FONDOS BUITRES Y CLÁUSULAS SUELO (José Manuel Cansino en La Razón el 30/5/2016)

Si los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resultaron cruciales en el largo proceso hacia la abolición de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, es posible que no esté lejos el final de las operaciones de los denominados “fondos buitres”. Unas operaciones que consisten en adquirir a precio de saldo los créditos fallidos de los bancos y los inmuebles ofrecidos en garantía de pago. La razón está en el libro publicado por el profesor del prestigioso ICADE, Guillermo Rocafort; “Fondos buitres. Manual de autodefensa” (Ed. Barbarroja).

Para este joven abogado y doctor en Economía, un fondo buitre encarna a un especulador que se dedica sistemáticamente a comprar a precios de saldo activos (los mencionados préstamos fallidos o inmuebles) aprovechándose de las necesidades financieras y legales que tienen las entidades financieras para sanear sus balances y mejorar las cuentas de resultados.

Efectivamente se trata de un Manual para la eficaz asistencia jurídica a todos aquellos que se han visto obligados por los efectos de la crisis económica a impagar sus préstamos; un Manual nucleado en la aplicación del artículo 1.535 de nuestro veterano Código Civil que data de 1.889. Este artículo regula el derecho de retracto que tiene el deudor que impagó el préstamo para cancelarlo al mismo precio al que el banco acreedor lo va a ceder a un tercero, esto es, al fondo buitre. El precio de cesión o venta de este préstamo fallido suele estar –en promedio- en torno al 5 % de la deuda de forma que pagando sólo esa cantidad del valor, la deuda quedaría cancelada y el desahucio –de haberlo- detenido. Naturalmente el proceso no es tan sencillo y a cómo abordarlo de forma exitosa para el deudor está orientado este Manual.

 Varias son las trabas que se interponen en la posibilidad de que el deudor pueda ejercer el derecho de retracto y saldar la deuda por el mismo precio que el banco va a venderla al fondo. Por supuesto, la principal es la ausencia de comunicación eficaz de su intención de vender la deuda y del precio. De hecho, una vez vendido el préstamo al fondo, el banco se comporta aplicando el denominado “fronting” por el que aparentemente sigue siendo el titular del crédito (cobra los intereses, etc) aunque quien verdaderamente ha pasado a ser el titular del préstamo es el fondo buitre. Para atacar este flanco, Guillermo Rocafort recomienda utilizar la Ley Orgánica de Tratamiento Automatizado de Datos.

Otro impedimento no menor es el que afecta a todos los inmuebles “tóxicos” adquiridos por el banco malo o la SAREB. El artículo 12 de la Ley 9/2012 establece explícitamente que en la venta a la SAREB de activos inmobiliarios “tóxicos” por parte de las entidades financieras “enfermas” no será de aplicación el artículo 1.535 del Código Civil que regula el derecho de retracto del deudor y resulta la pieza angular de la lucha en favor del derecho del deudor. El autor considera que esta Ley es injusta y propone su modificación hasta el punto de obligar a la SAREB a informar a todos los ayuntamientos españoles de los pisos transferidos en sus respectivos términos municipales. De hecho anima a los ayuntamientos a pedir a la SAREB esta información.

Pero ¿qué ocurre con aquellas otras deudas o inmuebles que no vende el banco a la SAREB sino que son directamente vendidas a un fondo buitre? Aquí es donde el libro ofrece ordenadamente una batería de medidas y estrategias de defensa jurídica que el interesado podrá conocer en profundidad. De entre las situaciones abordadas merece destacarse aquellas operaciones en las que el fondo buitre adquiere los inmuebles a través de las denominadas cesiones de remate. En estos casos el banco se adjudica el inmueble que servía de garantía en la subasta. Lo hace bien porque haya sido el mejor postor o porque nadie haya concurrido a la subasta. Una vez adjudicado el inmueble el banco procede a cederlo a un tercero (fondo buitre) y a un precio que acabará siendo inferior al de la subasta. La práctica habitual es que la cesión de remate se justifique judicialmente mediante la presentación de una carta de pago por la que el vendedor (habitualmente el banco) manifiesta que ha recibido dicho pago sin especificar el importe. Para el profesor Rocafort, esta situación se resolvería si los secretarios judiciales convocasen a los deudores a la cesión de remate y el precio de la cesión fuese público de forma que pudiera ejercerse el derecho de retracto.

