He participado en el programa de la TV Finlandesa sobre burbuja española

Cifras Lúgubres (José Manuel Cansino en La Razón 24/12/2012)

De entre las maldades que dicen de los economistas sobresale aquella que afirma que nos dedicamos a explicar por qué no sucedió ayer lo que habíamos previsto antes de ayer. Aceptando lo que de razón hay, me gustaría también oír de vez en cuando por qué la Epidemiología nos hizo gastar miles de millones en vacunas contra la gripe A o por qué la Meteorología no evita millones de muertos previendo oportunamente las catástrofes naturales.

La Economía tiene una aparataje matemático como la Física o la Química pero un objeto de estudio –el ser humano- de comportamiento mucho menos predecible que el del metal cuando se le aplica calor y se dilata.

A pesar de ello seguimos haciendo previsiones porque es la única forma de minimizar los errores cuando se toman decisiones en ambientes de incertidumbre, lo que hacemos casi a diario aunque no seamos del todo conscientes.

En estos días, la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha publicado el denominado ‘consenso’ de previsiones económicas para 2013. En definitiva, un conjunto de estimaciones para las principales magnitudes macroeconómicas y que resultan de calcular la media aritmética de 18 previsiones realizadas por otros tantos centros de prospectiva.

De acertar estas previsiones en 2013 tendremos una caída del PIB del -1,5% lo que nos sitúa 3 puntos por debajo del ritmo que se necesita para generar empleo neto, y es que después de la última reforma laboral, se necesita crecer al 1,5 % para que los empleos que se creen sean más que los que se destruyen. Naturalmente esta es otra estimación que, además, no ha podido ser contrastada. En cualquier caso se estima que el desempleo siga cayendo en un -2,9 %. Durante 2012, Andalucía ha mostrado caída del PIB menos acusadas que, en tasa interanual y según BBVA research, estarían en el -1,1%.

La caída de la producción industrial es especialmente acentuada y preocupante (-2,9 %) porque nos sigue recordando que tenemos en buena medida una ‘Economía fingida’, sin sectores económicos sólidos en la denominada ‘economía real’.

El dato más positivo sigue siendo el de nuestro sector exterior ya que se espera alcanzar el equilibrio en la Balanza de Pagos por cuenta corriente el próximo año. Varios factores explican este favorable comportamiento de nuestro sector exterior pero también se consolida una amenaza de la que ya se venía hablando.

La caída de la renta nacional explica buena parte de la disminución de nuestras importaciones y, consecuentemente, el reequilibrio de la Balanza comercial (la primera de las balanzas que integran la Balanza por cuenta corriente). Importamos menos bienes de consumo pero también importamos menos bienes de inversión en detrimento de nuestra capacidad productiva.

El otro factor que explica la mejora de nuestro saldo exterior es la devaluación interna que sufre la economía española. Ante la imposibilidad de devaluar la propia moneda, los salarios españoles continúan disminuyendo, con ellos los costes de producción y aumentando la productividad. En concreto, los costes laborales unitarios se prevé que disminuyan un 0,9% y que la productividad aumente un 1,5%. La tendencia anterior se verá subrayada porque, en términos de poder adquisitivo, muchos salarios disminuirán al no compensarse por la inflación con la que se prevé cerrar 2012; un 2,4%.

Con respecto a la amenaza que se cierne sobre nuestro sector exterior, el consenso publicado por FUNCAS confirma el estancamiento de la Unión Europea –principal destino de nuestros productos y origen de nuestro turismo- y, esto es más novedoso, la ralentización del crecimiento de muchos países emergentes algunos de ellos amenazados por burbujas inmobiliarias.

Con todo, el caso particular de Andalucía muestra un muy buen comportamiento del sector exterior (con un crecimiento del 2,9 % en el segundo trimestre de 2012) que, sin embargo, no llega a compensar la fuerte caída de la demanda interna (-4% en el mismo periodo).

Por último, el déficit público de 2012 rebasará el objetivo del 6,3 %, puede que hasta el -7,2 % pero justo ocurre esto cuando la Comisión Europea parece dispuesta a ampliar el plazo para que la España vuelva a situarse en el -3%. A pesar de ello, los ajustes presupuestarios seguirán siendo duros y esto es especialmente duro para Andalucía si se tiene en cuenta una de las principales debilidades de su economía; la extraordinaria dependencia del sector público.

Desintoxicación petroaclcohólica. Camino de las ciudades inteligentes (José Manuel Cansino en boletín inspira de la Fundación Roger Torné. 18/12/2012)

En 2007 por primera vez la población urbana mundial superó a la rural. Esto ha supuesto un cambio en la residencia de la población mundial hacia emplazamientos más energéticamente dependientes y, por tanto, emisores de gases de efecto invernadero y generadores de residuos convencionales.

Foto: Smart Cities (via Flickr)

La sostenibilidad del planeta pasa necesariamente por introducir cambios significativos en el planeamiento urbano y en el parque de viviendas –tanto existente como nuevo-. Las ciudades inteligentes o smart citiesacentúan de esta forma su carácter estratégico para garantizar un desarrollo medioambientalmente saludable y sostenible.

Aunque la idea de ciudad inteligente no es nueva y podemos encontrar iniciativas serias en la segunda mitad del siglo XX en Alemania, posiblemente el proyecto más avanzado sea el de la ciudad de Masdar en pleno desierto de Abu Dhabi. Resumidamente se trata de una ciudad diseñada para acoger 50.000 habitantes en 640 hectáreas, con una inversión de 15 billones (americanos) de dólares y cero emisiones de CO₂ y de residuos. Las nulas emisiones de CO₂ se logran gracias a que las únicas fuentes de energía a utilizar son la eólica y la fotovoltaica. Hay quien ha señalado que el desarrollo de las energías renovables en Oriente Medio se financia con el combustible fósil que compra Occidente; una sociedad petroalcohólica.

Sea como fuere, el camino hacia ciudades de este tipo es incierto. Lo que no es impensable es una sociedad occidental con pasos sensatos hacia un uso eficiente de la energía y un uso creciente y económicamente asumible de las energías renovables.

En el primer caso, en el de la eficiencia energética, la obligatoriedad de la certificación de eficiencia energética de los edificios nuevos que ha introducido el Código Técnico de Edificación y la obligatoriedad de la misma para los edificios ya existentes que entrará en vigor en breve, hace que las mejoras en el consumo eficiente de la energía dentro de los edificios sea un logro tangible. Valga de muestra un botón, el consumo energético de una vivienda con certificación A (la más eficiente) es un 86,4 % menor que el de una vivienda G (la menos eficiente).

Nótese que, para una nación como España, el déficit energético representa el 4 % de nuestro PIB con datos de 2011, por tanto, cualquier ganancia en eficiencia energética sería bienvenida si además de lograrse en los hogares se alcanza en la industria.

El segundo camino hacia ciudades más inteligentes es la regulación del autoconsumo energético, concepto éste íntimamente ligado al del balance neto.

Foto: Quenergia.com

A partir del 31 de diciembre de 2018 para los edificios públicos y del 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios de nueva construcción en España, deberá acreditarse su condición de edificios de consumo de energía casi nulo.

