CUATRO GENERACIONES PORTANDO A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

En las primeras décadas del siglo XX José García González (fotografía 1) portaba sobre sus hombros a la Virgen de los Dolores de la localidad de Paradas (Sevilla) iniciando así una saga de costaleros o porteadores que en 2022 alcanzará a la cuarta generación. José portaba el antiquísimo paso de la Virgen de los Dolores que descasaba sobre ocho brazos. En cada parada los brazos se apoyaban sobre horquillas que sostenían el paso hasta que los volvían a elevar sus porteadores. Cobraba entre una y dos pesetas por su trabajo. El antiguo paso fue sustituido en 1968 y un trozo del antiguo palio de estrellas sobre terciopelo negro fue descubierto hace unos años por Jesús Pérez Vera y Francisco Javier Arcenegui. Tuve la oportunidad de exponerlo en el altar de insignias de 2019.

(Fotografía 1. José García González)

El relevo de José lo tomó Antonio García Almagro (fotografía 2) ya bajo el nuevo paso adquirido siendo hermano mayor Juan García García. En Antonio concurre una circunstancia poco frecuente. Él formó parte de la cuadrilla de los costaleros profesionales. Lo hizo hasta 1983, último año antes de que la Virgen pasaran a sacarla en procesión devotos y hermanos costaleros que hasta el año anterior formaban la cuadrilla del paso de Jesús Nazareno que había organizado Manuel Carrión Cansino en 1974. Antonio, sin embargo, regresó años más tarde a la trabajadera pasa sacar sobre sus hombros a la Virgen de los Dolores pero de manera altruista y como devoto de la Virgen animado por su capataz, Fernando Pérez Fernández.

(Fotografía 2. Antonio García Almagro)

Antonio se unió a la cuadrilla que había pasado del paso de Jesús Nazareno al de la Virgen de los Dolores y allí coincidió, entre otros muchos, con Joaquín Bascón Torres que fue el último de aquella cuadrilla de hermanos. Joaquín estuvo bajo la trabajadera hasta comienzos de los años noventa del siglo pasado. Ahora, con 81 años, volverá a hacer Estación de Penitencia. Tradicionalmente la Junta de Gobierno distingue a los hermanos más veteranos con una vara de mando en la presidencia de uno de los dos pasos de nuestros titulares; una distinción merecida que en el caso de Joaquín tiene el añadido de concederse a quien ostentó el cargo de Hermano Mayor y asistió -representando a la Hermandad- a la audiencia del Papa emérito Benedicto XVI en 2011.

Pero siguiendo con la saga de los García, Antonio entregó el relevo a su hijo Juan Carlos García (fotografía 3) que también se unió a la cuadrilla que mandaba Fernando Pérez Fernández, otra “túnica vieja” en la procesión del Viernes Santo. Juan Carlos pasó luego del costal a la túnica para seguir haciendo estación de penitencia. Ahora, más de veinte años después de cambiar el costal por el hábito nazareno, ha vuelto a enfundarse la “ropa de trabajo” para dar la alternativa a su hijo Daniel (fotografía 4); la cuarta generación de los García. En esta ocasión lo hará a la órdenes de Marcos Antonio Saucedo, capataz de la cuadrilla -ahora llamada de los “legionarios de la Virgen de los Dolores”.

(Fotografía 3. Juan Carlos García a la izquierda y Fernando Pérez a la derecha)

(Fotografía 4. Daniel García Lara)

Es precisamente la Virgen de los Dolores la que supervive a todos en el seno de la Hermandad fusionada en 1952 con la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La devoción que los fieles profesan a la madre de Dios es la que permite a los cristianos atesorar este preciado regalo que es la Fe. Una Fe que se transmite de generación en generación y en la que cabe desde el respeto y el sitio debido a los mayores hasta el derecho de los más jóvenes a escribir su propia historia.

José Manuel Cansino

Capataza 2º de la Virgen de los Dolores

Martes santo de 2022

¿Invocando a Stalin Delano Roosevelt en San Telmo? (José Manuel Cansino en La Razón el 19/10/2019)

 

Lo seguimos fiando casi todo al Estado. Sus administradores ocasionales, los representantes políticos elegidos, sabedores de este demandado paternalismo casi carnal, exhiben el músculo presupuestario como quien nos ofrece un mullido colchón donde recostarnos desde la cuna a la tumba. Sin ir más lejos, se acaba de echar a rodar el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020 y en el frontispicio de la nota de prensa con el primer avance destacan sus hacedores que ha crecido un 5,6 por ciento respecto a los que se aprobaron apenas hace unos meses para 2019. La lectura es, si el presupuesto es mayor, todos estaréis un poco mejor.

