin duda el dato más preocupante sigue siendo el de la destrucción neta de empleo en 265.000 puestos de trabajo en todo 2013 (un -1.6%). Este dato se debe analizar con, al menos, otros dos. El primero es el decrecimiento en el número de horas trabajadas en un 0.6 %; por tanto como el número de horas trabajadas disminuye menos intensamente que el empleo, las personas que conservan sus empleos lo hacen aumentando su jornada laboral.

En otros términos, las empresas aún no confían en la robustez de la recuperación económica o bien no la consideran suficiente para aumentar sus plantillas y prefieren, de momento, aumentar la jornada laboral de sus empleados.

El segundo dato con el que debe conjugarse la destrucción neta de empleo es con el aumento en un 1.2 % de los costes laborales unitarios –CLU- (rentas salariales divididas entre el PIB). La lectura tentadora es la de afirmar que los CLU están aumentando por la presión salarial. Sin embargo, este repunte obedece principalmente a una disminución del denominador. A esto debe añadirse la reciente advertencia del Banco de España acerca de que las estadísticas oficiales no están capturando adecuadamente la moderación salarial que se da en la economía española.

Naturalmente lo del Banco de España es una manera eufemística de advertir sobre que las estadísticas no reflejan lo que todos sabemos, que aquí al que no le han bajado el sueldo, se lo congelaron hace años.

Pero vayamos a las tripas de la contabilidad nacional recién publicada y metamos mano por la parte de la oferta. El INE nos dice que la industria española vuelve a estancarse después de dos trimestres con un pequeño crecimiento del 0.6 %. Coincido con lo que hace poco ha escrito el profesor Rafael Salgueiro cuando avisa de que no habrá crecimiento económico, generación de empleo y garantía para el sostenimiento del estado del bienestar en ausencia de un robusto sector industrial. Y a esto añade “Hemos estado despistados pensando que la innovación puede desarrollarse sin un sector económico que la demande y creyendo que el progreso del sector terciario avanzado no necesita también otro sector que lo arrastre”.

Efectivamente, España y especialmente regiones como la andaluza necesitan poner el foco en conseguir un sector industrial fuerte. En este último caso –el de Andalucía- también en reactivar el sector minero y extractivo aprovechando unos precios internacionales muy favorables. Reparemos que si en 2000, cuando se cierran la mayoría de las minas andaluzas, el precio de la tonelada de cobre se vendía a 1.500 dólares mientras que ahora ese precio es de 7.000.

Pero de entre los retos a superar para el rearme industrial de la economía española está el del coste de la energía. En Europa pagamos por la electricidad el triple que en EE.UU. y el doble por el gas. Un ejemplo suficientemente ilustrativo lo traía a colación Luis Montoto hace tan sólo unos días cuando recogía el dato de que una factoría refinera con las mismas dimensiones que la de CEPSA en Algeciras, paga en EE.UU. 200 millones de dólares menos en costes de energía que una española.

El coste de nuestra factura energética en absoluto es la única causa que impide salir de una crisis que, en su origen, ha sido una crisis financiera que se tradujo en una fortísima crisis de deflación de deuda, pero reparemos en algo importantísimo. Desde el inicio de la crisis en 2008 hasta ahora, la destrucción de empleo en España ha sido muchísimo mayor que la caída del PIB. Esto evidenció que teníamos una “Economía fingida” si se me permite la autocita y la necesidad de poner los pilares de una economía sólida que en futuro aguantase mejor las crisis. Un pilar fundamental de esa economía recia que necesitamos es un sector industrial fuerte que no sume el alto coste de la energía a los obstáculos que ya ha de superar.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla.

EL LIBERALISMO IMPOSIBLE (José Manuel Cansino en La Razón el 24/2/2014)

Pocos dudan del inminente cambio en el panorama político español con la entrada en el arco parlamentario de nuevos partidos. Se dibuja un panorama que acabará con el bipartidismo diseñado por los hacedores de la Transición y que con el argumento de la ‘estabilidad’ apoyaron a dos grandes bloques a izquierda y derecha del centro.

No nos ocupamos en estos artículos de asuntos políticos sino económicos aunque con frecuencia unos y otros se solapen. Así ocurre con los programas económicos de las opciones políticas; también de las nuevas. El programa económico es algo en lo que necesariamente se han de diferenciar unos de otros aunque a veces las diferencias tales lo sean más de pose que de fondo.

En este sentido, mientras que UPyD y Ciudadanos se han posicionado abiertamente en defensa del estado del bienestar y de la consecuente intervención pública que conlleva su gestión y financiación, VOX ha reivindicado para sí un discurso abiertamente liberal frente al programa político socialdemócrata que atribuye también al partido en el gobierno.

