ESTUDIANTES (José Manuel Cansino en La Razón el 14/4/2014)

Sólo dos economistas españoles han conseguido los cinco galardones nacionales más importantes a los que se puede aspirar. Uno de ellos es Juan Velarde Fuertes y el otro día hablaba de la Ética y las Finanzas en la Universidad de Sevilla; Universidad por la que también es doctor 'Honoris causa'.

A pesar del empeño en contrario de los economistas marginalistas de finales del siglo XIX, el estudio científico del comportamiento humano al margen de cuestiones Morales es absolutamente incompleto. Las decisiones económicas no son más que una dimensión de las decisiones humanas. En esto -la influencia de la Moral en la Economía- existe hoy un casi general consenso que trasciende a los académicos confesionales. El caso del Premio Nobel Amartya Sen probablemente el más conocido pues su confesado agnosticismo no le impidió publicar 'Sobre Ética y Economía' ni participar con otros científicos en El Vaticano llamados por el Papa para analizar esta cuestión.

Pero que exista una clara relación no es suficiente para alcanzar un consenso académico sobre cual es ni en que sentido va esa relación. Por ejemplo, existe hoy una importante controversia entre los economistas católicos en torno al libro 'Divina Economía. La Teología y el Mercado' publicado por el teólogo Stephen Long en 2006.

El profesor Velarde se preguntaba si las finanzas tenían un lado sombrío. Es decir, si su desarrollo más allá de un cierto punto no sólo no contribuía al desarrollo económico sino que, como hemos visto en la actual crisis financiera, constituye un elemento absolutamente distorsionador. Efectivamente así parece ocurrir pero sin que sepamos cual es ese 'cierto punto'.

En pleno debate sobre la Moral, la Economía y la crisis, nos encontramos con una corriente de pensamiento que presenta a un Dios angustiado únicamente por las injusticias económicas del presente. Esta es una visión muy limitada de Dios aunque muy popular.

De todo ello se habla también en la Universidad aunque los hay a los que les gustaría que Dios quedase completamente extramuros de la Academia.

Acaban de conmemorarse los 25 años de la creación del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla (SARUS). Junto con la Hermandad de los Estudiantes y la Fundación Persan hace una importante labor de apoyo a los estudiantes con severas dificultades económicas. El SARUS es todo un ejemplo de como articular un fecundo y permanente diálogo entre la Fe y la Razón. La Hermandad de Los Estudiantes es un perfecto trasunto de ese diálogo. Cada Martes Santo se ponen el mismo hábito el viejo catedrático, el reciente doctor y el alumno. El antifaz nazareno iguala a todos en la Fe y en la Penitencia. Es esta una curiosa metáfora de humildad científica. El hábito nazareno hace iguales a científicos internacionalmente reconocidos y a alumnos que renquean. Es un recordatorio del 'Sic transit gloria mundi' como lo son los cuadros de Valdes Leal. Pero también es un acicate para que el recién licenciado sepa que con esfuerzo y excelencia se puede llegar a triunfar profesionalmente como el nazareno que va unos metros por detrás en la misma fila. Y esto ocurre cada Martes Santo llueva o no. Se lo digo yo que voy en esa nómina.

(*) José Manuel Cansino. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

A VER LO QUE LE DICE SU BANCO (José Manuel Cansino en La Razón el 7/4/2014)

Andalucía cumplió en 2013 con el objetivo de déficit público y contribuyó así a casi lograr el objetivo nacional del 6,5 % de déficit sobre el PIB. Una cifra que en euros supuso un exceso de los gastos públicos sobre los ingresos de 67.755 millones de euros y así fue comunicada por el gobierno español a la Comisión Europea el pasado 31 de Marzo siguiendo el Protocolo en vigor.

La cifra de déficit nacional hubiese sido un 0,46 % mayor de haberse computado las ayudas a las entidades de crédito pero según los acuerdos contables en el seno de la Unión, estas ayudas no se computan bien porque la mayoría tienen el carácter de préstamos reembolsables bien porque el maquillaje contable no es desconocido en Europa.