Una advertencia previa antes de finalizar este comentario debe hacerse en el sentido de subrayar que para ejercer el derecho de retracto del repetido artículo 1.535 del Código Civil es necesario que el crédito cedido sea litigioso, esto es, debe haber por el demandado o ejecutado al menos una contestación a la demanda interpuesta. Además debe ejercerse en un plazo de nueve días, plazo que considera que es posible ampliar si se aplican las normas en defensa de los consumidores.

El libro aborda otros aspectos del funcionamiento de los fondos buitres y que tienen que ver con sus obligaciones fiscales mínimas amparadas en tramas internacionales a lo “Luxleaks” de las que ya nos hemos ocupado en otros momentos.

Permítanme finalizar citando un párrafo del autor que sirve perfectamente para entender lo que le ha movido a escribir este Manual: “Imposibilitar el ejercicio de retracto crediticio contemplado en el artículo 1.535 del Código Civil, cuando además lo que está en juego es la vivienda habitual de una familia que hace las funciones de garantía real de una deuda hipotecaria, es un acto especialmente ignominioso”.

LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE (José Manuel Cansino en La Razón el 23/5/2016)

En España falta conciencia de contribuyente como consecuencia de la extendida idea de que lo público es gratis. Para ayudar a desdecir esa falacia, cada uno de nosotros debemos dedicar un tiempo al análisis del gráfico informativo que se imprime automáticamente acompañando a la declaración del IRPF.

Se trata de un gráfico muy didáctico resultado de la aplicación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre en el que se muestra la distribución que se hace de cada 100 euros que pagamos en nuestro IRPF. La mayor parte –un 70 %- se destina a la rúbrica “Servicios públicos básicos” que incluye el gasto en pensiones y prestaciones (la mayor partida con un 40%), la Sanidad (14 %), la Educación (9 %), Orden Público y seguridad (5 %) y Defensa (2 %). Los otros 30 euros de cada 100 se reparten entre infraestructuras públicas (10) y otros gastos públicos que incluyen un nada desdeñable 7 % de pago de intereses por una deuda pública que ya supera el 100 % del PIB nacional.

Pero aún hay más información en nuestra declaración de la renta que como contribuyentes y ciudadanos debería recibir nuestra atención. Me refiero a la distribución de lo que pagamos por este impuesto principal y va a manos de la Administración Regional o a la Administración General (mal llamada Central) del Estado.

Como es sabido, el sistema de financiación autonómico (el vigente y algunos anteriores) establecieron que automáticamente el 50 % de la recaudación por IRPF se repartía entre la Administración General y la Autonómica. Sin embargo, como la recaudación del IRPF la realiza una parte de la Administración General (la Agencia Tributaria) se trasladaba al contribuyente la falsa impresión de que el ogro recaudatorio era la Administración “Central” mientras que la Autonómica sólo mostraba el amable rostro del gasto público, ese mismo que con frecuencia se piensa que es tan gratis como el maná bíblico que llovía del cielo. No fuimos pocos los que durante años pedíamos que el contribuyente pudiese ver fácilmente qué parte de su IRPF iba para su región de residencia y qué parte para la Administración General.

Ahora ya basta con seleccionar la opción de “ver resumen de la declaración” para que en apenas dos folios podamos ver qué parte del tipo impositivo que soportamos es “estatal” y qué parte “autonómico” como también es fácil comprobar que parte de la cuota líquida (la cifra real del impuesto que pagamos) es “estatal” o “autonómica”. Con esta información los ciudadanos-contribuyentes tenemos un dato importante para valorar si la calidad de los servicios pública que recibimos del conjunto del estado o de la comunidad autónoma se corresponden o no con el esfuerzo fiscal que una y otra administración nos exige.