El término liberal en la política española tiene un significado muy diferente al que tiene en la mayoría de países occidentales. Las raíces más importantes de esa muy diferente forma de entender lo ‘liberal’ hay que buscarlas en la política española de finales del siglo XIX. De ahí en adelante, mientras que ser liberal en lo político y en España suele entenderse en términos de anticlericarismo, ser liberal en la mayor parte de países se entiende desde el compromiso político con el liberalismo económico, la intervención mínima del Estado en la vida económica y el tamaño también mínimo del Estado del Bienestar. El encendido debate sobre el programa de reforma sanitaria del Presidente Obama probablemente sea el mejor y más actual exponente de estas dos formas de entender el papel del Estado.

Aclarado necesariamente lo anterior, ¿qué posibilidades de respaldo social tiene un discurso liberal en lo económico?

Charles Wolf (jr) en su célebre “Mercados o gobiernos: Elegir entre alternativas imperfectas” (Instituto de Estudios Fiscales, 1995), expuso oportunamente que la sociedad occidental ha asumido como ‘suyo’ buena parte del conjunto de prestaciones del Estado del bienestar. En otras palabras, se considera como casi un derecho fundamental de la persona acceder a prestaciones públicas y gratuitas como la sanidad, la educación, la prestación por desempleo o el sistema de pensiones. Ninguna de estas prestaciones las asumían los estados a comienzos del siglo XX.

En menos de un siglo, las sociedades occidentales han dado por hecho que el conjunto de prestaciones que el Estado del Bienestar garantiza es algo intocable. Se pueden discutir aspectos no poco importantes del sistema, por ejemplo una educación pública financiada por cheque escolar o a través de un sistema de centros concertados, pero la sociedad mayoritariamente rechaza el desmantelamiento de la educación pública incluso a cambio de menos impuestos que permitan pagar y elegir educación privada.

Hay otra forma de argumentar el discurso liberal; a través de la reivindicación de la desregulación de los mercados y/o de la privatización de empresas públicas con el argumento de que la gestión privada es más eficiente.

Si este es el discurso que se desarrolla habrá que tener en cuenta un par de cuestiones. En primer lugar, la desregulación del sistema financiero en EEUU se tradujo en la derogación en 1999 de la Ley Glass-Steagall sobre el argumento de la Teoría del funcionamiento eficiente de los Mercados de Capitales y de la Teoría de las Expectativas Racionales. Esa desregulación nos ha llevado a que el sector público –vía deuda pública y Banco Central Europeo fundamentalmente- tenga que inyectar el 15 % del PIB español para rescatar a buena parte de la banca y así garantizar los depósitos de los ahorradores españoles ¿El planteamiento liberal supone también renunciar a un prestamista de última instancia como el BCE?

La otra cuestión a considerar –la recomendación liberal de privatizar las empresas públicas- lo resume bien el caso de ENDESA; una empresa originariamente pública que se privatiza para que acabe comprándola otra empresa semipública –ENEL-, extranjera (italiana) y cobrando por la electricidad hoy un 80 % más que hace diez años. Probablemente sea el momento de reivindicar una mayor presencia pública en determinados sectores industriales estratégicos como, de hecho, ocurre en buena parte de países desarrollados.

Algo bien diferente es entender el discurso liberal como la desregulación y simplificación administrativa nacida de una recentralización del Estado que acabe con muchas duplicidades y triplicidades de competencias. En este discurso se asemejan los programas políticos de UPyD, VOX y otras opciones políticas de menor respaldo. Pero téngase en cuenta que en este caso la rebaja de impuestos y el repliegue del Estado se haría por la vía del adelgazamiento de la administración pero no por la reducción de las prestaciones básicas en un país que, no lo olvidemos, sigue sin alejarse mucho de los seis millones de parados.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

LA BARRA DE LABIOS (José Manuel Cansino en La Razón el 17/2/2014)

Se reúnen en casas particulares. La persona que recibe, amiga de la vendedora, ha tirado de ‘wasap’, ha puesto el café y las pastas. Si la cosa va bien igual recibe un regalo ambientado con la banda sonora de 'no hacía falta, ya sabes que yo lo hago por ti y por tus niños'. Ha vuelto el sistema de ventas de aquella barra de labios que prometía sentirse mejor a quién se embadurnara con ella.

