NO BASTA CON DEGOLLAR A LOS RICOS (José Manuel Cansino en La Razón el 27/4/2015)

Los últimos casos de corrupción ponen en solfa una de las pocas afirmaciones indiscutidas en Economía, 'la utilidad marginal decreciente de la renta'; en otros términos que la satisfacción que genera el dinero va disminuyendo conforme se tiene más y más pues lo que se compra con los últimos millones de euros es extraordinariamente más prescindible que las necesidades vitales que se cubren con los primeros euros. 

La codicia no sólo va camino de cargarse este aserto de la Teoría Económica sino que explica el desprecio -rayando en el odio- que la sociedad española profesa a los ricos. Casi ninguna de las fortunas en España gozan de reconocimiento social, la que no tiene cuentas en Suiza aparece en las diversas tramas de corrupción política de derechas, de izquierdas o de ambas. Esto es letal para el crecimiento económico de cualquier Nación pero explica que entre los 47 millones de españoles despierten sinceras simpatías los Esperpentos de Valle Inclán. Por ejemplo, el de 'Luces de Bohemia' cuando uno de los protagonistas sostiene: 'No es suficiente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un heredero, y aun cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados conspiren para recobrarla. Hay que hacer imposible el orden anterior, y eso sólo se consigue destruyendo la riqueza'.

La cita, aun siendo de 1924, no queda muy lejos de la actualidad económica. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2015 señalan que la tasa de crecimiento de empleo en Andalucía aumenta a un menor ritmo que en el resto de España (0.2 % frente al 0.5 %); ritmos exasperantemente lentos ambos. Además el empleo creado en Andalucía es de peor calidad si lo analizamos en términos de estabilidad. Así si para el conjunto de España la mayor parte de los empleos creados en el último año fueron indefinidos y a tiempo completo, en Andalucía tuvieron un carácter temporal. A esto hay que añadir -como hemos señalado desde estas mismas páginas- que los salarios pagados en Andalucía son, en promedio, inferiores a la media nacional.

Pese al dato positivo de la EPA publicado por el Instituto Nacional de Estadística no deben pasar por alto dos hechos a subrayar. El primero y más evidente es el pertinaz escaso ritmo de creación de empleo que es coherente con que la mayoría de la sociedad española no perciba de manera clara la incipiente recuperación económica. La impresión a veces es que la sociedad sólo daría por superada la crisis si se volviese al empleo y a los sueldos de la burbuja inmobiliaria, algo que muy posiblemente las próximas generaciones no vean y eso considerando con Ortega y Gasset, que las generaciones engloban periodos de treinta años.

El segundo dato y mucho más importante es que la tasa de paro se reduce más porque la población activa apenas crece que por la creación de nuevos puestos de trabajo. La Población Activa española, según esta EPA, son 22.899.415 personas frente a las 22.883.896 del trimestre anterior. Repárese en el dato de que desde que comenzó a sentirse la crisis en 2008 hasta ahora, la población sólo ha aumentado un 0.39 %. Detrás de este terrible dato está el regreso a casa de miles de inmigrantes que habíamos recibido hace años, la salida al extranjero en busca de trabajo de parte de nuestros jóvenes y el continuado envejecimiento demográfico de la población española. No pocos demógrafos siguen alertando sobre el suicido demográfico de España.

Mientras que en las economías boyantes las fortunas industriales (con las naturales excepciones) reciben el trato social de 'creadores de riqueza' y contribuyen inequívocamente a la creación de empleo, aquí hace furor -con no poco fundamento emocional, en absoluto económico- el discurso del personaje de 'Luces de bohemia' de Valle Inclán en aquella lóbrega comisaría en la que enchironaban al literato Max Estrella: 'No es suficiente la degollación de todos los ricos'. Así nos va.

¿AUTOPLANES DE PENSIONES? (José Manuel Cansino en La Razón el 20/4/2015)

En España hay en este momento 2.400 fondos de pensiones privados, la mayor parte de los cuales –el 80 %- gestionados por los bancos. Pero aunque esto pueda transmitir una idea de que buena parte de los españoles tenemos contratado un plan de pensiones complementario de nuestra pensión pública, la situación es otra distinta. La razón estriba en que la media de patrimonio que cada español con plan privado tiene acumulado es de 10.800 euros, una cantidad verdaderamente eximia para financiar un periodo de retiro cada vez más grande por razones de longevidad.