Con todo, el denominado “austericidio” por sus detractores y las reformas del gobierno ha permitido rebajar la prima de riesgo española a 159,6 puntos básicos y con ello los intereses que en España se pagan por los nuevos préstamos tanto públicos como privados. Un par de datos sirven para ilustrar la importancia de la reducción de los intereses que ahora se pagan por la deuda. Mientras en 2012 el déficit estructural descontando los intereses fue del 2,5 % del PIB, en 2013 se redujo al 1,9 % del PIB. El déficit estructural es la parte del déficit total que queda una vez que se excluye el efecto de la crisis económica. En otros términos es la respuesta a la pregunta de ¿cuál sería el saldo de nuestras cuentas una vez que la economía creciese a su tasa de crecimiento potencial? Naturalmente es una respuesta nada pacífica porque traslada la “carga de la prueba” a determinar la tasa de crecimiento potencial. En cualquier caso es la piedra angular de la reciente reforma express de la Constitución que consistió en cambiar su artículo 185.

Importante resulta también la cifra de nuestro saldo primario en las cuentas públicas. El saldo presupuestario primario es simplemente del saldo público de siempre (déficit o superávit resultante de la diferencia entre los ingresos y los gastos del estado), pero descontando de los gastos todo lo relacionado con la deuda pública (no sólo los intereses sino también los pagos anuales por amortización). Este saldo fue en 2013 superavitario y alcanzó el 1,13 % del PIB aunque, naturalmente, no deja de ser un cierto ejercicio de autocomplacencia derivado del supuesto de “imaginemos un mundo en el que no tenemos que pagar por nuestra deuda”.

El resultado final del déficit de 2013 admite muchos otros comentarios de los que el más frecuente es su reparto por administraciones. Nosotros añadiremos alguno más.

El primero es que la mayoría de los detractores del “austericidio” lo son no porque no fuese necesario sino por la rapidez con la que se ha realizado el ajuste. Aunque las propuestas no son unánimes, no pocos economistas recomendaron un periodo de ajuste de entre cinco o seis años que hubiera suavizado el impacto negativo sobre la economía de reducir el gasto y elevar los impuestos. Es posible y se lo dice uno al que le tienen congelado y recortado la mayor parte de su sueldo desde hace años. Pero también hubiera retrasado la velocidad de reducción de la prima de riesgo.

El segundo es que las dos administraciones públicas descentralizadas (las regionales y las locales), han mostrado una clara lealtad institucional con el conjunto de la Nación. Las administraciones locales mostraron un superávit conjunto del 0,41 % del PIB. Las administraciones regionales no sobrepasaron el 1,54 de déficit sobre el PIB frente al 1,86 % de 2012. De todas formas, lo de la “lealtad” institucional debe reservarse más para las administraciones regionales que para las locales. Estas han perdido casi toda capacidad de decisión discrecional sobre el presupuesto al acogerse mayoritariamente al plan de pago a proveedores. Las regiones aún conservan una muy importante capacidad de decisión sobre sus cuentas aunque también limitada como veremos.

La principal limitación afecta a las que han sido rescatadas a través de Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Un rescate que, de solicitarse, impone fuertes compromisos de ajuste presupuestario.

En 2014, Andalucía junto con las Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia han vuelto a solicitar el auxilio financiero del resto de España a través del FLA. Este auxilio se hace a través de un préstamo a 10 años, con vencimiento el 31 de julio de 2024 y con dos años de carencia durante los cuales no se pagan amortizaciones de capital; sólo se pagan intereses. Unos intereses que son los de la deuda pública española a 10 años más un diferencial del 0,1 %. Intente Vd pedir un préstamo a ese tipo de interés, a ver lo que le dice su banco.

(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Pública de la Universidad de Sevilla.

EL ‘FRACKING’ EN LA VISITA DE OBAMA. (José Manuel Cansino en La Razón el 31/3/2014)

La visita la semana pasada del presidente Obama a Europa y, particularmente a la sede de la Unión Europea (UE) en Bruselas, ha puesto la cuestión energética entre los asuntos principales de la agenda. No en balde su visita comenzaba con la asistencia a la Conferencia sobre Seguridad Nuclear en La Haya y su posterior visita a Bruselas buscaba mostrar explícitamente la unidad entre Estados Unidos y la UE frente a Rusia por la anexión de Crimea.