La pereza frente a la consulta de estos datos no es argumento des-responsabilizador del ciudadano. De la misma forma que escrutamos la cuenta del restaurante para comprobar si responde o no a lo que nos sirvieron así debemos revisar nuestra declaración de la renta para luego premiar o sancionar con nuestra opinión y –en su caso- voto a los ejecutivos que mejor servicio público ofrecen a cambio del esfuerzo fiscal que se pide.

Naturalmente queda una terrible pregunta en el aire. Una pregunta que los investigadores denominamos “contrafactual” y que vendría a formularse de la siguiente manera ¿cuál sería la cuantía y el reparto del gasto público si, además de pagar yo, hubiesen pagado el IRPF todos los españoles que se llevaron su dinero a paraísos fiscales, a Panamá o a Gibraltar, por ejemplo? O bien ¿en cuánto se podría rebajar el impuesto que pago si en el reparto de esfuerzo por pagar los servicios públicos entrasen todos los que se escabullen en estos lugares piratescos?

Estas dos preguntas también son de formulación necesaria aunque de respuesta mucho más difícil. Pero no estaría de más que los que realizan cálculos bien fundamentados del fraude fiscal –me refiero a los sindicatos que agrupan a inspectores y subinspectores de Hacienda- realizaran algún ejercicio de este tipo.

Sólo una sociedad bien informada, con conciencia de contribuyente y que no ha dimitido de su responsabilidad de revisar su factura fiscal de la misma forma que comprueba la lista de la compra, puede acabar con un reparto injusto de la carga tributaria. No debemos esperar que nadie lo haga por nosotros.

EL DINERO NO LLEGÓ A LA COMUNIÓN (José Manuel Cansino en La Razón el 16/5/2016)

Allí estaba el marinerito con el traje tantas veces ajustado como tallas de los diferentes usuarios por los que había pasado. Tenía ya un cierto olor (sic) amarillento de ese que no se va por más que se le ponga detergente blanqueador. El mismo amarillo de los rebordes de la primera foto en la que aparece; la que está en la salita entrando a mano derecha y arriba de la foto de la mili. Frente al marinero están el padre y la madre; supervivientes, enamorados, separados, deconstruídos, reinventados… Están. Al lado, dos abuelas, doscientos achaques y un “ten cuidado niño no se te vaya a manchar el traje”. Los “Burger” de los centros comerciales están repletos de comuniones entrañables que no pudieron agasajar al recién comulgado con el exclusivo viaje a “Urodisni”, ese que le da un sentido a la celebración quizá, muy quizá, desmesurado.

Para la mayor parte de las familias, o lo que queda de ellas a los diez años del nacimiento de la criatura, el dinero aún no ha llegado. Me refiero al dinero que el Banco Central Europeo lleva bombeando desde que “la cosa” se aceptó que era gorda e iba para rato. Lo último y a imitación del fallido modelo japonés y el exitoso ejemplo estadounidense, fueron las “Quantitative easing” o programas de compra masiva de activos públicos lanzadas por Mario Draghi.

He leído a algún colega que en tan sólo seis meses, Estados Unidos creó más dinero que el puesto en circulación entre 1940 y 2007. ¿Dónde está ese dinero que los expertos llaman M3? Desde luego no llegó a la mesa del “Burguer”.

Para entender un poco esta situación pedí su opinión al profesor Francisco Zabala, buen conocedor de la política monetaria.  Me apuntaba que antes del inicio de la crisis las tasas de crecimiento de M3 se situaban en torno al 8% (hecho llamativo si se considera que el objetivo a medio plazo del BCE era del 4,5%). Esto se debía sobre todo a la fuerte expansión del crédito durante la gestación de la burbuja inmobiliaria. El máximo de  tasa de crecimiento de M3 (12,4%) se alcanzó entre octubre y noviembre de 2007, justo antes del inicio de la crisis. A partir de ahí la tasa empezó a caer debido sobre todo a la contracción del crédito derivada de la crisis financiera. Para hacer frente a esta situación se ha hecho un uso principal de la política monetaria frente a la política fiscal gracias a que no había riesgo de que la inflación se disparase conforme se imprimían euros a mansalva. Naturalmente han habido otras medidas como la creación del banco malo (la SAREB) que tanto ha criticado mi colega Guillermo Rocafort en su interesante y último libro “Fondos buitre. Manual de autodefensa” (Ed. Barbarroja).

