AMBICIÓN A RAUDALES (José Manuel Cansino en La Razón el 28/3/2016)

El actor Antonio Banderas mostraba su asombro hace unos años ante el dato de que el 74 por ciento de los universitarios andaluces tenía como vocación ser funcionario. El actor español de fama internacional reconocía que el dato se lo había revelado un consejero del gobierno autónomo –cuyo nombre se ocupó de mantener en el anonimato- al tiempo que decía que en Estados Unidos, el mismo porcentaje era el de los estudiantes que tenían decidido emprender su propio negocio.

Sin duda falta ambición en las aulas universitarias andaluzas. Probablemente falta ambición en el conjunto de nuestra sociedad. Se trata de un problema sociológico y, por tanto, de causas varias, complejas y ninguna de ellas de inmediata solución. Pero no por difícil debe formar parte de los anatemas que ya ensanchan el abultado saco de lo políticamente incorrecto; aquello de lo que no se puede hablar si uno no quiere que le cuelguen el sambenito de radical.

La primera razón para esta falta de ambición en las aulas –hablo principalmente de las que se ubican en las Facultades de Negocio (Empresariales), Economía, Finanzas o Marketing- es la reprobación pública del beneficio empresarial. Vive instalada en España una general sospecha hacia toda actividad empresarial privada que genere beneficios y que no ponga casi inmediatamente en la cabeza de quien tiene noticia de ello conceptos como el de explotador, contratos basura, precariedad laboral, etc. En definitiva y frente a otras sociedades desarrolladas, no hay un primer resorte que haga pensar que quien pone en marcha una empresa y vive de su beneficio lo pueda hacer con el absoluto respeto a los derechos de los trabajadores y a partir de unas relaciones justas y honestas con sus empleados, clientes y proveedores. Así las cosas, es muy poco incentivador querer convertirse en un empresario que es tanto como adquirir un estatus reprobable de especulador. Tanto es así que hoy día se ha tenido que cambiar el término “empresario” por el de “emprendedor” para así suavizar el rechazo social a quien decide tomar este camino después de abandonar las aulas.

La segunda razón podría estar en el débil nexo que aún perdura entre la universidad y la empresa pese a los muy valorables esfuerzos que se han hecho desde las administraciones públicas. Esta razón debe analizarse desde la paradoja que supone el éxito internacional de las principales escuelas de negocio españolas (con campus abiertos en Estados Unidos y Asia) y los discretos resultados de las Universidades en ‘rankings’ internacionales como los de Shanghai. Probablemente la clave esté en el sistema de reclutamiento o contratación de profesores o, más aún, en cómo está diseñada la carrera del profesor universitario. Permitanme que me centre en quienes, como yo, trabajan para una Facultad de Economía. Mientras que en las escuelas de negocio los profesores tienen que acreditar una estrecha vinculación y conocimiento con la actividad empresarial, en una Facultad de Empresariales se puede culminar una carrera profesional sentando plaza de catedrático sin haber pisado profesionalmente una empresa. Aunque no es imposible, es difícil pensar que se puede incentivar a crear empresas si quien ha de hacerlo tiene como objetivo profesional convertirse en funcionario.

Nótese que sostengo lo que escribo sin desconocer el peso que actualmente tiene la denominada “transferencia del conocimiento” en el desarrollo de la carrera profesional de los profesores; esto es, las actividades que consisten en transferir los resultados de los trabajos de investigación en conocimiento que puede ser aplicado por empresas, administraciones públicas y otras instituciones privadas.

Sin embargo, me sorprende que lo que ya resolvieron con éxito las Ciencias de la Salud en el sistema Universitario español, no se replique en otros campos científicos con un marcado carácter aplicado como representan las Facultades de Empresariales y similares. En las Ciencias de la Salud –pensemos para simplificar en la Medicina- la actividad docente se ha compatibilizado con éxito con el trabajo de investigación y las tareas clínicas de atención a los pacientes; algo que ha permitido una fructífera relación entre los manuales, las publicaciones científicas y el ejercicio práctico.

Naturalmente hay especialidades de las ciencias de la salud y de la economía con un perfil aplicado muy difícil pero mientras que en las primeras no son las que han pesado en el diseño del sistema educativo, en las segundas sí.

Hay que fomentar la iniciativa económica desde la experiencia. La ambición no es la codicia. A una y a otra la separa el esfuerzo y el respeto. En Andalucía y en España falta la primera. A raudales.

"El precio del petróleo seguirá bajo al menos los próximos cinco años" (Entrevista que me hizo Luis Sánchez-Moliní en Diario de Sevilla el 27/3/2016)

Este profesor sevillano dirige proyectos I+D para los gobiernos español y chileno sobre la descarbonización de la economía, uno de los grandes retos de la humanidad en estos momentos.