Se trata de un importante cambio en el sector energético pues el consumidor de energía se convierte también en productor de la misma al verse obligado a instalar sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables (miniaerogeneradores, calderas alimentadas esencialmente por biomasa, etc.).

En el caso de la energía eléctrica, la cantidad generada por la instalación de cada edificio se vierte a la red y en caso de que la generación sea inferior al consumo, el diferencial se suministraría procedente de otras fuentes a través de la empresa distribuidora.

Mediante un contador, el balance neto permite consumir la prioritariamente la energía producida y sólo cuando éste resulte insuficiente, comprar la energía restante al distribuidor. La energía generada por cada edificio y vertida a la red se pagaría a precios sin las primas de las que se benefician las tecnologías acogidas al régimen especial de tarifas.

En definitiva, el camino hacia ciudades más inteligentes desde el punto de vista del consumo energético sostenible se ha comenzado a recorrer.

Muchas de estas cuestiones están ya en la agenda investigadora de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medioambiente nacida de un acuerdo entre la Universidad de Sevilla y la Fundació Roger Torné. Así, acaba de finalizarse un estudio comprehensivo de las medidas de eficiencia energética desarrolladas en los países de la Unión Europea. Los primeros resultados de la valoración económica del daño de las emisiones de CO₂ en la salud se presentarán en marzo de 2013 y el planeamiento urbano inteligente forma ya parte de nuestros proyectos de investigación. En definitiva una agenda investigadora ambiciosa para responder a unos grandes desafíos.

Promotores de empleo al paro (José Manuel Cansino en La Razón 17/12/2012)

Las Administraciones Públicas, como las familias –que son quienes las financian–, deben jerarquizar sus recortes aunque cuando de despedir a alguien se refiere, todas las personas merezcan el mismo respeto.

Similar obviedad deja de serlo tanto cuando de lo que se trata es de elegir entre los servicios que se dejan de prestar, los que se reducen y los que se mantienen. Entonces, aunque todos los que pierden su empleo opinen que su labor es socialmente imprescindible, acaba resultando que –como en los gastos familiares– unos son más imprescindibles que otros.

Recortar linealmente, suprimiendo la paga extra o imponiendo una tasa de reposición casi nula, no es gestionar bien porque no todos los servicios satisfacen necesidades igualmente urgentes.

En los últimos días, la Junta de Andalucía ha decidido no sólo prescindir de los denominados «promotores de empleo» sino también de los «asesores de empleo» que trabajaban para el SAE. Personas cuya tarea principal era agilizar la conexión entre los demandantes de empleo y los oferentes del mismo.

Cualquier ex empleado público de la Sanidad o de la Educación puede pensar que su labor era menos prescindible que la de estos nuevos desempleados. Es posible que sea así pero en el caso de los inminentes ex trabajadores del SAE concurren dos agravantes que desde el punto de vista económico no son menores.

Hace pocas fechas y desde estas mismas páginas traíamos a colación dos recientes estudios científicos que analizaban la efectividad de las diferentes «políticas activas de empleo». Los estudios a los que me refiero son el de Jochen Kluve, publicado por la reputada revista «Labour Economics», y el publicado por este mismo autor junto con David Card y Andrea Weber, en el no menos reputado «Economic Journal».

Los estudios eran inconcluyentes en los efectos de algunas políticas de empleo. Por ejemplo, y a pesar de lo que habitualmente se piensa, las políticas de formación de desempleados no tienen unos efectos inequívocamente positivos. Es posible que a ello contribuyan los escandalosos e impunes «mangazos» presupuestarios de las más variopintas asociaciones «amigas del poder» que recibían subvenciones para desarrollar cursos de formación aunque semejante tarea les fuese extraña. En lo que sí coincidían los estudios publicados era en que los servicios públicos de empleo suponían la política activa más eficaz para reducir el desempleo. Un desempleo que en el caso de Andalucía asfixia al 35,4% de la población activa y además lo hace de una manera pertinaz.

Éste es el primer agravante que concurre en el despido del personal del SAE, es decir, debilita al más eficaz mecanismo de lucha contra el desempleo que, además, es el principal problema de la economía española y andaluza.

En el fondo trasluce un grueso desinterés de los representantes políticos por conocer el efecto de las políticas que desarrollan. Y es que no tiene sentido persistir en emplear recursos en políticas cuya eficacia se desconoce y que perviven en el presupuesto sólo porque tienen una gran repercusión mediática o porque a través de ellas se paniaguan a los amigos mediante subvenciones obscenas.

La evaluación de políticas públicas es la que permite gestionar lo más eficazmente posible el dinero de todos, precisamente, porque permite reforzar presupuestariamente las más eficaces, prescindir de las inútiles y corregir aquellas que deban mejorarse. Un papel más central de la evaluación de las políticas públicas no sólo sumaría transparencia a la gestión sino que, además, reforzaría la calidad del Gobierno.

Pero hay un segundo agravante en el despido de estas personas y es que alguno de sus portavoces ha denunciado que el trabajo que realizaban no se ajustaba al cometido para el que fueron contratados y que, esencialmente, consistía en entrevistarse con las empresas y particulares que necesitaban contratar a personas, definir el perfil de los puestos de trabajo a cubrir, inventariarlos y favorecer que las personas desempleadas encontrasen un empleo y las empresas, buenos candidatos.

De ser esto cierto la Administración hubiera repetido el mal ejemplo de emplear recursos para fines diferentes para los que fueron contratados; una cuestión que habría de resolverse judicialmente pero que redundaría en la ineficacia en la lucha contra el desempleo. En definitiva, el primer problema de la nación y de la región andaluza, que va camino de sumar los 2,7 millones de desempleados.

Aunque el igualitarismo imperante en la actualidad no lo soporte y cada persona despedida de su trabajo vive su propio drama, las administraciones, como sucede con las familias, no pueden aplicar un criterio de recorte lineal porque no todos los servicios públicos atienden necesidades igualmente acuciantes.

La industria y el humo (José Manuel Cansino en La Razón 10/12/2012)

La publicación por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Índice de Producción Industrial (IPI) de octubre es una buena ocasión para reflexionar sobre la magnitud de la economía real frente a la economía financiera.

Una vez que se elimina el «efecto calendario» (la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mismo mes en los distintos años), la tasa anual española del IPI en octubre ha vuelto a ser negativa, aunque menor que la registrada en septiembre (-3,3% frente al -7,5%).

Andalucía ha mostrado una tímida tasa positiva del 1,6%, muy alejada del crecimiento del 6,6% catalán pero también lejos del -14,5% que ha registrado Asturias. Como siempre ocurre, los datos estilizados son más jugosos para el análisis económico que los grandes agregados.

Por ejemplo, de entre los sectores económicos que crecen está el de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, lo que tiene como causa explicativa algo tan sencillo como que hace más frío y que los hogares españoles están muy electrificados.