La cuestión fue que en otoño de 2008 se inició una política monetaria muy expansiva en el Banco Central Europeo jamás conocida, y mientras la política monetaria se iba haciendo más expansiva (con sucesivas bajadas de tipos de interés), la tasa de crecimiento de M3 se fue reduciendo hasta llegar a cifras negativas en otoño de 2009. En esta cadena que debería ir desde el BCE hasta la hamburguesería post primera comunión ha fallado el denominado “mecanismo de transmisión” de la política monetaria. Es lo que sostiene la tabla que acompaña a este artículo. De nada sirve la actuación del BCE si el sistema financiero no expande el crédito a empresas no financieras (que son todas las de una economía salvo las entidades financieras y de seguros) y a los hogares.

Financiación y depósitos de los sectores no financieros en España
(% variación respecto al año anterior)
		2011	2012	2013	2014	2015	2009/2015
Sector privado		-1,9	-4	-8,2	-5,3	-3,9	-4,4
	Empresas no financieras	-1,9	-4,2	-10,6	-5,4	-4	-3,7
	Hogares	-2	-3,8	-5	-5,1	-3,7	-3,4
Administraciones Públicas		16	14,9	16,8	6,9	4	3,9
Fuente: Caixabank research. Informes mensuales

La Tabla evidencia la fuerte contracción del crédito al conjunto del sector privado para el periodo 2009-2015 con una reducción del 4.4 % (más intenso en las empresas que en los hogares). Sin crédito no hay inversión ni gasto. Sin inversión ni crecimiento de la demanda no hay empleo, ni tan siquiera empleo con salarios muy inferiores a los previos a la crisis (debido a lo que los economistas llamamos ‘devaluación interna’) y con unas condiciones que han dado lugar a una nueva clase social que es el ‘precariado’ en palabras del antropólogo Isidoro Moreno.

En cambio sí ha habido una fuerte expansión del crédito al sector público. El BCE ha prestado fuertemente a los bancos a través de las operaciones de financiación no convencionales para que estos compren una deuda pública que, de otra forma, exigiría el pago de una prima de riesgo altísima. Sólo en 2013, la expansión del crédito a las Administraciones Públicas españolas fue del 16.8 %. El mismo año en el que el crédito a las empresas privadas se redujo un 10.6 % y un 5 % a los hogares. Técnicamente hemos tenido una clara monetización de la deuda se quiera o no reconocer; una monetización que hace recordar el aserto que dice que “el problema del dinero público estriba en que los ciudadanos piensan que es gratis y los políticos que es suyo”.

El dinero no llega a los agasajos de las celebraciones familiares de miles de hogares donde aún todos los miembros están en paro o viven agarrados a un contrato precario con el que aún andan devolviendo las cuotas de aquel préstamo para irse de vacaciones a Marina D’Or. Aquellos eran tiempos de restaurante y no sólo de “burgers”.

AL NORTE, ANDORRA, AL SUR, GIBRALTAR (José Manuel Cansino en La Razón el 9/5/2016)

El asunto del blanqueo de los billetes de 500 euros funcionaba así. El Partido había acordado con una empleada de unos grandes almacenes que ‘su gente’ acudiría a realizar compras importantes pagando con estos billetes. Televisores, relojes de alta gama, electrodomésticos, … A los dos o tres días acudían de nuevo a visitar a la misma empleada a devolver lo comprado. En esta ocasión la devolución del dinero se haría en billetes más pequeños. De esta forma el Partido evitaba incluir los billetes procedentes de comisiones ilegales en el circuito formal del dinero, esto es, a través de una cuenta corriente en un banco. La razón estaba en que las entidades de depósito (los bancos) por precaución, tomaban nota del DNI de la persona que realizaba las entrega o el cambio de este tipo de billetes. De hecho, cualquier entidad bancaria exige el DNI cuando se retira una cantidad superior a los 1.000 euros.