En 1971, la población española mayor de 65 años representaba el 9.6 % del total. En 2014, el 18.1 %, esto es, en 43 años, se ha multiplicado aproximadamente por dos. En España hay actualmente 9,2 millones de pensionistas sumando los jubilados, los que reciben una pensión por incapacidad permanente, por viudedad, por orfandad o por razón de parentesco. Sin embargo, el interés principal se centra en los jubilados, unos 5,6 millones en el conjunto de España. La pensión media que recibe un jubilado español es de 1016 euros. En Andalucía es en promedio 891 euros debido a los menores salarios que se pagan en Andalucía.

Una cuenta sencilla nos dice que la mensualidad que el Sistema de la Seguridad Social española debe pagar a los jubilados es de unos 5.705 millones de euros que pagan los 17.56 millones de trabajadores ocupados (según la EPA) y los empresarios que los emplean. Del total de ocupados españoles, 2,5 millones son andaluces.

Las cuentas son inmediatas. Cada español con trabajo contribuye a financiar “medio pensionista”; en otros términos cada dos (1.9) trabajadores ocupados “tienen a su cargo a un pensionista”. Pero como coincidimos en poner el foco entre la relación entre trabajadores ocupados y jubilados (excluimos a los pensionistas que reciben una pensión por otra causa), la relación es tal que, aproximadamente, cada tres ocupados “tienen a su cargo” a un jubilado.

El presupuesto de gasto en pensiones de jubilación representa el 64 % del total del gasto en prestaciones económicas del Sector Público, pero “sólo” el 19 % del gasto público total y el 8 % del PIB de 2015.

La pregunta que a mucho inquieta es ¿cómo se va a pagar esto? La recaudación por Cotizaciones Sociales representará en 2015 el 80,7 % de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social. Con esto se tendrían que pagar las contingencias comunes, el desempleo, el FOGASA, y la formación profesional. Sólo el gasto en pensiones de jubilación absorbe el 74 % de los ingresos por cotizaciones sociales. Lo que queda son 27.800 M de euros para pagar al resto de las contingencias comunes, desempleo, FOGASA, formación profesional.

¿De dónde vendrá el dinero cuando falte?, esencialmente de las transferencias que se hagan desde los presupuestos generales. En 2013 las transferencias representaron el 12 % del presupuesto de ingresos del sistema de la Seguridad Social. Hasta 2012 siempre habían representado el 7 %.

Pero aunque pueda parecer otra cosa con los datos en la mano, la sociedad española considera mayoritariamente que las pensiones son intocables y que se financiarán sin problema. Como se ha demostrado ante las reducciones en las coberturas sanitarias, la sociedad reaccionará ante cualquier gobierno que no garantice el pago de las pensiones.

Así las cosas, el argumento del “temor al colapso” del sistema público de pensiones no hará que el ahorro de las familias se traslade masivamente a planes de pensiones privados y ello por varias razones.

La devaluación interna a la que la crisis ha conducido ha convertido a los mileuristas otrora tratados de forma despectiva, en grandes asalarios. Con mil euros de sueldo, la cantidad que una persona puede destinar a una pensión privada complementaria es mínima. Además, la sociedad española sigue prefiriendo los activos reales a los financieros. De hecho el 80 % de la riqueza de las familias españolas es de naturaleza real y coincide con la vivienda habitual. Por último, los tipos de interés reducidos que ahora imperan no hacen nada atractivos los planes de pensiones privados. Por ejemplo, el último bono que el Tesoro ha colocado a 30 años ofrecía una rentabilidad del 5 % sobre la que los gestores de planes de pensiones aplican las correspondientes comisiones.

En mi opinión y defendiendo inequívocamente el sistema de pensiones público, el futuro de los planes de pensiones privados en España pasa por productos que permitan a los jubilados combinar la percepción de rentas con la posibilidad de dejar legados a sus hijos o supervivientes. Pasa, además, por un modelo de planes de pensiones ‘low cost’ en los que el papel de las comisiones de los gestores sea tan mínimo como el margen de las compañías de vuelo o telefonía móvil y, por último, pasa también por la posibilidad de que cualquiera pueda construirse su propio plan de pensiones eligiendo los activos en los que se materializa su ahorro hasta que llegue el momento de recibir la pensión. Para esto el Estado debe crear un marco transparente de información sobre los activos financieros que cada ahorrador pueda elegir para construir sobre ellos su plan de pensiones complementario.

