La eficiencia se ha convertido en una pieza clave de la política energética de la Unión Europea y, consecuentemente, de España. No en balde la Agencia Internacional de la Energía estima que en 2035 el ahorro total asociado a mejoras en la eficiencia energética equivaldría a la quinta parte de la demanda global de energía de 2010. Probablemente se trate de una estimación demasiado halagüeña pues no existe precedente hasta ahora de ninguna economía que, en un par de décadas, consiga ganancias de eficiencia similares.
España ha ido transponiendo a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas Comunitarias en esta materia y así desde 2007 está en vigor la obligación para los edificios de nueva construcción de disponer de un certificado de eficiencia energética.
Tanto por el ahorro que supone el uso más eficiente de la energía como por las crecientes obligaciones legales en esta materia, han emergido las denominadas empresas de servicios energéticos (ENEs), que facturarán unos 900 millones de euros en 2012. En total son unas 540 empresas las que conforman actualmente el sector.
Sin embargo, las expectativas de negocio de las ENEs tras la entrada en vigor en 2007 de la certificación energética obligatoria de los nuevos edificios se vio pronto truncada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Ahora las expectativas vuelven a mejorar con la próxima entrada en vigor del Real Decreto que obligará a disponer de una certificación de eficiencia energética a los edificios ya existentes.
El Real Decreto –ahora en fase de información pública– obliga a los propietarios de edificios, viviendas o locales a disponer de este certificado llegado el momento de su venta o alquiler. Para ello necesitan de un certificado que extendería un técnico certificador –una nueva salida profesional que aparece– que basará sus cálculos en un programa informático de libre acceso (CALENER) confeccionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).
Previsiblemente muchos de estos «técnicos certificadores» procedan del sector de las empresas de fontanería, climatización, etc. con cuya Confederación ya ha firmado un acuerdo la asociación nacional que agrupa a las ENEs. Es más que probable que en breve, los administradores de fincas comiencen a recibir ofertas para que las comunidades de vecinos dispongan de este certificado junto con un plan de ahorro que acredite cuánto se pueden ahorrar los vecinos con una serie de medidas de mejora de la eficiencia. Estas medidas pueden ser importantes pues hay estimaciones que cifran en un 86,4% el máximo ahorro energético que puede alcanzar un edificio medido como la diferencia entre el consumo energético de un edificio A (el más eficiente) y el de un edificio C (el más ineficiente).
Existe, por tanto, una «añoranza del ladrillo» aunque sea viejo, utilizando el título de la exitosa novela de Blanco Corredoria «Añoranza de guerra». Pero la añoranza por el ladrillo y el negocio que genera no queda en el terreno de la eficiencia energética. La verdadera revolución está por llegar.
Esa revolución podría comenzar el 31 de diciembre de 2018 para los nuevos edificios públicos y el 31 de diciembre de 2020 para todos los edificios nuevos construidos en España. A partir de esa fecha todos los edificios deben ser «edificios de consumo casi nulo», lo que convierte al consumidor de energía en productor al mismo tiempo.
En definitiva, los nuevos edificios tendrán que disponer de sistemas de generación de energía (eléctrica, térmica y/o de refrigeración) que utilicen energías renovables y que autoabastezcan el consumo de los propios vecinos. Sólo en caso de necesidad (por ejemplo cuando no sople el viento o no brille el sol), los vecinos consumirán energía procedente del resto de fuentes generadoras.
Para esto último, sin embargo, habrá que esperar a la aparición del Decreto de balance neto de energía, pero eso es otra historia.
Lo que sí parece haber es añoranza por el ladrillo. Aunque sea viejo.
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