Poco hay de lo que sorprenderse si se atiende a lo que nos dice el servicio de estudios del BBVA. Los españoles no sólo compartimos con franceses, alemanes, italianos y británicos el apego a las prestaciones del Estado del Bienestar sino que vamos mucho más lejos de las preferencias paternalistas de estos otros países europeos. Para ser exactos, el Estudio Europeo de Valores de la Fundación BBVA revela que la mayoría de los españoles piensa que Estado debe ir más allá de las prestaciones del Estado del Bienestar hasta entrar de lleno en la limitación de mecanismos de mercado como fijación de precios, salarios y beneficios empresariales. En esto discrepamos de los otros cuatro países analizados poco partidarios de la injerencia estatal en la fijación de precios. Aún hay más. Frente al 29 por ciento de franceses, alemanes, italianos y británicos que opinan de otra forma, el 49 por ciento de nuestros compatriotas abogan por la igualdad de los ingresos con independencia de la cualificación de cada cual. Pocas recetas contra la prosperidad de una Nación resultan más nocivas que abrazar el consenso del igualitarismo frente a la meritocracia, pero eso es lo que hay.

Sí es cierto, en cambio, que en este miedo a la desigualdad que nos hace golpear una y otra vez las puertas del asistencialismo estatal (desigualdad ahora mayor que antes de la crisis de 2008, conviene recordarlo) puede haber un deseo de acciones predistributivas y no sólo de las convencionales redistribuitivas. Esta interesante reflexión se la oí a Manuel A. Hidalgo, ahora secretario de Economía de la Junta de Andalucía, pero –sobre todo- un académico honesto con una inusual visión de futuro. Las acciones predistribuitivas están orientadas a compensar las diversidades de cuna de unos y otros de forma que el asistencialismo lo sea en forma de acompañamiento a quien más lo necesita en un desarrollo vital que, a diferencia del asistencialismo aletargador, debe estar guiado por el esfuerzo y el afán de superación. Una beca escolar es una acción predistribuitiva. Las universidades laborales –ahora extirpadas de la memoria colectiva- también lo fueron.

El mundo tardó casi dos siglos y medio desde la primera revolución industrial hasta el crack de Octubre de 1929 para definir un contrato social en forma de “sistema capitalista de bienestar”. No son pocos –entre ellos mi respetado y amigo el profesor Juan Torres- quienes encuentran el trenzado de los flecos últimos de este contrato en el Nuevo Acuerdo (“New Deal”) del presidente Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933. Sin duda fue el “New Deal” un programa criticado en extremo por los partidarios del liberalismo económico hasta el punto de señalar al propio  Roosevelt como un ariete comunista bautizándolo con el sobre nombre de Stalin Delano Roosevelt. Friedrich A. von Hayek lo criticó severamente en Camino de servidumbre pero la historia no dio la razón al economista austríaco en un libro de incuestionable influencia cuyo objetivo no era arremeter contra el presidente estadounidense sino demostrar –también equivocadamente- que el fascismo imperante en la Europa de su tiempo no era una reacción del capitalismo frente al comunismo sino una variante del mismo. George Sorel demostró que no era así. También lo hizo precisamente un crítico con el Contrato social de Rousseau, José Antonio Primo de Rivera. Sorel y el fundador de la Falange poco antes de su asesinato en 1936 advirtieron que la negación de la dimensión espiritual de la persona era la que hacía de la respuesta socialista a las marcadas desigualdades sociales algo incompleto y equivocado. No obstante, en justicia, ni Adam Smith ni mucho después Hayek negaron un espacio propio al Estado en mitad de la economía de mercado, sólo lecturas epidérmicas y prejuiciadas de sus obras puedes despachar semejantes conclusiones.

Lo cierto es que demoscópicamente el liberalismo económico tiene un estrecho espacio en las preferencias europeas. Mucho menos en las de los españoles. Contó el ex asesor del PSOE y economista José Carlos Díaz en Hay vida después de la crisis una jugosa anécdota del premio nobel de Economía Robert Lucas quien en 2010, con la crisis ya desbocada pero firme en su convicción de que la cantidad de dinero era neutral en el funcionamiento de la economía, reconoció que “los economistas hemos aprendido en esta crisis que no se puede minusvalorar la importancia de tener un prestador de última instancia”. El prestador de última instancia, el que abría la billetera cuando todos la cerraron, eran los bancos centrales, en definitiva, los estados.

La cuestión que no pocos se platean es si está agotado el contrato social posterior a la revolución industrial que engrasa las fricciones sociales con los sistemas de protección pública para que no deriven en revueltas, en definitiva si capitalismo de bienestar debe dejar paso a un nuevo contrato social tras la crisis de 2008 y a las puertas de –quizás- una nueva. Un contrato que, por ejemplo, afronte una distribución demográfica diferente en el Planeta, unas potencias económicas también diferentes, una clase media más estrecha y la constatación de la globalización y liberalización de los mercados no condujo inequívocamente al aumento generalizado y equilibrado del bienestar mundial.