Aunque la dependencia de España es mucho menor, en conjunto, Europa recibe la tercera parte del gas y petróleo que consume de Rusia. El 40 % del gas natural atraviesa Ucrania procedente de Rusia y de las exrepúblicas soviéticas Centroasiáticas. La actitud rusa con Ucrania sólo ha venido a acelerar la estrategia de Europa en su camino hacia reducir su dependencia en energía primaria de Rusia tanto en su papel de productor como, principalmente, de corredor o territorio por donde atraviesan buena parte de los gasoductos y oleoductos camino del centro y del norte de Europa.

Tanto en el discurso del presidente Obama en la sede de la UE como en la Declaración conjunta (‘Joint Statement’) se han incluido menciones a la necesidad de que EE.UU. flexibilice el otorgamiento de licencias de exportación de gas natural licuado a Europa para suplir la dependencia del gas procedente de Rusia.

Lo anterior parece razonable económica y geoestratégicamente hablando pero no es nada fácil. La primera dificultad estriba en que la prioridad de EE.UU. en materia energética es lograr su autoabastecimiento lo que le ha llevado a aplicar una política de ‘frontera cerrada’ a la exportación de energía primaria como, por ejemplo, el gas natural licuado.

La segunda dificultad gira en torno al acceso europeo al gas no convencional estadounidense o ‘shale gas’ extraído mediante la controvertida técnica del ‘fracking’. Efectivamente, los recursos mundiales de este tipo de gas harían cambiar la geopolítica de la energía de los hidrocarburos de confirmarse las estimaciones que la Agencia Internacional de la Energía hizo públicas el año pasado. Sin embargo, no todos los expertos coinciden en estas estimaciones. Pedro Prieto uno de los más reputados expertos españoles en hidrocarburos acostumbra a explicar la magnitud de los yacimientos de ‘shale gas’ comparándola con la aceituna. El gas natural convencional son las aceitunas que se cogen (verdean) directamente del olivo y el gas no convencional (‘shale gas’) serían las que se quedan en el suelo a la espera de recogerlas en la ‘rebusca’.

Sea como fuere, el interés europeo en el gas licuado norteamericano (convencional o no) es indudable como ha dejado patente la canciller alemana que, no lo olvidemos, representa a un país que después del accidente de Fukushima retomó la moratoria nuclear.

Pero frente al interés europeo en el gas estadounidense está no sólo la prioridad de este país en su abastecimiento energético sino también su determinación frente a la ‘doble moral’ de importantes países europeos en esta materia. Aquí han sido determinantes las declaraciones de Jose Vale de Almeida, embajador de EE.UU. ante la UE cuando afirmó que Europa no puede confiar sólo en la energía de otras personas particularmente si ésta tiene determinados costes.

La afirmación del embajador norteamericano iba dirigida claramente a la cuestión del gas no convencional. Por cierto que en ningún documento ni en ningún discurso ha salido a relucir explícitamente para evitar controversias. Las alusiones lo han sido sólo al gas licuado pero sin aclarar si este es de origen convencional o no.

EE.UU. es consciente del interés europeo en su gas natural, pero también conoce que Francia y Bulgaria se han declarado territorios ‘libres de fracking’. También sabe que en Gran Bretaña y en Polonia hay una fuerte oposición social. Naturalmente también sabe que en España no son pocos los municipios que se han declarado unilateralmente ‘libres de fracking’. Así que la advertencia del embajador norteamericano es clara. Si Europa no quiere depender crucialmente del aprovisionamiento de gas y petróleo ruso, no puede pretender sustituirlo por gas de EE.UU. extraído con una técnica con un fuerte impacto medioambiental que los europeos no están dispuestos a aplicar en sus territorios.