DEL ENCHUFE A LA PAGUITA (José Manuel Cansino en La Razón el 13/4/2015)

Me comentaba hace unos meses el alcaldable socialista de un pueblo de la Sierra, que lo tenía verdaderamente difícil para ganarle las elecciones a una coalición de partidos de izquierda radical que tenía como rivales. Su explicación, me decía, era que "aquí la gente se conformaba con la política de la miseria, que era bien diferente a tener un buen puesto en el Ayuntamiento, en la Diputación o en la Junta, como debería ser". Es decir, que su programa era un programa de 'todos colocados' frente a la miseria de la paguita con la que sus vecinos decían conformarse. Andando el tiempo le envié a su teléfono móvil el audio de Irene Sabalete mandando a hacer campaña al personal. Creo que no acabó de entenderlo.

Para millones de compatriotas la discusión no es si la Administración debe ejercer o no un paternalismo determinante en las situaciones de crisis económicas, sino que -dando por sentado que ha de ejercerlo- sólo es cuestión de ponerle cifra y fijar criterios de reparto para un dinero público que parece manar del cielo.

En otros ámbitos y países el debate se produce entre posiciones mucho más diversas de esta que muchos llaman 'el gran consenso socialdemócrata'. Un consenso del que en España no se excluyen ni los partidos de derecha convencionales ni los de izquierda.

El economista liberal Anthony de Jasay, en su libro El Estado, recuerda que en los periodos donde el crecimiento económico ha ido de la mano de un estancamiento de salarios, se alzaron voces en contra conformando lo que denomina una 'Economía enfadada'. Los principales exponentes durante el siglo XIX fueron Marx, Engels y Proudhon. En esta crisis en la que se han acentuado las desigualdades entre los ricos y los pobres, los máximos representantes de esa 'Economía enfadada' son Paul Krugman y Joseph Stiglitz aunque quien mayor notoriedad haya alcanzado ha sido Thomas Piketty después de que el Financial Times declarase a su libro El Capital en el siglo XXI, libro del año.

La posición de Jasay es tan clara en un sentido como las de los otros autores en sentido muy diferente. Para el economista liberal anglo-húngaro, incluso agudizándose la diferencia de renta entre pobres y ricos, estos reinvertirán la mayor parte de sus beneficios generando más empleo y más productivo. Por tanto, el aumento de la desigualdad sería un efecto de la acumulación del capital pero no su causa.

En definitiva entre los economistas académicos hay un marcado disenso sobre el papel que debe jugar el Estado en la redistribución de la renta, desde prácticamente ninguno hasta un papel determinante en el que Estado imponga una elevada presión fiscal que luego financie los programas redistributivos.

Esta manera de ver las relaciones económicas tiene un paralelismo muy alto con los estudiosos de la política. Por ejemplo, Norberto Bobbio en su influyente libro de hace dos décadas Derecha e izquierda (reeditado ahora en español por Taurus) señala que los partidarios de la izquierda, aun sabiendo que los seres humanos somos a la vez iguales y distintos, valoran como más importante para la buena convivencia lo que fomenta la semejanza de condiciones; los de la derecha, en cambio, aprecian más lo irreductible y diverso. 

Igualdad y desigualdad en la sociedad democrática, ha escrito Savater, son términos que cabe matizar según el qué y el cómo de lo que está en cuestión, desde el igualitarismo totalista que desmocha las diferencias mejor justificadas hasta la beatificación del privilegio jerárquico que escalona a los humanos en diversas categorías superpuestas. 

Matizar es también lo que mi amigo el alcaldable hacía cuando me advertía que una cosa es un buen empleo en la Administración Pública (oficial o paralela) y otra la miseria de la paguita en forma de días de trabajo repartidos -ora barriendo calles ora en cualquier otra actividad de mantenimiento- entre una larga lista de parados.