(Fotografía, Victoria Hidalgo)

José Manuel Cansino Muñoz-Repiso (Paradas, Sevilla, 1969) llega a la entrevista con un formal traje de raya diplomática y, en el ojal, la insignia de los doctorados españoles, lo cual le da un cierto aire anticuado que, probablemente, debe ser una forma de resistencia a la dictadura de la moda. Sin embargo, cuando se le pregunta por las cuestiones más candentes de la economía de la energía y el medio ambiente, responde con la seguridad y el dominio de los expertos. No hay duda de que está al día. Profesor titular en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política, ya desde estudiante destacó como uno de los más brillantes de la Facultad de Sevilla, lo que le reservó un lugar en su claustro. Además de innumerables artículos en publicaciones de prestigio, es autor de libros como La Economía fingida. Cómo hemos llegado a esta crisis y pistas para salir de ella o La Eficiencia del Sector Público: Métodos de Evaluación y Organismos Responsables. El Caso de España, entre otros. También dirige dos proyectos de I+D sobre descarbonización de la actividad económica, uno para el Gobierno español y otro para el chileno. Asimismo, es investigador de la Universidad

Autónoma de Chile y de la Científica del Sur de Perú.

-¿Hemos aprendido algo de la gran crisis financiera que hemos vivido y que nos colocó al borde del precipicio? 

-En parte sí y en parte no. Ahora caminamos hacia los Acuerdos de Basilea III, que esencialmente van a decir que el dinero líquido que un banco posee debe aumentar en la medida que éste aumenta sus riesgos. Es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la codicia tiene la memoria muy corta y los inversores suelen tener bastante capacidad para olvidar los batacazos y asumir nuevamente posiciones muy arriesgadas. 

-Pero, quizás, esa codicia es fundamental en el desarrollo de la economía capitalista. 

-Que nos queramos enriquecer y vivir cómodamente es normal. Lo importante es tener herramientas de supervisión que puedan transformar la codicia en una legítima ambición, que es un sentimiento que incorpora el compromiso y el esfuerzo, dos conceptos de los que carece la codicia. Por ejemplo, el gran problema de Andalucía es que falta ambición desde las propias aulas. Ahí están las estadísticas que nos indican que la mayoría de los estudiantes de las escuelas y facultades de negocios aspiran a un puesto de funcionario. También es un contrasentido que los que enseñan emprendimiento sean profesores-funcionarios, un problema que en las Ciencias de la Salud está resuelto de manera brillante. En las facultades de Medicina, los docentes reparten su tiempo entre la investigación, la docencia y la actividad clínica. 

-¿Hay una alternativa viable al capitalismo? En España han vuelto los discursos que aborrecen de este sistema. 

-El capitalismo como tal no existe, es una falacia. Si usted analiza el peso del sector público en las economías desarrolladas se dará cuenta de que, en los países donde éste es menor, como son Corea del Sur o EEUU, supone casi la tercera parte de la actividad económica en total. En Francia o Noruega, la cifra asciende al cincuenta por ciento. El discurso de la extrema izquierda de que estamos en un sistema capitalista voraz donde sólo hay actividad económica privada sólo se puede hacer desde la demagogia y no se sustenta en los datos. También está la postura de partidos como Ciudadanos, que entienden que, en España, lo que ha existido es el crony capitalism, el capitalismo de amiguetes, un sistema que no está basado en la competencia y el buen hacer y en el que las mejores empresas no son las que triunfan, sino que, por contra, son las grandes familias las que siguen detentando el control y actúan repartiéndose la tarta económica en función de sus relaciones con el poder político, lo que deriva inevitablemente en la corrupción. 

-Usted ha investigado y publicado algún estudio sobre los métodos de evaluación del sector público. Debe ser una tarea harto complicada. 

-El sector público es extraordinariamente heterogéneo y hace cosas tan dispares como poner un sistema de iluminación para el tráfico, cuidar un parque, atender una cama hospitalaria o mandar una brigada a Iraq. Por tanto será más difícil evaluar su competitividad que la de una empresa privada que sólo se dedica a una actividad. 

-¿Y, en España, cómo sale parado este sector público? 

-Hay comportamientos muy dispares. Por ejemplo, es evidente que el sistema sanitario español es uno de los grandes patrimonios de nuestra sociedad desde que empezó a levantarse a finales de los años cincuenta. El sistema educativo, en cambio, no acaba de responder, aunque es verdad que se están realizando avances importantes basados en su evaluación. En general, habría que vincular los fondos que reciben los centros públicos y concertados a la calidad de la formación y a las posibilidades laborales de sus egresados. 

-Usted es director de la Cátedra de Economía de la Energía y el Medio Ambiente. Le haré una pregunta muy clara: ¿se van a mantener los bajos precios del petróleo? 

-En mi opinión sí. 

-¿Y durante cuánto tiempo? 

