El Tribunal de Cuentas, que hasta hace poco se llamaba del Reino y no hace mucho perdió su apellido para no molestar a los amantes de la tricolor, acaba de publicar su informe de fiscalización del sector público local de 2009. Por tanto, la auditoría ve la luz con dos años de retraso respecto al último ejercicio cerrado, lo que es todo un logro que no debe pasarse por alto.
A diferencia de las naderías que se desprenden de los ríos de tinta que se vierten sobre el tópico de «la necesaria reforma del sector público español», las recomendaciones que contiene este informe (disponible en www.tcu.es) son harto precisas y nada quiméricas. Aún así, el que se repitan una y otra vez evidencia que si son tan repetidas es porque son frecuentemente ignoradas.
Aunque lo que más ha trascendido de este informe han sido sus críticas a una parte significativa de los proyectos financiados con cargo al famoso Plan E –unos 9.000 millones de euros–, merece la pena detenerse en su análisis del sector empresarial local.
El informe señala que en 2009 se contabilizaban 1.316 empresas municipales de titularidad plena (retengamos el dato de la titularidad). En el segundo trimestre de 2012, las empresas municipales acumulaban una deuda de 9.114 millones que, sumados a los 12.358 de las empresas autonómicas y a los 34.048 de las estatales, arrojaban la cifra total de la deuda de las empresas públicas en España: 55.520 millones.
La proliferación de las empresas públicas locales ha sido fruto de la huída del Derecho Administrativo hacia un Derecho Mercantil mucho más ágil para las decisiones de gestión pero, al mismo tiempo, mucho más alejado de los controles de fiscalización. Esto ha redundado en una administración pública paralela en la que junto a profesionales competentes, conviven ex políticos de todo signo con sueldos incoherentes con sus funciones y currículum, pero que les permiten vivir en un retiro dorado.
Con unos mecanismos de fiscalización sin tantos obstáculos, los ciudadanos podríamos disponer de información más accesible para enjuiciar el buen o mal uso de estas empresas. Si, con los datos en la mano, luego preferimos pedir otra caña en lugar de sancionar con nuestro voto los abusos, entonces ya la responsabilidad es del contribuyente y de su indolencia.
Pero veamos si es tan sencilla la fiscalización. El Tribunal de Cuentas (ex del Reino) viene señalando desde 2003 que la diversidad de la regulación de los plazos de rendición de cuentas de las entidades locales entre la normativa autonómica y estatal supone unos niveles de exigencia diferentes entre entidades locales, lo que origina posibles incumplimientos según el caso.
Señala además la necesidad de que los plazos de rendición de cuentas –fijados hace 25 años– se adapten a una realidad tan palmaria como es que la contabilidad se realiza con tratamientos informáticos que permiten adelantar muy significativamente los plazos de rendición y así, que los ciudadanos dispongamos de la información mucho antes. A veces, incluso, en el transcurso de la misma legislatura.
Pero además y centrándonos exclusivamente en las empresas en las que tan buen acomodo encuentran los «elefantes» de cada partido, el Tribunal pide modificar la rendición de la cuenta general de las administraciones locales, para incluir en ella información sobre las sociedades mercantiles participadas por más de una entidad local si ninguna de las cuales posee una participación superior al 50%. Cuando esto ocurre, es decir, cuando la titularidad pública no es plena, las empresas se sitúan fuera del control de órganos de control como el propio Tribunal de Cuentas. Esto es, cualquier consorcio empresarial en cuyo accionariado figure más de un ayuntamiento pero con menos del 50%, escapará de este tipo de controles y, lo que es más preocupante, de cualquier otro control público salvo el judicial. Y ello a pesar de que la Intervención General de la Administración del Estado dejó claro que si sumadas las participaciones de las administraciones públicas superan el 50%, cualquier empresa debe considerarse parte del sector público empresarial atribuyéndose la titularidad a la administración que tenga mayor participación.
Las recomendaciones incluidas en los informes del Tribunal de Cuentas son un magnífico manual para inspirar de una manera pragmática la reforma de la Administración del Estado, tanto para acabar con las duplicidades y triplicidades de competencias que nos ahogan con impuestos como para orientar la gestión del dinero público –el dinero de todo– a la eficacia y la eficiencia. Lástima que las recomendaciones de este Tribunal pasen tan desapercibidas a la clase política y a la ciudadanía. Luego cada cual que elija entre la indolencia y el cheque en blanco o en remover con el voto al que abusa de nuestro dinero.
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