También crece, y mucho, la fabricación de productos químicos, muy vinculada a la industria farmacéutica, a los resfriados y gripes otoñales y al notable éxito exportador de grandes laboratorios españoles como la multinacional Grifols y, a escala más pequeña, el laboratorio cordobés Pérez Giménez. Repárese en que el crecimiento del sector farmacéutico obedece esencialmente a las exportaciones de medicamentos, pues el gasto sanitario interno después de la implantación del euro por receta ha caído ya en 803 millones de euros.

Si nos fijamos ahora en los sectores industriales con un crecimiento negativo nos topamos con el de la producción de bienes de equipo (-2,5%) y el de la producción de bienes intermedio (-1,1%). Esto nos indica que la demanda de bienes de inversión continúa disminuyendo. Una preocupante realidad que debe atribuirse al doble hecho de que las empresas siguen sin prever un aumento de sus ventas –por tanto, no necesitan aumentar su capacidad productiva– y también a la contracción del crédito («credit crunch»). Esto es, aunque hubiese empresas decididas a emprender inversiones con una tasa de retorno atractiva, no habría crédito para financiarlas.

Analicemos ahora la información del INE atendiendo al destino económico de los bienes industriales producidos. Las conclusiones no son muy distintas. Cae la producción de bienes de equipo (-10,9%), de bienes de consumo duradero (-10,8%) y la de bienes intermedios (-6,9%).

Los datos regionalizados para Andalucía son un poco mejores pues, como se ha señalado, la tasa de variación anual del IPI ha sido positiva aunque pequeña (1,6%). Por destino económico de los bienes industriales, creció un 10,8% la energía, un 2,5% los bienes de equipo y un 1,8% los bienes de consumo. El dato negativo lo ha aportado el decrecimiento en un -15% de la producción de bienes intermedios.

A partir de lo anterior, lo único que se puede decir es que seguimos cuesta abajo aunque, acaso, con menor velocidad de desplome. En cualquier caso, sin visos de iniciar la remontada.

La radiografía anterior lo es de la industria «real», adjetivo que toma su raíz del latín «res-rei»; cosa. En definitiva, nos hemos referido a la actividad industrial que consiste en producir bienes tangibles.

Analicemos ahora la economía financiera cuya relación con la economía real motiva este artículo. En 2007 el porcentaje de activos financieros sobre el PIB mundial superaba el 343% –una relación de 1 a 3– y ello sin tener en cuenta lo que se estaba generando en el mercado de activos financieros derivados (unos 600 millones de dólares según «The Economist»). A principios de 2009, la relación entre actividad productiva o economía real y riqueza financiera llegó a ser de 1 a 5 según los economistas José Carlos Arias y Antonio Costas. El resultado de esta «financierización» de la economía ya lo conocemos y sufrimos.

Los instrumentos financieros han permitido el flujo del crédito y la cobertura de riesgos; faltaríamos al rigor si no se reconociese. Pero el alejamiento galopante de la economía financiera de la economía real que mide –entre otros índices– el IPI ha provocado una crisis terrible que debe obligarnos a recuperar un sistema bancario dual donde coexista la banca de depósitos con la banca de inversión pero perfectamente diferenciadas. De lo contrario, volveremos a hacer del humo financiero un producto industrial.

#megustaEspaña

Me he sumado a la campaña #megustaEspaña del periódico La Razón y lo he hecho enviando este texto que comparto con los amables visitantes de este blog.

“Necesitamos recuperar para nuestro vocabulario cotidiano el término Patria, sorprendentemente escueto en apariciones en la Constitución de 1978 pero habitual en cualquier texto constitucional homologable. Urge recuperarlo de forma desideologizada, transversal y valiente de manera que en la Patria nos reconozcamos todos los españoles en una España ancha y alegre. Una España que se proyecte hacia dentro e internacionalmente sobre la idea de nación-empresa orteguiana. Un sugestivo proyecto de vida en común que nos libere de un seguidismo de comparsa fuera y del yugo de los particularismos domésticos. Hagámoslo porque lo que queda de solidaridad está encerrado en la idea de España. La Patria común”.

José Manuel Cansino

Las divinas palabras del probo funcionario (por José Manuel Cansino en La Razón 3/12/2012)

(El exinterventor general de la Junta de Andalucía a la izquierda. Foto: La Razón)

Al día siguiente de uno de los centenares de crímenes de ETA hubo un humorista gráfico que, harto de la reacción política al uso, dedicó su viñeta a dibujar a dos personas. Una de ellas, indignada, reclamaba acciones duras contra los terroristas y la otra le contradecía haciéndole ver que «no había nada como un comunicado de enérgica condena».

Con las comisiones parlamentarias de investigación ocurre algo parecido. Pocas iniciativas más inútiles encuentro que su propia existencia. Primero, porque en ellas el Poder Legislativo se arroga unas atribuciones que lo son del Poder Judicial y segundo, porque si de exigir responsabilidades se trata, para ello ya está el criterio del ciudadano-votante que sabrá sancionar o premiar con su voto al culpable y al eficaz.

En la última semana ha circulado como la pólvora entre los departamentos universitarios de Economía Pública y también de los de Derecho Financiero, la carta que el ex interventor general de la Junta de Andalucía ha dirigido al Presidente del Parlamento andaluz en relación con el dictamen de conclusiones de la Comisión de los ERE.

La carta podría perfectamente haber circulado también por los departamentos de Literatura porque es una pieza de calidad literaria notable en la que el lenguaje técnico-jurídico se sostiene sobre el bastidor de la obra de teatro «Divinas Palabras» de Valle-Inclán.

El ex interventor golpea el argumento central del dictamen aprobado por la mayoría de la Comisión de los ERE cuando apunta al supuesto «Informe de actuación» que, según el dictamen, debería haber realizado la Intervención General de la Junta de Andalucía para impedir la tropelía de los ERE falsos. Tropelía que califica el ex interventor –con las cifras en la mente– del mayor caso de corrupción económica de España.

Efectivamente, el pretendido «Informe de actuación» no tiene ni causa legal (sin causa no puede haber efecto), ni destinatarios ni organismos que hubieran de tener en cuenta sus conclusiones. Y no sólo denuncia esto quien resulta señalado por el dedo acusador del dictamen, sino también el propio Gabinete Jurídico de la Cámara de Cuentas (órgano de control externo que depende del propio Parlamento que acoge la Comisión de Investigación) y los tres interventores generales que le han sucedido en el cargo.

Pero la carta es literalmente excepcional, no sólo en su interés académico para la Economía Pública, el Derecho Financiero y, acaso, la Literatura valleinclanesca, sino también para el procedimiento judicial abierto. Su autor auxilia la labor de la Fiscalía y de los magistrados al apuntar hacia los órganos de la Administración autonómica que podían haber detenido la corrupción «en sólo 24 horas». Y todo ello, con sólo haber tenido en cuenta los informes de auditoría que la Intervención General estuvo remitiendo durante diez años a la Consejería de Hacienda. Diez años de inacción y quince auditorías recibidas. Un hecho tan elocuente como groseramente eliminado del documento final como si hubiese sido redactado con tinta de broma, como oportunamente ha escrito Félix Machuca.