-Al menos en los próximos cinco años. Hay varios factores que así lo indican. Existe una caída en la demanda en China, que es el principal importador de petróleo crudo y refinado, y también debemos tener en cuenta que el levantamiento de las sanciones a Irán aumentará considerablemente la oferta. Por último, es importante la estrategia puesta en marcha por países como Arabia Saudí para frenar a la industria norteamericana y canadiense del fracking. El precio de extracción en Arabia de un barril de brent es, aproximadamente, de cuatro dólares, por lo que los saudíes se pueden permitir un precio de barril en el mercado a treinta dólares y seguir teniendo un margen de beneficios muy grande. Sin embargo, con el fracking sólo se consigue un precio rentable del barril a cuarenta dólares. 

-No obstante, la industria petrolera de Venezuela, que no es tecnología fracking, lo está pasando mal. 

-Porque el problema de Venezuela es que su petróleo tiene un contenido de azufre muy alto. Es tan sólido e impuro que se extrae por bloques, no es líquido como el brent. Por tanto, el coste de refino de este crudo es altísimo, por lo que queda fuera del mercado. 

-¿Y esto de los precios bajos del petróleo es bueno o malo? 

-Para las llamadas economías petroalcohólicas, las que son dependientes de esta materia prima, es evidentemente bueno. El problema está en que, después del sector eléctrico, el sector más contaminante es el transporte en carretera, que suele usar vehículos diésel o de gasolina. Todas las expectativas que teníamos de desarrollo de la industria de los coches eléctricos o híbridos, que estaba orientado al ahorro de combustibles fósiles por caros y contaminantes, queda absolutamente frenado. 

-¿Y las energías renovables, podrán suplir alguna vez a los combustibles fósiles? 

-En esto hay que ser rigurosos. La sociedad occidental lleva cien años trabajando en la tecnología basada en el petróleo y, por tanto, estos motores tienen un background enorme. El consumo de gasolina de cualquier coche contemporáneo no tiene nada que ver con el que tenía el Ford T. En comparación con esto, el tiempo que se ha dedicado a la investigación de las energías alternativas es mínimo y, por tanto, le estamos pidiendo unos rendimientos en la curva de aprendizaje que no le hemos exigido a las tecnologías de los combustibles fósiles. Con las energías renovables ocurre lo mismo que con el sector público, son muy heterogéneas. Pensamos que todas funcionan de la misma forma. Sin embargo, la energía termosolar, que fue la apuesta de Abengoa, es muy diferente de la eólica, que fue la de Iberdrola, o de la geotérmica. Cada tecnología es diferente y tiene un precio de producción distinto. 

-¿Y actualmente en qué situación estamos? 

-En este momento ya se puede decir que hay tecnología solar fotovoltaica y energía eólica que son capaces de producir el Kilowatio/hora en torno a los seis céntimos de euro. Eso significa que no necesitan ningún tipo de subvención y que son energías tan competitivas como las producidas por una central nuclear, con la diferencia de que la inversión que requieren es mucho menor. El problema de estas energías, el que tiene a toda la industria paralizada, es el del almacenamiento. La energía eléctrica tiene un problema, que no se puede almacenar y tal como se produce hay que consumirla y, si no, hay que tirarla. Una central de carbón puede modular la cantidad de energía eléctrica que quiere producir, porque sólo es cuestión de cambiar el nivel de actividad. Sin embargo, una planta solar o eólica no puede hacer esto, porque depende de factores externos como el sol o el viento. Si se consiguiese almacenar la energía producida, esta industria reduciría bastante su problema. 

-¿Y cree que se conseguirá solventar ese problema técnico? 

-Ese es un gran misterio, como el de la tecnología de fusión nuclear. Llevan mucho tiempo diciéndonos que en los próximos diez años se conseguirá la fusión nuclear y que, por tanto, alcanzaremos el coste cero de la energía, pero nunca acaba de llegar ese momento. 

-Algunos dicen que la lucha contra el cambio climático será la salvación del capitalismo. 

-Tengo mis dudas al respecto. La primera reacción que tuvo el G-20, durante su reunión de Washington, cuando se dio cuenta de la dimensión de la crisis de 2008, fue apostar por un modelo al estilo Roosevelt. Si en los años 30 el New Deal consistió en impulsar con dinero público una gran política de infraestructuras según el modelo keynesiano, ahora se proponía que estas grandes inversiones sirviesen de motor para la industria de las energías renovables. Sin embargo, al final, las ayudas no han resultado tan importantes como se presuponían, porque las limitaciones financieras han sido considerables. Además, tras el reciente Acuerdo de París, se ve que hay dos países importantes que no están dispuestos a hacer un gran esfuerzo inversor para reducir la carbonización de la economía: Brasil, que tiene una crisis económica e institucional importante, e India, que pese a que emite muchísimo CO2 no parece muy preocupada con este asunto. 

-¿Se puede tener una economía sostenible y alimentar a la superpoblación mundial? 

