Una información imprecisa sobre
el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social casi ha coincidido
en el tiempo con la publicación de las proyecciones demográficas para España
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambas noticias sumadas han
provocado cierta preocupación que en ningún caso ha superado la inquietud por
saber si Bob Dylan aceptaba o no el Nobel de Literatura.
El INE nos dibuja el perfil
demográfico de nuestra Nación en el horizonte de 2066. Dentro de 50 años, las
españolas vivirán hasta superar –en promedio- los 91 años, tendrán un hijo en
torno a los 33 años y poco más, esto es, el INE señala que la tasa de
fecundidad (número medio de hijos por mujer) será de 1.38 años, una de las más
bajas del mundo. Los varones viviremos hasta los superar los 88 años y
compartiremos un sentimiento con las españolas; la soledad. Ya en 2031 el INE
estima que más de 11.5 millones de hogares españoles (el 60 %) acogerán a una o
dos personas, no más. Serán mayoritariamente viviendas urbanas ya que se prevé
un muy intenso abandono de las zonas rurales que golpeará, principalmente, a
Castilla-León, Galicia y Asturias.
Entre 2046 y 2066 morirán muchas
personas en España, la mayoría nacidas al albur del ‘baby boom’ registrado
entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el despegue económico español en
la mitad de los años 60 del siglo pasado. Al mismo tiempo el número de partos
se reducirá en un 22 % con respecto a los registrados al inicio del siglo XXI.
Con todo lo anterior, el INE
ofrece dos valores extremos en su proyección demográfica para 2066. La
proyección optimista alcanzaría los 43.96 millones de españoles frente a los
actuales 46.43. La previsión pesimista reduce la cifra hasta los 38.46 millones
cuando se asume la hipótesis de una restricción a los flujos migratorios. Sin
duda, la apuesta europea de suplir su decrepitud demográfica por una fuerte
inmigración (unos 10 millones de personas en total se necesitarían para
compensar) está recibiendo un fuerte rechazo social. Pensar que las personas se
pueden sustituir como si fuesen piezas sin tener en cuenta las diferencias
culturales y religiosas, ha demostrado ser tan erróneo como esperar que los
terribles conflictos bélicos y las hambrunas desapareciesen de la faz de la
Tierra.
Lo que algunos han llamado el
‘suicidio demográfico’ de España y, por extensión, de Europa tiene su impacto
indudable en la sostenibilidad financiera de un sistema de pensiones inspirado
en el criterio del reparto, es decir, un sistema que financia las pensiones
actuales con las cotizaciones de los trabajadores empleados. Sistema que se ve
amenazado por la evidente tendencia a invertir la pirámide demográfica, haber
bajado los salarios (y por ende, las cotizaciones) tras la crisis de 2008 y
mantener una tasa de desempleo de casi el 20 % de la población activa.
Es aquí donde se encendió la
alarma de un hipotético agotamiento del Fondo de Reserva de las Pensiones. En
realidad no es exactamente así.
El Fondo comenzó a nutrirse de
ingresos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado en el año 2000 a
pesar de haberse creado en 1997. Su finalidad era la de ser un mecanismo de
financiación (vale decir hucha) en etapas de fuerte desempleo como la que se
inició en 2008. A la gestión del Fondo se le pusieron algunas limitaciones. Una
muy importante iba dirigida a impedir que algún gobierno agotase
fulminantemente sus reservas.
Para ello se estableció un límite
anual equivalente al 3 % del valor que sumaban las pensiones contributivas y la
gestión de las mismas. Cuando en 2012 el daño de la crisis era ya muy grave, el
Parlamento respaldó que la aplicación del citado límite quedase suspendida
provisionalmente. La provisionalidad de la suspensión expira a finales de este
año 2016. Por tanto, aunque el Fondo sigue achicándose, lo que ahora urge
parece que es conseguir un acuerdo parlamentario y mayoritario (ahí es nada)
para una nueva prórroga. Los expertos estiman que esta necesidad no remitirá
hasta que en España vuelvan a estar empleados unos 20 millones de trabajadores.
Pero, en un sistema de pensiones
inspirado en el criterio del reparto, si no hay jóvenes trabajando, no hay
posibilidad de financiación si esta se basa en las cotizaciones a la Seguridad
Social. El problema es que apenas hay voluntad política por incluir la cuestión
demográfica en la agenda política.
La defensa de la natalidad parece
tener un efecto absurdamente estigmatizante y que provoca la paradoja por la
que se preguntaba en estos días el profesor Rafael Sánchez Saus “¿por qué hay
causas cuya defensa sólo puede hacerse desde la alegría, aunque los tiempos
sean pésimos, y otras que hacen aflorar la rabia aunque todo reme a su favor?”
La reflexión de este pensador
–mente especialmente preclara en la Universidad española- la hacía refiriéndose
al nuevo éxito en Francia de la convocatoria de Le Manif pour Tous, un movimiento ciudadano cuyo fin primordial es
la defensa de la familia sin adjetivos. Una familia que –según el INE- no
existirá en la mayoría de los hogares españoles dentro de 50 años, salvo que
decidamos otra cosa.
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