(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

SOBERANÍA NACIONAL. DE AZNALCOLLAR A BRUSELAS (José Manuel Cansino en La Razón el 24/3/2014)

Decisiones de esta semana tan aparentemente dispares como el desbloqueo de la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) o el principio de acuerdo de la Unión Europea (UE) sobre el mecanismo de liquidación bancaria pueden no serlo del todo. Ambas admiten una lectura imprescindible desde la perspectiva de la globalización económica o de su reverso, la pérdida de la soberanía nacional de los países.

En el primer caso, la empresa sueca Bolidén abandonó la mina de Aznalcóllar tras la rotura de la presa de contención de aguas contaminadas y el desastre natural al que dio origen. Atrás se dejó a medio explotar una de las cortas, la de Los Frailes, donde la Junta de Andalucía calcula que hay al menos 35 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo. Cuando la mayoría de las minas de cobre de la faja pirítica andaluza cerraron a comienzos de este siglo, la tonelada de este mineral se vendía a 2.000 dólares; ahora cotiza a 7.000.

La fuerte subida de su precio no sólo obedece a las nuevas necesidades industriales de este y otros minerales sino al desarrollo de los fondos de inversión que los toman como activo subyacente. De esta forma, los minerales (y otros muchos productos) ya no sólo son una materia prima esencial sino también un activo financiero. El resto, la comercialización internacional de las participaciones de esos fondos hasta niveles desconocidos hasta hace apenas década y media, se debe al sacrosanto principio de la libertad de circulación de capitales y a la aplicación de las nuevas tecnologías al comercio.

Los economistas cuantitativos aún no han llegado a un consenso sobre qué parte de la fluctuación del precio de las materias primas responde a cambios en su demanda como tal y qué parte obedece a su “financierización”. Posiblemente tampoco aquí se alcance un amplio consenso científico y sólo quepa esperar disponer de mayor evidencia empírica en un sentido o en otro. En lo que no existe disenso es el que la globalización económica afecta al precio de los minerales y, presionado por un insoportable desempleo regional del 36 %, ha facilitado un acuerdo entre la Administración andaluza y la Administración General del Estado.

Coincidiendo con el tiempo en el que se producido el acuerdo de la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional para la reapertura de la mina, los representantes de los 28 estados miembros de la UE han alcanzado un pacto para terminar de definir el sistema de Unión Bancaria Europea.

Esta Unión se ha presentado como un plausible sistema que evite la socialización de pérdidas de las entidades financieras en crisis de manera que, en adelante, las soporte el propio sistema financiero. La idea no deja de tener un cierto tufo demagógico porque ya el propio sistema financiero ha soportado una parte central del coste de la crisis por la vía de la caída del precio en las acciones de sus propietarios. A lo anterior debe añadirse que cualquier coste adicional que se les imponga (por ejemplo exigiendo aportaciones al nuevo fondo para liquidar las quiebras), acabará trasladándose a sus clientes.

Sea como fuere y como consecuencia de este proceso de Unión Bancaria, el Banco Central Europeo (BCE) empezará a actuar como supervisor único en otoño de este año, luego entrará en vigor el Mecanismo Único de Resolución y después se creará el Fondo Único de Resolución, financiado por las propias entidades financieras de la zona del euro.

Se trata de una nueva cesión de soberanía nacional desde los estados que hasta ahora (mal) supervisaban su sistema bancario a un gran hermano supervisor que resulta ser el BCE. Pero ¡ojo! una cesión asimétrica. Alemania ha impuesto que sus cajas de ahorro estén fuera de la supervisión del BCE. Otros países (Francia y Holanda), también. En definitiva, hay países que se resisten eficazmente a su cesión absoluta de soberanía nacional aunque se sirvan de los procesos de globalización económica para ampliar sus mercados. Nadie discute a Gran Bretaña su papel determinante en las finanzas mundiales pero nadie espera que cedan un solo ápice de su soberanía monetaria.

Está por ver si la Globalización es un proceso irreversible que implica la continua cesión de soberanía a instituciones supranacionales inspiradas principalmente en reglas financieras. Desde luego es un proceso contestado abiertamente tanto por el movimiento antiglobalización de izquierdas como conservador. La reciente entrevista a Marie Le Pen en una cadena de televisión española así lo puso de manifiesto.