-El problema de alimentar a la superpoblación está resuelto y, técnicamente, hay comida suficientes para que nadie se muera de hambre. El verdadero problema es el de la distribución. Dicho esto hay que tener en cuenta que, a mi entender, si se prohíben los transgénicos y los productos fitosanitarios podríamos perder esta capacidad de alimentar a la población. 

-¿Cada vez hay más preocupación por lo que se come y qué coste medioambiental tiene la producción de los alimentos? 

-Cierto, pero hasta ahora parece claro que el consumidor no está dispuesto a pagar un precio más alto por los productos ecológicos. Lo que sí es evidente es que caminamos hacia el etiquetado ecológico. Es decir que, en poco tiempo, en todos los alimentos que compremos constará su huella de carbono: la cantidad de CO2 que se ha emitido para su producción. Esto ya se ve, por ejemplo en los billetes de avión. Otra cosa es si después le hacemos caso a esa información o no. 

-¿Y los impuestos como la ecotasa que se puso en marcha en Baleares, sirven para algo? 

-En Venecia hay que pagar tres euros por turista y en Barcelona tres. Da igual que se llame ecotasa o impuesto de turista, lo cierto es que es un ingreso significativo para los municipios que lo han puesto en marcha, pero es importante saber explicarlo. Los venecianos saben que con este dinero se financia el mantenimiento de los espacios públicos y de los monumentos. Creo que se podría aplicar en Sevilla o en cualquier otra ciudad andaluza, pero habría que hacer un esfuerzo pedagógico para que los ciudadanos supiesen bien en qué se emplea.

Enlace: http://www.diariodesevilla.es/article/rastrodelafama/2249705/precio/petroleo/seguira/bajo/menos/los/proximos/cinco/anos.html

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA RECONCILIACIÓN (José Manuel Cansino en La Razón el 21/3/2016)

"¿Cuantos siglos caben en las horas de un niño?" se preguntaba Luis Cernuda en ese eterno regreso a la infancia que podía ser, entre otros recuerdos, el de unos niños que hace más de tres décadas se asomaban a la Semana Santa con una incipiente capacidad de discernimiento. No sería forzado fabular que estrenarían el conocimiento asidos a las manos de sus abuelos en aquella Semana Santa en la que ha poco se había dado el pistoletazo de salida del luego "boom" de los hermanos costaleros con la cuadrilla del Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de Los Estudiantes (pocos saben que después fue la de Jesús Nazareno del pueblo de Paradas). En las manos de sus abuelos y en aquella Semana Santa austera había un ánimo de reconciliación entre españoles conjunto con el olor de azahar.

Efectivamente nada estaba escrito aunque hubiese muchas tutelas. Si la incertidumbre desprendiera olor hubiera competido en intensidad con el típico olor a azahar que a fuerza de repetirlo tópicamente provocó el hartazgo de Chaves Nogales. Había Semana Santa en una Nación (a la que luego quisieron cambiar el nombre por el de "este país") que quería culminar un proceso de reconciliación que para unos -los promotores de la revista El Escorial- comenzó muy pronto y para otros, en honor a la verdad, no llegó nunca.

Sin ese ánimo de superar la división de las dos Españas no se hubieran firmado los Pactos de la Moncloa o se conseguirían ampliar las bases de un estado social o de bienestar iniciado algunas décadas anteriores. 

La reconciliación iniciada con mayor o menor fortuna en torno a hitos como la mencionada revista El Escorial o la construcción de El Valle de los Caídos, se institucionalizó en la Transición. Pero lo que debía ser un proceso natural de maduración que conllevase acumulativamente a unos mayores espacios de entendimiento entre los adversarios, ha derivado en un sentimiento de odio entre los chavales de horas infinitas como los que evocaba el poeta sevillano magníficamente biografiado por Antonio Rivero Taravillo. Ahora hay jóvenes preñados de un odio reeditado y peligroso.

Es cierto que la Transición no tuvo ese halo beatífico con el que se nos obligaba a estudiarla en clase. Lo que luego se ha sabido del fallido golpe del 23-F, de Montejurra y lo que aún queda por saber del asesinato de los abogados laboralistas de Atocha han servido para poner a la Transición en un lugar menos ditirámbico pero, con todo, positivo si nos quedamos con lo que de institucionalización del deseo reconciliador tuvo.

Sólo quienes han conocido una caricatura de la Guerra Civil montada sobre arquetipos cómicos de buenos y malos, pueden ahora protagonizar un desencuentro tan grande que llega a rezumar el odio que aquellos abuelos que acompañaban a los párvulos nazarenos de los años 80 quisieron enterrar en un abrazo de paz y de perdón; un perdón no muy diferente del que sustancia muchos de los misterios que ahora procesionan.