El catedrático de Economía Española de la Universidad de Barcelona, Antonio Garrido, define el nuevo contrato social post crisis de 2008 como aquel en el que los ciudadanos hemos aceptado evitar con dinero público e impuestos la caída del sistema financiero a cambio de que éste acepte un marco regulatorio orientado a evitar próximas crisis y a que, en caso de producirse, sean financiadas con dinero privado (de los propios bancos, de sus accionistas y de los depositantes por encima del nivel de ahorro protegido por el fondo de garantía de depósitos). Naturalmente Garrido no limita al arreglo bancario el nuevo contrato social que sustituya al actual que tardó en forjarse casi dos siglos y medio. Pero sí parece que la sociedad ha acentuado su miedo a la libertad, a la libertad del mercado global y reclama un mullido colchón sobre la máxima de que los ciudadanos pensamos que el dinero público es gratis y los políticos están convencidos de que es suyo. Ya ven, ahora nos “regalan” un 5,6 por ciento más en Andalucía. Las promesas de reducir el tamaño de los entes poco útiles se han diluido y la promesa de bajar los impuestos se aplazó. Los gobernantes conocen bien el terreno que pisan, las preferencias de quienes votan el contrato social. La sociedad ha vuelto a depositar en los estados una capacidad protectora superior a la que cada cual podría construirse en una economía de mercado poco intervenida. Es por esto que los liberales más convencidos denuncian el consenso socialdemócrata que no es más que un concepto menos mordaz que en que en su momento supuso apodar a Roosevelt con el apellido de Joseph Stalin advirtiendo de un camino a la servidumbre totalitaria. Un camino que no resultó serlo. Gobierne el centro derecha o lo haga el centro izquierda, el presupuesto sólo puede hacer una cosa; crecer salvo que entremos en un nuevo colapso.

BARRER LA PLAYA PARA FRENAR LA CRISIS (José Manuel Cansino en La Razón el 5/10/2019)

 

La sensación de crisis continúa extendiéndose y también la de que la receta de la política monetaria ultra expansiva no da para más. A pesar de que en su despedida como presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha reactivado su disposición a la compra de activos tóxicos privados y de deuda pública a razón de 70.000 millones de euros al mes, el recorrido de la política de lanzar dinero desde el helicóptero se ha agotado. No basta con que los tipos de interés sean negativos para los bancos y reducidos para consumidores y usuarios, es necesario también que los particulares pidan préstamos y no parecen dispuestos a hacerlo en una situación de incertidumbre y con el recuerdo fresco de los años de la reciente crisis.

Casi agotada la política monetaria, en Europa y resto de economías en riesgo de recesión se vuelve a mirar al gasto público como muleta en la que apoyarse cuando vengan mal dadas o incluso antes; para evitar que el riesgo de crisis cuaje en recesión cierta. Con esa mirada cariñosa al gasto público, muchos analistas han asumido el término de “espacio fiscal” para etiquetar a los países que pueden abrir la billetera del presupuesto público ya que los particulares la tienen cerrada con cremallera.

La definición de “espacio fiscal” es viscosa pero podemos aceptar que disponen de él los países que tienen superávit presupuestario y un nivel reducido de deuda pública sobre su PIB. Ponerle una cifra a esta segunda magnitud no es fácil pero los criterios para acceder en su momento a la moneda única instalaron la cifra del 60 % del PIB como frontera a no rebasar. Así las cosas, tendrían superávit presupuestario Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Eslovenia y Suecia. De este listado de países con las cuentas públicas más que equilibradas habría que descartar aquellas con un nivel de endeudamiento alto respecto al PIB. Este criterio de expulsión sacaría de la lista a Grecia y casi a Croacia, Luxemburgo y Austria, todas ellas economías con entorno al 70 por ciento de deuda pública sobre el PIB. La lista se tendría aún que achicar liberando del esfuerzo de mayor gasto público a los países que –a pesar de tener saneadas sus cuentas- están considerablemente por debajo de la renta per capita promedio de la Unión Europeo. Con todos los descartes la lista se reduce a Dinamarca (0,5 por ciento de superávit y 33,6 por ciento de deuda sobre el PIB), Alemania (1,7 y 61), Holanda (1,5 y 50,9) y Suecia (0,9 y 36,3). España está descartada con un 2,5 por ciento de déficit y una deuda del 98,7 por ciento del PIB en el primer cuatrimestre de 2019.

Pero no vayamos tan rápido. La política fiscal, en definitiva las decisiones de gasto público, son soberanas de los estados y –a diferencia de la política monetaria- no están cedidas a la Unión Europea. Ni Mario Draghi y su sucesora, Christine Lagarde pueden obligar a cambiar la política fiscal de ningún estado, lo que hacen es intentar persuadir para que lo hagan en aras de frenar una posible crisis.