De lo que no cabe duda es de que sin globalización no habríamos tenido una crisis financiera del tamaño que todavía nos aqueja. No hubiésemos tenido que ceder progresivamente soberanía nacional como la que recientemente obligó a modificar el artículo 185 de la Constitución o ahora obliga a ceder la supervisión del sistema bancario al BCE. Pero tampoco habría posibilidad de reabrir minas en la faja pirítica andaluza.

En la sevillana localidad de Paradas y en la presentación del libro “El devenir Príncipe de la multitud” de Antonio Negri (Ediciones En Huída), uno de sus editores advertía no haber votado a Christine Lagarde como directora gerente del influyente Fondo Monetario Internacional. Así es, efectivamente. Tampoco elegimos a nuestros alcaldes o presidentes de Gobierno. Elegimos a concejales o diputados y luego ellos eligen alcalde o presidente. Por el camino de acentuar la representación indirecta, en algún momento delegamos en los representantes la capacidad de ceder soberanía y, siguiendo siguiendo, apoyar la candidatura de la Sra Lagarde al FMI o la de cualquier otra persona a cualquier otro organismo supranacional.

(Portada del libro 'El devenir Príncipe de la multitud' de Antonio Negri)

No es cierto que sólo los económica y militarmente fuertes imponen sus decisiones. El sistema de alianzas cooperativo entre los menos fuertes acaba refrendado la afirmación matemática de que la suma de infinitésimos no es un infinitésimo; es una distancia finita. Lo que ocurre es que a esa suma de infinitésimos se puede ir con ánimo cooperativo pero sin entregar la soberanía antes de que nos la pidan, o se puede ir con las llaves de la casa en la mano y ponerlas encima de la mesa “del tirón”.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

UNA REFORMA FISCAL Y TRES PARAÍSOS (José Manuel Cansino en La Razón el 17/3/2014)

Probablemente en junio el Gobierno llevará al Parlamento su proyecto de Ley de reforma fiscal inspirado en el Informe de la Comisión Lagares. Los gobiernos del PP han tomado en materia fiscal la tradición anglosajona de bautizar con el nombre de quien preside la Comisión de expertos, a la propia Comisión, lo que para el profesor Manuel Lagares es una justa satisfacción pues ha presidido tres.

(El profesor Manuel Lagares, presidente de la Comisión de expertos)

Las propuestas de reforma no necesariamente serán trasladadas en su integridad al proyecto de Ley, mucho menos a la redacción final de la Ley, pero si se tienen en cuenta los precedentes de las dos ‘Comisiones Lagares’ anteriores, sí se trasladará una parte muy sustancial.

A poco que se entre en el detalle de las propuestas sobresale el punto de partida de la neutralidad recaudatoria sobre el que se inspira la reforma. En otros términos, se asume el diseño de un cambio fiscal que dejará a la presión fiscal española (ingresos tributarios sobre el PIB) en el 37 % o 38 %; esto es, globalmente no habrá rebaja de impuestos. Esto es algo que contradice directamente el programa de gobierno del PP.

Cuestión diferente es que las propuestas de reforma que contiene el informe, de ponerse en práctica, supondrán un cambio no menor en la distribución de la carga fiscal entre los contribuyentes. En otros términos, aunque la presión fiscal se mantenga constante, habrá grupos de contribuyentes cuyo esfuerzo fiscal se reduzca y otro que acabe soportando una mayor carga.

El nudo gordiano de la reforma consiste en reducir tres tributos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades y Cotizaciones Sociales) y subir la carga fiscal en el IVA y en una propuesta no del todo clara de “impuestos medioambientales”. Sobre la imposición medioambiental y la reforma se está concluyendo un primer informe dentro de los trabajos de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, de manera que habrá que esperar un poco.