Los hijos de aquellos abuelos, son los abuelos de hoy y la crisis brutal los ha devuelto a ser el bastidor que sostiene el tejido social español. Entre 2007y 2015 han habido en España alrededor de 480.000 ejecuciones hipotecarias. Bien es cierto que buena parte de ellas lo han sido de segundas viviendas pero en las que lo fueron del domicilio familiar, ahí estaban los abuelos, los entonces jóvenes e hijos de los abuelos de la Transición que comenzaban a ganarse el pan y sus hijos paseaban de la mano de los mayores. A base de su esfuerzo por muchos pasaron todos los años de una vez. Pero los nietos de ahora que coquetean irresponsablemente con el odio guerracivilista encuentran techo y comida en los hogares austeros de quienes envejecieron convencidos de la necesidad de reconciliación . 

Es cierto que cuando la pobreza entra por la puerta, muchos sentimientos nobles salen por la ventana, pero estaría bien que las generaciones mayores, que ya ponen la lumbre, la mesa y el mantel, transmitan que el odio al adversario sólo conduce al enfrentamiento que poco bueno trae. 

La Semana Santa es un marco apropiado para compartir estas enseñanzas. Yo lo veo en sus ojos. En los ojos achinados con los que mira la Virgen de los Dolores de mi pueblo. Son los ojos de mi infancia, son los de mi familia y son los que espero que me contemplen en la aduana final en la que todo lo fías a la Misericordia.

DOS FALACIAS SOBRE LAS DIPUTACIONES (José Manuel en La Razón el 14/3/2016)

El debate entorno a la supresión de las Diputaciones provinciales a raíz del pacto entre el PSOE y Ciudadanos supone un abordaje limitado pero interesante de uno más amplio e inaplazable como es el de la Administración Territorial del Estado. A pesar de lo limitado es, como decimos, interesante por lo que aporta en la racionalidad del uso del dinero del contribuyente y porque pone el foco en una administración local (las diputaciones técnicamente lo son) sobre las que se extiende la sospecha de su abuso por los partidos nacionales y regionales mayoritarios como refugio de 'protegidos' de los aparatos de los partidos.

En Andalucía el presupuesto consolidado conjunto de las ocho diputaciones provinciales suma cerca de 2.000 millones de Euros anuales, variando entre la cuantía máxima que corresponde a la de Sevilla (423 millones) y la mínima de Huelva (146 millones). Sin embargo, en términos relativos apenas representan el 6.6 % del presupuesto anual de la Junta de Andalucía que ronda los 30.000 millones de euros.

Dos argumentos falaces se han esgrimido por los defensores y detractores de la supresión de las diputaciones y conviene desmontarlos con el ánimo de contribuir a un debate más riguroso que, insisto, es sólo parcial si se compara con unos de los grandes debates pendientes en España que es la reordenación del reparto de competencias entre las Administraciones Territoriales.

Un argumento falaz esgrimido por los defensores de las Diputaciones consiste en denunciar que los ayuntamientos y vecinos dejarían de recibir los servicios que ahora garantizan las diputaciones. Para conocer las funciones de las diputaciones hay que acudir a tres leyes claves en este momento; la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Las tres ponen el foco en los servicios prestados a los municipios con menor número de habitantes.

La falacia del argumento consiste en dar por válido que desaparecidas las diputaciones, desaparecerían los servicios que actualmente prestan. En absoluto, simplemente habría una reasignación de esas competencias a otra administración pública del Estado que, probablemente, sería la Administración Autonómica. Esta reordenación de las competencias conllevaría la transferencia del personal de las diputaciones a las comunidades autónomas. Nada hay en la literatura especializada que pruebe de manera incontrovertida que los servicios prestados por una administración son ni de mejor ni de peor calidad que los prestados por otra.

De lo anterior arranca también el argumento falaz de los defensores de su supresión consistente es esgrimir un ahorro en el dinero del contribuyente equivalente al presupuesto consolidado de cada diputación. No existiría tal ahorro por cuanto, como se ha dicho, habría una transferencia de personal de las diputaciones a la nueva administración competente como en su momento la hubo de la Administración General del Estado a las administraciones autonómicas. Sí habría un ahorro nucleado en la supresión de los servicios generales de las diputaciones, en el mantenimiento de buena parte de unas instalaciones que podrían quedar liberadas y en el coste de parte de los asesores. No obstante, este último coste aunque es el mediáticamente más llamativo cuando se lleva a cifras no lo es tanto.

Las diputaciones adolecen de un problema de reputación social del que en absoluto son responsable los empleados que con total competencia y honestidad prestan sus servicios en estas administraciones. La mala reputación está anudada a la hemeroteca que, pasada cada elección municipal, siempre es prolija en noticias que informan de las 'recolocaciones' como asesores varios de la diputación de los candidatos que han perdido los comicios cuando pertenecen al partido que gobierna esa administración. Una 'recolocación' que paga el bolsillo del contribuyente. Un 'colchón' privilegiado donde no caen el resto de españoles cuando pierden su empleo.