El producto no es el único que se ajusta al comentario de este artículo. Las tiendas de ropa están llenas de complementos que se exhiben y son fruto de las manualidades de algún amigo o amiga de quien regenta el negocio. Si Vd quiere alguna pieza, la encargarán a las manos de quien la hace y en una semana la tendrá.

Los mercadillos de fin de semana, los de alto copete y los de baja copita usando la expresión de la editora Rosa García Perea, también están llenos de muestras de este 'modus vivendi' que ha venido a compartir con los profesionales del 'chapuzas a domicilio' el arte del 'sin papeles'.

Vender barras de labios y manualidades permite ahora ingresar el complemento necesario para que no te corten luz o juntar el pago de las vacaciones de verano. Nadie se da de alta como empresario autónomo. No se paga IVA. No se incluye en la declaración del IRPF. Es economía sumergida pura y dura con la que se explica en parte por qué en Andalucía se convive con un 36.32 % de desempleo y no se asaltan los supermercados.

El reciente informe del Grupo de Técnicos de Hacienda, GESTHA, estima en un 29.2 % el valor de lo que genera la economía sumergida en Andalucía.

Desconozco la metodología que se ha aplicado en el informe de GESTHA, pero sí conozco los métodos que en Economía se utilizan para estimar las cifras que mueve la economía sumergida. Las referencias más importantes internacionalmente hablando son los trabajos de E. Schlicht y F. Schneider.

En definitiva, las estimaciones son eso, estimaciones y no cálculos exactos pero están soportadas en métodos contrastados.

La economía sumergida no debe confundirse con las actividades ilícitas como el tráfico de drogas o el cobro de comisiones ilegales. Estas últimas siempre están al margen de la legalidad porque trafican con o se dedican a actividades prohibidas. La economía sumergida engloba a las actividades legales que se realizan incumpliendo las obligaciones fiscales, laborales y de otra índole. Quienes viven de estas actividades argumentan que no serían actividades rentables de pagar impuestos o cotizaciones a la seguridad social. Algunas cifras sirven para ilustrar esto; en promedio en España se paga un 28.3 % de Seguridad Social (entre empresarios y trabajadores) y un 17.7 % de tipo impositivo efectivo de IRPF (una vez aplicadas las reducciones y deducciones fiscales).

Pero hay otro argumento que explica este nivel de economía sumergida. Es un argumento escurridizo y difícilmente medible. Se trata de la reacción de los contribuyentes a la corrupción institucionalizada.

El fraude fiscal y laboral que conlleva la economía sumergida se convierte así en una respuesta social a escala doméstica frente a aquello que se contempla impunemente en los programas de 'late night' o se escucha en el teléfono móvil convertido en radio.

En otros términos, la sociedad en una parte nada despreciable no tiene el más mínimo escrúpulo moral en trabajar en la economía sumergida bien sea por la necesidad de llenar el plato de comida o de financiarse unas vacaciones en lugar de pagarle las gambas o el chalé al corrupto de turno. A igual desarme moral se llega con saber que el 25% de la riqueza mundial está en paraísos fiscales o que los españoles que tienen su patrimonio en las SICAV, apenas tributan al 1% y luego encabezan frecuentemente las manifestaciones contra los recortes en el gasto.

Con este escenario, las mejoras en el diseño de los impuestos no acabarán con el fraude y la economía sumergida. Pero hay más. Si finalmente se atienden las peticiones de los servicios de inspección de Hacienda y se dotan más plazas de inspectores, su trabajo acabará aflorando una parte del fraude y no la más importante. Los que evaden capitales o se los llevan a paraísos fiscales quedarán impunes a pesar de los esfuerzos de la policía y de la inspección de Hacienda. Por cierto, en España tenemos un servicio de inspección de Hacienda y unos grupos de investigación en evasión de capitales de los más reputados internacionalmente.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

LA BALANZA FISCAL DE LOS COOPERANTES CATALANES (José Manuel Cansino en La Razón el 10/2/2014)

En agosto de 2010 aterrizaban sanos y salvos en el aeropuerto barcelonés del Prat los cooperantes españoles Albert Vilalta y Roque Pascual secuestrados durante largos meses en Mali. Para conseguir su liberación, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores español como los servicios de inteligencia tuvieron que emplearse a fondo.

Para la Generalidad de Cataluña, sin embargo, todas las gestiones del Estado español se hicieron a coste cero. En otros términos, en sus estudios anuales titulados ‘Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central’ no se valoran monetariamente los servicios que la Administración General del Estado presta a residentes en Cataluña desde fuera de ese territorio; por ejemplo si se hacen desde la sede del Ministerio en Madrid o desde la Embajada española en París.

