Las Administraciones Públicas, como las familias –que son quienes las financian–, deben jerarquizar sus recortes aunque cuando de despedir a alguien se refiere, todas las personas merezcan el mismo respeto.
Similar obviedad deja de serlo tanto cuando de lo que se trata es de elegir entre los servicios que se dejan de prestar, los que se reducen y los que se mantienen. Entonces, aunque todos los que pierden su empleo opinen que su labor es socialmente imprescindible, acaba resultando que –como en los gastos familiares– unos son más imprescindibles que otros.
Recortar linealmente, suprimiendo la paga extra o imponiendo una tasa de reposición casi nula, no es gestionar bien porque no todos los servicios satisfacen necesidades igualmente urgentes.
En los últimos días, la Junta de Andalucía ha decidido no sólo prescindir de los denominados «promotores de empleo» sino también de los «asesores de empleo» que trabajaban para el SAE. Personas cuya tarea principal era agilizar la conexión entre los demandantes de empleo y los oferentes del mismo.
Cualquier ex empleado público de la Sanidad o de la Educación puede pensar que su labor era menos prescindible que la de estos nuevos desempleados. Es posible que sea así pero en el caso de los inminentes ex trabajadores del SAE concurren dos agravantes que desde el punto de vista económico no son menores.
Hace pocas fechas y desde estas mismas páginas traíamos a colación dos recientes estudios científicos que analizaban la efectividad de las diferentes «políticas activas de empleo». Los estudios a los que me refiero son el de Jochen Kluve, publicado por la reputada revista «Labour Economics», y el publicado por este mismo autor junto con David Card y Andrea Weber, en el no menos reputado «Economic Journal».
Los estudios eran inconcluyentes en los efectos de algunas políticas de empleo. Por ejemplo, y a pesar de lo que habitualmente se piensa, las políticas de formación de desempleados no tienen unos efectos inequívocamente positivos. Es posible que a ello contribuyan los escandalosos e impunes «mangazos» presupuestarios de las más variopintas asociaciones «amigas del poder» que recibían subvenciones para desarrollar cursos de formación aunque semejante tarea les fuese extraña. En lo que sí coincidían los estudios publicados era en que los servicios públicos de empleo suponían la política activa más eficaz para reducir el desempleo. Un desempleo que en el caso de Andalucía asfixia al 35,4% de la población activa y además lo hace de una manera pertinaz.
Éste es el primer agravante que concurre en el despido del personal del SAE, es decir, debilita al más eficaz mecanismo de lucha contra el desempleo que, además, es el principal problema de la economía española y andaluza.
En el fondo trasluce un grueso desinterés de los representantes políticos por conocer el efecto de las políticas que desarrollan. Y es que no tiene sentido persistir en emplear recursos en políticas cuya eficacia se desconoce y que perviven en el presupuesto sólo porque tienen una gran repercusión mediática o porque a través de ellas se paniaguan a los amigos mediante subvenciones obscenas.
La evaluación de políticas públicas es la que permite gestionar lo más eficazmente posible el dinero de todos, precisamente, porque permite reforzar presupuestariamente las más eficaces, prescindir de las inútiles y corregir aquellas que deban mejorarse. Un papel más central de la evaluación de las políticas públicas no sólo sumaría transparencia a la gestión sino que, además, reforzaría la calidad del Gobierno.
Pero hay un segundo agravante en el despido de estas personas y es que alguno de sus portavoces ha denunciado que el trabajo que realizaban no se ajustaba al cometido para el que fueron contratados y que, esencialmente, consistía en entrevistarse con las empresas y particulares que necesitaban contratar a personas, definir el perfil de los puestos de trabajo a cubrir, inventariarlos y favorecer que las personas desempleadas encontrasen un empleo y las empresas, buenos candidatos.
De ser esto cierto la Administración hubiera repetido el mal ejemplo de emplear recursos para fines diferentes para los que fueron contratados; una cuestión que habría de resolverse judicialmente pero que redundaría en la ineficacia en la lucha contra el desempleo. En definitiva, el primer problema de la nación y de la región andaluza, que va camino de sumar los 2,7 millones de desempleados.
Aunque el igualitarismo imperante en la actualidad no lo soporte y cada persona despedida de su trabajo vive su propio drama, las administraciones, como sucede con las familias, no pueden aplicar un criterio de recorte lineal porque no todos los servicios públicos atienden necesidades igualmente acuciantes.
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