Dos apuntes más. Las políticas de gasto público se diseñan para beneficiar, principalmente, al país que va a soportar el esfuerzo de financiarlo con impuestos (actuales o futuros). Pero si esto es cierto, no lo es menos que sus efectos van más allá de sus fronteras a través de lo que los economistas llamamos “efecto desbordamiento”. Así, un ciudadano alemán que se beneficie de un mayor gasto público en su país también podrá más cómodamente venir a veranear a la Costa del Sol. La mayor parte de su dinero se lo gastará en Alemania, pero no poca cerveza consumirá a pie de chiringuito malacitano.

El segundo apunte es ¿dónde gastar el dinero? Europa tomó buena nota de la mala gestión del Plan E del presidente Rodríguez Zapatero. De pronto los ayuntamientos recibieron una lluvia de millones para financiar infraestructuras que equivalían al presupuesto de inversiones de unos cuatro años. Muchas decisiones de gasto innecesario siguen hoy jalonando parques y jardines; pistas de patinaje sin patinadores, líneas de tranvía sin tranvía, etc. Para no repetir errores como los citados, hay una serie de inversiones prioritarias que –a poco que se pueda- deben abordarse. En primer lugar, las orientadas a mejorar la conectividad deben repartir esfuerzos entre mejorar los corredores comerciales y luchar contra el vaciamiento del mundo rural. En segundo lugar, el invierno demográfico español y el envejecimiento de la población exige ampliar y adaptar las infraestructuras a miles de personas cuya movilidad es cada vez mayor. En tercer lugar y apostando por la competitividad de sectores industriales estratégicos como el agroalimentario, un experto como el ingeniero Eusebio León, apunta a la necesidad de desarrollar terminales de carga aérea para los productos de mayor valor añadido. En definitiva, se necesita adaptar aeropuertos a líneas aéreas de cargo y también mejorar las competitividad de los puertos españoles frente a los grandes competidores como Tánger o Nador.

Naturalmente la lista no pretende ser exhaustiva pero sí hay decisiones que no se pueden repetir. Hace sólo unos días mientras paseaba por la playa reparé en el trabajo de varios empleados municipales que aún mantenían sus contratos veraniegos en un septiembre agonizante. Barrían de arena de la playa la pasarela de madera que unían dos puntos de duchas. Al poco despertó el viento de levante.

CRISIS ES OTRA COSA. EL TREN ES BARATO (José Manuel Cansino en La Razón el 28/9/2019)

 

Si no la alarma desde luego la preocupación por una próxima recesión se ha instalado en la cabeza de casi todos y también en la agenda avanzada de las autoridades económicas. Para el caso de España el último que ha venido a sumarse ha sido el Banco de España con una revisión a la baja del crecimiento previsto para 2019 (el 2 por ciento) y para 2020 (el 1,7 por ciento). Conviene darle a las cosas, sobre todo a las preocupaciones, su justa medida. Una crisis con mayúsculas es el siguiente telegrama. El jueves 24 de Octubre de 1929, en la neoyorquina Wall Street el pánico se extendió a partir de un ligero descenso en las cotizaciones. Inmediatamente se ofrecieron 13 millones de acciones cotizadas en bolsa a cualquier precio. Los norteamericanos perdieron en sólo un día 26.000 millones de dólares. A medio día ya se contaban 12 suicidios. Fue sólo el principio. El valor promedio de los valores bursátiles bajó en un 50 %. Más de 60.000 establecimientos financieros cerraron sus puertas. La crisis llegó a provocar una depresión económica general y el paro llegó a 13 millones de personas; el 25 por ciento de la población activa norteamericana. Bien, la posible desaceleración que se avecina poco tiene que ver con esto y, con casi total certeza, tampoco con la recesión iniciada en 2007.

Ahora bien ¿cómo estamos para afrontar una nueva crisis económica? La salida de la gran recesión de 2007 ahora puesta en solfa nos ha legado una sociedad con salarios más bajos, reducción en derechos laborales muy asentados como la cuantía de la indemnización por despido a la par que ha aumentado la desigualdad en cómo se distribuye la renta. Los ciudadanos hemos salido de esta crisis más pobres, más desiguales, con una menor cobertura frente a situaciones de despido y una amenaza inapelable al valor de las pensiones públicas. Todo ello ha llevado si no a una impugnación del parlamentarismo como ocurrió en la Europa de los años veinte del siglo pasado, sí a un giro hacia nuevas opciones políticas a las que con trazo grueso se las denomina de populistas.

