Casi 40.000 millones de euros (M) dedicaremos los españoles el año próximo a pagar los intereses de la deuda pública; prácticamente un 4% de nuestro PIB.
La cifra no debería alarmarnos habida cuenta de que las necesidades de endeudamiento han seguido creciendo con el agravante de hacerlo a unos tipos de interés disparados por la prima de riesgo. Sin embargo, a los ciudadanos nos sigue llamando la atención la cifra a pagar por los intereses de la deuda. Es algo parecido a la sensación que te merodea por pagar un alquiler alto por un piso que nunca será tuyo.
Existe una curiosa coincidencia con la cifra a pagar por estos intereses y la recaudación adicional que se obtendría si el nivel de fraude fiscal en España se redujera en un 10%. Junto con el de Grecia e Italia, el fraude fiscal español es de los más elevados de la Unión Europea. Así lo señala el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda –GESTHA–. Esta reducción en un 10% del fraude nos situaría en niveles homologables a la media europea y se traduciría en un aumento de los ingresos de unos 38.500 M. Por tanto, si consiguiéramos reducir el fraude en esta cuantía, podríamos pagar la casi totalidad de los intereses de la deuda y, de paso, garantizar de largo el cumplimiento del objetivo de déficit para 2013 fijado en un 4,5% del PIB.
Pero reducir el fraude fiscal no es tarea sencilla. Depende esencialmente de superar exitosamente tres obstáculos.
En primer lugar depende de los medios materiales y humanos con los que cuente la Agencia Tributaria. Desde el punto de vista del ingreso y de la reducción del déficit, la mejor inversión que hace el Estado es crear una plaza para un nuevo inspector de Hacienda. Me consta el desbordamiento de las delegaciones provinciales de la Agencia Tributaria en las que se amontonan los expedientes y sólo se investigan los de mayor fraude previsible. Si se avanzase en la movilidad del funcionariado, bastaría convertir a los inspectores de tributos locales y regionales en inspectores de la Agencia Tributaria. Para aquellos sería un incentivo elevadísimo en su carrera profesional y para el Estado un mayor coste pero, a la postre, muy rentable. Téngase en cuenta que, sobre todo en el ámbito local, la recaudación de los impuestos asociados al sector de la construcción ha caído en picado y con ella las necesidades de inspección.
En segundo lugar el fraude depende de la conciencia ciudadana. El fraude fiscal y la economía sumergida en la que habitualmente anida son mecanismos de compensación social que los ciudadanos activan como respuesta a unas exigencias que consideran excesivas o imposibles. También es una forma de responder a una clase política a la que consideran mayoritariamente propensa a la corrupción y al enriquecimiento ilícito. Este segundo obstáculo es de solución nada fácil ni inmediata por cuanto se enraíza en comportamientos psicosociales muy difíciles de remover.
El tercero de los obstáculos radica en la libertad de movimientos de capitales no sólo pero sí principalmente en la Unión Europea. Unas pocas cifras bastarán para avalar lo que escribo. El tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades español (una vez aplicados los beneficios fiscales), es de un 12,5 % para las grandes empresas y de un 16,5 % para las PYMES (sic). El primer caso se sitúa en un nivel similar al de Irlanda –el más bajo de la Unión Europea–. Sin embargo, el mismo tipo en Gibraltar es del 10% y además, allí no hay doble imposición sobre los dividendos. Esto es, a poco que se apriete a las empresas, cambian su sede al paraíso fiscal de la colonia británica.
Naturalmente la cuestión de los paraísos fiscales como la de la libertad de movimientos de capitales, sólo puede abordarse globalmente. Técnicamente es posible. Internacionalmente se ha avanzado mucho en la lucha contra el blanqueo de capitales, así que nada impide avanzar en esta misma dirección, salvo que quienes han de promover estos tratados internacionales merodeen habitualmente con territorios fiscales similares a Gibraltar.
A la espera de esto, lo que sí cabría es una respuesta ciudadana similar a la que castiga a la clase política por vía de incurrir en economía sumergida. Me explico. Hasta el día de hoy, nada impide que las grandes casas de apuestas «on line» operen desde Gibraltar y luego patrocinen equipos de fútbol nacionales. Todo ello sin pagar un solo céntimo con el que ayudar a sufragar cualesquiera de los servicios públicos que hoy están colapsados por falta de pago de las administraciones. Colegios, centros de asistencia a la dependencia y hospitales son los casos más sangrantes pero no los únicos.
Yo no digo que no sean patriotas quienes, pandereta en mano, limitan ese sentimiento al marcador de su equipo de fútbol, que para mayor escarnio está patrocinado por una empresa que no paga un solo céntimo de impuestos. Sólo digo que su patriotismo no es el mío. Y que si hasta podría entenderse que parte de la economía sumergida responda a la reacción social que busca una compensación frente a una clase política de muy mala reputación, no debería permitirse que tanto «patriota» encontrara en el paraíso fiscal la forma de no pagar impuestos. Al menos no debería quedar sin el mismo repudio social que quienes se lucran ilícitamente con el esfuerzo de todos los españoles.
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