El recién estrenado Gobierno ha
anunciado su intención de poner en marcha la tercera reforma del sistema
público de pensiones en los últimos cinco años. Vaya por delante que,
cualquiera que se atreva a afrontar la solución a los interrogantes que se
ciernen sobre el sistema, tiene mi respeto. La política del avestruz no es
nunca la solución.
Mi impresión, basada sólo en lo
que ha trascendido a los medios de comunicación, es que esta nueva reforma va
orientada a reducir el componente no contributivo del sistema caminando a un
diseño esencialmente contributivo. En definitiva, un sistema en el que la
percepción de una pensión exija al beneficiario haber contribuido previamente
con sus cotizaciones. Esta impresión se sustenta en la aparente intención de
sacar a las pensiones por viudedad y orfandad de los presupuestos de la
Seguridad Social para basar su financiación en los ingresos procedentes de los
presupuestos generales del Estado. De esta forma, en el sistema quedarían,
fundamentalmente, las pensiones de jubilación que se financian con las
contribuciones de los trabajadores actualmente ocupados y las de incapacidad
permanente. La propuesta no es del todo nueva, ya la puso encima de la mesa el
Ministro de Hacienda en 2015 y es parte del debate entre técnicos y académicos.
Poniendo cifras, las pensiones de
orfandad las reciben con fecha uno de octubre de 2016, un total de 341.091
personas, suponen para la Seguridad Social un gasto mensual de 128 millones de
euros y una pensión promedio de 375,48 euros. Por su parte, las pensiones por
viudedad las reciben 2.3 millones de españoles, suponen un gasto de más de
1.500 millones de euros y una pensión promedio de casi 640 euros mensuales. En
definitiva, esta propuesta supone sacar del presupuesto de la Seguridad Social
y cargar en los presupuestos generales del Estado, un gasto mensual de 1.640
millones de euros. Subido a valor anual e incluyendo las dos pagas extras, el
presupuesto de la Seguridad Social dejaría de asumir un gasto de unos 23.000
millones de euros ¿esto es mucho o poco?
La estimación del déficit de la
Seguridad Social para 2016 es del 1,6 % del PIB. Si tomamos el último valor del
PIB publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y correspondiente
a 2015, el déficit sería de 17.200 millones de euros. Así las cosas, la
propuesta de sacar del presupuesto de la Seguridad Social las pensiones de
viudedad y orfandad supondría pasar los números de rojo a negro y, además, con superavit.
Naturalmente, la presión aumentaría sobre los Presupuestos Generales del Estado
que absorberían el gasto que antes asumía la Seguridad Social.
Si esta reforma sale adelante, el
sistema de pensiones de la Seguridad Social financiaría las pensiones de
jubilación que perciben unos 6 millones de compatriotas (con un gasto mensual
de más de 5.700 millones de euros) y las pensiones por incapacidad permanente
que perciben casi un millón de españoles y que suponen un pago mensual del
sistema de la Seguridad Social de unos 875 millones de euros.
En definitiva, la propuesta
supone dejar dentro del sistema a las pensiones que guardan una mayor
proporcionalidad entre la cuantía de las cotizaciones y las pensiones
percibidas. Actualmente, la pensión de jubilación promedio en España es un 80 %
del valor del último salario cobrado mientras que las pensiones de viudedad se
financian, en buena medida, a través del veterano Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez (SOVI).
Aun siendo difícil sacar adelante
la reforma –toda modificación de algo socialmente tan sensible como las
pensiones es compleja-, es la solución más sencilla sin dejar de ser una
solución a medio plazo. Vendría a ser algo así como una reforma basada en la
Ley de la navaja de Ockham. En aplicación de esta Ley del medievalista
Guillermo de Ockham, en igualdad de condiciones, la explicación (vale decir la
medida) más sencilla suele ser la más probable (vale decir la más eficaz). En
definitiva, cuando dos teorías (o medidas) en igualdad de condiciones tienen
las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser
correcta que la compleja. Como consecuencia, la reforma de las pensiones no
aborda dos grandes problemas de fondo.
El primero es que, sin repuntar el
empleo hasta los 20 millones de trabajadores en situación de alta en la
Seguridad Social, el sistema seguirá en equilibrio inestable incluso con el
enjuague de números que supone el paso de pensiones de orfandad y viudedad del
presupuesto de la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado.
Pocos alertan sobre el gravísimo hecho de que la pensión media de los que
acaban de jubilarse (unos 1.300 euros al mes) es muy superior al salario medio
de los que ahora comienzan a trabajar (unos 850 euros al mes) y que son los que
financian con sus contribuciones las pensiones de los jubilados. En esto
consiste el denominado sistema de reparto.
El segundo es la cuestión
demográfica. Sin crecimiento vegetativo, un sistema de reparto como fórmula
para financiar la Seguridad Social es difícilmente sostenible. Lo recordaba
oportunamente hace unos días la profesora María Teresa López, directora de la
Cátedra de Política de la Familia de la Universidad Complutense. El modelo de
financiación de reparto supone un contrato implícito entre la generación más
joven y la de mayor edad. De hecho, sociológicamente y en esta última etapa de
crisis, los abuelos –reacogiendo a hijos y a nietos en dificultades económicas-
han demostrado ser un Estado del bienestar paralelo.
Con la navaja de Ockham en la
mano, ni el desempleo se puede eliminar en un corto plazo ni los complejos
inoculados por un progresismo mal entendido, animan a los políticos
convencionales a poner en marcha políticas activas y de alcance de apoyo a las
familias.
Si la reforma de las pensiones
sólo es, esencialmente, mover las pensiones del presupuesto de la Seguridad Social
a los Presupuestos Generales del Estado, la cuestión que queda abierta es ¿de
dónde salen en los Presupuestos Generales del Estado los 23.000 millones de
euros necesarios?