Parece que después de haber conseguido un diseño social en el que la vida de millones de personas gira en torno a la Administración Pública (para sentar plaza de funcionario, para meter cabeza en el partido, para convertirse en proveedor privilegiado o mangante comisionado) ahora toca reducir el umbral de satisfacción del personal. Ahora toca convencer de que los tiempos de los buenos subsidios y de los enchufes dejaron paso a la paguita. Y si Vds quieren conservarla, ya saben lo que tienen que hacer cuando lleguen las elecciones. Cualquiera de ellas vale.

SIEMBRA COSECHAS ¿Y RECOLECTA HAMBRE? (José Manuel Cansino en La Razón 6/4/2015)

Con el nombre de 'hacedores de hambrunas' han llegado a calificarse por algunos analistas a los fondos de inversión en materias primas alimenticias. Esta denominación subraya su componente especulativo, su papel catalizador de la volatilidad de los precios y, lo más importante, el efecto final de subir los precios excluyendo de su consumo a todo aquel que no puede pagarlos. Esto ha movido a una explosión de demandas regulatorias para que limiten extraordinariamente el funcionamiento de estos fondos.

Los fondos de inversión en productos alimenticios son el resultado último de la financierización de los mercados agrícolas de futuros; unos mercados que nacieron en la segunda mitad del siglo XIX y que aún cuentan con un implantación muy limitada en Andalucía. Las operaciones de futuros, muy resumidamente, consisten en poner precio a una cosecha en el momento de la siembra compartiendo riesgos tanto el agricultor como el comercializador. Antes del desarrollo de estos mercados, los almacenes de los agricultores no tenían las características técnicas necesarias para almacenar las cosechas durante largo tiempo viéndose compelidos a vender justo después de la recolección. Esto provocaba unas grandes oscilaciones en los precios que bajaban dramáticamente en la época de recolección y llegaban a ser muy altos en otras épocas del año.

A partir de 2000 los inversores institucionales (grandes fondos de pensiones, fondos soberanos, etc) pusieron su foco en este tipo de fondos atraídos por su elevada rentabilidad . El volumen de negocio pasó de 50 a billones de dólares americanos en 2004 a 400 en 2011. Repárese en que el billón americano es 10 a la 9 y no a la 12 como ocurre en Europa.

Hace poco, el Instituto Leibniz para el Desarrollo de la Agricultura en las Economías en Transición publicaba una nota en la que subrayaba que los estudios empíricos no apuntaban todos en la misma dirección. Más aún aportaba una serie de estudios que respaldaban el papel de estos fondos (exactamente se refería a los fondos indiciados) como estabilizadores de precios para los productos alimenticios. Consecuentemente recomendaba no limitar su funcionamiento.

Yo no soy experto en mercados de futuro (salvo acaso, conocedor del mercado del petróleo), pero el documento del Instituto Leibniz me ha recordado a los años previos de la crisis financiera de 2007. Durante años, las instituciones financieras norteamericanas reclutaron a reputados académicos que estaban sinceramente convencidos de que no tenía razón de ser mantener la separación legal entre la banca comercial y la banca de inversión en EEUU. Una separación que se estableció tras el crack de 1929 aunque no entró en vigor hasta 1933. Finalmente, las autoridades norteamericanas derogaron la Ley Glass-Steagall que mantenía esa separación. Lo que vino después aún lo padecemos.

Desde finales del siglo XIX la Economía ha utilizado el análisis cuantitativo de manera creciente; con logros relevantes pero llevándonos a los economistas a pecar de superioridad científica. Marion Fourcade, Etienne Ollion y Yann Algan, han publicado un interesante artículo en The Journal of Economic Perspectives en el que examinaron las 25 publicaciones científicas más respetadas en Economía, Ciencias Políticas y Sociología. Los autores encontraron que, entre 2000 y 2009, en todos los artículos publicados en The American Economic Review, la más reputada de entre las revistas de Economía, el 40% de las referencias son a artículos publicados en las otras 24 principales revistas de economía. Solo el 0,3% de los artículos citados provienen de las revistas de sociología y el 0,8%, de las principales revistas de ciencias políticas. Es decir, que en todos los textos publicados en las 50 revistas más importantes de otras disciplinas durante toda una década, los economistas solo encontraron cerca de un 1% de artículos dignos de ser citados. Lo ha escrito con acierto Moisés Naím.

La Economía, pese a su elegante análisis formal, goza de poco consenso científico. Ni siquiera en esto de poder concluir si la financierización del trigo o el arroz contribuye al hambre o a la seguridad alimentaria.