Es ingenuo pensar que los ciudadanos en paro o con salarios bajos van a salir en defensa de un sistema político más dispuesto a legarle el mundo de necesidades de sus bisabuelos que el de la opulencia de sus padres. Es igualmente insensato esperar que los obreros industriales norteamericanos que perdieron su empleo por la deslocalización de empresas hacia China, aplaudan el mundo de la globalización. Antes al contrario están bien dispuestos a respaldar el mensaje del presidente Trump lanzado desde su poderoso “twitter”, afirmando que es posible que la deslocalización de empresas industriales a China haya traído beneficios; sin duda para sus propietarios y accionistas pero no para los trabajadores americanos que perdieron su empleo. Las etapas de crisis son siempre proclives al proteccionismo arancelario. La historia está repleta de ejemplos.

Además de más pobres y menos protegidos frente al desempleo ¿cómo vivimos cotidianamente? Ya antes del estallido de la gran recesión en 2007 en EEUU y un año más tarde en España, se había desarrollado el fenómeno de la economía de bajo coste cuyo mascarón de proa fueron los bazares chinos primero y después los botellones juveniles, los seguros y los vuelos baratos. Para una clase media en la que ser mileurista era ser un “pringadillo”, la economía “low cost” era una opción, vivir por encima de nuestras posibilidades a golpe de tarjeta de crédito, era otra. Ahora que un salario de mil euros al mes es el sueño de millones de trabajadores, principalmente jóvenes con cualificación profesional media baja, la economía “low cost” no es una opción; es la única opción. La única que les permite no sólo sobrevivir con lo básico sino acceder al estándar de consumo al que -ni antes ni ahora- estamos dispuestos a renunciar. Nos han enseñado que no hay felicidad sin consumo y lo hemos comprado sin gran problema.

El móvil de última generación y el acceso permanente a internet se considera un derecho social incuestionable y precisamente es sobre la conectividad sobre la que se ha desarrollado una nueva economía de bajo coste que está plenamente instalada en nuestra casa.

Pocas veces la publicidad logra reducir en apenas treinta segundos de imágenes una nueva forma de vivir en la que millones de personas se han acomodado con suma placidez a juzgar por las sonrisas de los dos chicos que protagonizan el nuevo anuncio de un conocido buscador de viajes. Ambos coinciden azarosamente en un tren que transita lánguidamente por un paraje natural. Viajan con un pasaje barato que les obliga a chocarse las rodillas con las maletas y las mochilas, pero no les importa. Visten con previsible informalidad y su aspecto es el propio del respetable público de albergues. Durante los segundos que dura el anuncio ella repara en que el chico no cesa de hacer gestiones con su móvil. Tiene un mundo barato en su mano al alcance de su huella. La cobertura de cuarta generación (4G) y la dependencia al móvil explica que es usual ver asentamientos de extremada pobreza donde falta de todo menos el móvil en la mano, la pantalla plana y el acceso a sus contenidos premium.

Sigamos en el tren. Un tren que se acompaña de un vaivén que nos ubica en algún destino lejano y exótico donde viajan los jóvenes desaliñados del anuncio a golpe de aplicación descargada en el móvil. Seguramente acabarán alojados en una vivienda particular fuera del circuito convencional de los paquetes turísticos. De otra forma su bolsillo no se lo permitiría. Conforme viajan compartirán su viaje en las redes, puntuarán la calidad del tren, de su alojamiento, de tal o cual visita y con unos pocos euros habrán completado unas vacaciones con las que recargar pilas antes de volver a sus trabajos de, con suerte, mil euros a fin de mes hasta lo que dure.

Así vamos a afrontar la crisis, así y con la “post austeridad” de la que hablan las instituciones europeas pero esa, esa es otra historia.

 

CATALUÑA VISTA DESDE IRAQ Y DESDE EL GUADALQUIVIR (José Manuel Cansino en La Razón el 21/9/2019)

 

El golpe de Estado secesionista en su última fase, ha tenido un notable interés editorial como no podía ser de otra forma. Aunque la comunicación del proceso separatista ha basculado principalmente sobre la propaganda antes que sobre la publicación de libros u otros documentos, no cabe duda de que hoy día ya hay obras que merecen una mención destacada.

Por ejemplo, Pedro Antonio Heras en su libro “Educar en mentira” (Editorial Almuzara) ya advertía del adoctrinamiento escolar en las provincias vascas. En este mismo sentido resultan imprescindibles “Sumar y no restar” de Mercé Villarrubias, “Educación y nacionalismo: Historia de un modelo“ de Ernesto Ladrón de Guevara y la “Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña” de Antonio Robles. En materia educativa, el más demoledor de los documentos es el informe sobre la “Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre” (https://www.aebcatalunya.org/images/informeensenanza.pdf ) que obra en poder del Defensor del Pueblo y que fue presentado en el Parlamento Europeo. En el tardío desmentido al “España nos roba”, el libro colectivo coordinado por Maximino Carpio, “Metodología para la elaboración de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas”, bien merece una mención especial por su carácter de pionero.