Según la organización profesional que agrupa a parte de los técnicos de Hacienda, GESTHA, en España circula el 65 % de billetes de 500 euros impresos, lo que representa algo más de 45.000 millones de euros (casi un 0.4 % del PIB español). La cantidad se multiplicó por tres desde 2002 y especialmente durante el ‘boom’ inmobiliario. El coste de imprimir un billete de 500 para el Banco de España es de tan sólo 8 céntimos.

El terrorismo, el narcotráfico, la trata de blancas y la evasión fiscal están relacionados (los estadísticos dirían correlacionado) con el uso de los billetes grandes. Esto es algo conocido. Por esta razón, precisamente, la Reserva Federal (el Banco emisor de Estados Unidos) retiró de la circulación los billetes de 1.000 y 2.000 dólares.

España está en mitad de tres territorios que durante mucho tiempo han sido considerados paraísos fiscales; al Sur, Gibraltar, al Norte, Andorra y más al Norte, Mónaco. De hecho para no pocos expertos Gibraltar lo sigue siendo. Buena prueba de ello es el contrabando de tabaco procedente de la colonia británica que siempre dio quebraderos de cabeza o alegrías a los directores de sucursales bancarias gaditanas que tenían que aceptar depósitos de chavalitos debidamente inscritos como parados en el INEM pero que acudían al banco con billetes grandes a depositar. El tráfico de hachís procedente del Norte de África y el de cocaína proveniente de Sudamérica explica también la cantidad de estos billetes que se mueve en España.

Ahora los billetes de 500 ya no circulan libremente; se apalancan. Circulan en un mercado B o secundario donde se cancelan deudas y pagos entre traficantes, proxenetas o muleros que los llevan pegados a su cuerpo para pasar por la frontera y es que cuando se sacan más de 10.000 dólares de un país hay que declararlo en la aduana.

La decisión del Banco Central Europeo de retirar de la circulación los billetes morados podía muy bien haberse hecho dando un plazo mucho más corto en el que sus poseedores hubiesen tenido que ir a las oficinas del Banco de España (o de cualquier otro banco central de los dieciocho que integran la Eurozona) a cambiarlos por billetes más pequeños. Así de sencillo. Incluso con un periodo de canje igualmente corto y admitiéndolo en bancos comerciales, a más de un banco le hubieran servido para tapar agujeros y acercarse más cómodamente a los requisitos de dinero líquido que ahora deben tener disponible para evitar pánicos o corridas bancarias.

La decisión de retirar de la circulación los billetes de 500 euros va en la dirección correcta para un país donde, viendo el telediario, ser contribuyente le hace a uno demudar su rostro para tomar el de un imbécil. Pero que nadie se engañe, el dinero asociado a los grandes delitos y evasiones fiscales se mueve a través de transacciones electrónicas hacia paraísos fiscales no muy lejanos de Gibraltar tanto geográfica como políticamente hablando (pertenecen al Reino Unido).

Después de aplicar la medida, el billete de 500 igual sigue funcionando un tiempo en el mercado secundario. En definitiva, dinero es cualquier medio de pago que se acepte por las partes para cancelar las deudas.

Los afortunados 9.100 andaluces (José Manuel Cansino en La Razón el 2/5/2016)

El texto que transcribo no es ninguna broma y dice así: “el modelo de desestacionalización se mantiene durante un año, correspondiendo a los primeros trimestres el momento de la reidentificación del modelo, pero se recalculan trimestralmente los coeficientes, con lo cual cada trimestre se revisan los resultados anteriores (bien por reidentificación o por revisión de coeficientes), por lo que se debe consultar siempre las últimas series disponibles.”

El texto no es mío. Está tomado de la web del Instituto Nacional de Estadística y si no resultase tan críptico debería permitir entender cómo es posible que el paro español subiese un 0.25 % entre enero y marzo aunque se redujo un -2.74 % en términos desestacionalizados. La Estadística es una ciencia rigurosa pero no vendría mal que el INE hiciese un esfuerzo de comunicación para no facilitar las cosas a quienes descalifican esta disciplina despachándola injustamente con la afirmación de que hay “verdades, mentiras y estadísticas”. Desde luego y así las cosas, no es difícil entender que el Gobierno subraye el descenso del paro “desestacionalizado” y el resto de partidos –en pertinaz campaña electoral- apunten al repunte del paro hasta el 21 % que se desprende de la última oleada de la Encuesta de Población Activa (EPA).