FAMILIA Y ECONOMÍA (José Manuel Cansino en La Razón el 30/3/2015)

La familia no sólo es el tema central del actual Sínodo de los Obispos. Es también, valga la perogrullada, un pilar social incuestionable sobre el que en las últimas décadas se descargan ríos de tertulias en el mundo Cristiano y no cristiano. La disputa a la concepción cristiana del concepto de familia por parte del pensamiento más cristofóbico que laicista, ocupa manuales de educación obligatoria y discursos políticamente correctos. Unos y otros serán la antesala no del respeto a las diferentes formas de familia, sino el bautismo laico como tal de casi cualquier suma aritmética de seres –a saber si sólo humanos- sin más criterio que el afectivo.

Pero este no es nuestro objetivo en esta tribuna sino analizar el papel que la familia recibe en la Economía. Una opinión –mi opinión- que me solicitó recientemente uno de los más influyentes ‘think thank’ confesionales de Andalucía, la Asociación Católica de Propagandistas.

El análisis de la familia desde la perspectiva económica no ocupa lugar alguno en el que de momento es el texto central del Sínodo de los Obispos. Esto es algo que no debe sorprendernos porque el económico no tiene por qué ser un punto de vista prioritario. Sin embargo en el análisis económico sorprende –y mucho- que la familia esté casi ausente en el análisis Microeconómico mientras que juega un papel fundamental en el Macroeconómico.

Mientras que las decisiones microeconómicas de consumo (o ahorro), de producción, de oferta de trabajo (o demanda de ocio) o de emprendimiento (o inversión) son analizadas científicamente desde un punto de vista individualista por la Microeconomía, cuando pasamos a las cifras agregadas de la ‘Macro’, el resultado cambia y mucho.

Aunque extramuros de los manuales de Microeconomía, la familia aparece explícitamente en la Contabilidad Nacional, esa de la que buena parte la sociedad fue consciente a finales del año pasado cuando se supo que pasaban a formar parte del PIB la prostitución y parte de las actividades delictivas. Efectivamente, en el Sistema Europeo de Cuentas de 2010, también en el anterior de 1995, las familias aparecen como un sector económico diferenciado como las Administraciones Públicas o las empresas financieras y no financieras. 

El gasto en consumo de las familias (reparen en que no se contabiliza el gasto de los individuos) ascendió en 2013 -último dato disponible- a casi 600.000 millones de euros. Así las cosas, esto representó el 57 % del PIB español.

Pero además, las familias son parte importante de las decisiones de inversión pues no de otra forma se considera el gasto en vivienda que es un gasto de inversión pero realizado por las familias y no por las empresas.

La familia en la Economía recibe un trato no muy diferente al que recibe en el debate social cotidiano; despreciada por unos (como lo hace la Microeconomía) y subrayada por otros (como la Macroeconomía). Quizás este sea otro de los tantos ámbitos en los que el debate desprejuiciado -sin juicios a prioristicos- deba ceder protagonismo al sentido común. El sentido que reconoce un papel sociológicamente determinante a la familia en todas las civilizaciones de la Historia.

Aunque estemos en Semana Santa y, como en Navidad, aflore un sentimiento epidérmico y fugaz que indulta los grandes gastos de las cofradías con el argumento de la bolsa de Caridad que también manejan durante todo el año, la familia no debe recibir atención como realidad económica sólo por su papel de ‘red’ en las graves etapas de crisis. Objetivamente considerada, la familia es el seno donde se toman decisiones económicas cruciales para el desarrollo económico de cualquier Nación.

En la familia se decide quién y cuanto se trabaja en función no sólo de las necesidades económicas sino también de las atenciones educativas y afectivas que los hijos demandan. En la familia es donde se vive el ejemplo del emprendimiento o de la comodidad; la proclividad a asumir el riesgo de una subvención, a desarrollar la carrera en el servicio público o a vivir a la caza y captura de la paguita. En la familia se aprende en valor del esfuerzo o la cultura del mangazo. Todo ello, en una lectura microeconómica de las cosas acaba marcando el comportamiento de la oferta de trabajo, de la inversión o de la promoción profesional.

Son estos aspectos todos cotidianos e importantes que deberían ir de la mano de un mayor respeto a la familia en el sentido sociológico y central del término.