Faltaba un análisis del desafío secesionista visto desde fuera de Cataluña, principalmente desde otros países cuyo respaldo procuró el independentismo a golpe del dinero de todos aunque cosechando un sonoro fracaso. Este hueco es el que ha venido a cubrir “Cataluña vista desde fuera” del veterano embajador José Antonio de Yturriaga. Este viernes próximo se presenta en el Ateneo de la capital andaluza.

Aunque el libro del embajador Yturriaga aborda con rigor problemas bien conocidos “desde dentro” (es el caso de papel central de la Iglesia católica catalana), no cabe duda de que su principal interés está en la visión que de la intentona secesionista han tenido en Alemania con la detención de Puigdemont en el länder de Schleswing-Holstein, en Bélgica, en Gran Bretaña –lugar de residencia de la ex consejera de Educación Clara Ponsatí-, la manipulación que el independentismo hizo del “Folklife Festival” en Washington y la pretendida imitación de la denominada vía eslovena.

Faltaba un análisis como el que ofrece el embajador Yturriaga sobre todo teniendo en cuenta dos hechos. El primero la sorprendente inacción o inoperancia de la Diplomacia española frente a la expansión internacional del relato independentista. El segundo, el hecho de que las relaciones diplomáticas no estaban entrenadas para bregar en un escenario nuevo de comunicación dominado por el fenómeno de las “fake news”; algo que han dominado magistralmente los independentistas hasta que los colectivos de la sociedad civil reaccionaron aunque sin millonarios presupuestos de respaldo.

Afortunadamente los independentistas se precipitaron en su actuación. En el fondo tuvimos la "suerte" de que se precipitaran y que la Justicia aún pudiera actuar. De haber cedido las competencias de Justicia, probablemente el golpe hubiese triunfado o estaríamos en una guerra civil. Gracias a su precipitación se ha sabido en toda España, y también en cierto modo en algunos foros internacionales, lo que ocurre en Cataluña en aspectos como el adoctrinamiento escolar y cultural. La gran novedad es que ahora hay mucha más gente movilizada (en España y en el extranjero) que ha entendido el propósito que hay detrás de sus políticas lingüísticas y educativas.

La última Diada ha dado muestras del desgaste del “souflé” separatista. Ahora que muchos de los tibios tomaron conciencia del riesgo de romper España y de perder los derechos que son de todos, quizá sea hora de sumar esfuerzos en mejorar España. La paradoja es hacer esta reflexión en mitad de una muestra más del autismo político que demuestran aquellos que debieran ser emuladores de lo que los ciudadanos hacemos cotidianamente; entendernos con nuestros familiares, compañeros de trabajo, vecinos de escalera y consumidores transeúntes que se ordenan cortésmente en la cola de cajas de pago de Primark.

En España sobran estigmas. Sobran etiquetas que se escupen a los demás como barreras infranqueables que impiden confluir en una misma plaza pública convocados por la tarea colectiva de mejorar España. La visión internacional de Yturriaga en su libro ayuda a caminar lejos de los estigmas y hacia la casa común. Él conoció la dureza de tierras iraquíes, los silencios clamorosos de parte de la diplomacia española pero también las aguas del Guadalquivir desde las que España se proyectó al mundo con la generosidad de aportar el mestizaje a la Historia Universal.

LA DEVA Y EL PAGO A LOS PROFESORES DE SECUNDARIA (José Manuel Cansino en La Razón el 14/9/2019)

 

La tramitación de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2019 permitió la introducción de una enmienda del Grupo Parlamentario VOX por la que se establecía un incentivo económico a los profesores de enseñanza secundaria y a los de las escuelas oficiales de idioma. El incentivo, en forma de pago único se otorgaría a quienes, habiéndolo solicitado, alcanzaran el nivel de excelencia establecido. Aún no se ha articulado cuál será el procedimiento de evaluación pero aportamos una propuesta que consideramos factible.

Actualmente la evaluación de estándares de calidad de profesionales, centros formativos y titulaciones se realiza mediante agencias de evaluación que analizan de forma anónima las solicitudes que remiten los interesados a través de una aplicación telemática. Los criterios de evaluación son públicos y existe un procedimiento de reclamación para quienes no estén de acuerdo con la evaluación recibida. Los evaluadores se eligen a través de un sistema en el que los interesados en actuar como tales remiten sus currículums para ser seleccionados. Es un procedimiento ágil, con garantías y transparencia suficientes y mucho más barato que desplegar tribunales de evaluación.

La reorganización del sector público andaluz ha supuesto, entre otros cambios, la desaparición de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve). Sin embargo, sigue funcionando la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) con competencias únicamente para la enseñanza universitaria. Esta agencia tiene funciones atribuidas en la evaluación (acreditación) de las candidaturas para determinadas plazas de profesores, de titulaciones y también de proyectos de investigación que compiten por los fondos disponibles. La propia DEVA está actualmente evaluando la concesión de complementos salariales específicos a los profesores universitarios que lo son de alguna universidad regional pública y que lo hayan solicitado.