Lo peor de todo esto hubiera sido la impunidad. Tenemos un país donde detentar un cargo público es asumir la sombra de la sospecha. Y esto vale desde Urdangarín hasta quien tiene cuentas en Suiza y no recuerda cómo. Esto no es bueno para nadie, ni para los políticos ni para el resto de ciudadanos.

La impunidad es la que explica un nivel de fraude fiscal tan elevado. No pagar impuestos es un resorte social al que el ciudadano recurre como actitud compensatoria ante el mangazo impune de quienes administran su dinero. 

Por eso la carta es también excepcional, porque contra pronóstico ha conseguido que Izquierda Unida se resista a la ignominia de respaldar semejante caso de corrupción. En este proceso me consta que ha jugado un papel importante el diputado comunista y profesor de Economía, Alberto Garzón. Pocos políticos se sobreponen al rédito cortoplacista de cambiar un voto con la nariz tapada por unos metros cuadrados más de moqueta; por eso deben ser reconocidos.

Al final el rechazo del dictamen debe ser celebrado no sólo por el PP y por el sector crítico de IU, sino también por aquella parte del PSOE que alertaba sobre tamaño error. Pero, sobre todo, debe ser celebrado por los ciudadanos.

 

Añoranza del ladrillo. Aunque sea viejo (José Manuel Cansino en La Razón 26/11/2012)

La eficiencia se ha convertido en una pieza clave de la política energética de la Unión Europea y, consecuentemente, de España. No en balde la Agencia Internacional de la Energía estima que en 2035 el ahorro total asociado a mejoras en la eficiencia energética equivaldría a la quinta parte de la demanda global de energía de 2010. Probablemente se trate de una estimación demasiado halagüeña pues no existe precedente hasta ahora de ninguna economía que, en un par de décadas, consiga ganancias de eficiencia similares.

España ha ido transponiendo a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas Comunitarias en esta materia y así desde 2007 está en vigor la obligación para los edificios de nueva construcción de disponer de un certificado de eficiencia energética.

Tanto por el ahorro que supone el uso más eficiente de la energía como por las crecientes obligaciones legales en esta materia, han emergido las denominadas empresas de servicios energéticos (ENEs), que facturarán unos 900 millones de euros en 2012. En total son unas 540 empresas las que conforman actualmente el sector.

Sin embargo, las expectativas de negocio de las ENEs tras la entrada en vigor en 2007 de la certificación energética obligatoria de los nuevos edificios se vio pronto truncada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Ahora las expectativas vuelven a mejorar con la próxima entrada en vigor del Real Decreto que obligará a disponer de una certificación de eficiencia energética a los edificios ya existentes.

El Real Decreto –ahora en fase de información pública– obliga a los propietarios de edificios, viviendas o locales a disponer de este certificado llegado el momento de su venta o alquiler. Para ello necesitan de un certificado que extendería un técnico certificador –una nueva salida profesional que aparece– que basará sus cálculos en un programa informático de libre acceso (CALENER) confeccionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).

Previsiblemente muchos de estos «técnicos certificadores» procedan del sector de las empresas de fontanería, climatización, etc. con cuya Confederación ya ha firmado un acuerdo la asociación nacional que agrupa a las ENEs. Es más que probable que en breve, los administradores de fincas comiencen a recibir ofertas para que las comunidades de vecinos dispongan de este certificado junto con un plan de ahorro que acredite cuánto se pueden ahorrar los vecinos con una serie de medidas de mejora de la eficiencia. Estas medidas pueden ser importantes pues hay estimaciones que cifran en un 86,4% el máximo ahorro energético que puede alcanzar un edificio medido como la diferencia entre el consumo energético de un edificio A (el más eficiente) y el de un edificio C (el más ineficiente).

Existe, por tanto, una «añoranza del ladrillo» aunque sea viejo, utilizando el título de la exitosa novela de Blanco Corredoria «Añoranza de guerra». Pero la añoranza por el ladrillo y el negocio que genera no queda en el terreno de la eficiencia energética. La verdadera revolución está por llegar.

Esa revolución podría comenzar el 31 de diciembre de 2018 para los nuevos edificios públicos y el 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios nuevos construidos en España. A partir de esa fecha todos los edificios deben ser «edificios de consumo casi nulo», lo que convierte al consumidor de energía en productor al mismo tiempo.

En definitiva, los nuevos edificios tendrán que disponer de sistemas de generación de energía (eléctrica, térmica y/o de refrigeración) que utilicen energías renovables y que autoabastezcan el consumo de los propios vecinos. Sólo en caso de necesidad (por ejemplo cuando no sople el viento o no brille el sol), los vecinos consumirán energía procedente del resto de fuentes generadoras. 

Para esto último, sin embargo, habrá que esperar a la aparición del Decreto de balance neto de energía, pero eso es otra historia.

Lo que sí parece haber es añoranza por el ladrillo. Aunque sea viejo.

El Golfo ya no es tan Golfo (José Manuel cansino en La Razón 19/11/2012)

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acaba de hacer público el panorama energético mundial con el horizonte puesto en 2035. Ofrece un panorama que anuncia grandes cambios en el papel de los países, las regiones y los combustibles.

El dato que más ha trascendido es el papel emergente de EEUU que se convertirá en exportador neto de gas natural a partir de 2020 y también en exportador de petróleo. Este último hecho debilita la posición predominante que hasta ahora mantenía el Golfo Pérsico como punto de salida del crudo del Mar Caspio y avispero de conflictos internacionales. El reciente conflicto provocado por Irán y el papel jugado por Rusia y China es sólo el último ejemplo de una crisis latente cuya raíz es el control del crudo que fluye a través del Golfo y que, en 2035, la AIE estima que en un 90% tendrá como destino Asia y no Occidente. Con la irrupción de EEUU el Golfo parece que no seguirá siendo tan Golfo.

La influencia de Rusia se verá también atenuada al ser desbancada por Iraq como segunda potencia exportadora de petróleo que quedará tan sólo por detrás de la Liga Árabe al cubrir el 45% del crecimiento de la producción mundial de crudo. 

Lo anterior es crucial porque los combustibles fósiles seguirán dominando en los próximos años el «mix» energético global con una demanda de petróleo que alcanzará los 99 mb/d y empujará el precio del barril de crudo hasta los 215 dólares en el mismo año que la AIE considera en su informe.

También la demanda de gas natural se prevé que aumente hasta un 50% en 2035 y será abastecida principalmente por la mayor producción de, nuevamente, EEUU junto a Australia y China. 

El comportamiento del otro combustible fósil por excelencia, el carbón, no es tan previsible. Aunque la AIE maneja una previsión en la que la demanda mundial aumentará en un 21% (principalmente debido al mayor consumo de China e India), la evolución efectiva de la demanda dependerá de los acuerdos internacionales sobre emisiones de gases de efecto invernadero y del comportamiento del precio del gas natural. Sobre el primer punto las perspectivas no parecen ser muy halagüeñas habida cuenta de que, en este momento, los países que son responsables del mayor volumen de emisiones están fuera de los acuerdos de Kyoto.

Hay otros dos cambios relevantes que señala la AIE. Ambos afectan a España. 