(Albert Vilalta y Roque Pascual con el presidente José Montilla)

De valorarse territorializadamente estos servicios públicos los resultados de las balanzas fiscales que tanto agitan los secesionistas catalanes serían muy diferentes.

Naturalmente esto ocurre porque para abordar un estudio como el de la comparación entre lo que se recauda en Cataluña vía impuestos y lo que los ciudadanos catalanes reciben en forma de servicios públicos, hay que hacen una serie de supuestos y la ‘inteligentsia’ separatista sabe bien cuáles elegir.

Particularmente querido es el ‘método del flujo monetario’. Este método se sostiene en la idea de que el gasto público debe imputarse en aquel territorio donde mayor impacto económico genera. Esto significa que el gasto público que absorbe la Embajada española en París que pudo ser clave en la liberación de los cooperantes catalanes, debería imputarse a Francia pues es allí donde los diplomáticos españoles realizan mayoritariamente sus compras cotidianas, escolarizan a sus hijos o la embajada contrata los suministros de agua, luz, mantenimiento y canapés de las recepciones.

La alternativa a este manoseado criterio del flujo monetario es el ‘flujo del beneficio’ que razonaría en los siguientes términos; si el servicio diplomático español está a disposición de todos los españoles, su beneficio se debería imputar según la distribución de la población en todo el territorio nacional.

Pues con todo y con ello, el ‘flujo monetario’ aplicado sin mayor cosmética arroja a los expertos en finanzas públicas al servicio de los intereses separatistas un saldo a su favor de 792 millones de euros para 2009; una cantidad muy diferente de los 16.409 millones aireados en los medios de comunicación. Lo explicaban con meridiana claridad hace unos días Josep Borrell y Joan Llorach en un muy recomendable artículo.

Estos mismos analistas señalaban que además de no computarse como servicios prestados a los ciudadanos catalanes los del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta llegar a la cifra de 16.409 que ‘España robaba a Cataluña’ se utilizaba el criterio del ‘flujo monetario  neutralizado’. Un nombre que ya de por sí no suena nada bien. Pero veamos en qué consiste.

Resulta que los responsables de este cálculo de balanzas fiscales imputan como ingresos a recibir por Cataluña la parte del endeudamiento del Estado que no tendrían que asumir de ser un Estado independiente. Esta cantidad la estiman a partir de su contribución en los ingresos de Estado que estarían próximos al 20 %. Por tanto, se trataría de un dinero virtual del que no dispondría la caja de un hipotético Estado catalán salvo que se endeudase. Esto –el endeudamiento de un estado catalán soberano- es algo que sólo puede sostenerse desde el desconocimiento de cómo funcionan los mercados de capital internacionales; verdaderos gobiernos del mundo.

El argumento tramposo del nacionalismo catalán en palabras del economista Ángel de la Fuente es que “los impuestos vuelvan a quien los paga en forma de un volumen equivalente de servicios, sin dejar espacio alguno para la redistribución”. Tras de esta afirmación del economista español que más cara ha plantado a la falacia del cálculo nacionalista hay que buscar un argumento muy importante agitado por los ideólogos del ‘España nos roba’.

El argumento es que la solidaridad ‘tendría un pase’ si los contribuyentes y receptores netos no fuesen siempre los mismos. En otras palabras, que las transferencias de solidaridad no fuesen siempre de los mismos pagadores a los mismo receptores. Este argumento no exento de razón se sostenía muy bien en el mal uso del dinero por parte de las regiones beneficiarias. Los tribunales andaluces que ventilan los casos de corrupción son un buen bastidor para este argumento o al menos lo eran hasta que la corrupción también ha acabado ocupando buena parte de la agenda judicial catalana.

Quienes creen que la cuestión catalana se resuelve con un nuevo modelo de financiación se equivocan. No es un nuevo marco legal de financiación el que resolverá esta situación. En este punto, mi opinión coincide mucho con la del historiador Fernando García de Cortázar, así que dejemos que sea él quien cierre esta tribuna:  “En los vanos esfuerzos por atender los requerimientos de quienes nunca han creído en España, hemos llegado a deponer nuestras emociones y a pensar que al nacionalismo separatista se le podía regalar el monopolio de la pasión por vivir en comunidad, el sentimiento de pertenencia, la fe en un destino colectivo, la confianza en una tradición de siglos. Asustados por los fantasmas retóricos de nuestro pasado, hemos creído que a los españoles debía bastarnos con levantar un muro de argumentos constitucionales, una masa de preceptos, un túmulo de normativas.”

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.