La forma más operativa y transparente de cumplir con lo dispuesto en la Ley presupuestaria de Andalucía para los profesores de secundaria y de escuelas oficiales de idiomas sería reformar el estatuto de la DEVA ampliando sus funciones a la evaluación del personal docente no universitario. Es posible que esto implique la modificación de la Ley 15/2003, 22 de diciembre, Andaluza de Universidades que regulaba la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación Universitaria (AGAE), origen de la actual DEVA.

Ampliadas las competencias de la DEVA, se tendrían que establecer los criterios de evaluación algo que siempre resulta complejo pues es fruto de una negociación entre los representantes sindicales del sector y la administración. Sin embargo, hay mucho camino recorrido ya en evaluaciones similares de manera que la realización de doctorados, máster, publicaciones, etc suelen ser criterios generalmente aceptados y no difíciles de convertir en puntajes.

El reconocimiento a estos profesores de su excelencia por la DEVA podría ser sólo el comienzo de una reforma más amplia orientada a mejorar la calidad educativa en Andalucía que tan mejorables resultados ha mostrado, por ejemplo, en los informes PISA. Así, podría ser el mismo procedimiento para reactivar las convocatorias de cátedras de instituto que la Junta de Andalucía dejó de realizar desde hace más de dos décadas a diferencia de otras comunidades autónomas como Valencia, Murcia, Cataluña o Madrid.

Pero vayamos más allá, ¿por qué no ampliar esta reforma a todo el personal docente no universitario? Particularmente importante es el colectivo de los profesores técnicos de formación profesional pues no pocos desarrollan experimentos susceptibles de ser patentados. Con datos de 2018, Andalucía es la tercera región española que mayor número de solicitudes de títulos de propiedad industrial (10.694) tras Madrid y Cataluña. Sería una buena medida, permitir el desarrollo de la carrera profesional de los profesores técnicos de formación profesional incluyendo entre los criterios de evaluación el número de patentes registradas tal y como ahora se hace con los profesores universitarios e investigadores.

ECONOMÍA BORRASCOSA (José Manuel Cansino en La Razón el 7/9/2919)

 

Casi a diario nos vemos sometidos a un bombardeo de datos económicos que mezclan en un indigesto gazpacho de verano información sobre los avisos de guerra comercial entre EE.UU. y China, anuncios de programas de expansión monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y, en definitiva, una sucesión de hechos geopolíticos diversos de entre los que sobresale la nueva configuración de Europa tras el Brexit. Como el asesor financiero fullero que intenta explicarte mezclando estos datos a toda velocidad por qué tus inversiones con rentabilidad asegurada acaban disminuyendo tus ahorros, nadie sabe qué de cierto hay sobre una nueva recesión. No nos sintamos mal. La mayor parte de los economistas no le sabrían explicar cómo es posible a algunos ahorradores prestar dinero y encima pagar a sus deudores por ello (tipos de interés negativos).

No son pocos los que sólo hacen una lectura política de los indicadores; si el gobierno me gusta elijo los menos malos y si no, los peores. Tampoco busquemos en los índices bursátiles indicios fiables de lo que va a pasar. A pesar de lo que para la mayoría supone que la curva de rentabilidades estadounidense se aplane o dé la vuelta (advertencia de una crisis), entre los propios inversores –unos bajistas y otros alcistas- abundan los convencidos de que va a pasar una cosa y los que lo están de la contraria. Cada cual digiere los datos con su mejor capacidad de discernimiento y aquí va el mío por si gustan.

El crecimiento o disminución de la actividad económica de cualquier país, del empleo y de la renta de sus ciudadanos puede verse siguiendo la pista al gasto en consumo interno de las familias en bienes y servicios, al gasto en inversión, al gasto público y al saldo de las exportaciones menos las importaciones. Como no todo pesa lo mismo, lo determinante –a priori- es la suma consolidada. Esta suma consolidada en España sigue siendo levemente positiva vista a través del indicador sintético de la actividad económica lo que no ocurre ni en Alemania ni en Italia (primera y tercera economías europeas sin contar al Reino Unido). El gasto en consumo sigue creciendo, también el gasto público pero no así el gasto en inversión. Casi al mismo tiempo la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se volvió negativa después de haber sido un componente clave en la salida de la crisis en España. A pesar de esto, el indigesto gazpacho económico se nos repite en el estómago porque se ha instalado en buena parte de las sociedades occidentales el temor de que viene una economía borrascosa. ¿Tiene fundamento este temor? Para responder a esto los economistas utilizan los denominados indicadores adelantados. No son pocos y ojo que pueden elegirse a beneficio de inventario para orlar un discurso ya preconcebido

El más conocido de todos es el índice de producción industrial, principalmente de bienes de equipo y de bienes intermedios. La lógica es sencilla, cuando las empresas que comercializan bienes de consumo final detectan un estancamiento en sus ventas, frenan sus pedidos de bienes intermedios y detienen sus proyectos de inversión que pasan, en buena medida, por comprar maquinaria nueva.