El primero es el protagonismo creciente que se atribuye a las energías renovables en la generación de energía eléctrica pues ya desde 2015 se estima que se convertirán en la segunda fuente generadora y podrían desbancar al carbón en 2035. 

España tiene empresas que son líderes mundiales en algunas de las tecnologías renovables y, por tanto, la previsión de la AIE es buena. No obstante, esta trayectoria de las renovables depende del mantenimiento de los subsidios a estas energías; unos subsidios que absorberían en 2035 y en todo el mundo hasta 4.8 billones de dólares (atención porque el dato de la AIE aparece en trillones que equivalen a billones españoles). 

La prometedora trayectoria de las renovables también estará limitada por la disponibilidad de agua, ya que resulta un recurso esencial para algunas de las tecnologías y no todos los países disponen de ella en abundancia. Téngase en cuenta que el sector energético es responsable del 15% del consumo mundial de agua, consumo que tendería a aumentar si, por ejemplo, los biocombustibles de primera generación ganan protagonismo.

El último cambio relevante subrayado por la AIE en su informe es la importancia que va a jugar la mejora en la eficiencia energética. 

Una cifra resulta suficientemente ilustrativa: en 2035 el ahorro total asociado a mejoras en la eficiencia energética equivaldría a la quinta parte de la demanda global de energía de 2010.

Un estudio reciente de la mejora de eficiencia energética que España necesita para cumplir los compromisos para 2020 ha sido realizado por investigadores de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla.

La promoción pública de medidas de eficiencia energética es más barata que la promoción de energías renovables a través de subsidios. Además representa extraordinarias oportunidades de negocio para las empresas especializadas en aislamiento de edificios o en el diseño y construcción de ciudades inteligentes. He aquí otro camino para ir saliendo de esta crisis.

 

El misterioso bono a 20 años (José Manuel Cansino en La Razón, 12/11/2012)

Con la subasta del pasado jueves el Tesoro español ha colocado ya en el mercado deuda suficiente para afrontar los pagos en lo que queda de 2012. La cantidad total de deuda colocada ha sido de más de 4.760 millones de euros.

Hay tres hechos relevantes en esta última subasta que merecen ser espigados.

El primero y más evidente es que la necesidad de acudir a un rescate sigue desvaneciéndose aunque persistan voces que le atribuyen unas propiedades salvíficas que no han tenido para ninguno de los países rescatados. Ni Grecia, ni Irlanda ni Portugal han podido volver a financiarse en los mercados.

El segundo hecho relevante es menos inmediato pero igualmente importante. Me refiero a la estructura de vencimientos de la deuda que se acaba de colocar. Se trata en buena medida de deuda pública a medio y largo plazo (3,5 y 20 años), esto es, la más difícil de colocar porque los compradores son más reticentes ante el posible riesgo de impago cuanto más largo es el plazo de amortización. Lo contrario, es decir, emitir deuda a corto plazo (letras del Tesoro) para pagar los vencimientos de la deuda a medio y largo plazo, es verdaderamente peligroso y debe encender las alarmas de rescate inminente. No es así para el caso español. Hemos recuperado bastante confianza internacional a pesar de que nuestra economía sigue decreciendo y conseguimos que nos presten dinero a más de tres años.

El tercer hecho es verdaderamente inquietante y no debe pasar por alto. Me refiero a la emisión de bonos a veinte años que incluía la subasta del pasado jueves. En concreto 731 millones de euros del total de 4.760 millones que emitió el Tesoro, tienen un vencimiento a veinte años. Un plazo de amortización inusual y extraordinariamente largo que, aún así, ha conseguido colocarse aunque, naturalmente, a una rentabilidad más alta. Concretamente el Tesoro ha tenido que pagar una rentabilidad promedio del 6,4% por estos bonos.

La lectura trivial del asunto es que la confianza de los mercados en la solvencia de la economía española es muy buena porque está dispuesta a confiar en que dentro de veinte años estaremos en condiciones de devolver los 731 millones de euros que nos acaban de prestar.

Pero, un comentario anónimo aparecido en un medio de comunicación especializado nos ponía sobre la pista de la siguiente hipótesis.

Como es sabido, en los últimos años, la estructura de tenedores de la deuda pública española (las entidades que nos compran la deuda) ha cambiado. Ahora no son mayoritariamente bancos extranjeros los que la compran, sino bancos nacionales que primero le piden prestado el dinero al Banco Central Europeo a un tipo de interés bajísimo y luego compran la deuda obteniendo una rentabilidad mayor.

Imaginemos que un gran  banco diseña el siguiente negocio. Se trataría de un banco de estos que están al quite y dispuestos a comprar deuda en cada subasta con tal de no dejar la reputación española por los suelos (una emisión sin cubrir sería letal para nuestra credibilidad).

Entre sus clientes está una gran empresa aseguradora (o varias) con una cantidad importante de dinero procedente de las primas pagadas por sus asegurados al que le quiere sacar una rentabilidad alta. La necesidad de liquidez del dinero de la aseguradora es mínima. Sólo tienen que pagar a sus asegurados cuando se produzca la contingencia, por ejemplo, cuando alcancen una determinada edad. De manera que están interesadas en obtener una buena rentabilidad para una cantidad importante de dinero de la que no tienen necesidad de disponer a corto ni medio plazo.

Entonces el banco, sabedor de la intención de su cliente –la empresa aseguradora– decide ofertar un fondo de inversión de rentabilidad fija pero muy alta, lo que en principio no suele ser fácil.

Así que el banco, que siempre está al quite para echar una mano al Tesoro cuando hace falta, pero con dinero del Banco central Europeo, influye para que el Tesoro emita una importante cantidad de bonos con un vencimiento a veinte años que serán el cautivo subyacente del Fondo de Inversión que ofrecerá el banco a su cliente. Sigamos imaginando que el Tesoro acepta (porque sabe que la emisión va a cubrirse) y emite el bono.

En este caso, el banco ha conseguido una rentabilidad muy alta comprando con dinero que ha pedido prestado a bajo interés. Compartirá esta rentabilidad con la empresa aseguradora pero los intereses los tendremos que pagar con nuestros impuestos y con los impuestos de nuestros hijos.

¿Suena muy extraño, verdad? Pues pregúntense cuántos bonos a 20 años se han emitido últimamente.

Contra el paro (José Manuel Cansino en La Razón. 29/10/2012)

Ni aeropuertos sin aviones ni trenes sin pasajeros ni tranvías almacenados en cocheras tendríamos si tales vergonzantes y millonarias decisiones hubiesen dependido de una evaluación rigurosa y previa de su intensidad de uso. 

Naturalmente ninguna evaluación previa es infalible pero, si es rigurosa, reduce acentuadamente el riesgo de dilapidar el dinero de todos y con ello mejora la valoración que los ciudadanos hacemos de nuestra Administración pública. Esto último es clave para que el fraude fiscal no se dispare.