EL FRANKESTEIN ELÉCTRICO (José Manue Cansino en La Razón el 7/3/2016)

El Ministerio de Industria reconoce que entre 2004 y 2014, la factura de la luz que paga un usuario medio (con 3,9 kilovatios de potencia contratada) ha subido un 72,5 por ciento. Los consumidores domésticos han llegado a pagar un 32 por ciento más que la media de la Unión Europea y un 21 por ciento más si se trata de un consumidor industrial representativo. Cuando en 2012 ya la ‘Gran recesión’ se cebaba sobre España, la agencia de estadística europea, Eurostat, calculaba que España, Italia, junto con los cuatro países rescatados (Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre) fueron los países donde más se encareció el precio de la luz. Ese mismo año 1,4 millones de viviendas sufrieron el corte de suministro por impago. El concepto de pobreza energética se hizo desde entonces un hueco en el memorandum de vocablos de los millones de damnificados por la crisis para referirse a la situación de los hogares en los que no se alcanzaba a calentar la vivienda (las personas dormían con abrigos) o iluminarla.

Todo esto lo ha escrito magistralmente el periodista especializado en asuntos de la industria eléctrica Iñaki de las Heras en un libro titulado “Informe Frankestein”. Pocas veces se lee un documento tan alejado de la demagogia con la que se salpican los estudios divulgativos de este sector. La demagogia va con lamentable frecuencia de la mano del debate político, lenguaje que abunda en los sectores regulados incluso hasta el extremo del sector eléctrico para el que, en 1951, un decreto dio a las empresas la “inédita potestad” en palabras del autor del libro, de coordinarse a sí mismas creando un régimen autorregulado que se desconocía en toda Europa. No son pocos los artículos científicos que he trabajado y que no alcanzan ni la precisión ni el rigor de este libro.

Una de las paradojas que recuerda esta obra es que el proceso de privatización de empresas estatales no necesariamente garantiza un abaratamiento del servicio junto a una mejora de la calidad. De todo el proceso privatizador del sector eléctrico español iniciado en 1998 lo más llamativo es, sin duda, la peculiar historia de privatización de ENDESA; una empresa pública que llegó a dominar el mercado eléctrico español.

El relato es que tras los intentos fallidos por parte de Gas Natural y de la alemana E.ON para comprar ENDESA, en 2007 la italiana ENEL y la española ACCIONA se hacían con la propiedad de la otrora eléctrica estatal a cambio de 44.000 millones de euros. De cara a la galería de los laminados sentimientos patrios que veían cómo compraba una empresa italiana una de las empresas públicas de referencia, el gobierno de ZP exhibió la imposición del nombramiento de José Manuel Entrecanales (ACCIONA) como presidente de ENDESA. Poco duró la presencia de la empresa española en la nueva copropiedad de la eléctrica y a comienzos de 2009, ENEL acabó comprando (y a un precio muy alto) el 25 por ciento de las accionas que poseía la empresa de Entrecanales. Un dinero que la española destinó a la creación de una empresa de energía renovables de gran dimensión. El resultado es que la privatización de ENDESA ha consistido en pasar de ser propiedad del Estado Español a serlo del Estado Italiano que con el 30 por ciento de su capital controla ENEL. Toda la lógica del discurso privatizador basado en el camino hacia la reducción del precio vía competencia resulta cuestionada cuando la privatización consiste en cambiar la propiedad de un Estado a otro.

Lo anterior no debe llevarnos a concluir que la peculiar privatización de ENDESA explique la muy importante subida del precio de la luz en España y ello por dos razones. La primera porque ENDESA no es la única eléctrica con presencia determinante de un Estado. Por ejemplo, Hidrocantábrico –otra de las cinco grandes eléctricas-tiene como accionista principal a la empresa estatal china Three Gorges. La segunda razón estriba en que de los dos componentes que ahora tiene la factura de la luz, el componente regulado y el componente de mercado, el primero –que depende directamente del sector público- es el que parece ser el principal responsable de la subida del precio final. Sin embargo, incluso así, parte sustancial de la subida del componente regulado se ha debido a la compensación a toda la industria cuando los consumidores –domésticos e industriales- decidieron reducir la potencia contratada para reducir costes.

De las Heras ayuda a recordar que la invocación de la liberalización de sectores regulados puede acabar diseñando un camino cuyo origen es la propiedad de una empresa por parte de un estado y cuyo final es la propiedad de la misma empresa por otro estado. De la bajada de precios ni hablamos. En cambio si la responsabilidad de la subida de precios es de las empresas o del sector público, es cuestión más compleja sobre la que no todos los datos disponibles apuntan en la misma dirección.