¿Está cayendo inequívocamente la producción industrial en España? Tomemos por ejemplo el índice de Red Eléctrica de España (IRE) que mide el comportamiento del consumo eléctrico de los grandes consumidores. Su evolución da una información muy valiosa de la actividad económica por sectores; la idea básica es que a mayor consumo eléctrico, mayor actividad pese a los esfuerzos que se están realizando por mejorar la eficiencia energética que deberían permitir mantener (o aumentar) la producción) reduciendo el consumo eléctrico. Después de corregir los efectos del calendario laboral y de las temperaturas, el IRE muestra que la industria española acumula ya seis trimestres consecutivos de caídas en el consumo eléctrico hasta el segundo trimestre de 2019. El sector servicios y el de otras actividades encadenan cuatro trimestres también con menor consumo eléctrico. Si bosquejamos en los subsectores industriales que lideran la caída del consumo eléctrico destacan las fábricas de vehículos de motor (este agosto las matriculaciones cayeron un 30,8 por ciento la mayor caída tras el descenso del 41,27 por ciento en agosto de 2008), la metalurgia y la industria química. En este último caso hay que prestar especial atención pues el barómetro de la actividad económica de la industria química es un buen indicador adelantado de la actividad económica que está por venir. Un apunte más; si se compara la información del IRE con el comportamiento del Índice de Producción Industrial (otro indicador adelantado típico), las conclusiones no son tan claras pues si se corrige por el efecto estacional y de calendario, el índice creció un 1,8 por ciento entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019.

¿Y si las familias tienen que apretarse el cinturón? ¿Caerá el consumo interno tanto como en la reciente crisis? Dinero barato y seguir viviendo por encima de nuestras posibilidades explica que el endeudamiento de las familias españolas siga siendo superior al promedio del resto europeo. Los costes financieros que soportan las familias españolas por sus préstamos bancarios han caído un 71% desde 2008 por la política monetaria ultra expansiva del BCE. La deuda de las familias españolas asciende a 712.011 millones de euros de ellos los créditos destinados al consumo suman 186.315 millones y los destinados a la vivienda, 525.696. El gasto en consumo es superior al aumento de la renta disponible de las familias, presentando los hogares una necesidad de financiación a junio del orden de 18.000 millones de euros. El peso de la deuda de las familias en España alcanzó un porcentaje máximo del producto interior bruto (PIB) del 85% en junio de 2010, desde entonces ha reducido su peso en casi 24 puntos porcentuales hasta situarse a finales de 2017 en el 61,3%. Esto supone un desapalancamiento de 203.000 millones de euros.

Medida como el porcentaje que representa la deuda en la renta de los hogares, el nivel de endeudamiento de los hogares españoles alcanzó en 2007 un máximo del 134,7% de su renta bruta disponible. Un año después estalló la crisis. Diez años más tarde el valor ha caído hasta el 99,4%. Aun así el porcentaje de la renta que destinan los hogares al servicio de la deuda (pago anual de los intereses y amortización del principal), es del 11,6% lo que supone 7,3 puntos porcentuales por debajo del máximo alcanzado en 2008. En resumen, de cernirse una borrasca sobre economía española, las familias tendrían que apretarse el cinturón un poco menos que en 2008.

La cuestión es que la respuesta a una eventual borrasca económica es el mismo paraguas que se despliega desde 2010; política monetaria ultraexpansiva dispuesta a comprar a razón de 50.000 millones de euros al mes todo activo (público o privado) que moleste en el balance de los bancos y dificulte la expansión del crédito a familias y empresas. El problema es que alcanzados los tipos de interés negativos (los prestamistas llegan a pagar por prestar dinero), la política monetaria ya no da más de sí; la transmisión del estímulo no llega a la economía. Habría entonces que dar una vuelta también expansiva a la política fiscal y no todos los gobiernos están en la misma posición aunque Alemania sí.

A diferencia de lo que ocurrió en 2007 no hay ninguna burbuja financiera que al estallar colapse a sus propietarios, en ese sentido podemos estar más tranquilos, pero el jarabe de la política de dinero barato está próximo a agotarse. Si el enfermo recae, doparlo a la espera de que por sí mismo reaccione puede no servir en esta ocasión. En mi opinión la crisis que se avecina tiene mucho de expectativas que se auto cumplen. Sí mayoritariamente vemos una borrasca que se aproxima, todos cerraremos las ventanas y aplazaremos nuestro paseo.