Con las políticas activas de empleo orientadas a reducir el paro ocurre lo mismo. Absorben muchos recursos –en España un 0,86% del PIB en 2009 según la OCDE–, pero no abundan las evaluaciones que nos digan qué tipo de política es la más adecuada para afrontar un problema tan crucial como el tener a 5.778.100 españoles parados.

Dos estudios relativamente recientes para el conjunto de la Unión Europea arrojan resultados interesantes de los que España ha tomado nota pero sólo parcialmente.

Los estudios a los que me refiero son el de Jochen Kluve publicado por la reputada revista «Labour Economics» y el publicado por este mismo autor junto con David Card y Andrea Weber, en el no menos reputado «Economic Journal».

El conjunto de políticas activas de empleo analizado es muy comprehensivo e incluye a los tradicionales programas de formación –tanto en centros como en el propio puesto de trabajo–, los programas de incentivos para la contratación por las empresas privadas –a través de subsidios a los costes salariales o ayudas al autoempleo–, los programas de contratación directa por la Administración pública y los programas que financian las actividades de ayuda a la búsqueda de empleo –mediante servicios de empleo tanto privados como públicos–, que además incluyen mecanismos de sanción. Estas sanciones se aplican cuando, por ejemplo, el desempleado no acude a las entrevistas de trabajo o rechaza ofertas de empleo sin causa sustantiva.

Ambos estudios no siempre llegan a conclusiones similares, lo que pudiendo parecer desconcertarte no es científicamente novedoso en ciencias sociales como la Economía. Otra cosa es que socialmente se le siga atribuyendo a esta ciencia una infalibilidad que es palpable que no tiene.

Vayamos por partes.

A pesar de ser la política activa de empleo de más larga tradición y gozar de una buena acogida ciudadana, ambos estudios señalan que las políticas de formación no son, precisamente, las que mejores resultados arrojan a corto plazo para las personas que se benefician de ellas. Particularmente esos resultados son aún más débiles cuanto más recientes son las investigaciones. Esta cuestión no debe pasar por alto pues son las que se soportan en bases de datos más completas y utilizan las técnicas de evaluación más depuradas. Sin embargo, los resultados a más largo plazo, más de dos años después de terminar la formación, no son tan negativos.

Es importante ser riguroso aquí pues las investigaciones a las que nos referimos no afirman que los resultados de las políticas de formación sean malos a corto plazo y en términos de la empleabilidad post-programa del beneficiario, sino que la probabilidad de que esa empleabilidad mejore es mucho menor que en otros casos.

La cuestión clave es, por tanto, conocer cuáles son las políticas activas de empleo que mejores resultados arrojan. Naturalmente la cuestión es crucial no sólo porque contribuye a reducir la dramática cifra de parados sino también porque orienta al «decisor» político hacia dónde debe invertir la mayor parte de los dineros que todos ponemos en sus manos. Ambos estudios coinciden en señalar que el dinero invertido en los servicios de ayuda en la búsqueda de empleo está asociado a los mejores resultados. Esto ocurre tanto si los servicios son privados como si son públicos. Sin embargo, estas políticas activas de empleo resultan ser eficaces sólo si van acompañadas de mecanismos de sanción en forma, por ejemplo, de pérdida de la prestación por desempleo para las personas que no acudan a las entrevistas de trabajo que se les concierten a través de los servicios de empleo o rechacen inmotivadamente ofertas de trabajo. 

Es en este sentido en el que han avanzado las últimas reformas laborales realizadas en España, lo que falta ahora es aumentar el presupuesto de los servicios de colocación; unos servicios de colocación que también han sucumbido a los excesos descentralizadores siendo ahora 17 los que coexisten en España.

Los estudios son claros a la hora de responder a la pregunta de cuáles son las políticas activas de empleo más eficaces y las que deben recibir, por tanto, los mayores recursos públicos: los servicios de colocación que incorporan mecanismos de sanción.

Por cierto que las políticas que peor efecto provocan sobre la empleabilidad de los beneficiarios son las que consisten en la contratación temporal de desempleados directamente por las administraciones públicas.

Lo que sí es claro es que la evaluación de políticas públicas es necesaria tanto para evitar construir aeropuertos sin aviones como para facilitar un empleo a quien quiere trabajar y no puede.

Los espíritus de Benedicto XVI (por José Manuel Cansino en forouniversitarioelescorial.com)

De la sociedad española parece haberse apoderado una inmensa aprensión dominada por dos tardíos y bruscos descubrimientos: que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y que, “en realidad, nos gobiernan los mercados”. Estos fenómenos se han conformado como dos importantes “animal spirits” que lastran la recomposición del elemento inexcusable para una verdadera recuperación: la confianza en las propias fuerzas y capacidades. Son palabras de los profesores Arias y Costas en su interesante libro “La torre de la arrogancia” (Ed. Ariel).

John Maynard Keynes acuñó el término “animal spirits” para transmitir la idea de que las fluctuaciones en la inversión a menudo no están determinadas por variables exclusivamente económicas, como el tipo de interés, sino por factores intangibles, tales como la intuición acerca de una oportunidad de negocio. Así lo ha recordado el profesor Antonio Moreno.

El denominado “consenso Keynesiano”, esto es, la aceptación mayoritaria de las tesis del economista británico se extendió desde los últimos años treinta hasta las crisis del petróleo de la década de los setenta del siglo pasado. Incapaces de resolver una crisis económica inédita que sumaba al problema del desempleo el de la inflación y el estancamiento, el pensamiento keynesiano dio el relevo a un sistema de ideas económicas basado en dos supuestos; el de la ultraracionalidad de los agentes económicos y el del funcionamiento eficiente de los mercados financieros.

El colapso económico que ahora podemos fechar en 2008 con la caída del banco Lehman Brothers ha supuesto otro colapso no menor en el sistema de ideas económico, incapaz ahora de dar respuesta a esta “Gran recesión”.

Precisamente en mitad del desconcierto, tuvo una muy buena acogida la publicación en 2009 de “Animal spirits” de los norteamericanos George Akelof y Robert Schiller, libro en el que remarcan los límites a la motivación puramente económica en las decisiones humanas.

Pero también en 2009, vio la luz la Encíclica “Caritas in veritate” de Benedicto XVI y en ella ha de destacarse como uno de sus puntos más novedosos el siguiente razonamiento: si la economía es un campo de desarrollo profesional y personal, y el hombre se realiza dándose a los otros, la economía ha de concebirse como un don a los demás. Son los “Ethical Spirits” de la “Caritas in Veritate”; término de inequívoca reminiscencia keynesiana.

Dejemos para otros lugares el debate de la posición de la Doctrina Social de la Iglesia a favor o no de la intervención pública en el funcionamiento de los mercados.

Quedémonos con la importancia de recordar que no se puede explicar una parte considerable de las decisiones económicas de las personas sin atender a estas motivaciones que han pasado por alto las construcciones teórico-económicas de las últimas décadas. La afirmación es demasiado rotunda para no admitir matices pero es un buen resumen de lo ocurrido.

