En España falta conciencia de
contribuyente como consecuencia de la extendida idea de que lo público es
gratis. Para ayudar a desdecir esa falacia, cada uno de nosotros debemos
dedicar un tiempo al análisis del gráfico informativo que se imprime
automáticamente acompañando a la declaración del IRPF.
Se trata de un gráfico muy
didáctico resultado de la aplicación de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre en el
que se muestra la distribución que se hace de cada 100 euros que pagamos en
nuestro IRPF. La mayor parte –un 70 %- se destina a la rúbrica “Servicios
públicos básicos” que incluye el gasto en pensiones y prestaciones (la mayor
partida con un 40%), la Sanidad (14 %), la Educación (9 %), Orden Público y
seguridad (5 %) y Defensa (2 %). Los otros 30 euros de cada 100 se reparten
entre infraestructuras públicas (10) y otros gastos públicos que incluyen un
nada desdeñable 7 % de pago de intereses por una deuda pública que ya supera el
100 % del PIB nacional.
Pero aún hay más información en
nuestra declaración de la renta que como contribuyentes y ciudadanos debería
recibir nuestra atención. Me refiero a la distribución de lo que pagamos por
este impuesto principal y va a manos de la Administración Regional o a la
Administración General (mal llamada Central) del Estado.
Como es sabido, el sistema de
financiación autonómico (el vigente y algunos anteriores) establecieron que
automáticamente el 50 % de la recaudación por IRPF se repartía entre la
Administración General y la Autonómica. Sin embargo, como la recaudación del
IRPF la realiza una parte de la Administración General (la Agencia Tributaria)
se trasladaba al contribuyente la falsa impresión de que el ogro recaudatorio
era la Administración “Central” mientras que la Autonómica sólo mostraba el
amable rostro del gasto público, ese mismo que con frecuencia se piensa que es
tan gratis como el maná bíblico que llovía del cielo. No fuimos pocos los que
durante años pedíamos que el contribuyente pudiese ver fácilmente qué parte de
su IRPF iba para su región de residencia y qué parte para la Administración
General.
Ahora ya basta con seleccionar la
opción de “ver resumen de la declaración” para que en apenas dos folios podamos
ver qué parte del tipo impositivo que soportamos es “estatal” y qué parte
“autonómico” como también es fácil comprobar que parte de la cuota líquida (la
cifra real del impuesto que pagamos) es “estatal” o “autonómica”. Con esta
información los ciudadanos-contribuyentes tenemos un dato importante para
valorar si la calidad de los servicios pública que recibimos del conjunto del
estado o de la comunidad autónoma se corresponden o no con el esfuerzo fiscal
que una y otra administración nos exige.
La pereza frente a la consulta de
estos datos no es argumento des-responsabilizador del ciudadano. De la misma
forma que escrutamos la cuenta del restaurante para comprobar si responde o no
a lo que nos sirvieron así debemos revisar nuestra declaración de la renta para
luego premiar o sancionar con nuestra opinión y –en su caso- voto a los
ejecutivos que mejor servicio público ofrecen a cambio del esfuerzo fiscal que
se pide.
Naturalmente queda una terrible
pregunta en el aire. Una pregunta que los investigadores denominamos
“contrafactual” y que vendría a formularse de la siguiente manera ¿cuál sería
la cuantía y el reparto del gasto público si, además de pagar yo, hubiesen
pagado el IRPF todos los españoles que se llevaron su dinero a paraísos
fiscales, a Panamá o a Gibraltar, por ejemplo? O bien ¿en cuánto se podría
rebajar el impuesto que pago si en el reparto de esfuerzo por pagar los servicios
públicos entrasen todos los que se escabullen en estos lugares piratescos?
Estas dos preguntas también son
de formulación necesaria aunque de respuesta mucho más difícil. Pero no estaría
de más que los que realizan cálculos bien fundamentados del fraude fiscal –me
refiero a los sindicatos que agrupan a inspectores y subinspectores de
Hacienda- realizaran algún ejercicio de este tipo.
Sólo una sociedad bien informada,
con conciencia de contribuyente y que no ha dimitido de su responsabilidad de
revisar su factura fiscal de la misma forma que comprueba la lista de la
compra, puede acabar con un reparto injusto de la carga tributaria. No debemos
esperar que nadie lo haga por nosotros.
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