La propuesta de reforma comparte algunos argumentos que se pueden encontrar en los informes de las dos Comisiones anteriores. Está formulada en términos bastante claros para el lector con conocimientos fiscales intermedios aunque tiene una ‘caja negra’ crucial. Esa “caja negra” es el Modelo REMS utilizado para simular los resultados de las medidas a tomar antes de plasmarlas en el informe. Particularmente, conozco al profesor Lagares desde hace años y su doble condición de Catedrático de Hacienda Pública y de Inspector de Hacienda le hace depositar la confianza “justa” en los modelos económicos cuantitativos.

Lo que sí resulta difícil de entender es la secuencia temporal de la reforma que se plantea. La propuesta parece proponer dos bloques de reforma de aplicación sucesiva. El primer bloque a poner en marcha no incluiría la bajada de las cotizaciones sociales de los empleadores (la única que la reforma considera). Este bloque incluiría –entre otras medidas- una rebaja en el tipo marginal máximo del IRPF, una reducción a cuatro en el número de tramos, la eliminación del método de estimación por módulos y un aumento del mínimo personal y familiar exento para promover una necesaria política natalista que frene el envejecimiento de la sociedad española.

A la pretendida reducción de la carga en el IRPF se uniría una reducción del Impuesto Sociedades no inmediata pero que a medio plazo dejase su tipo legal y efectivo en torno al 20 % (que por cierto es el tipo efectivo que ya pagan hoy la mayor parte de sociedades españolas).

La sorpresa está en la subida que se propone para el IBI de manera que ayude a compensar una posible menor recaudación por IRPF e Impuesto sobre Sociedades. Sin duda se trata esta de una propuesta que será extraordinariamente impopular habida cuenta de la “visibilidad” de este impuesto, esto es, lo fácil que detectan los contribuyentes como impacta en su bolsillo un aumento del mismo.

El segundo bloque de la reforma –que parece diseñado para entrar en vigor en un momento posterior- es el que aborda la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de subir el IVA “o” la imposición medio ambiental. El argumento económico para los reformadores es doble. En primer lugar parte del hecho cierto de que en España el reparto en la carga de las cotizaciones a la Seguridad Social cae del lado de las empresas más que sobre los trabajadores. Con cifras gruesas, de los 90.000 millones de euros anuales que se recaudan, 70.000 millones proceden de las empresas y apenas 30.000 millones de los trabajadores.

El segundo argumento de la Comisión es que una reducción lineal de estas cotizaciones (que para las empresas son un coste laboral más) es más eficaz en la promoción del empleo que el actual entramado de bonificaciones que promueven la conversión de contratos temporales en fijos, la contratación de jóvenes o la contratación de colectivos con graves problemas de inserción.

La compensación de estas rebajas en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se propone hacer a través de un aumento en la recaudación por IVA pero no a través de una nueva subida del tipo general. La mayor recaudación vendrá de una reducción del número de bienes a los que actualmente se aplica el tipo reducido. Probablemente esta compensación se haría de forma conjunta con un aumento de la “imposición ambiental” cuyo comentario posponemos.

Por último y no menos importante, el documento entregado por la Comisión de Expertos se ha hecho a la vez que el Gobierno anunciaba la firma de tres acuerdos sobre el intercambio de información tributaria con otros tantos paraísos fiscales. Se trata de los territorios británicos de Jersey, Guemsey y la famosa Isla de Man. Ninguno de ellos entrará en vigor de forma inmediata pues ahora sólo comienzan unas negociaciones que tardarán, previsiblemente, mucho tiempo. Pero esta coincidencia nos recuerda que en un mundo globalizado cuyo único principio eficaz del derecho internacional parece ser el de libertad de circulación de capitales, las reformas fiscales ‘locales’ tienen un efecto cada vez más limitado por los “efectos desbordamiento” o fuga de capitales. 

(*) José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla.