Los millones de cristianos del mundo realizan acciones redistributivas indispensables conmovidos por estas motivaciones pero su influencia en las relaciones económicas sería mucho mayor si, por ejemplo, las decisiones de consumo tuviesen muy en cuenta los códigos de conducta de las empresas de las que somos clientes. De esta forma, de poder elegir entre empresas que fomentan o consienten comportamientos contrarios a la ética directa o indirectamente (a través de sus proveedores) y empresas que acreditan unas prácticas de respeto efectivo a la dignidad humana, la influencia de la comunidad cristiana internacional trascendería de la tradicional de contribuir a la corrección de los desequilibrios en el reparto de la renta, a hacerlo a un desarrollo económico en el que se sancionen comportamientos reprobables.

El banco malo y Richard Gere (por José Manuel Cansino en La Razón 21/19/2010)

Cuando el precio de los activos que soportan la deuda se devalúa mientras que ésta se mantiene en su nivel inicial (o incluso aumenta si los intereses están ligados a la inflación), las probabilidades de saldar la deuda se reducen. Particularmente, una reducción significativa de los precios de los inmuebles puede obligar a los bancos a considerar como «arriesgados» créditos que hasta ahora se computaban como «sanos» en sus balances. Al mismo tiempo, los propietarios de inmuebles ven como su capacidad de endeudamiento se reduce y con ella, su consumo. Los economistas llaman a esto «efecto riqueza negativo». Por esa razón es tan importante fijar correctamente el precio de transferencia de los inmuebles en manos de la banca española al «banco malo».

Hay un claro conflicto en la fijación del precio de los inmuebles que son actualmente propiedad de los bancos y que van a ser transferidos o vendidos a este «banco malo». 

Por una parte, un valor muy reducido arrastraría el precio medio de la vivienda a la baja y con él la riqueza financiera de las familias (el principal activo financiero de las familias españolas es su vivienda). Finalmente, esto tendría un efecto negativo sobre el consumo de los hogares ya que reduce su capacidad de endeudamiento. También obligaría a los bancos, como decimos, a poner el foco sobre la calidad de los préstamos que tienen como garantía un activo cuyo precio se devalúa. Nada impediría que en breve plazo, «nuestros socios comunitarios» volviesen a pedir más auditorías sobre el sistema financiero español. Y vuelta a empezar.

 

Por otra parte, la troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) que se ha comprometido a prestar los 100.000 millones de euros para sanear la banca española, está interesada en maximizar el descuento al que se adquieran los inmuebles y demás activos tóxicos que deberá gestionar la SAREB (la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria). 

 

De esta forma nuestros prestamistas pretenden facilitar que aparezcan inversores privados que compren estos activos a precios de derribo ante la expectativa de revalorización futura. Si recuerdan el papel que interpretaba Richard Gere en «Pretty woman» era el de un tipo que compraba empresas en números rojos a precio de saldo, las dividía en partes y las vendía (las buenas) por separado a un precio conjunto superior al que las compró.

 

¿Quién gana interpretando a Richard Gere? 

Al cobrar los intereses ganan los países que prestan el dinero a los bancos con la garantía del Estado español. Ganan los inversores que compran a precios muy bajos pues si luego se recupera el mercado inmobiliario, los suelos e inmuebles se revalorizarán. En fin, deberíamos ganar todos si la confianza en la economía española se restablece y la prima de riesgo se reduce en, por lo menos, los 200 puntos básicos que parece que le sobran y obedecen más a los intereses del oligopolio mundial de las agencias de rating que a las cifras fundamentales de nuestra economía.

 

Naturalmente nada hay seguro pero, analicemos por ejemplo, el precio al que la auditoría de Oliver Wyman recomienda valorar algunos activos tóxicos que van a ir al «banco malo». En la zona de Levante, donde el boom de la construcción tuvo uno de sus mayores nichos, las promociones que se les han quedado «colgadas» a los bancos –buena parte de ellas a Bankia a través del Banco de Valencia– sufrirían una rebaja de entre el 40% y el 75% y los suelos ,de entre el 58% y el 88%.

 

Por tanto, es cuestión de encontrar a inversores que paguen ahora el suelo a precio de erial y aguanten hasta su revalorización.

 

La contrapartida para que «Richard Gere» venda sus trozos de empresa, (esto es, los activos que acabará comprando la SAREB), es que una caída considerable de la riqueza financiera de las familias españolas arrastre el consumo aún más hacia abajo. Reparemos en que llueve sobre mojado. El Banco de España acaba de hacer público que los activos financieros de familias cayeron el 7,6% en el segundo trimestre de 2012, lo que equivale a una reducción de 138.237 millones en términos interanuales (de junio de 2011 a junio de 2012).

Ya veremos cómo acaba esta película. 

 

 

José Manuel Cansino 

Profesor titular de Economía en la Universidad de Sevilla

Las cuentas del gran Tribunal (por José Manuel Cansino en La Razón 14/10/2012)

El Tribunal de Cuentas,  que hasta hace poco se llamaba del Reino y no hace mucho perdió su apellido para no molestar a los amantes de la tricolor, acaba de publicar su informe de fiscalización del sector público local de 2009. Por tanto, la auditoría ve la luz con dos años de retraso respecto al último ejercicio cerrado, lo que es todo un logro que no debe pasarse por alto.

A diferencia de las naderías que se desprenden de los ríos de tinta que se vierten sobre el tópico de «la necesaria reforma del sector público español», las recomendaciones que contiene este informe (disponible en www.tcu.es) son harto precisas y nada quiméricas. Aún así, el que se repitan una y otra vez evidencia que si son tan repetidas es porque son frecuentemente ignoradas.

Aunque lo que más ha trascendido de este informe han sido sus críticas a una parte significativa de los proyectos financiados con cargo al famoso Plan E –unos 9.000 millones de euros–, merece la pena detenerse en su análisis del sector empresarial local.

El informe señala que en 2009 se contabilizaban 1.316 empresas municipales de titularidad plena (retengamos el dato de la titularidad). En el segundo trimestre de 2012, las empresas municipales acumulaban una deuda de 9.114 millones que, sumados a los 12.358 de las empresas autonómicas y a los 34.048 de las estatales, arrojaban la cifra total de la deuda de las empresas públicas en España: 55.520 millones.

La proliferación de las empresas públicas locales ha sido fruto de la huída del Derecho Administrativo hacia un Derecho Mercantil mucho más ágil para las decisiones de gestión pero, al mismo tiempo, mucho más alejado de los controles de fiscalización. Esto ha redundado en una administración pública paralela en la que junto a profesionales competentes, conviven ex políticos de todo signo con sueldos incoherentes con sus funciones y currículum, pero que les permiten vivir en un retiro dorado.

Con unos mecanismos de fiscalización sin tantos obstáculos, los ciudadanos podríamos disponer de información más accesible para enjuiciar el buen o mal uso de estas empresas. Si, con los datos en la mano, luego preferimos pedir otra caña en lugar de sancionar con nuestro voto los abusos, entonces ya la responsabilidad es del contribuyente y de su indolencia.

Pero veamos si es tan sencilla la fiscalización. El Tribunal de Cuentas (ex del Reino) viene señalando desde 2003 que la diversidad de la regulación de los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales entre la normativa autonómica y estatal supone unos niveles de exigencia diferentes entre entidades locales, lo que origina posibles incumplimientos según el caso.