La desestacionalización o ajuste estacional de la serie de datos de paro, consiste en la eliminación de su componente estacional a través de un procedimiento matemático-estadístico. El resultado una vez desestacionalizado permite analizar mejor la tendencia a lo largo del tiempo. Los datos del paro están siempre sujetos a la época laboral en la que se conocen. En el caso concreto del primer trimestre (que se acaba de publicar) hay que tener en cuenta que los meses de enero (final de la campaña de Navidad) y febrero son malos hasta que llega la Semana Santa, que este año llegó a finales de marzo. En definitiva, hay trabajos sólo demandan empleo en momentos concretos del año (el turismo en verano –sol y playa- o en época de nieve –esquí-, el comercio minorista durante las Navidades o algunas actividades agrícolas en época de recolección). Cuando esa "estación" pasa, las personas que ocupaban estos puestos de trabajo se quedan en paro.
La tendencia del paro se ve así “contaminada” por este tipo de estaciones y de ahí que los expertos desestacionalicen los datos con métodos econométricos que "quitan" el efecto estacional.  

Si ponemos el foco en el dato “grueso” (sin desestacionalizar), por regiones, las mayores bajadas del paro del primer trimestre de 2016 se dieron en Canarias (11.900 parados menos), Murcia (11.100) y Andalucía (9.100).  De esta forma hubieron 9.100 andaluces que afortunadamente dejaron de ser considerados “parados” por esta encuesta. Sería interesante indagar a ver dónde encontraron empleo.  Si lo hacemos nos vamos a llevar una sorpresa no muy agradable.

De los cuatro sectores económicos que considera el INE en la elaboración de la EPA (Agricultura, Industria, Construcción y Servicios), sólo el sector de la Construcción registró un descenso (el 3.24 %) entre el tercer trimestre de 2015 y el primero de 2016. En el resto de sectores, el paro aumento; un 14.5 % en Agricultura, un 1 % en la industria y un 1.3 % en el sector servicios. Así pues, “el ladrillo” en sus diversas variantes (obra residencial nueva, reformas u obra civil) vuelve a ser el único que presenta datos positivos para escarnio de los que llevan desde 2008 encaramados al discurso de “hay que cambiar el modelo productivo”. Los datos son tozudos y sólo la ciudad española de Melilla muestra una tasa de paro más alta que el 31 % de desempleo andaluz, situado casi secularmente diez puntos por encima de la media española.

El análisis de la EPA permite otras reflexiones poco festivas. Por ejemplo que la población activa experimentó un descenso de 52.700 personas en el primer trimestre de 2016 situándose en 22.821.000. Significa esto que hay cada vez más personas que han abandonado la búsqueda activa de empleo (requisito sine qua non para que el INE catalogue a una persona como parada). Al hilo de esto convendría subrayar –aunque resulte impopular- que el número de españoles que han emigrado buscando un empleo fuera es relativamente pequeño en comparación con los más de cuatro millones de desempleados. El desarraigo tiene siempre un aspecto emocional muy duro, pero los datos no ponen de manifiesto una salida importante de españoles al extranjero. A las estadísticas de movimientos migratorios del propio INE me remito.

Otra lectura “dura” de la última EPA es la asociada al dato de los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro. En el primer trimestre de 2016 su número aumentó en 54.300, hasta un total de 1.610.900.

En resumen, los datos son malos cuando ya nos habíamos acostumbrado a la “creación neta del empleo”, letanía que había conseguido establecer en Gobierno en funciones basándose en la buena tendencia del paro pero sin necesidad de recurrir al dato “desestacionalizado”. Ahora sí han tenido que echar mano de él al tiempo que las regiones que no necesitan acudir a este ajuste econométrico exhiben músculo en su reducción del paro. Una reducción que, en Andalucía, se debe al ladrillo. Cosas veredes.