Conflicto ucraniano ¿Oportunidad o amenaza para la economía española? (José Manuel Cansino en La Razón el 10/3/2014)

Si bien España tiene una dependencia externa absoluta de combustibles fósiles -petróleo y gas- ha desarrollado durante décadas una estratégica diversificación de sus países proveedores con el fin de minimizar el riesgo de suministro. El 14% del petróleo que importa España procede de Rusia pero a diferencia de lo que le ocurre al centro y al norte de Europa, nuestra vía de suministro no atraviesa Ucrania. El crudo importado por España procedente de Rusia (y de alguna otra república ex soviética y centro asiática) se transporta en buques petroleros que parten del puerto ruso de  Novorosíisk. Precisamente un puerto situado en el Mar Negro y en plena zona de conflicto por la invasión 'suave de momento' de Crimea.

(Puerto de Novorosíisk)

Tras la disolución de la URSS, Rusia solamente conserva cuatro de los diecisiete puertos soviéticos del mar Negro. Novorosíisk es el único puerto generalista en agua profunda sobre la costa rusa del mar Negro. En 2005, con un tráfico de 70,8 millones de toneladas, Novorossíisk fue el primer puerto de Rusia. Es un puerto importante para la exportación de petróleo crudo (30 millones de toneladas por año).

Los petroleros que parten del puerto de Novorosíisk, acceden al Mar Mediterráneo a través del Estrecho del Bósforo o estrecho de Estambul.

Por tanto, Crimea no supone para Rusia ningún obstáculo para el acceso al corredor del Mediterráneo pues ya lo tiene garantizado operando desde Novorosíisk, aunque es un puerto con problemas de congestión severa.

El interés por la anexión de Crimea esta vinculada a los intereses geoeconómicos de Rusia, esto es, intereses no sólo económicos sino también geoestratégicos.

Como explica el profesor José Luis Orella -reputado analista de esta zona del Planeta-, sin Crimea, Rusia desaparecería como elemento activo en el Mediterráneo, y países dependientes de su apoyo, como Siria, perderían su gobierno. Incluso países como Argelia el actual Egipto, abiertos a múltiples amistades, abandonarían su posición de compradores de armamento ruso.

Repárese en que la flota rusa del Mar negro que tiene su base en Sebastopol, arrendada a Ucrania, hasta el 2045, lo hace gracias gracias a un acuerdo firmado con el derrocado presidente Yanukovich. De esta base es de donde salen periódicamente los barcos rusos que mantienen su presencia frente a la costa siria. 

En cualquier caso, aunque determinantes, los argumentos económicos no son los únicos detonantes de los conflictos sociales y bélicos aunque esto disguste a los convencidos del materialismo histórico.

Durante la II Guerra mundial, la población tártara residente en Crimea se alineó con las tropas alemanas y rumanas del III Reich. Como castigo tras la victoria aliada Stalin los deportó a Asia Central. Tras la desintegración de la URSS y la independencia de Ucrania, uno de los primeros problemas fue la vuelta de más de 250.000 tártaros que regresaron a su antiguo hogar, y defienden en la actualidad, su pertenencia a Ucrania como minoría islámica y antirrusa. 

El conflicto de Crimea y Ucrania refresca a los países europeos algo en lo que viene trabajando desde hace años; no se puede depender crucialmente del abastecimiento de combustibles fósiles que atraviesan Ucrania y que, en última instancia, proceden de Rusia y de las repúblicas centro asiáticas. Nadie debe pasar por alto que no sólo Europa compite por estos yacimientos, también lo hace China con unas excelentes relaciones con Rusia y un extraordinario gasoducto el desarrollo.

La inestabilidad ucraniana puede ser interpretada por las empresas españolas generadoras de electricidad como una oportunidad de exportación vía Francia siempre que la capacidad de interconexión se aumente. Las generadoras de energía renovable, por su carácter autóctono tienen aquí una oportunidad de negocio si trabajan con costes que alcancen la paridad de red. También es una oportunidad para aumentar la capacidad de la red de transporte de gas argelino a Francia e Italia bien a través del gasoducto Megdaz o del transporte en buques metaneros por el corredor del Mediterráneo.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

PONGAN EL FOCO EN LA INDUSTRIA (José Manuel Cansino en La Razón el 3/3/2014)

La economía española encadenó los dos últimos trimestres de 2013 con un muy moderado crecimiento de su PIB; un 0.1 % y un 0.2 % el tercer y el cuarto trimestre, respectivamente. Se trata de un dato que sólo permite redundar en la afirmación del cambio a mejor de la tendencia de nuestra economía. Un cambio de tendencia que, sin embargo, en cómputo anual volvió a reducir nuestro PIB nominal en un -0.61 % hasta situarlo en 1.022.988 millones de euros.