Señala además la necesidad de que los plazos de rendición de cuentas –fijados hace 25 años– se adapten a una realidad tan palmaria como es que la contabilidad se realiza con tratamientos informáticos que permiten adelantar muy significativamente los plazos de rendición y así, que los ciudadanos dispongamos de la información mucho antes. A veces, incluso, en el transcurso de la misma legislatura.

Pero además y centrándonos exclusivamente en las empresas en las que tan buen acomodo encuentran los «elefantes» de cada partido, el Tribunal pide modificar la rendición de la cuenta general de las administraciones locales, para incluir en ella información sobre las sociedades mercantiles participadas por más de una entidad local si ninguna de las cuales posee una participación superior al 50%. Cuando esto ocurre, es decir, cuando la titularidad pública no es plena, las empresas se sitúan fuera del control de órganos de control como el propio Tribunal de Cuentas. Esto es, cualquier consorcio empresarial en cuyo accionariado figure más de un ayuntamiento pero con menos del 50%, escapará de este tipo de controles y, lo que es más preocupante, de cualquier otro control público salvo el judicial. Y ello a pesar de que la Intervención General de la Administración del Estado dejó claro que si sumadas las participaciones de las administraciones públicas superan el 50%, cualquier empresa debe considerarse parte del sector público empresarial atribuyéndose la titularidad a la administración que tenga mayor participación.

Las recomendaciones incluidas en los informes del Tribunal de Cuentas son un magnífico manual para inspirar de una manera pragmática la reforma de la Administración del Estado, tanto para acabar con las duplicidades y triplicidades de competencias que nos ahogan con impuestos como para orientar la gestión del dinero público –el dinero de todo– a la eficacia y la eficiencia. Lástima que las recomendaciones de este Tribunal pasen tan desapercibidas a la clase política y a la ciudadanía. Luego cada cual que elija entre la indolencia y el cheque en blanco o en remover con el voto al que abusa de nuestro dinero.

Patriotas en el Paraíso (por José Manuel Cansino en La Razón 7/10/2012)

Casi 40.000 millones de euros (M) dedicaremos los españoles el año próximo a pagar los intereses de la deuda pública; prácticamente un 4% de nuestro PIB. 

La cifra no debería alarmarnos habida cuenta de que las necesidades de endeudamiento han seguido creciendo con el agravante de hacerlo a unos tipos de interés disparados por la prima de riesgo. Sin embargo, a los ciudadanos nos sigue llamando la atención la cifra a pagar por los intereses de la deuda. Es algo parecido a la sensación que te merodea por pagar un alquiler alto por un piso que nunca será tuyo. 

Existe una curiosa coincidencia con la cifra a pagar por estos intereses y la recaudación adicional que se obtendría si el nivel de fraude fiscal en España se redujera en un 10%. Junto con el de Grecia e Italia, el fraude fiscal español es de los más elevados de la Unión Europea. Así lo señala el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda –GESTHA–. Esta reducción en un 10% del fraude nos situaría en niveles homologables a la media europea y se traduciría en un aumento de los ingresos de unos 38.500 M. Por tanto, si consiguiéramos reducir el fraude en esta cuantía, podríamos pagar la casi totalidad de los intereses de la deuda y, de paso, garantizar de largo el cumplimiento del objetivo de déficit para 2013 fijado en un 4,5% del PIB.

Pero reducir el fraude fiscal no es tarea sencilla. Depende esencialmente de superar exitosamente tres obstáculos. 

En primer lugar depende de los medios materiales y humanos con los que cuente la Agencia Tributaria. Desde el punto de vista del ingreso y de la reducción del déficit, la mejor inversión que hace el Estado es crear una plaza para un nuevo inspector de Hacienda. Me consta el desbordamiento de las delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria en las que se amontonan los expedientes y sólo se investigan los de mayor fraude previsible. Si se avanzase en la movilidad del funcionariado, bastaría convertir a los inspectores de tributos locales y regionales en inspectores de la Agencia Tributaria. Para aquellos sería un incentivo elevadísimo en su carrera profesional y para el Estado un mayor coste pero, a la postre, muy rentable. Téngase en cuenta que, sobre todo en el ámbito local, la recaudación de los impuestos asociados al sector de la construcción ha caído en picado y con ella las necesidades de inspección.

En segundo lugar el fraude depende de la conciencia ciudadana. El fraude fiscal y la economía sumergida en la que habitualmente anida son mecanismos de compensación social que los ciudadanos activan como respuesta a unas exigencias que consideran excesivas o imposibles. También es una forma de responder a una clase política a la que consideran mayoritariamente propensa a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. Este segundo obstáculo es de solución nada fácil ni inmediata por cuanto se enraíza en comportamientos psicosociales muy difíciles de remover. 

El tercero de los obstáculos radica en la libertad de movimientos de capitales no sólo pero sí principalmente en la Unión Europea. Unas pocas cifras bastarán para avalar lo que escribo. El tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades español (una vez aplicados los beneficios fiscales), es de un 12,5 % para las grandes empresas y de un 16,5 % para las PYMES (sic). El primer caso se sitúa en un nivel similar al de Irlanda –el más bajo de la Unión Europea–. Sin embargo, el mismo tipo en Gibraltar es del 10% y además, allí no hay doble imposición sobre los dividendos. Esto es, a poco que se apriete a las empresas, cambian su sede al paraíso fiscal de la colonia británica.

Naturalmente la cuestión de los paraísos fiscales como la de la libertad de movimientos de capitales, sólo puede abordarse globalmente. Técnicamente es posible. Internacionalmente se ha avanzado mucho en la lucha contra el blanqueo de capitales, así que nada impide avanzar en esta misma dirección, salvo que quienes han de promover estos tratados internacionales merodeen habitualmente con territorios fiscales similares a Gibraltar.

A la espera de esto, lo que sí cabría es una respuesta ciudadana similar a la que castiga a la clase política por vía de incurrir en economía sumergida. Me explico. Hasta el día de hoy, nada impide que las grandes casas de apuestas «on line» operen desde Gibraltar y luego patrocinen equipos de fútbol nacionales. Todo ello sin pagar un solo céntimo con el que ayudar a sufragar cualesquiera de los servicios públicos que hoy están colapsados por falta de pago de las administraciones. Colegios, centros de asistencia a la dependencia y hospitales son los casos más sangrantes pero no los únicos.

Yo no digo que no sean patriotas quienes, pandereta en mano, limitan ese sentimiento al marcador de su equipo de fútbol, que para mayor escarnio está patrocinado por una empresa que no paga un solo céntimo de impuestos. Sólo digo que su patriotismo no es el mío. Y que si hasta podría entenderse que parte de la economía sumergida responda a la reacción social que busca una compensación frente a una clase política de muy mala reputación, no debería permitirse que tanto «patriota» encontrara en el paraíso fiscal la forma de no pagar impuestos. Al menos no debería quedar sin el mismo repudio social que quienes se lucran ilícitamente con el esfuerzo de todos los españoles.