Sobre el debate entorno a la supresión de las Diputaciones

Entrevista en Onda Local Andalucía (1/3/2016).

http://www.emartv.es/2016/03/01/jose-manuel-cansino/

Algunos titulares que ha destacado de la entrevista:

“Se usan las diputaciones para colocar políticos en puestos bien pagados con competencias poco definidas” 

"Los derechos son de las personas, las administraciones públicas tienen que garantizarlos" 

Juan Carlos, Sofía ¿la olla sigue vacía? (José Manuel Cansino en La Razón el 29/2/2016)

Entre 1980 y 2015, treinta y cinco años de autonomía, la tasa de paso en Andalucía ha aumentado hasta casi el doble; cerca de un 81,2 % pasando del 17.41 al 31.54 % y eso que ha habido una disminución de 4.68 puntos porcentuales entre 2014 y 2015. Desde luego la tasa a de actividad ha aumentado casi un 30 % (ahora la población activa en Andalucía la integran casi 6,8 millones de personas frente a los 4,5 millones de personas mayores de 16 años que se registraban en 1981). Pero incluso así esto significa que el aumento del empleo generado ha estado muy por detrás del aumento de la población en edad de trabajar. Mientras las personas mayores de 16 años aumentaron en estos años más de un 50 %, la tasa de empleo sólo lo hizo en menos de un 7 %. El trabajo en Andalucía ha crecido muy por debajo de los andaluces que lo demandan fruto, en muy buena medida, de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 

Con los mismos años de permanencia en el poder que el General Franco, treinta y seis años, la consigna reivindicativa que miles de andaluces lanzaban a los nuevos Reyes cuando visitaban Andalucía, "Juan Carlos, Sofía, la olla está vacía" no parece muy enmohecida. Si salario es, como dicen las cerca de 19 millones de declaraciones del IRPF que se presentan anualmente, la principal fuente de ingresos de la mayoría de los españoles, es evidente que la tasa de desempleo que soporta Andalucía después de casi cuatro décadas de autonomía no deja al modelo autonómico en muy buen lugar visto desde la perspectiva del desarrollo económico.

En rigor debe hacerse una importante salvedad; se trata de la máxima esgrimida por los estadísticos que aclara que "correlación no implica causalidad"; efectivamente, que el incremento de la tasa de paro en Andalucía haya coincidido con el desarrollo del gobierno autonómico no le convierte en responsable del deterioro de la situación económica. Esto es tan cierto como afirmar que tampoco el desarrollo de la Autonomía ha servido para resolver el atraso relativo andaluz respecto al resto de España; en absoluto.

Durante décadas, la culpa de no acabar con el atraso económico se nos hizo creer que obedecía a una deuda "histórica" que el resto de España tenía con Andalucía. Tamaño agravio, cuando hubo de cifrarse alcanzó la muy discreta cifra de 1.204 millones de euros, cifra que fue la que pactó el gobierno regional socialista de José Antonio Griñán  con el gobierno de la Nación, también socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero. La cifra ya resultaba ciertamente pírrica a juzgar por las décadas en las que había servido  de asidero para explicar no la pertinaz sequía a la que aludía con frecuencia el anterior Jefe del Estado, sino al pertinaz atraso económico andaluz. Pero si pírrica fue la cuantificación de tan cuestionado concepto, mucho más lo fue la manera de cancelarse.

De los 1.204 millones de euros en los que se cifró la "gran" deuda histórica con Andalucía, la mayor parte -784 millones- se saldó en 2009 con activos inmobiliarios que el Estado cedió a la Junta de Andalucía justo en un año en el que buena parte de los activos de esta naturaleza en España eran "tóxicos" por estar extraordinariamente sobrevalorados. En otros términos, valían muchos menos.

Ahora que ya son tantos los años con Franco muerto que con la Autonomía en curso, el grito de "Juan Carlos, Sofía, la olla está vacía" sólo se agua gracias a que las transferencias de la Unión Europea a Andalucía como región pobre y de las regiones españolas más prósperas, han permitido financiar unas infraestructuras, servicios y transferencias de rentas que nos equiparan, no siempre en igualdad de condiciones, a los demás. 

Es lógico que el gobierno socialista andaluz -que mantiene el color con tanta añada como el anterior Jefe del Estado- se haya convertido en eficaz defensor de la unidad de España. En ello le va el agua que disuelve la reivindicación que encabeza este artículo.

AVANCE PARA LA ECONOMÍA ANDALUZA EN 2016 (José Manuel Cansino en La Razón el 22/2/2016)

Una tasa de crecimiento económico del 2.3 % es la “tasa de consenso” que los analistas prevén que registre la economía andaluza en 2016. Lo acaba de hacer público el profesor Manuel Hidalgo en el informe elaborado para el Observatorio Económico de Andalucía que preside el profesor Francisco Ferraro; una de las instituciones más independientes y solventes de la particular sociedad civil andaluza. La horquilla entre la que se puede mover la estimación “de consenso” es relativamente amplia, entre el 2 y el 2.8 %, hay que reconocer que la incertidumbre económica, al menos en este primer trimestre de 2016, es alta y viene marcada por varios hechos relevantes; unos de naturaleza externa y otros interna.