Sin duda el dato más preocupante sigue siendo el de la destrucción neta de empleo en 265.000 puestos de trabajo en todo 2013 (un -1.6%). Este dato se debe analizar con, al menos, otros dos. El primero es el decrecimiento en el número de horas trabajadas en un 0.6 %; por tanto como el número de horas trabajadas disminuye menos intensamente que el empleo, las personas que conservan sus empleos lo hacen aumentando su jornada laboral.

En otros términos, las empresas aún no confían en la robustez de la recuperación económica o bien no la consideran suficiente para aumentar sus plantillas y prefieren, de momento, aumentar la jornada laboral de sus empleados.

El segundo dato con el que debe conjugarse la destrucción neta de empleo es con el aumento en un 1.2 % de los costes laborales unitarios –CLU- (rentas salariales divididas entre el PIB). La lectura tentadora es la de afirmar que los CLU están aumentando por la presión salarial. Sin embargo, este repunte obedece principalmente a una disminución del denominador. A esto debe añadirse la reciente advertencia del Banco de España acerca de que las estadísticas oficiales no están capturando adecuadamente la moderación salarial que se da en la economía española.

Naturalmente lo del Banco de España es una manera eufemística de advertir sobre que las estadísticas no reflejan lo que todos sabemos, que aquí al que no le han bajado el sueldo, se lo congelaron hace años.

Pero vayamos a las tripas de la contabilidad nacional recién publicada y metamos mano por la parte de la oferta. El INE nos dice que la industria española vuelve a estancarse después de dos trimestres con un pequeño crecimiento del 0.6 %. Coincido con lo que hace poco ha escrito el profesor Rafael Salgueiro cuando avisa de que no habrá crecimiento económico, generación de empleo y garantía para el sostenimiento del estado del bienestar en ausencia de un robusto sector industrial. Y a esto añade “Hemos estado despistados pensando que la innovación puede desarrollarse sin un sector económico que la demande y creyendo que el progreso del sector terciario avanzado no necesita también otro sector que lo arrastre”.

Efectivamente, España y especialmente regiones como la andaluza necesitan poner el foco en conseguir un sector industrial fuerte. En este último caso –el de Andalucía- también en reactivar el sector minero y extractivo aprovechando unos precios internacionales muy favorables. Reparemos que si en 2000, cuando se cierran la mayoría de las minas andaluzas, el precio de la tonelada de cobre se vendía a 1.500 dólares mientras que ahora ese precio es de 7.000.

Pero de entre los retos a superar para el rearme industrial de la economía española está el del coste de la energía. En Europa pagamos por la electricidad el triple que en EE.UU. y el doble por el gas. Un ejemplo suficientemente ilustrativo lo traía a colación Luis Montoto hace tan sólo unos días cuando recogía el dato de que una factoría refinera con las mismas dimensiones que la de CEPSA en Algeciras, paga en EE.UU. 200 millones de dólares menos en costes de energía que una española.

El coste de nuestra factura energética en absoluto es la única causa que impide salir de una crisis que, en su origen, ha sido una crisis financiera que se tradujo en una fortísima crisis de deflación de deuda, pero reparemos en algo importantísimo. Desde el inicio de la crisis en 2008 hasta ahora, la destrucción de empleo en España ha sido muchísimo mayor que la caída del PIB. Esto evidenció que teníamos una “Economía fingida” si se me permite la autocita y la necesidad de poner los pilares de una economía sólida que en futuro aguantase mejor las crisis. Un pilar fundamental de esa economía recia que necesitamos es un sector industrial fuerte que no sume el alto coste de la energía a los obstáculos que ya ha de superar.

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso. Profesor Titular de la Universidad de Sevilla.