(De izqda a derecha, Manuel Hidalgo, Francisco Herrero y Francisco Ferraro)

Las dudas sobre la evolución de la economía china parecen influir negativamente en el funcionamiento de la economía mundial. Lo mismo puede decirse de otra gran economía emergente como es la brasileña. El impacto directo de estas dos economías sobre la economía andaluza no parece ser muy alto a juzgar por las escuetas cifras de exportaciones regionales andaluzas a China y a Brasil.

La corrección a la baja del precio de referencia del petróleo para Europa –el Brent- sigue removiendo los mercados pero, en este caso, no de forma necesariamente negativa salvo para la industria del refino que sí es notable en Andalucía. Para economías dependientes del petróleo como la española, la bajada del precio del crudo supone un ahorro en la factura energética y en los costes de producción muy considerable. Esto debe impactar positivamente sobre los costes de producción interiores máxime si se unen a los avances que parecen registrarse en eficiencia o ahorro energético. Sin embargo, no es una buena noticia para las cifras de exportación de las plantas refineras andaluzas. Téngase en cuenta que países como China no sólo importan petróleo crudos sino que también lo hacen de productos derivados del petróleo como los que se obtienen en las plantas petroquímicas que Cepsa tiene en La Rábida y San Roque. Sólo en empleos directos estas plantas suman 3.598 trabajadores y están actualmente desarrollando un fuerte proceso de inversor que en 2015 sumó 238 millones de euros.

La tercera duda que puede hacer que la tasa de crecimiento de la economía andaluza acabe más cerca del extremo inferior de la horquilla (el 2 %) es la corrección que actualmente están haciendo los mercados de valores con marcadas caídas de los índices bursátiles no sólo en España sino también en Europa. Este componente de incertidumbre probablemente se despeje antes –desde luego en el trimestre en curso- que los dos anteriores. Por ejemplo, ya hemos abundado desde estas mismas páginas que el escenario de precios bajos del petróleo es muy creíble al menos para los dos próximos años.

La cuarta y última duda es de naturaleza interna y tiene que ver con la incertidumbre política anudada a los complicados resultados electorales de la pasada convocatoria del mes de diciembre. En mi opinión el impacto de esta medida ya está descontado por los mercados desde hace tiempo salvo en el caso de Cataluña. A diferencia del discurso mayoritario, los inversores no se sorprenden ante retrasos en la conformación de gobiernos. Bélgica, por ejemplo, estuvo más de un año sin gobierno y esto no impactó negativamente sobre su economía. De hecho buena parte de la sociedad española está descubriendo que se puede vivir con un gobierno en funciones sin dificultad alguna. Lo que sí han descontado hace tiempo los mercados es el riesgo de ascenso de la extrema izquierda en España. Aunque suelen ser discretos, muchos “traders” (operadores en los mercados financieros que no sólo cobran comisiones a sus clientes por las operaciones de compra y venta sino que también toman posiciones en los instrumentos financieros que comercializan) ya han señalado que la compra de productos financieros españoles se ha detenido en buena medida hace más de un año. Lo que sí es cierto es que la incertidumbre política sigue impactando negativamente sobre la economía catalana a juzgar por el flujo de empresas que siguen moviendo su sede desde esa región a otras ciudades españolas.

En lo demás, es interesante detenerse en el detalle de la batería de indicadores de coyuntura en los que el Informe del Observatorio Económico de Andalucía basa su estimación de crecimiento para 2016. En concreto el informe considera veintiún indicadores; diecisiete lo son del comportamiento de la oferta y la demanda y el resto del mercado de trabajo. En todos los casos se ofrece el dato referido a la economía andaluza y el mismo referido al conjunto de la economía española. Yo soy de los que piensa que la información limitada a las tasas de variación de una variable puede inducir a conclusiones erróneas si no se acompaña de la magnitud relativa de esa variable. En concreto, una lectura apresurada de la tasa de variación interanual en 2015 del Índice de Producción Industrial en Andalucía (un importante 5.8 %) puede inducir a atribuirle a este sector una importancia en la economía regional que, lamentablemente no tiene. Quizá sería bueno añadir el dato del peso de los diferentes sectores económicos en la economía andaluza y en el conjunto de la economía nacional. Esto corroboraría lo que hemos expuesto hace poco; no ha habido ningún cambio relevante en la estructura productiva andaluza antes y después de la crisis de 2007 excepción hecha del sector de la construcción.

En cualquier caso, debe agradecerse y valorarse significativamente la aportación de este y otros documentos. En el camino hacia una economía sólida que permita vivir dignamente se echan en falta más cifras y sobran estigmas ideológicos.